Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 17:30

En la madrugada del sábado 2 de octubre fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Bolívar, corregimiento del municipio de Anorí, Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como Yeiner Alexis de 20 años, Yéferson Hernández Ceballos de 19 años, Hernán David López Úsuga de 20 años y Yober Ernesto Londoño Gallego de 15 años. Según información proporcionada por INDEPAZ, al parecer las víctimas habrían sido secuestradas en el casco urbano de Anorí y llevadas hasta la vereda Bolívar donde luego fueron asesinadas. 

La fundación SUMAPAZ, en una declaración citada por el diario El Tiempo, afirmó que entre las víctimas se encontraría un excombatiente de las Farc, lo que preocupa a los pobladores de la zona, ya que en Anorí está ubicado el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha. Lugar en el que aún permanecen, según cifras de la Agencia de Reincorporación Nacional, cerca de 70 firmantes del Acuerdo de paz.

En la zona actúan grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, a cargo de José Sierra Regino. También se han visto panfletos de las Águilas Negras, bandas criminales y el Frente 36 de las disidencias de las extintas Farc, siendo estos últimos quienes figuran como principales sospechosos del crimen de acuerdo con las autoridades.

Actualizado el: Mié, 10/20/2021 - 23:34

El Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registró la masacre número 63 en lo corrido del año. El hecho ocurrió la noche del lunes 2 de agosto de 2021, cuando se presentó un atentado con arma de fuego en el barrio Prado Alto del municipio de Aracataca, Magdalena. En el ataque fallecieron dos hombres, Edison Manuel Carmona de 36 años y Jesús Alberto Torres Rebolledo. Dos días después, el miércoles 4 de agosto, falleció Richard Javier Parody de 19 años debido a la gravedad de las heridas ocasionadas. En el hecho también resultaron heridas dos personas, entre las que se encuentran Kevin Manuel Berrío de 27 años, y una menor de edad de 15 años. 

Esta masacre fue la segunda ocurrida en este municipio en lo transcurrido del 2021. La primera se dio el 19 de mayo cuando fueron asesinadas tres personas. También fue la segunda masacre en el país en los primeros cinco días de agosto luego de que se presentara la primera masacre en el municipio de Rioblanco, Tolima, el día 1 de agosto.

En este territorio se encuentran distintos grupos armados que hacen presencia de forma regular. La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 018-10 informó de la presencia en el municipio de Aracataca de grupos armados no estatales y de delincuencia organizada. Así mismo, el alcalde del municipio de Aracataca, Luis Emilio Correa, citó a un consejo extraordinario de seguridad en el que estuvieron presentes los miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el medio digital Infobae, en este consejo se acordaron diferentes intervenciones en espacios públicos y privados del municipio, así como la verificación de antecedentes y requisas para prevenir nuevos hechos.

Entre los grupos que hacen presencia en esta zona del país, según Indepaz, están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La Oficina Costeña y Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los primeros, mejor conocidos como Clan del Golfo, son el grupo armado organizado más grande del país, con presencia en el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y las actividades sicariales. Tiene presencia en al menos 124 municipios y tendría 3.260 integrantes según reportes de la Policía Nacional compartidos con el periódico El Tiempo. 

La Oficina Costeña es una banda liderada por exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia con centro de operaciones en Barranquilla. Este grupo armado organizado, también llamado Nuevo Bloque Costeño, tiene el objetivo de controlar el negocio del microtráfico en la capital del departamento del Atlántico, por lo que entra en constante disputa con el Clan del Golfo. El control de este negocio genera en Barranquilla la aparición de amenazas, reclutamiento juvenil, desplazamiento y asesinatos según datos de la Policía y la Fiscalía consultadas por La Liga Contra el Silencio. Además, este grupo estaría buscando su expansión hacia el departamento del Magdalena para el control regional de la zona del caribe según un investigador de la Policía para el medio Verdadabierta.com.

En el caso de  Los Pachenca, herederos de lo que se conocía como el bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, son un grupo delincuencial organizado con presencia en la región del Caribe por medio del microtráfico. De acuerdo con Hoy, diario del Magdalena, uno de los cabecillas de la organización, Yorman Yesid Ibarra Mercado, identificado como alias Farid, fue capturado por las autoridades el día 20 de septiembre del 2021, dando un duro golpe a la denominada Troncal del Caribe que controla el negocio del microtráfico en esta región del país. 

