Santa Ana es un corregimiento del municipio de Granada, en Antioquia. Era conocido por ser un centro de operaciones de la guerrilla en el departamento, lo que le dio fama de “pequeño Caguán” o “Caguán antioqueño” y lo convirtió en un foco de estigmatización y ataques por parte de paramilitares y Ejército. Los múltiples enfrentamientos entre todos los actores armados llevaron a que con el tiempo, la población saliera desplazada y Santa Ana quedara abandonado.

Según el informe Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción, del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, el primer grupo armado que llegó al corregimiento fue el Eln en los años 80 con el Frente Carlos Alirio Buitrago. La precaria presencia estatal le permitió a esta guerrilla establecerse en la zona y tomar el control total de la misma. En 1987 llegaron las Farc y si bien, de ahí en adelante permanecieron en la región con los frentes 9 y 47, nunca lograron el poder de su contraparte guerrillera.

Santa Ana se convirtió así en un centro importante de operaciones militares del Eln y las Farc a tal punto de ser conocido como “santuario” o “fortín guerrillero”. Desde allí se organizaban estrategias y se realizaban entregas de policías y militares retenidos. Esto hizo que la población fuera estigmatizada y que cualquier habitante del corregimiento fuera considerado como guerrillero o guerrillera.

Declaraciones de la Gobernación de Antioquia, junto con el protagonismo mediático que le dieron los medios masivos de comunicación, convirtieron a Santa Ana en un “lugar guerrillero”, lo cual atrajo a paramilitares del Bloque Metro, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, al mando de Ramón Isaza y Luis Zuluaga alias “Mcgiver”. En 1998, por órdenes de Carlos Castaño, este grupo anunció públicamente la estrategia de tomarse Santa Ana como un símbolo de derrota en un lugar clave para la guerrilla. Ese año, la Gobernación también anunció un aumento en la fuerza militar.

Si bien hasta ese momento las guerrillas realizaban tomas y bombardeos en el casco urbano, que produjeron los primeros desplazamientos forzados de la población, es entre 1997 y 2004 que la guerra entre todos los actores armados se intensifica y Santa Ana queda abandonado.

Las guerrillas realizaron ataques a infraestructuras y tomas, los paramilitares perpetraron masacres y asesinatos selectivos y el Ejército puso en marcha 12 operativos militares que incluían bombardeos y ataques a la población e incluso, según el CNMH, ejecuciones extrajudiciales.

El 2002 fue el año de mayor intensidad del conflicto en Granada. Según el Registro Único de Población Desplazada, ese año fueron expulsadas 6.470 personas de sus tierras. Específicamente en Santa Ana, según el CNMH, la población pasó de 3.000 personas a 320 en todo el corregimiento; incluso llegaron a habitar solo nueve personas. Ese mismo año, el Batallón Bajes 4 del Ejército había iniciado la Operación Meteoro para recuperar partes del oriente antioqueño que controlaba la guerrilla.

En 2009, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se lanzó el proyecto “Retornar es vivir" para acompañar y apoyar procesos de retorno en el país. El director de Acción Social, el gobernador de Antioquia y el ministro de defensa llegaron ese año a Santa Ana y frente a los medios de comunicación aseguraron que el corregimiento iba a ser el modelo del programa en el departamento e iba a recibir apoyo para el mejoramiento de viviendas y para un retorno de la población en condiciones dignas y de seguridad.

Según declaraciones de habitantes de Santa Ana en medios de comunicación, las promesas se quedaron en el aire. Afirman que las declaraciones de estos funcionarios del gobierno llevaron a que mucha gente retornara pero encontraron que si bien había ayudas, no eran suficientes para la magnitud del problema.

Algunas situaciones que enfrentaron al retornar fueron deudas por falta de pagos de impuestos y servicios durante el desplazamiento y dificultades económicas para arreglar sus viviendas y para desarrollar proyectos productivos que les permitan permanecer en su tierra. La administración local se ha quedado corta para enfrentar este problema así que ha tenido que acudir a instituciones como la Unidad de Víctimas de Medellín, para recibir apoyo.