Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 18:36

Cuatro jóvenes fueron asesinados en el casco urbano del municipio de San Rafael, departamento de Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como Cristian Estiven Quintero Hernández de 26 años, Santiago Cobo Arcila de 18, Elkin Emilio Gil Jiménez de 16 y Santiago Guarín de 21. 

Los hechos ocurrieron pasadas las diez de la noche del martes 19 de octubre. Según informaron varios testigos a Caracol Radio, las víctimas se encontraban participando de una actividad cultural de música rap cuando fueron atacados por hombres armados. Hasta el momento se desconoce la causa del ataque. 

El líder social antioqueño Yesid Zapata afirmó para el medio antes citado que en el territorio existe una disputa entre distintos grupos armados por el control del microtráfico y que en San Rafael, por ejemplo, se están peleando los puntos claves de venta y distribución de estupefacientes, mejor conocidos como “plazas de vicio”.

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 18:29

En la noche del 16 de octubre de 2021 fueron asesinadas cinco personas en una finca llamada La Bogotana, en la vereda La Sucia, municipio de Betania, Antioquia. Según los primeros informes de las autoridades, entre las víctimas se encontraban tres ciudadanos venezolanos y dos colombianos, identificados como Carlos Carrasco, Alejandro Carrillo, Yeber Carrillo, Alex Mendoza y Gerardo Úsuga. 

La versión de los hechos proporcionada por la alcaldía de Betania asegura que a la finca cafetera se acercaron dos hombres armados que hicieron creer a sus víctimas que eran miembros de la Policía Nacional. Posteriormente amenazaron a quienes se encontraban allí, entre ellos a dos menores de edad y asesinaron a disparos a las cinco personas ya mencionadas. 

Con este hecho van 12 masacres en el departamento de Antioquia en lo corrido del año de acuerdo con INDEPAZ.

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 17:30

En la madrugada del sábado 2 de octubre fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Bolívar, corregimiento del municipio de Anorí, Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como Yeiner Alexis de 20 años, Yéferson Hernández Ceballos de 19 años, Hernán David López Úsuga de 20 años y Yober Ernesto Londoño Gallego de 15 años. Según información proporcionada por INDEPAZ, al parecer las víctimas habrían sido secuestradas en el casco urbano de Anorí y llevadas hasta la vereda Bolívar donde luego fueron asesinadas. 

La fundación SUMAPAZ, en una declaración citada por el diario El Tiempo, afirmó que entre las víctimas se encontraría un excombatiente de las Farc, lo que preocupa a los pobladores de la zona, ya que en Anorí está ubicado el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha. Lugar en el que aún permanecen, según cifras de la Agencia de Reincorporación Nacional, cerca de 70 firmantes del Acuerdo de paz.

En la zona actúan grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, a cargo de José Sierra Regino. También se han visto panfletos de las Águilas Negras, bandas criminales y el Frente 36 de las disidencias de las extintas Farc, siendo estos últimos quienes figuran como principales sospechosos del crimen de acuerdo con las autoridades.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:58

El 2 de marzo del 2021, en el barrio Los Ángeles del municipio de Cáceres, fue perpetrada la masacre 16 en Colombia, según Indepaz. “Daniel iba con la novia para la casa, ya los bandidos estaban ahí, él escuchó, se paró y vio que estaba la mamá, la hermana, el hermano y la abuela. Cuando los manes lo vieron, levantaron los fusiles para dispararle y ahí fue cuando la mamá y la abuela se les tiraron encima a los bandidos, pero quedó uno libre, eran tres, y ese fue el que le disparó a Daniel, le pegó siete tiros, uno en los genitales y esa bala no salió [...], esa fue la que lo mató”, así relató el momento de la masacre Arturo*, un habitante de Cáceres, Antioquia, que conocía a Daniel y a su familia.

