Puerto Escondido es una de las cunas del bullerengue en Colombia, un aire musical de herencia afro en el que, como buen ‘baile cantao’, el golpe de los tambores y la cadencia de los bailarines no podrían existir el uno sin el otro. Desde hace casi treinta años, en ‘Puerto’ sagradamente se celebra el Festival y Reinado Nacional del Bullerengue, el primero en su clase, que cada junio atrae a cientos de viajeros de toda Colombia y el mundo.
La tradición bullerenguera, traída por los isleños de Barú, hoy en día se transmite entre generaciones gracias al trabajo de varios gestores culturales con semilleros de niños y jóvenes. Los maestros 'cantaores' están dejando su paso por este hermoso puerto, pero su legado, más vivo que nunca, bombea los corazones de los puertoescondidenses.
Este municipio costero del Urabá cordobés, sin embargo, también es una región de presencia de paramilitares, que desde comienzos de los años ochenta ha sido utilizado como puerto para el tráfico de drogas y de armas, debido a su estratégica posición geográfica. Tiene salida al mar Caribe y una profunda deficiencia de presencia estatal, lo que ha permitido que grupos al margen de la ley ostenten una figura de autoridad, aún incuestionable.
Este especial multimedia pretende explorar cómo a través del bullerengue se ha construido memoria sobre la guerra y la paz en Puerto Escondido. Dependiendo de los lentes con los que se lea, esta puede ser una historia de resistencia desde el arte ante un estricto status quo, o la historia de una memoria que se debate en el dilema de ser o no ser narrada. También puede ser un relato de convivencia en medio del miedo, del que hay mucho que aprender en un país en el que la tensión de la paz y de la guerra se discute en la plaza pública, pero también se vive y sufre en los territorios más apartados de la ignorada geografía nacional.
“Puerto Escondido es un pueblo humilde
Por eso pide la paz
Aquí vivimos con nuestros hijos”.
“Lástima por los que ya murieron
Ellos no verán la paz
Nos queda la satisfacción de los que quedamos acá
Y si acaso no la alcanzo
Me alegro desde el más allá”
Puerto Escondido es un paraíso. Las hermosas playas que dan al muelle, la fertilidad excepcional de sus tierras, el repique infatigable del tambor. Sin embargo, vivir en el paraíso tiene un costo: obedecer ‘La Ley del Silencio’, como algunos porteños se refieren a la imposibilidad de hablar abiertamente de lo que les pasa. Levantar la voz es considerada una actividad mortal en este puerto cordobés, ubicado a tan solo 60 kilómetros de Montería, la capital del departamento de Córdoba.
Detrás de tanta prudencia se esconde una verdad inocultable: un grupo armado ilegal delinque públicamente en el pueblo. Si tienen problemas, muchos prefieren acudir a ellos antes de solicitar auxilio de la Policía o de las demás autoridades municipales, porque son ‘más efectivos’, según dicen. Son conocidos como ‘paramilitares’, ‘paracos’ o ‘los señores del monte’, como si la parcial desmovilización paramilitar que sucedió hace más de diez años nunca hubiera ocurrido en estas playas del Caribe colombiano.
Aunque la historia del conflicto armado en ‘Puerto’ registra desde 1987, el miedo que sembraron los ‘paras’ de Salvatore Mancuso cuando despuntaba el nuevo milenio dejó unas secuelas que aún están vivas en la psiquis de los puertoescondidenses. Según le dijo en 2007 a Semana Fabio Enrique Ochoa, un narcotraficante que trabajó para las AUC, Salvatore Mancuso utilizó a Puerto Escondido como un lugar para el tráfico de drogas y de armas desde el año 2000.
Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008, fue uno de los jefes paramilitares más importantes para las AUC, sobre todo en regiones como Córdoba, los Montes de María y el Catatumbo. Mancuso, junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, orquestó parte de la expansión del paramilitarismo de los años noventa y de la siguiente década a lo largo y ancho del país.
Pobladores recuerdan que la llegada de los ‘paras’ los tomó por sorpresa. En un pueblo de pocas motos, motorizados a toda velocidad comenzaron a patrullar las calles del municipio. Para ese entonces, en Puerto Escondido no había puertas, pues la comunidad solía utilizar cortinas para separar los espacios de sus casas. Hoy en día no solo están obligados a usar portones, también tienen que asegurarlos lo mejor que puedan cada vez que la banda criminal conocida como ‘El Clan del Golfo’ o ‘Los Urabeños’ ordena un toque de queda.
