El gobierno nacional muestra a la región de los Montes de María como ejemplo de los avances en la aplicación de la justicia transicional. Pero las comunidades campesinas, víctimas del conflicto armado, retornaron a cultivar en poca tierra y sin tener acceso a agua potable.
A hora y media de Cartagena, considerada la ciudad más turística de Colombia, por lo menos 25 mil campesinos pasan las "duras y las maduras” por cuenta de la escasez de tierras para cultivar alimentos y la imposibilidad de acceder a agua potable. No comprenden cómo puede suceder eso en una región como los Montes de María, expuesta de manera reiterada por el gobierno nacional como modelo de “consolidación territorial” y exitosa en la aplicación de los procesos transicionales de Justicia y Paz, y Restitución de Tierras.
“Acá la institucionalidad no nos ha apoyado. Todo está en el papel. ¿Qué sería de un país sin campesinos?”, cuestiona Denilsa Julio, una campesina de la región que se refiere a la situación de los habitantes de María La Baja, uno de los 15 municipios que integran la región de los Montes de María, donde el conflicto armado desplazó a 34.255 personas durante los últimos 30 años.
Los pobladores de María La Baja fueron víctimas de diversos grupos armados ilegales. Entre la década de los ochenta y noventa padecieron el acoso y los ataques de las guerrillas del Eln, el Epl y el Prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores),así como de las extintas Farc. A finales de los noventa y principios del nuevo siglo irrumpieron con toda su crueldad las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.
Cuando las Auc desmovilizó en 2005 sus estructuras en los Montes de María, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, los campesinos comenzaron a retornar a las tierras, encontrándose con un panorama adverso para cultivar alimentos: las tierras fueron sembradas con palma de aceite y el distrito de riego de María La Baja, la principal fuente de acceso de agua en la zona, dejó de ser público. “Este es un municipio con mucha agua, pero privatizada”, comenta Nirley Contreras, otra habitante que expresa preocupación por la supervivencia de las comunidades.
Los habitantes del corregimiento de San José del Playón y de las veredas La Suprema, Palo Altico, en el corazón de María La Baja, llevan una década exigiéndole al gobierno nacional soluciones, sin que hayan tenido respuesta alguna. Mientras tanto, estudios realizados por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; la Universidad de Cartagena y la Corporación de Desarrollo Social (CDS) revelan que el mejoramiento de la calidad de vida de los sobrevivientes al conflicto armado aún no ha sido resuelta.
Para llegar a María La Baja hay que recorrer por lo menos 66 kilómetros desde la capital de Bolívar, pasando por los municipios de Turbaco y Arjona. La carretera que conecta al municipio está pavimentada, pero tiene desniveles y cráteres, que los habitantes atribuyen a la falta de mantenimiento y al paso constante de tractocamiones. A lado y lado se ven hileras de palma de aceite, un cultivo que se extiende a lo largo de los caminos veredales, que parten de la vía principal y conducen hacia las comunidades que sobreviven en casas de bareque.
Quien recorra estos caminos de tierra amarilla encontrará varias zanjas y compuertas, un sistema construido en 1966, durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo para surtir de agua los cultivos de arroz y garantizar la seguridad alimentaria y supervivencia de comunidades campesinas. Sin embargo, desde hace una década, esta infraestructura pública es administrada en función del monocultivo de palma de aceite. Por eso a lo largo del camino pueden verse mujeres y niños llevando recipientes en sus cabezas o extrayendo el preciado líquido con una llave artesanal de succión.
“¿Es justo tener un espejo de agua de este tamaño y que no llegue agua potable a las comunidades?, ¿eso es paz?”, se pregunta Leonardo Julio, un joven campesino que señala la falta de acceso al vital líquido de los habitantes de Palo Altico, La Suprema y el corregimiento de San José del Playón, todos asentados en cercanías a dos de las tres represas que componen el distrito de riego.
