El Castillo es un municipio del departamento del Meta ubicado en la región del Alto Ariari, entre la Sierra de La Macarena y la cordillera Oriental y el Páramo de Sumapaz. Por años ha sido estigmatizado como una “zona roja” o pueblo guerrillero, por su cercanía con el Partido Comunista Colombiano y por la presencia de las Farc al territorio. Esto ha sido un pretexto para que diferentes actores legales e ilegales hayan cometido violaciones de derechos humanos contra la población, a tal punto de provocar el arrasamiento total de sus veredas.

Según el informe Pueblos Arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo, Meta, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la región del Ariari estuvo marcada por la presencia constante del Partido Liberal y el Partido Comunista Colombiano (PCC). Estos propiciaron la movilización y organización campesina y la creación de sindicatos como el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim).

A finales de los años 70, llegaron las Farc a esta región por su cercanía al Páramo de Sumapaz y a la sede de su secretariado en La Uribe, Meta. A través del Bloque Oriental, este grupo se convirtió en parte de la cotidianidad de la población castillense. Pero a pesar de que las Farc utilizaban su origen tolimense como una estrategia para llegar a la población, también proveniente de ese departamento, no contaban con la aceptación total de sus habitantes.

Para la década de los 80, llegaron nuevos actores políticos y económicos a la región, como el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien estableció alianzas con grupos paramilitares de Fidel Castaño y entró a controlar el negocio de la coca en el Medio y Bajo Ariari. También llegó Víctor Carranza y adquirió tierras para controlar las minas de cal de la zona; las mismas tierras que estaban en proceso de adjudicación para integrantes de Sintragrim.

En esta época aumentaron los enfrentamientos entre los ejércitos privados de Gacha y las Farc y se intensificó la estigmatización y exterminio de integrantes del PCC y de la recién conformada Unión Patriótica (UP). En 1988 ocurrió cerca de allí la masacre de Caño Sibao, en la que fueron asesinadas 17 personas, por una confusión de paramilitares llamados Masetos que creyeron que allí iba el entonces alcalde de El Castillo, que era dirigente de la UP. Esta persecusión de la izquierda en la zona constituye una primera etapa de desplazamiento de El Castillo que fue masivo pero silencioso y poco discutido en la opinión pública, según el CNMH.

En los años 90, llegaron a los llanos las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que en 1997 cambiaron su nombre por Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, y operaron en la zona desde el Bloque Centauros. Esa expansión paramilitar se manifestó a través de masacres como la de Mapiripán, y de amenazas, persecución, victimización contra personas cercanas al PCC o a la UP, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado.

El arrasamiento total

En 1998, Andrés Pastrana llegó a la presidencia de Colombia y dió inicio a los diálogos de paz con las Farc, en San Vicente del Caguán. En enero de 1999, empezó a funcionar una zona de despeje militar conocida como “zona de distensión”, en los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, Meta y en San Vicente del Caguán, Caquetá. Si bien, El Castillo no estaba incluido en esa zona, era un paso obligatorio para los actores armados pues quedaba en medio de dichos municipios.

En medio de los diálogos de paz, el 14 de febrero del 2000 las Farc realizaron una toma en el casco urbano de El Castillo. Allí accionaron 22 cilindros bomba que destruyeron tres manzanas de viviendas, la Casa de la Cultura, el centro de salud y una parte de la escuela. En febrero de 2002 se rompieron las negociaciones de paz y las fuerzas armadas comenzaron acciones para recuperar el territorio, como la Operación Tánatos (nombre del dios de la muerte en la mitología griega).

En el informe del CNMH se habla que esta época es reconocida por habitantes de El Castillo como la época de “desplazamiento duro” de la población y coincide con el despliegue militar para recuperar la zona. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), el desplazamiento y expulsión del municipio pasó de 339 personas en 2001, a 1217 personas en 2002. En 2003, las cifras aumentaron a 2059 personas desplazadas en El Castillo, según el Registro Único de Personas Desplazadas (Rupd) y el CNMH.

En la primera versión libre de Daniel Rendón alias “Don Mario”, dada en 2009 para Justicia y Paz, el exjefe paramilitar afirmó que su accionar no hubiera sido posible sin la ayuda de militares y políticos. Aseguró que para esa época, el Bloque Centauros de las Auc estableció alianzas con el coronel Héctor Alejandro Cabuya de León, entonces comandante de la Batallón XXI Vargas, para matar a civiles y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".

En El Castillo, entre 2002 y 2005, cuatro centros poblados y 19 de las 42 veredas quedaron vacías, a causa del desplazamiento forzado de más de 5000 personas según el RUV. Algunas de las veredas que sufrieron el conflicto con mayor fuerza fueron El Retiro, El Reflejo, La Cima, Caño Lindo y Campo Alegre, así como los centros poblados de Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, Puerto Unión y Miravalles.

Las primeras familias que empezaron a retornar al municipio, encontraron sus viviendas saqueadas o quemadas, sin ganado y enfrentaron dificultades económicas para empezar nuevos proyectos de vida. En algunas veredas ha retornado más del 50% de la población desplazada pero lo ven solo como un regreso, no un retorno, pues este implica apoyo institucional y garantías económicas y de seguridad, lo cual no ha sucedido. Otras de sus exigencias para un verdadero retorno son la reparación como víctimas del conflicto armado, la formalización en la titulación de sus tierras, la inversión en infraestructura y las garantías de no repetición.