El 19 de marzo, tras varias cirugías y la amputación de una pierna, murió en el hospital Daniel David Gutiérez de 17 años. El 2 de marzo ya habían muerto su mamá, Sandra (38 años), y su abuela de 60. Todo esto ocurrió en presencia de la hermana mayor de Daniel y aunque tras el hecho una de las versiones conocidas se refiere a que Daniel era campanero de un grupo armado de la zona, Arturo* afirmó que eso no es verdad, que lo asesinaron porque se negó a ser reclutado por Los Caparros.

“Daniel y Kevin, su hermanito de 10 u 11 años, eran pescadores. Daniel pescaba desde los 10 años, ellos en ningún momento tenían vínculos con nadie [...] Daniel dejó de ir a pescar y le pregunté que qué pasaba y me dijo que lo tenían azarado. Él tenía una novia y ella le dijo que se fueran de ahí porque a ella también la estaban jalando y me contó que era porque Los Caparros querían que se metieran ahí y me dijo: usted sabe que yo no soy de eso. Yo le dije que se fuera, pero me dijo que no sabía pa’ donde coger, pero es que eran dos pelados de 17 años [...] Otro día me dijo: esta gente me quiere llevar y me dijo que si no me voy esta tarde con ellos, me matan”, así contó Arturo*, fragmentos de conversaciones con Daniel, días previos a su asesinato. Y como Daniel, otros jóvenes en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca Antioqueño, están siendo reclutados por los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Cáceres está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Cáceres, entre otros municipios del Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Allí hay una disputa por el territorio entre Clan del Golfo y Los Caparros, y según Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie”, asegura Carlos Zapata. Además, según un periodista de la zona, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas, desplazamientos y reclutamientos forzados han hecho parte del diario vivir. Arturo cuenta que en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca, a los jóvenes les ofrecen plata, los suben a las motos y así los endulzan con la intención de reclutarlos y que si no aceptan, los amenazan; incluso “hay partes por donde no puede pasar ningún joven porque los bajan y les dicen que se van con ellos o los tiran al río. Eso se da entre Puerto Valdivia, Valdivia y Caucasia. Los que más reclutan son Los Caparros, pero tenemos algo peor porque también el Clan del Golfo, el residuo de las Farc y el ELN están reclutando”, cuena Arturo*, quien complementa que muchos de los desplazamientos masivos que se vienen dando son consecuencia de esta problemática, que las familias se van porque no quieren dejar que sus hijos sean reclutados.

Ese 2 de marzo, la hermana mayor de Daniel, quien fue testigo de los hechos, y Kevin, su hermanito menor, se fueron del municipio a eso de las 9 de la noche gracias a que los vecinos recogieron dinero para sacarlos de ahí. Al momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación de esta masacre y según las fuentes consultadas, los índices de esclarecimiento de homicidio en esta zona son muy bajos y las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas, apresuradas y sin una investigación previa, donde se refieren a que los jóvenes asesinados eran consumidores, expendedores o estaban relacionados con los actores armados.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:57

El 18 de enero de 2021, en el barrio Las Palmas del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la quinta masacre en Colombia en lo corrido del año.

Fueron asesinados cuatro jóvenes: Jhon Deibi Cuello Jaramillo de 18 años, Deibinson Jaramillo de 17 años, Brian Duvan Tapias y un hombre más sin identificar, del que se sabe había prestado el servicio militar. Este último inicialmente quedó herido y fue trasladado a un hospital donde murió días después.

