El viento de la discordia
desafíos de los proyectos eólicos en La Guajira
Uno de los retos
más grandes
que actualmente enfrenta
la humanidad
es cambiar la manera
como producimos
energía.
La desenfrenada extracción y uso de combustibles fósiles nos tiene al borde del colapso ambiental. La crisis climática registra límites históricos y demanda que transitemos hacia fuentes de energía renovables, como la energía del sol, del agua y del viento. Especialmente países como Colombia, que dependen económicamente de la exportación de fósiles como el petróleo y el carbón, han tenido que adelantar procesos de adaptación.
Sin embargo, el cambio tecnológico debe estar acompañado de un cambio social, como reclama el movimiento que aboga por una transición energética justa con los territorios impactados por los proyectos de energía. Una transición que proteja los derechos humanos y el medioambiente de sus comunidades, que promueva su participación, libre y sin intimidaciones y que, en vez de profundizar brechas de desigualdad, contribuya para cerrarlas.
En palabras de los tres principios fundamentales para una transición a energías más limpias del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH): “Prosperidad compartida”, “derechos humanos y protección social” y “negociaciones justas”.
Las historias en este
especial periodístico
son espejos de los desafíos y
la incertidumbre que
embargan a los territorios
colombianos
ricos en viento y agua.
Altos han sido los costos que les ha significado la llegada o expectativa de proyectos eólicos e hidroeléctricos, que junto a las granjas solares integran el grueso de la producción de energía renovable planeada por los últimos gobiernos.
Las comunidades han tenido que aferrarse a la defensa del territorio y sus modos de vida para no abandonarlos y, tras verse amenazadas, han aprendido a desconfiar de las empresas que irrumpen sin considerar su cultura y el estado previo de sus regiones. Su actuar ha profundizado conflictos existentes y desvelado la ausencia de un Estado que debe garantizar su protección y buen vivir.
En La Guajira, explicó la Defensoría del Pueblo, los conflictos entre comunidades indígenas Wayuu han aumentado tras la llegada de los proyectos eólicos, debido principalmente a las expectativas por los beneficios que recibirían permitiéndolos en sus rancherías. Hay indígenas que al no sentirse incluidos en la negociación de los proyectos, han optado por la violencia contra familiares y vecinos, desatando la guerra en el mismo clan o con otros clanes. Muchas personas, sin embargo, han negociado con la esperanza de que las promesas de los empresarios ayuden a calmar la sed y el hambre.
Al menos 21
de los 50 campos eólicos
proyectados en La Guajira
han presentado conflictos
con las comunidades
en su área de influencia.
Esto, de acuerdo al informe “Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayuu” del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, publicado en julio de 2023. Sin embargo, desde la misma cultura del territorio surgen propuestas para frenar la violencia y cuidar lo propio. Aunque la narrativa del Gobierno busca la aceleración de la transición energética, las comunidades le piden tiempo para entre ellas organizarse y llegar acuerdos, así como le reclaman garantizar negociaciones justas y consultas previas, libres e informadas que se alineen con sus costumbres ancestrales (ver capítulo uno).
Por otro lado, a casi mil kilómetros al suroccidente, yacen varias hidroeléctricas sobre el río Porce, Antioquia, una zona históricamente marcada por el conflicto armado. Tras la inundación de las represas, miles de personas, cuya principal fuente de ingreso era el río, fueron afectadas y muchas familias fueron desplazadas y desarraigadas de sus costumbres, aunque no todas indemnizadas justamente.
Así lo reclama la Asociación de afectados del cañón Porce, Asoporce, como también denuncia la intensificación de una ola de violencia tras la llegada de las hidroeléctricas. Hoy, la familia de Flavio Castaño continúa su búsqueda, un minero que trabajaba a orillas del Porce y tras reclamar los derechos suyos y los de su familia afectados por las inundaciones, desapareció (ver capítulo dos).
Para el año 2000,
se estiman entre 40 y
80 millones de desplazados
por las cerca de 45.000 represas
construidas en casi
la mitad de los ríos del planeta,
según la Comisión
Mundial de Represas.
“Las soluciones tecnológicas que podrían asegurarnos una disminución de gases de efecto invernadero no pueden generar nuevos desplazamientos por desarrollo y no pueden mantener monopolios energéticos que implican inequidad social”, asegura Nataly Díaz, coordinadora académica de la sede latinoamericana de TRAJECTS - Centro Transnacional para las Transiciones Justas en Energía, Clima y Sustentabilidad.
Varias fuentes expertas entrevistadas concuerdan con Díaz e insisten en la importancia de que se protejan los derechos humanos de las comunidades impactadas por la transición y se avance a modelos más participativos, que no reciclen la violencia de un extractivismo enraizado en Colombia durante las últimas tres décadas y que se aumente la vigilancia de las empresas de la transición y su compromiso social.
En respuesta a un derecho de petición, la Defensoría del Pueblo “insiste en la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano la obligatoriedad para las empresas de realizar procesos de debida diligencia sobre derechos humanos, de manera que permita cumplir con la obligación de respetar los derechos humanos, identificando, evaluando los posibles impactos negativos potenciales y reales sobre los derechos humanos, la prevención sobre posibles vulneraciones, mitigar el impacto causado por su actividad comercial, así como tomar medidas cuando se haya contribuido a provocar posibles vulneraciones”.
