● Un año después del Diálogo Regional para la no continuidad y no repetición del conflicto armado en el Catatumbo, organizado por la Comisión de la Verdad, en el que representantes de diferentes comunidades del territorio dialogaron sobre los factores de persistencia de la violencia en el territorio, y recomendaciones para la no repetición de la guerra, los actores se volvieron a reunir para hacer un balance de lo ocurrido en los últimos meses.
● Para muchos nortesantandereanos y habitantes del Catatumbo, la situación actual de la región se ha vuelto mucho más compleja: la violencia no para, siguen apareciendo actores armados que buscan el control de la zona, el Estado continúa sin hacer presencia integral en la región, y jóvenes, mujeres, campesinos catatumberos cargan con el estigma de pertenecer a esta zona en donde el conflicto no da tregua.
La violencia contra las comunidades del Catatumbo ha empeorado durante los últimos meses del 2021, en medio de un creciente conflicto territorial entre grupos armados ilegales por el control del narcotráfico, que están respaldados ahora por carteles internacionales. Los campesinos siguen sin tener opciones económicas diferentes a los cultivos de uso ilícito, mientras el Estado los persigue y los estigmatiza, a la vez que refuerza la presencia en la zona del Ejército y la Policía.
Estas fueron las principales preocupaciones expuestas por los líderes de varios sectores sociales del Catatumbo, expertos de organizaciones internacionales y académicos en el Foro ‘Conflicto armado en el Catatumbo: propuestas para su no continuidad’, organizado en Cúcuta por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición (CEV). El evento dio cierre al proceso de diálogo social que duró cerca de dos años en los que se recogieron las perspectivas de los diversos sectores de la sociedad civil sobre los factores de persistencia del conflicto y sus recomendaciones para terminar definitivamente con estos ciclos de violencia.
Previo al foro, la Comisión de la Verdad organizó una sesión previa en la que dialogó con líderes y lideresas pertenecientes a comunidades campesinas y étnicas, quienes discutieron sobre la situación actual del territorio y cuyas principales conclusiones fueron expuestas por tres representantes en los diferentes paneles del encuentro ‘Conflicto armado en el Catatumbo: propuestas para su no continuidad’.
Luego de un año de un encuentro similar organizado por la Comisión de la Verdad en Norte de Santander, las organizaciones invitadas insistieron en el agravamiento de la situación en la región, especialmente en cuanto al narcotráfico y sus efectos en el conflicto armado. Los participantes del encuentro insistieron en que en los últimos meses han notado una fuerte degradación de la guerra, ya que se han sumado nuevos grupos armados que han entrado a disputar el territorio con el ELN, el EPL y otras bandas conformadas por grupos residuales de la guerrilla de las FARC.
Este aumento de la violencia ha ido de la mano, según los representantes de las comunidades, con una expansión de los cultivos de coca, que inclusive han llegado a la zona rural de Cúcuta. “Estamos viviendo una reconfiguración violenta del territorio; nos sentimos como en la época de la incursión paramilitar en los 2000. Tenemos desplazamientos, masacres, amenazas, aumento de cultivos y el rearme de grupos”, contaron los líderes durante la sesión de trabajo previa al foro del Catatumbo.
En ese sentido, las comunidades han identificado que la guerra ya no está en lo profundo del Catatumbo, también ha hecho presencia en la capital del departamento. “El narcotráfico ha crecido de tal manera, que se habla de que mueve 2 millones de dólares diarios en la región. El 20% de los cultivos de uso ilícito del país están en el Norte de Santander”, señaló el comisionado Saúl Franco.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar señaló, durante el foro, que la llegada de los carteles mexicanos y la apertura de nuevas rutas para el tránsito de la droga es un factor que fortaleció el narcotráfico y aumentó significativamente la violencia en la zona. “Los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, se han convertido en los grandes compradores de pasta de coca. Le apuntan a nuevos mercados como el turco y el australiano”, señaló Cañizares.
Los participantes señalaron que la violencia desatada por estos actores armados llega marcada por hechos de sevicia que no se veían en la región, desde hace varios años. Esta degradación no sólo marca las formas más crueles y violentas de esta, sino, como lo dijo, durante el foro, el Comisionado Franco, se trata también de “acostumbrarse a la violencia, que por ejemplo ha incluido de diferentes maneras a niños y jóvenes para que hagan parte de la guerra”.