“Cuando supimos de la masacre, la información que nos llegó de las autoridades es que se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados. Luego testigos contaron que no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una masacre, fueron a matarlos”, así lo explicó Martín*, un periodista de la zona. En medios de comunicación también se encuentra la versión de que se trató de un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y Los Caparros, dos grupos neoparamilitares que se disputan el control de ese territorio. Sin embargo, Martín* agregó que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes, es un sitio montañoso, oscuro en las noches, alejado de las viviendas, señalado por ser un lugar de consumo de drogas y que, “con los grupos armados, el hecho de que las personas sean consumidoras o expendedoras es una sentencia de muerte”.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Marcela* explica que, en Tarazá, se venía viviendo en medio de una tensa calma, pero desde 2018 la situación se agravó. Cuenta que, debido a que algunos jóvenes consumían drogas, los grupos armados empezaron a decir que: “o los muchachos se componen o se van. Componerse era dejar de tirar marihuana, dejar de salir y de ir a ciertos lugares. A mí eso me costó tener que sacar a mi hijo del municipio en 2018, pero muchos quedaron allá” y que “algunos chicos sí consumían drogas y salían a ‘parchar’, como dicen ellos, pero también salían a jugar futbol y lo hacían de manera libre, muy espontánea, y que consumieran o fueran rebeldes, no quería decir que estuvieran en diferentes grupos armados o en temas de microtráfico. Les encantaba estar con los amigos, de pronto fumando marihuana, pero nada más. Y obvio para conseguirla tenían que ir al sitio donde la venden”. Para Marcela, esto último pudo haber sido la razón del asesinato de Jhon Deibi, Deibinson, Brian Duvan y el otro joven, a quienes ella conocía; “estar en el lugar que estaban los puso en el ojo de los actores armados”, concluyó Marcela*.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:45

“Primero se escucharon dos balazos y normal, simplemente eso. Luego empezó una balacera horrible y ya empezaron a gritar: ¡ey!, mataron a La Caquirra, mataron a La Caquirra. Que la niña está herida. Qué mataron otro man y ya, veinte minutos después bajó la Policía, llevaron a los dos heridos al hospital y llegando a Urgencias, se murieron”. Así narró una habitante del municipio de Sonsón el momento de la masacre perpetrada en ese municipio el domingo 25 de abril de 2021, cuando, a eso de las 10 de la noche, hombres armados llegaron a un casa del barrio La Calzada y asesinaron a Yulieth Natalia Díaz Carmona, de 26 años; Julián Vanegas Marulanda, de 23 años, y a Michel Daiana Sánchez Díaz, de 13 años.

Esta, la que sería la masacre número 33 en Colombia en lo corrido del 2021, fue atribuida por las autoridades del municipio a bandas criminales que se disputan el territorio, pero no fue señalada alguna en particular. Sin embargo, según Armando*, un hombre oriundo del municipio que se ha interesado por entender lo que allí sucede, explica que en Sonsón “el actor armado más reconocido es El Mesa, una organización de Bello que ha ido llegando a todo el Oriente antioqueño”. Adicional a esto, Armando* asegura que en Sonsón “no hay una disputa territorial sino que ya hay un grupo específico, en este caso El Mesa, que tienen control sobre el tema de microtráfico [...]. Ellos no permiten que otras personas hagan la actividad ilícita sin contar con ellos, por eso esa es una de las causas de las muertes y de la masacre que sucedió”.

Daniela*, una joven habitante del municipio, cuenta que allí hay “muchos barrios marginados donde no entra la Policía. Son barrios muy peligrosos donde se expende drogas. El más mencionado es La Calzada, donde ocurrió la masacre”. Como ella, Armando* asegura que este barrio “históricamente ha tenido actividades de carácter ilegal. Esa hace mucho tiempo fue una zona donde se ejercía la prostitución. Son dos cuadras. Allá vendían licor y cuando llegó el tema de la droga, pues también llegó allá; actualmente no se ejerce la prostitución pero sí la venta de drogas”.

De hecho, al hacer un rastreo de prensa de temas relacionados con microtráfico en Sonsón, el medio Mioriente, en una publicación del año 2018, menciona la captura de los integrantes de una banda delincuencial conocida con el nombre de este barrio: La Calzada. Además, se sabe que históricamente Sonsón ha tenido presencia del paramilitarismo. Armando*, por ejemplo, asegura que El Mesa es un grupo relacionado con el paramilitarismo y que en otras veredas como Los Medios, donde hay cultivos de café, hay presencia de actores armados del Magdalena Medio, al parecer “paramilitares” que ejercen control e imponen normas sobre los habitantes. “Dicen que a la gente que tiene malos procedimientos con el consumo de licor y drogas, entre otros, ellos le aplican castigos”, concluye Armando*.