De acuerdo con la documentación del centro de investigación académica Cinep, “paramilitares” han estado detrás de las violaciones a los Derechos Humanos en el municipio entre 2008 y 2012, contando asesinatos políticos, diversas amenazas contra la población y torturas y homicidios, especialmente contra los jóvenes. Según fuentes oficiales, diversas bandas criminales al servicio del narcotráfico se habrían disputado los puntos de embarque y las zonas de acopio del municipio durante el comienzo de este periodo. ‘El Clan del Golfo’, autodenominado como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ganó la guerra y desde entonces, como otrora lo hicieron los 'paras' de Mancuso, controla el negocio del narcotráfico en ‘Puerto’.
El 5 de enero del año 2012 es un día que ningún puertoescondidense olvidará fácilmente. Tras la muerte de un exjefe de ‘Los Urabeños’ a manos de la Policía, la banda criminal convocó a un ‘paro armado’ que paralizó el transporte y el comercio en seis departamentos. El casco urbano de Puerto Escondido estaba colmado de panfletos amenazantes, el toque de queda era absoluto y hasta para comprar víveres, los pobladores tenían que cumplir con estrictos horarios. Ese día quedaron claras dos cosas que desde ese entonces no han cambiado mucho: el despliegue regional de esta estructura criminal es desconcertante y el poder que ejerce sobre la conducta de cientos de personas, aterrador.
El 2 de mayo de 2017, un cabecilla del ‘Clan’ llamado Ulder Cardona, alias ‘Pablito’, murió en un operativo de la Policía. La respuesta ha sido radical. Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe del grupo armado, ordenó lo que se entiende como ‘Plan Pistola’, una estrategia ofensiva contra el Estado que se hizo famosa en los tiempos de Pablo Escobar, porque en ese entonces también se pagaba por cada policía muerto. Cinco años después del ‘paro armado’ de 2012, el miedo de perder la vida en cualquier momento regresó al pueblo, donde los jóvenes siguen siendo los más vulnerables.
Seguirle el rastro a la guerra en Puerto Escondido no es una tarea fácil. La información disponible es escasa y la gente muchas veces prefiere callar para salvaguardar la vida. Sin embargo, el rastro más antiguo está fechado en 1987, a pesar de que sus playas han sido usadas para el contrabando desde los años sesenta y, para el narcotráfico, desde la primera mitad de los años ochenta. O al menos, así lo ha documentado el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.
En medio de la feroz persecución contra políticos de izquierda que el paramilitarismo desató en los años ochenta, Miguel Durán Sarmiento, candidato al Concejo de ‘Puerto’ por el Frente Popular, FP, fue asesinado en diciembre de 1987. El FP fue el movimiento político que resultó de las negociaciones entre el gobierno Betancur y la guerrilla del EPL, así como surgió la Unión Patriótica, tras las conversaciones con las FARC; también blanco del exterminio político.
El siguiente año fue de especial trascendencia para la historia contemporánea de la guerra en Colombia. Año que también coincide con la fundación del primer Festival y Reinado Nacional del Bullerengue. Según declaraciones de veteranos exparamilitares, un ejército privado delinquía en Puerto Escondido y otros municipios de la región bajo el mando de Jesús María López, alias ‘El Mono López’, un prestante político cordobés que incluso fue alcalde de Montería y gobernador del departamento.
Según estas versiones, reseñadas en una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Sala de Justicia y Paz, el grupo de López tenía mucho en común con los tres grupos paramilitares que por ese entonces dominaban el Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas de Córdoba. Muchos años después se pudo comprobar que durante 1988, los jefes paramilitares Fidel Castaño, Henry Pérez y Adán Rojas unieron fuerzas para esparcir una ola de terror como no se había visto antes. Sus paramilitares perpetraron nueve masacres en tan solo diez meses con la colaboración de narcotraficantes, miembros del Ejército, ganaderos, mercenarios extranjeros y otros personajes de la política local.
