El pasado 05 y 06 de noviembre la Comisión de la Verdad realizó una visita al Bajo Cauca antioqueño en el marco del proceso de Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto Armado que empezaron en octubre de 2020. Durante estos espacios se identificaron los factores de persistencia del conflicto armado y se recolectaron recomendaciones para la no repetición.
Ante la crisis humanitaria que se ha presentado desde inicios del 2021, los comisionados Francisco de Roux y Lucía González escucharon a las comunidades en Caucasia, Antioquia. Se reunieron con líderes y lideresas sociales del Bajo Cauca, así como también con empresarios, representantes de la institucionalidad municipal y departamental; y miembros de cooperación internacional. En este espacio discutieron las acciones urgentes que puedan ayudar a mitigar la crisis humanitaria que vive la región. Las principales acciones que solicitaron los habitantes fue una presencia estatal más allá de lo militar, la implementación de los Acuerdos de Paz y un diálogo con los actores armados que operan en el territorio que complemente las acciones militares.
Los comisionados resaltaron la importancia de trabajar en la construcción de paz en el departamento. “Si Antioquia quiere y busca la paz, Colombia tendrá paz, si Antioquia no quiere, el país tampoco tendrá”, aseguró Francisco de Roux. Las comunidades aseguran que el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, nunca llegó al Bajo Cauca y la zona es disputada por grupos armados. Por esta razón hablaron con el compromiso de que su nombre fuera cambiado.
Aunque el Gobierno celebró a mediados del 2021 la “desarticulación de Los Caparros” los habitantes de esta subregión aseguraron que en el territorio la realidad es distinta. Dicen que no tienen garantías de seguridad y que aunque ese grupo armado sí está disminuido, algunos reductos del mismo están haciendo alianzas con otros grupos armados. “Yo le puedo asegurar que en el territorio aún hay Caparros, solo que ya no son tan fuertes”, afirmó una de las personas.
Las disputas por el control territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, y el Eln también son constantes. Como lo informó el portal Verdad Abierta, desde el desarme de las Farc, los actores armados se han enfrentados, provocando violaciones a los Derechos Humanos y han causado múltiples desplazamientos. Los pobladores piden que además de la estrategia militar, haya diálogos de paz con los diferentes actores armados.
En la zona también operan disidencias de la antigua guerrilla de las Farc. Según El Espectador, este grupo difundió en octubre un panfleto en varios municipios del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño en el que exigen la creación de una “cédula comunitaria”. Durante el espacio de diálogo, un líder contó de este hecho y dijo que las comunidades tienen miedo de lo que pueda pasar. Aseguró que se niegan a entregar los datos al grupo armado por miedo a lo que puedan hacer pero que igual los están recolectando.
“La vía militar no es la salida, no si se maneja como el único método, ya lo vimos con Los Caparrapos y por ello necesitamos que también haya una negociación”, este fue el pedido de uno de los líderes sociales. Las demás personas que asistieron concordaron con este llamado. La encuesta realizada en el informe Escuchar la Paz: Dimensiones y variaciones en la implementación del Acuerdo Final en habitantes de las zonas que cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), muestran que el 85% de los encuestados cree que la vía para acabar el conflicto con el Eln es a través de la negociación. Solo el 9% cree que se debe hacer por la vía militar. En el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño las personas que piden un diálogo son el 89%.
También pidieron una presencia estatal integral. Aseguran que en varias zonas es difícil encontrar una figura gubernamental más allá de la militar. “El Bajo Cauca lleva cincuenta años militarizado, necesitamos que lleguen también el Estado en sus otras maneras”, aseguró una de las personas. Además dicen que la formalización de la tierra no avanza. El problema histórico de acceso a la tierra no ha tenido ninguna respuesta del gobierno y no ha mostrado ningún tipo de avance, y que modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en la minería, se mantiene intacto (Ver especial sobre los factores de persistencia del conflicto en el Bajo Cauca).
La implementación de los Acuerdos de Paz también fue nombrada por los habitantes del Bajo Cauca. Creen que no se han cumplido con las expectativas de los PDET. Se han visto algunas obras, pero esperaban más de ese programa. Mostraron quejas también del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) por los incumplimientos han generado desconfianza. “Nosotros, quienes creímos en ese proceso y hablamos con las comunidades para que aceptaran acogerse a la legalidad fuimos los que quedamos mal”, dijo uno de los líderes.
Desde la Comisión de la Verdad celebraron el espacio de diálogo y esperan que la implementación del Acuerdo ayude a las poblaciones. “[Los acuerdos en el marco del PNIS] son la posibilidad de salir de la ilegalidad de unos campesinos que tuvieron la voluntad pero que el Gobierno no ha cumplido su compromiso con ellos”, dijo la comisionada Lucía González.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció la creación de una gerencia regional en el Bajo Cauca que estará a cargo de Luis Fernando Suárez. Esta decisión se tomó posterior a que los comisionados Francisco de Roux y Lucía González conversaran con él. La primera visita quedó para el 24 de noviembre. “La región requiere una mirada especial y yo creo que hay voluntad de parte de la gobernación representada en Luis Fernando Suárez que es muy cercano a los proyectos de la región. Pero somos los bajos caucanos los principales responsables de que esto funcione”, aseguró uno de los representantes del sector universidad y empresa.
Este hubiera sido el último diálogo por parte de la Comisión de la Verdad en la región, pero con la ampliación del mandato aún esperan realizar algunas actividades más que puedan contribuir a la labor que han hecho durante estos años. “La Comisión está trabajando en el legado de la Comisión que incluye la red de aliados y aliadas en el territorio”, aseguró uno de los funcionarios.