Según el libro Historia del Distrito de Riego de María La Baja-Bolívar, esta infraestructura hizo parte de las inversiones de la Alianza para el Progreso, una política pública financiada con recursos de los Estados Unidos para frenar los efectos de la revolución cubana y contrarrestar la profileración de las guerrillas en el continente. Así, el gobierno de Lleras Restrepo impulsó una “Revolución Verde”, comprando antiguas haciendas para que campesinos pudieran acceder a tierras y cultivaran alimentos (Lea el libro aquí).
En María La Baja, el Gobierno compró 20 mil hectáreas a la familia Vélez Daníes, dueña de extensas haciendas en la región; y en predios del antiguo Ingenio Azucarero San Agustín de Sincerín realizó las primeras parcelaciones a campesinos. Para garantizar la productividad de sus cosechas, construyó un sistema que transporta el agua que nace en San Juan Nepomuceno y los cerros Capiro y Maco, en Carmen de Bolívar, para nutrir las tres represas artificiales construidas en María La Baja: Arroyo Grande, Matuya y la de Arroyo del Viento, conocida hoy como La Piscina.
El “espejo de agua” al que se refiere Leonardo Julio son estas represas, pensadas para irrigar las tierras que los campesinos sembraron con maíz, sorgo, frutales, plátano, yuca y ñame, pero principalmente de arroz, dado que el gobierno nacional les propuso acceder a créditos de la Caja Agraria para cultivar extensivamente este cereal.
Así María La Baja, y en general los Montes de María, fueron por 40 años la despensa agrícola del país, situación que cambió desde principios de la década de 1990, con la llamada apertura económica y las consecuencias de un cruento conflicto armado. “Antes todo se podía sembrar. Ya no hay dónde. Y el agua fue despojada porque los canales están secos”, explica Nirley Contreras.
La Suprema es una de las 10 veredas que tienen María La Baja y su lucha es un reflejo de lo que ocurre en todo el municipio. Allí la comunidad está rodeada de cultivos de palma de aceite y sus habitantes caminan hasta dos horas para buscar agua potable. Son pocos los que han podido instalar llaves de succión mecánica para extraer el agua de pozos subterráneos.
El libro sobre el distrito de riego explica que el cambio en el uso del suelo en María La Baja comenzó a principios de los noventa, durante la presidencia de César Gaviria Trujillo (1990-1994). Sus políticas aperturistas llevaron a bajar los aranceles a las importaciones de arroz tailandés, provocando la quiebra de los productores de este cereal en los Montes de María.
Mientras esto ocurría, el antiguo Incora continuaba con la reforma agraria, comprando viejas haciendas para parcelarlas y titularlas a campesinos, como ocurrió en El Cucal. El gobierno nacional les entregó los predios con la promesa de pagar el valor de la tierra durante 15 años, pero fue poco el tiempo que pudieron permanecer allí, entre otras razones, porque la guerra se recrudeció con la violencia paramilitar. (Lea: El Cucal, la restitución de tierras que no llega).
Desde 1997 en la región hizo presencia el Frente Rito Antonio Ochoa, un grupo paramilitar financiado por varios políticos, ganaderos y hacendados, que años más tarde durante la desmovilización acordada con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue renombrado como Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc.
Las cabezas de ese grupo armado ilegal fueron Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Uber Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’, condenados en junio de 2010 por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá a ocho años de prisión como parte de los compromisos adquiridos antes de su dejación de armas y desmovilización. Esa fue la primera sentencia de Justicia y Paz que ordenó reparar a las víctimas de la masacre de Mampuján, corregimiento de María La Baja, arrasado por paramilitares el 10 de marzo del año 2000 (Lea la sentencia acá).
Los habitantes de la vereda La Suprema recuerdan el desplazamiento que generó esa masacre, cuando 11 campesinos fueron asesinados apenas a siete kilómetros del casco urbano de María La Baja. Pero el éxodo ya era constante. Apenas hacía una mes, en febrero de 2000, el mismo grupo paramilitar asesinó durante cinco días a por lo menos 60 habitantes del corregimiento El Salado, en el vecino municipio de Carmen de Bolívar.