Según los asistentes al encuentro, el Estado no ha cumplido con los acuerdos de paz con las FARC y ha vuelto a insistir en la presencia militar para enfrentar el aumento de los cultivos de uso ilícito, la producción y el tráfico de cocaína. La situación de frontera influye directamente en estas dinámicas, de acuerdo con los participantes del foro, ya que la zona se vuelve un corredor para mover la cocaína hacia Venezuela y reclutar a jóvenes del vecino país, que tienen una movilidad constante en la zona binacional, buscando ganarse la vida, ante las difíciles condiciones económicas.
Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres de Catatumbo, insistió en la constante victimización de las mujeres de la región, no solo por defender a sus hijos para que no se los lleven para la guerra, sino por la forma en que los grupos armados las ven como trofeos de guerra. “No tenemos garantías de protección, somos estigmatizadas, todo esto en medio de unos altos índices de violencia intrafamiliar”, señaló la lideresa.
Los representantes de la comunidad señalaron que es evidente que el Estado no ha puesto en práctica ninguna de las recomendaciones que hicieron durante el proceso de diálogo desarrollado en 2020. . insisten en que, por el contrario, la presencia militar volvió a ser, casi exclusivamente, la forma en que el Estado afronta los problemas de la región.
Pierre Lapeque, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, UNODC, explicó que el Estado debe invertir en la región de forma integral para enfrentar el creciente narcotráfico. “Los campesinos cocaleros o excocaleros quieren una vida normal como cualquier persona. No son criminales”, señaló Lapeque.
El comisionado Franco insistió en que la respuesta a la falta de una presencia más integral del Estado está en el cumplimiento del Acuerdo de Paz con FARC. “No pedimos que retiren la fuerza pública, no estamos contra el Estado, lo que pedimos es que haya mucha más presencia en educación, en acceso a la justicia, a la salud, a mejorar la infraestructura. La carretera que llega a Tibú, es prácticamente una trocha”, dijo Franco.
Los líderes señalaron que es clave que el Estado se siente a dialogar con los otros actores armados para poder trabajar por una paz completa, con el ELN, el EPL y el resto de los grupos ilegales. “La paz se hace con los guerreros, hay que intentar llegar a un acuerdo que no sea fraccionado”. expresó el comisionado Franco, en coincidencia con los representantes de las comunidades.
Durante el foro también se discutió la necesidad de abordar soluciones diferentes a las que históricamente se han planteado, como la de la legalización de la droga, expuesta por la subdirectora de la ONG DeJusticia, Diana Guzmán. “El prohibicionismo ha fracasado, porque no ha controlado la oferta y por el contrario ha generado unos altos costos en materia de derechos humanos”, señaló Guzmán.
En esa vía, la subdirectora de DeJusticia planteó que para enfrentar al narcotráfico como factor de persistencia de la violencia, es necesario empezar a plantear una reforma en esa política internacional del prohibicionismo. “En ese sentido, para las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, consideramos que es fundamental que se aborde de manera crítica la reforma a esa política internacional y el prohibicionismo, porque es necesario avanzar en una política de drogas de Estado que regule el mercado. Colombia tendría todo el liderazgo y la experiencia a cuestas para llevar adelante esta discusión”, dijo Guzmán durante el foro.
Finalmente, agregó que es necesario cambiar el enfoque para enfrentar el narcotráfico. “Atacar el narcotráfico no va a acabar con el consumo ni con la oferta”, aseguró y agregó que “lo que hay que hacer es atacar los efectos del narcotráfico, sus impactos en materia de violencia, corrupción y debilidad institucional, que son los factores que más afectan a las comunidades”
Adicionalmente, los participantes señalaron que los procesos electorales que se avecinan son una oportunidad para que se consoliden espacios políticos de los cuales se ha relegado a la población, especialmente con las circunscripciones de paz que por primera vez, se realizarán en la región.
Las comunidades mostraron su disposición a seguir trabajando para conseguir la paz de la región, pero también, para exigirle al Estado, que dialogue con los grupos ilegales que violentan a la población y que cumpla con los acuerdos con las FARC. Insistieron que estos acuerdos son una guía clara para darle una terminación definitiva al conflicto armado.