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:18

Esta masacre ocurrió en la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de La Plata, occidente del Huila, a una hora y media del perímetro urbano. En la noche de ese viernes santo 2 de abril, Luis Eliber Quintero Trujillo, de 54 años, y sus hijos Luis Eliber y Ricardo Quintero Quintero, de 36 y 30 respectivamente, fueron expulsados de su vivienda, la finca La Colmena, y asesinados a tiros por hombres de la columna Móvil Dagoberto Ramos.

Según una hermana de Luis Eliber, sus familiares estaban dedicados a labores del campo, pues todos eran agricultores y se dedicaban al cultivo de café. Según el medio local La Nación, el padre y su hijo Ricardo tenían antecedentes judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Otros medios como la revista Semana posteriormente publicaron sobre la reciente captura de alias ‘Rodrigo’, cabecilla de la disidencia Dagoberto Ramos, a quien las autoridades señalan de haber sido el responsable de las masacres en La Plata, Huila, y en el vecino municipio de Inzá, Cauca. Según el alcalde de La Plata, Luis Carlos Anaya, ambos municipios conforman una zona estratégica para los grupos armados ilegales dedicados a la comercialización de drogas en los departamentos del sur del país.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:58

El 2 de marzo del 2021, en el barrio Los Ángeles del municipio de Cáceres, fue perpetrada la masacre 16 en Colombia, según Indepaz. “Daniel iba con la novia para la casa, ya los bandidos estaban ahí, él escuchó, se paró y vio que estaba la mamá, la hermana, el hermano y la abuela. Cuando los manes lo vieron, levantaron los fusiles para dispararle y ahí fue cuando la mamá y la abuela se les tiraron encima a los bandidos, pero quedó uno libre, eran tres, y ese fue el que le disparó a Daniel, le pegó siete tiros, uno en los genitales y esa bala no salió [...], esa fue la que lo mató”, así relató el momento de la masacre Arturo*, un habitante de Cáceres, Antioquia, que conocía a Daniel y a su familia.

El 19 de marzo, tras varias cirugías y la amputación de una pierna, murió en el hospital Daniel David Gutiérez de 17 años. El 2 de marzo ya habían muerto su mamá, Sandra (38 años), y su abuela de 60. Todo esto ocurrió en presencia de la hermana mayor de Daniel y aunque tras el hecho una de las versiones conocidas se refiere a que Daniel era campanero de un grupo armado de la zona, Arturo* afirmó que eso no es verdad, que lo asesinaron porque se negó a ser reclutado por Los Caparros.

“Daniel y Kevin, su hermanito de 10 u 11 años, eran pescadores. Daniel pescaba desde los 10 años, ellos en ningún momento tenían vínculos con nadie [...] Daniel dejó de ir a pescar y le pregunté que qué pasaba y me dijo que lo tenían azarado. Él tenía una novia y ella le dijo que se fueran de ahí porque a ella también la estaban jalando y me contó que era porque Los Caparros querían que se metieran ahí y me dijo: usted sabe que yo no soy de eso. Yo le dije que se fuera, pero me dijo que no sabía pa’ donde coger, pero es que eran dos pelados de 17 años [...] Otro día me dijo: esta gente me quiere llevar y me dijo que si no me voy esta tarde con ellos, me matan”, así contó Arturo*, fragmentos de conversaciones con Daniel, días previos a su asesinato. Y como Daniel, otros jóvenes en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca Antioqueño, están siendo reclutados por los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Cáceres está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Cáceres, entre otros municipios del Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Allí hay una disputa por el territorio entre Clan del Golfo y Los Caparros, y según Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie”, asegura Carlos Zapata. Además, según un periodista de la zona, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas, desplazamientos y reclutamientos forzados han hecho parte del diario vivir. Arturo cuenta que en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca, a los jóvenes les ofrecen plata, los suben a las motos y así los endulzan con la intención de reclutarlos y que si no aceptan, los amenazan; incluso “hay partes por donde no puede pasar ningún joven porque los bajan y les dicen que se van con ellos o los tiran al río. Eso se da entre Puerto Valdivia, Valdivia y Caucasia. Los que más reclutan son Los Caparros, pero tenemos algo peor porque también el Clan del Golfo, el residuo de las Farc y el ELN están reclutando”, cuena Arturo*, quien complementa que muchos de los desplazamientos masivos que se vienen dando son consecuencia de esta problemática, que las familias se van porque no quieren dejar que sus hijos sean reclutados.

