En la década de los 80, cuando las primeras autodefensas dirigidas por Rodríguez Gacha, hicieron presencia en Yacopí, Cundinamarca, el frente 22 de las Farc ya tenía hombres 25km sur, en el municipio de La Palma. Guerrilleros y paramilitares sostuvieron un pacto de no agresión en este territorio, por los beneficios que ambos obtenían de la siembra de coca. La paz terminó a finales de los 80, cuando miembros de las Farc asesinaron a 12 paramilitares en Caparrapí, que limita al oriente con La Palma. La violencia y las represalias entre ambos grupos recrudecieron.

La antropóloga Liliana Rodriguez documentó que durante la década de los 90, ambos grupos empezaron a ocupar casas en las veredas tomándolas como propias, estimgatizando a la población y expandiendo su control sobre la zona. En agosto de 2002, el paramilitar alias Tumaco llegó a la vereda Hoya de Tundela, apenas a 10km al sur de la cabecera municipal de La Palma, y citó a los 62 habitantes a una reunión en la que los amenazó de muerte y les dio orden de desalojar. En respuesta, en septiembre de ese mismo año las Farc le dio 24 horas a la población de Hinche Alto e Hinche Bajo, dos veredas al oriente de Hoya de Tundela. Vaciaron las veredas y libraron combates con el grupo paramilitar.

La ACNUR señala que en el 2000 fueron 84 las personas que abandonaron el municipio de La Palma, 873 en el 2001 y 1734 en el 2002. Según el Plan Integral Único de la Alcaldía Municipal de La Palma 2010, entre 2002 y 2004, el Gobierno promovió el retorno masivo de las comunidades que fueron expulsadas de La Palma. El documento afirma que en octubre de 2002, apenas un par de meses después del desplazamiento masivo más grande del municipio, 170 familias regresaron. 61 de ellas retornaron a las veredas de Hinche Alto y Bajo.

La Unidad para las Víctimas señala que La Palma, además de ser despensa de cítricos y caña de azúcar, concentra “el mayor número de víctimas derivadas de combates entre el Ejército y la subversión durante 2003 con un saldo total de 48 muertos, 28 derivadas de los combates y 14 asesinatos por la subversión”. Es también el municipio con más solicitudes de restitución de tierras en el departamento de Cundinamarca.

La Unidad de Restitución de Tierras afirma que 301 de las solicitudes no fueron incluidas en el Registro de Tierras Despojadas, bien fuera por “desistimiento; porque el desplazamiento no fue a causa del conflicto armado; o porque la persona que reclama no era el titular del derecho”, mientras que 232 se encuentran en trámite administrativo y 276 otras están en proceso judicial a la espera de fallo.