Los paramilitares cometieron 42 masacres en la región de Montes de María entre 1996 y 2003, según los registros del grupo de Memoria Histórica de la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
El 14 de julio de 2005, el Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, responsable de tanta barbarie, se desmovilizó y entregó sus armas en el corregimiento San Pablo, en María La Baja.
Bajo su influencia y durante dos años más, después de su desmovilización, comisionistas de todo tipo buscaron a los campesinos para que vendieran sus parcelas, presentándoles esta opción como su única alternativa en medio del desplazamiento y con deudas por pagar a la Caja Agraria. Mientras algunos cedieron, aquellos que no vendieron y retornaron lo hicieron sin acompañamiento institucional, sobreviviendo en condiciones precarias.
Después de la violencia paramilitar, el cultivo de palma de aceite comenzó a expandirse en María La Baja y, de paso, a restringirse el acceso del agua a los campesinos. Un análisis realizado por la académica Rosaura Arrieta, de la Universidad de Cartagena, señala que este cultivo en el municipio pasó de 2.900 hectáreas cultivadas en el año 2007 a 11.022 en 2016. En Bolívar, en este mismo periodo, las hectáreas en palma de aceite pasaron de 16.954 a 113.232, según los registros de Agronet, una base de datos del Ministerio de Agricultura.
El cultivo de la palma fue impulsado desde principios de nuevo siglo por Carlos Murgas Guerrero, quien en el sector público fungió primero como gerente de la Caja Agraria (enero a abril de 1992) y luego como Ministro de Agricultura (1998-1999), durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. En ese cargo, propuso el llamado “Modelo de Desarrollo Socioeconómico de Alianzas Productivas”, planteando que el cultivo extensivo de palma generaría desarrollo para las comunidades (Lea Perfil de Carlos Murgas).
A menos de un año de su salida del gabinete presidencial experimentó ese modelo en María La Baja. La página web del Grupo Empresarial Oleoflores, de propiedad de Murgas, indica en el año 2000 la Sociedad Promotora Hacienda Las Flores S.A. “realiza la primera asociación de Alianzas Productivas y Sociales, para la palma de aceite, con 126 pequeños productores en la zona rural de los Montes de María, en el municipio de María La Baja, departamento de Bolívar” (Lea historia Oleoflores).
Para poner en marcha ese proyecto, Murgas compró 100 hectáreas donde antes funcionó el antiguo molino de arroz y comenzó a usar el distrito de riego público. La investigación Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierras y agua en los Montes de María, de la Pontificia Universidad Javeriana, indica que durante varios años este empresario fue gerente de la Asociación de Usuarios de María La Baja (Usomaría), organización que administra el distrito de riego.
“La estructura, que en el pasado servía tanto a pequeñas como grandes propiedades, ha pasado a ser de uso casi exclusivo de la palma. El agua en la zona no constituye un bien público, sino un recurso destinado a la producción agroindustrial. Por ejemplo, los productores de leche y queso en la zona no pueden utilizar agua proveniente del distrito”, asegura el estudio (Lea la investigación aquí).
Carlos José Murgas, vicepresidente agroindustrial del Grupo Oleoflores, e hijo del empresario Carlos Roberto Murgas, le dijo a Rutas del Conflicto y Verdad Abierta que cuando su proyecto de palma llegó a la zona, el distrito de riego se encontraba en “una situación grave en temas de mantenimiento, financiera y operación (sic)”.
El directivo de Oleoflores indicó que su padre llegó a María La Baja por invitación del Gobierno, después de que el Fondo de Desarrollo Integrado (DRI) realizó un estudio para identificar “Alternativas productivas para el Distrito de Riego de Marialabaja”, determinando que el de las Alianzas Productivas y Sociales era la indicada.