Ese 2 de marzo, la hermana mayor de Daniel, quien fue testigo de los hechos, y Kevin, su hermanito menor, se fueron del municipio a eso de las 9 de la noche gracias a que los vecinos recogieron dinero para sacarlos de ahí. Al momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación de esta masacre y según las fuentes consultadas, los índices de esclarecimiento de homicidio en esta zona son muy bajos y las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas, apresuradas y sin una investigación previa, donde se refieren a que los jóvenes asesinados eran consumidores, expendedores o estaban relacionados con los actores armados.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:11

El 2 de marzo de 2021 en Sumapaz fueron asesinados tres campesinos, dos de ellos en la vereda Chorreras y otro en el corregimiento de Alto del Duda. La primera muerte ocurrió en horas de la mañana, cuando dos hombres en motocicleta entraron a la casa de Pedro Damián Gonzáles de 45 años, y le dispararon con arma de fuego dos veces en su pecho.

La segunda a solo quince minutos del primer homicidio. Jimmy Rincón Blanco de 37 años, fue asesinado también con arma de fuego por los mismos dos hombres que irrumpieron en la casa de Pedro Damián. Ambos se dedicaban a las labores del campo desde hace varios años en la vereda Chorreras. Y el tercer asesinato fue el de Alexis Torres, un días después, en el corregimiento de Alto Duna, -zona limitrofe con el deparamento del Meta, cerca al río Duda- en límites con el páramo de Sumapaz y el municipio Uribe.

Las autoridades encontraron una moto abandonada a 40 minutos del lugar donde se registraron los dos primeros asesinatos, pero hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los autores, y las razones que motivaron estos hechos. Según la ONG Indepaz, la localidad de Sumapaz cuenta con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Algunas organizaciones sociales, campesinas, ambientales, y diferentes procesos organizativos de Sumapaz, se pronunciaron a traves de radiomacondo.com, en rechazó el asesinato de campesinos que “historicamente han estado asentados en el Paramo de Sumpaz (...) rechazamos todo acto violento y toda acción en contra la dignidad y la vida,exigimos la más rigurosa investigación para establecer los hechos criminales que hoy enluta a la familia y la comunidad”.

La alcaldesa Claudia López dijo a El Espectador, que la hipótesis sobre quiénes fueron los responsables y las razones de su asesinato, “se debe es que hay enfrentamiento entre disidencias de las Farc. Por un lado estaría el grupo liderado por Gentil Duarte y, por el otro La Segunda Marquetalia, dirigidas por Santrich e Iván Márquez. (...) Tenemos zozobra e intimidaciones promovidas por grupos armados en la zona fronteriza con Bogotá, en la región del Duda. No tenemos evidencia de que estén en Sumapaz, pero sí están entrando a intimidar a nuestros ciudadanos, y a quienes se negaron a asistir a las citaciones, al parecer, fueron los que asesinaron”.

La alcaldesa también dijo para este medio, que otra de las razones que pudo signficar el asesinato de estos tres campesinos, se debe a que en la zona han sido entregados algunos predios por parte de la extinta guerrilla, para la reparación de víctimas, y uno de ellos está entre Chorreras y Lagunitas.

Históricamente Sumapaz a raíz de su posición geográfica, sobre la cordillera Oriental, ha sido una zona estratégica para los grupos armados en Colombia. Llegó a albergar a algunos grupos insurgentes, como La Caucha o Casa Verde de las Farc, quienes buscaron senderos que conectaran con el cañón del río Duda, en La Uribe, Meta. El Espectador documentó que por allí transitaron durante “mucho tiempo el Estado Mayor Central de la guerrilla pues además de ser un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados hasta el sur del país”. Además, su historia ha estado marcada por la lucha agraria, y la organización campesina, liderada por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, entre los años 40 y 50, de la que surgió el Partido Nacional Agrario.

Pero además, ha existido poca presencia del Estado y de eso da cuenta la comunidad, al explicar que existe poco desarrollo vial, por ende aún la forma de transitar el territorio en buena medida, aún se realiza por trocha. Hasta hace dos años recogen sus basuras, y durante los últimos seis meses la Alcaldía de Bogotá tiene sede en la localidad. También explican, que a pesar de que Sumapaz ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, desde el 2019, no se presentaba ningún hecho de violencia contra sus habitantes, hasta el 2 de marzo de 2021. Ese día, tres personas fueron asesinadas en la vereda Chorreros y en el alto del Duda, donde aún se desconoce quienes fueron los responsables, y qué grupos armados se encuentran en la región.