Sobre las víctimas, Daniela* cuenta que a Yulieth la conocían como La Caquirra, y que este era uno de los apodos más sonados del municipio; además, asegura que era expendedora de drogas y que la menor asesinada, Michel Daina, era familiar suya.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Sonsón, nos encontramos con que hay casos de desplazamientos forzados y utilización de jóvenes para asuntos relacionados con el microtráfico. Daniela* cuenta que hay preocupación por parte de la Oficina de la Juventud del municipio y de la Secretaría de Educación porque hay muchos jóvenes adictos a la marihuana y otras drogas. Esta utilización, en últimas, ha llevado a que las principales víctimas de homicidios en el municipio sean sobre todo jóvenes y usualmente han estado relacionados con temas de microtráfico. “Este año van 14 homicidios, solo uno no tiene que ver con temas de microtráfico”, complementó Armando*.

* Nombres cambiados por seguridad de las personas entrevistadas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:43

En la madrugada del 10 de enero de 2021, en el municipio de Betania, ubicado en el Suroeste del departamento de Antioquia, tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas tres personas, miembros de una misma familia. Fue la segunda masacre de este año en el país y ocurrió a eso de las 4 de la mañana en un sector conocido como La Cuarenta, en el casco urbano del municipio, donde tres hombres armados asesinaron a Jonathan de Jesús Acevedo Londoño, de 23 años; a su mamá, María Guillermina Londoño, de 42 años, y a su padrastro, Juan Gabriel Zapata Cano. En un video publicado en Infobae, el director de seguridad de la Policía de Betania le atribuyó la responsabilidad de esta masacre al Clan del Golfo y ofreció una recompensa por información de los responsables.

Según algunas personas del municipio con las que pudimos conversar, Jonathan vivía con su mamá, su padrastro y dos o tres hermanos más. Además, coinciden en que, al parecer, Johathan estaba involucrado en temas de microtráfico, iban a asesinarlo a él, y la mamá y el padrastro terminaron siendo víctimas cuando intentaron intervenir para evitar dicho asesinato. Marta*, una mujer que vive en Betania desde hace 19 años, y que conocía a la familia que fue víctima de esta masacre, asegura que como Jonathan, en Betania los jóvenes han sido las principales víctimas de homicidios y usualmente se rumora que los casos están relacionados con temas de microtráfico.

En esta versión coincide Brian Montoya, personero del municipio, quien agrega que en Betania hay utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades asociadas a microtráfico. Los actores armados “incentivan el consumo de drogas en niños y jóvenes, regalándoles pequeñas dosis que van generando adicción, por lo que después estos jóvenes empiezan haciendo mandados y terminan formando parte de estas bandas”.

La principal actividad económica de este municipio es el cultivo y recolección de café, y respecto a la presencia de actores armados, lo que sucede en Betania obedece a un aspecto general del Suroeste antiqueño. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), asegura que esta subregión del departamento de Antioquia está en medio de una disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y lo que sucede es la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Según Brian Montoya, en este municipio específicamente, hay presencia del “Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y según la Alerta Temprana 044 de 2020, la Defensoría del Pueblo alerta de que estos actores están teniendo alianzas con el ELN, con el objetivo de generar un espacio más transnacional de narcotráfico para hacer una ruta de salida del centro del país hacia el Chocó y del Chocó poder generar el tránsito hacia México”.