“En el marco del estudio contratado por el Fondo DRI, fue invitado a Marialabaja y su amor por esta tierra maravillosa fue “a primera vista”: la calidad de los suelos, la infraestructura de riego y, sobre todo, la calidez y tesón de sus agricultores que aún sumidos en condiciones extremas de marginalidad y pobreza, mantenían vivas las ganas de trabajar, de sacar adelante sus familias y de no perder las tierras que con gran esfuerzo habían conseguido”, indicó Murgas.
Y agregó: “Por eso decidimos invertir en Marialabaja: estaban todos los ingredientes para lograr un proyecto exitoso, como efectivamente ha sido el Proyecto Agroindustrial de Palma de Aceite en Marialabaja, basado en el "Modelo de Alianzas Productivas y Sociales".
Murgas señaló que, efectivamente, Usomaría administra el distrito de riego, pero dijo que apenas una tercera parte de toda la superficie beneficiada por los canales de agua está sembrada con palma, y que el resto son usados para la siembra de arroz y la ganadería.
“Los productores del cultivo de palma son los únicos que han cumplido cabalmente con la cuota exigida para el uso (del distrito), gracias a que el modelo prevé un mecanismo para fondear el pago de esta obligación por parte de los palmicultores”, dijo el empresario. (Ver cuestionario y respuestas de Carlos José Murgas)
Rutas del Conflicto y Verdad Abierta le consultaron a Carlos José Murgas sobre si el Grupo Oleoflores tiene un plan para que las comunidades campesinas, la mayoría retornadas después del conflicto armado, tengan acceso al agua del Distrito. El empresario respondió que la compañía vela para que los palmicultores que acceden al agua del distrito paguen por el uso de la misma, pero que no responden por obligaciones que no les competen.
La expansión de la palma siguió avanzando después de que en 2007, Oleoflores inaugura una planta para la producción de biodiesel. Esta funciona sobre la Troncal del Caribe, en la vía que comunica a María La Baja con el municipio de San Onofre, en Sucre.
Los habitantes de la vereda La Suprema comenzaron a advertir desde entonces no solo dificultades en el acceso al agua del distrito de riego, sino en la calidad de la que corría por los viejos canales, usada, además, para la pesca y el consumo. Entre 2008 y 2010 los pobladores informaron problemas de salud, mortandad de peces y pérdida de los cultivos de aguacate.
El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (Ilsa) acopió las preocupaciones de la comunidad y en octubre de 2011 interpuso una acción popular contra el municipio de María La Baja, el Departamento de Bolívar y los Ministerios de la Protección Social y el Medio Ambiente, exigiendo el acceso a agua potable y saneamiento básico para los pobladores.
“De los informes técnicos realizadas a las aguas que consume la población se concluye que las característica físicas, químicas y microbiológicas del agua estudiada son alarmantes para la salud de la comunidad… El agua que se le suministre a los habitantes del sector debe ser tratada con el fin de evitar que ésta con esos niveles de contaminación por E. Coli [bacteria] llegue a ser consumida por los habitantes de la zona”, señaló Ilsa en la Acción Popular.
Las advertencias de la comunidad fueron confirmadas por otro estudio, esta vez realizado por la Secretaría de Salud Departamental, que tomó muestras de agua entre enero y junio de 2013, concluyendo que “el agua no es apta para consumo humano”. En enero de 2014 el Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunció sobre la acción popular y mediante sentencia ordenó al municipio de María La Baja garantizar el servicio de acueducto y agua potable. Sin embargo, los habitantes afirman que estas órdenes siguen en el papel ( Lea sentencia).
En María La Baja los campesinos crearon una Mesa Permanente por el Derecho al Agua Potable y buscan que el Proyecto legislativo sobre el derecho a la autogestión comunitaria del agua, impulsada por la Red Nacional de Acueductos, se convierta en una Ley de la República (Lea la iniciativa aquí). Están cansados que las autoridades no les ofrezcan una solución, mientras el discurso oficial muestra su territorio como un ejemplo de inversión y de paz. “Construir paz es cultivar alimentos… pero sin agua no hay vida ni derechos humanos”, concluye Denilse Julio, líder de la vereda La Suprema.