Una de estas masacres fue la del corregimiento de El Tomate, en la que 30 ‘paras’ de Fidel Castaño asesinaron a 16 personas en San Pedro de Urabá, Antioquia. Algunos testigos acusaron a Jesús María López de participar en la masacre. La investigación se cerró por prescripción, 16 años después, pero fue condenado por ‘parapolítica’, pues contribuyó en el conocido Pacto de Ralito, una tenebrosa alianza política entre exjefes paramilitares y políticos corruptos para unificar esfuerzos.
Fidel Castaño había llegado a Córdoba en 1983 a comprar y adueñarse de tierras, sin embargo, la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas logró establecer que ‘narcos’ y ‘paras’ del Magdalena Medio ya exportaban para ese entonces droga desde Puerto Escondido.
Para finales de los años ochenta, ya había un grupo armado delinquiendo en ‘Puerto’. La revista Semana logró documentar, en el artículo “El ‘dossier’ paramilitar”, que para 1989 había cerca de 50 hombres armados delinquiendo en el “eje Montería-Puerto Escondido” bajo las órdenes de Luis Eduardo Ramírez, alias 'El Zarco'. Ramírez venía de combatir a la guerrilla en la sabana del Yarí, Caquetá, según versiones libres de exparamilitares. Fue asesinado en 1993 cuando reemplazó a Henry Pérez como jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, el primer grupo paramilitar que tuvo incidencia nacional en Colombia.
Aunque en el siglo XX hubo brotes de violencia en ‘Puerto’, no fue sino hasta la llegada del ejército de Salvatore Mancuso que la población quedó coartada por el miedo. En las décadas anteriores, cuando el resto del Urabá se desangraba, Puerto Escondido sirvió como un lugar de refugio para muchos sobrevivientes que se vieron obligados a abandonar sus tierras.
En la entrevista que el narcotraficante Fabio Enrique Ochoa le dio a Semana en 2007, contó que Mancuso se quedó con una finca con siete kilómetros de playa, que había sido del narcotraficante del Cartel de Medellín Rafael Matta Ballesteros. Se dice en el pueblo que Mancuso construyó una mansión en el municipio y que allí se casó. Incluso, que en Navidad se repartían regalos por las calles en su nombre, a la par que la población era atemorizada por sus hombres con asesinatos y desplazamientos forzados. De acuerdo con el libro Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, del investigador Mauricio Romero, Matta Ballesteros se habría hecho de un número considerable de estas ricas tierras.
Otra estructura de las AUC, el Bloque Héroes de Tolová, bajo el mando del extraditado Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, también tuvo influencia en el municipio, según documentó el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos en el informe Dinámica de la violencia en el departamento de Córdoba 1967-2008.
Aún es un misterio de qué manera la guerrilla ha influido en las dinámicas del territorio. El archivo histórico disponible brinda información para hacerse una idea general del dominio territorial que ejercieron grupos paramilitares, pero no de la subversión. Sin embargo, en un artículo de El Tiempo de hace 20 años, fue consignado que el exjefe del Frente Quinto del Bloque José María Córdoba de las FARC, Fredy Montalvo de la Rosa, alias ‘Papujo’, fue capturado en Puerto Escondido en mayo de 1997. Se sabe que este frente delinquió en Urabá y que alias ‘Papujo’ fue condenado por varias masacres perpetradas a mediados de los años noventa, como la de Los Kunas y la de Osaka, en el Urabá antioqueño.
Según documentó el portal VerdadAbierta.com, el Frente Quinto de las FARC llegó a Córdoba a principios de los años ochenta, en una etapa de expansión ofensiva, con un grupo que luego se conoció con los nombre de Bloque Caribe y Bloque Martín Caballero. Se sabe que la guerrilla extorsionó y secuestró a centenares de personas tras su expansión por la Costa Caribe, atacando reiteradamente la infraestructura eléctrica y minera. Durante el gobierno Uribe, el grupo guerrillero perdió influencia de muchas zonas. De más de mil hombres que tuvo en 2002, para 2012 no contaba ni con un tercio de ellos. Sin embargo, los detalles de la presencia de las FARC en la Costa es un capítulo de la historia que aún está por escribirse.
A través de la música, los bullerengueros de Puerto esperan escribir otro capítulo también incompleto: la consecución de la paz.