Marta* asegura que durante la época de recolección de café, el ambiente se pone más tenso; “yo trabajaba en finca y cuando es época de recolección se pone muy complicado porque todos los días llega gente y uno no sabe quién es, ni a qué viene realmente. Si vienen a coger café, a trabajar o a cogerse información”. Ella misma cuando trabajaba en la finca, fue testigo de la llegada de personas que, según ella, tenían actitudes sospechosas, “llegaban dizque a trabajar, pero se iban para los cafetales, trabajaban dos o tres horas y el resto dormían, eso es muy raro porque los que recolectan café, trabajan de 6 a 6, porque saben que tiene que pagar la comida, que es cara”.

Adicional a esto, Brian Montoya asegura que en Betania se recrudece el conflicto en la época de recolección de café y coincide en que se debe a la oportunidad que esta época representa para los actores armados dedicados al microtráfico. “Betania es un municipio con aproximadamente 10 mil habitantes y en tiempos de cosecha podemos tener 15 o 20 mil, entonces las fincas cafeteras se volvieron un punto estratégico para bandas criminales, ya que allí se ubica un potencial para la venta y consumo de sustancias, sobre todo en fincas grandes que pueden albergar a cerca de 200 o 300 trabajadores.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en el municipio, nos encontramos con que en Betania hay un alto número de asesinatos. En 2020, por ejemplo, fueron asesinadas 40 personas, lo mismo que en Andes, con la diferencia de que ese municipio tiene alrededor de 40 mil habitantes más. Diez de estas víctimas corresponden a cafeteros asesinados en una masacre en noviembre. Además, según Brian Montonya, hay desplazamientos forzados, utilización de niños, niñas y adolescentes, y amenazas, de las que la misma Marta* contó haber sido víctima en varias ocasiones.

*Nombre cambiado por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:17

El 25 de abril de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre 32 en Colombia, la segunda en ese municipio en lo corrido del año. Ocurrió en una finca del corregimiento La Chaparrala, en la vereda Quebrada Arriba, a unos 30 minutos del casco urbano. Al igual que en la masacre anterior en este municipio, las víctimas fueron cinco recolectores de café, que fueron sacados a orillas de la carretera por hombres armados y posteriormente asesinados. Hasta el momento han sido identificados tres de ellos: Arley Darío Morales, Alexander Sucerquia y Gilberto Arnoldo Higuita Sucerquia, ninguno era oriundo del municipio; de hecho dos de ellos habían llegado la noche anterior a la masacre. De las otras dos víctimas, solo se sabe que también eran hombres. Respecto a los posibles responsables, las autoridades del municipio no se han pronunciado.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Adicional a esto, Graciano explica que La Chaparrala, donde ocurrió la masacre, es un corregimiento estratégico porque existe baja presencia de la fuerza pública y de allí se mueven hacia el corregimiento de Tapartó y al de Santa Inés. También se van hacia el municipio de Betania y de Betania hacia el de Ciudad Bolívar.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas. De hecho, el mismo día de esta masacre, una familia denunció que les pidieron 10 millones de pesos. Tuvieron que irse, escoltados por la Policía, porque no tenían con qué pagarlos. Además, recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:13

El 17 de febrero de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre número 12 en Colombia, en lo corrido del año. El hecho ocurrió en la finca La Ilusión de la vereda La Vela. Allí, según una publicación de El Tiempo, llegaron cinco hombres armados, ingresaron al lugar donde dormían los trabajadores, recolectores de café, sacaron a seis de ellos y asesinaron a Carlos Arturo Marulanda, de 51 años, oriundo del Valle del Cauca; a Jesús Antonio García Marulanda, de 50 años, del municipio de Pereira; a Alexander Benítez, de 31 años, del municipio de Andes, y a dos hombres de los que, a la fecha de escribir este texto, no se conocían sus nombres ni lugares de origen. El sexto hombre, identificado como Filemón Rodríguez, de 37 años, quedó herido.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. Esta masacre, según la publicación de El Tiempo, la Policía se la atribuyó al Clan del Golfo y hasta el momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas, y recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.