En otro informe, la Defensoría señala la importancia del papel del Estado para garantizar derechos mediante “el debido acompañamiento que se debe hacer para la implementación de los proyectos de desarrollo en las regiones y su seguimiento una vez licenciados, en la implementación de las políticas públicas e incluso, en la función de establecer reglas claras que guíen claramente a las empresas en la forma de entrada a las regiones para el relacionamiento con los diferentes grupos sociales que impactará el respectivo proyecto, en condiciones de paridad”.
Expertos como el investigador Juan Espinosa del CIEDH también señalan la dificultad adicional que tienen líderes sociales y ambientales, agredidos históricamente en Colombia, para hacer denuncias sobre impactos y riesgos de proyectos renovables, asociados a narrativas ‘verdes’, ‘sostenibles’ y ‘buenas’. Así lo corroboramos entrevistando no solo a autoridades indígenas en La Guajira, sino también a representantes de diferentes comunidades afectadas por Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, PCH, cuyas historias pueden consultarse en el segundo capítulo de este especial (ver capítulo dos).
Las PCH son hidroeléctricas menos invasivas y de menor capacidad y costo, y consideradas como más viables para la promoción de ‘comunidades energéticas’ en la llamada Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa en Colombia que construye actualmente el Gobierno Nacional. Las ‘comunidades energéticas’ fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo como una figura por implementar para aumentar la participación de las comunidades en los proyectos energéticos.
Está por verse
cómo el Gobierno
garantizará
una transición
incluyente
e integral.
Comprometida con los territorios y sus reivindicaciones, mientras trabaja en “la necesidad de reconstruir el capital social y la confianza de los ciudadanos con las instituciones”, deteriorados durante el anterior Gobierno, en palabras del investigador de la ONG CODHES Juan Carlos Botero.
Las comunidades entrevistadas comprenden la importancia de la energía renovable pero no porqué tienen que ser ellas las “sacrificadas”. Para Andreif Pinzón, sociólogo y coordinador de proyectos de la ONG ENDA-Colombia, las comunidades no deben ser “castigadas ambientalmente” y deben participar en el ordenamiento de sus territorios. Además, le preocupa que el modelo de desarrollo no cambie y caigamos en un “extractivismo verde” sin “democratización de rentas”, que mantenga la inequidad y produzca “víctimas sin huellas de carbono”.
El panorama, sin embargo, no es muy alentador, de acuerdo con el informe “Desde abajo para las transiciones energéticas justas: género, territorio y soberanía”, de Fescol y otras organizaciones sociales aliadas. “Los nuevos proyectos de energía renovable mantienen las mismas dinámicas de ocupación del territorio y exclusión de las poblaciones locales que los proyectos mineros anteriores. Estas prioridades generan dudas sobre su potencial real de lograr una matriz energética más limpia y más justa e incluyente”, se lee en el informe.
En un mundo que se mueve rápidamente, cambiar de tecnologías no puede suceder a expensas de los derechos de las personas; debe ser un proceso de transformación justo e integral, una oportunidad para que la humanidad no solo asegure su pervivencia sino también su bienestar y el de la biósfera.
En La Guajira
el viento golpea
en todas direcciones,
ofreciendo
un abrazo fresco
ante las altas
temperaturas.
Para las comunidades indígenas Wayuu, que han habitado estas tierras durante siglos, el viento hace parte de su cultura y, como los sueños, también advierte lo que está por venir, sean momentos de abundancia o de sequía.
La Guajira tiene un potencial eólico significativo. Allí, los vientos alisios del noreste son constantes y fuertes. El viento, sin embargo, no solo mueve la arena guajira, también ha despertado los intereses de empresarios y de los últimos gobiernos por alzar grandes molinos de viento. Se presentan como los guardianes de un futuro energético sostenible, comprometido con el medio ambiente, pero a pesar de la promesa, la expectativa de estos proyectos eólicos ha impulsado conflictos étnicos y derramamiento de sangre.
Personas que no se han sentido representadas en las negociaciones con las empresas, han acudido a la violencia dentro de sus familias y entre clanes indígenas. Otras han negociado en desventaja y gran necesidad y ven en las promesas de los empresarios una oportunidad para calmar la sed y el hambre. En La Guajira, uno de los departamentos más empobrecidos del país, el agua escasea.
A través de la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios guajiros de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
No obstante, quedan también miembros de las comunidades con deseos de luchar, a pesar del temor a perder lo que sus ancestros les dejaron a cuidar. Piden tiempo para organizarse y así poder llegar a acuerdos, sin que parte de las comunidades se sientan excluidas y quieran tomar represalias. A la par, irónicamente, el Gobierno Nacional pide acelerar la transición energética.
En medio de la angustia, también dudan sobre el destino de la electricidad que producirán estos molinos de viento: ¿para exportación?, ¿para el beneficio de las empresas privadas en vez de abastecerse de energía? ¿Seguirán profundizando las brechas de desigualdad?
Turbinas del campo eólico Jepirachi. Crédito: Vanessa Martínez.
"Lo que le suceda
a la tierra,
le sucederá a
los hijos de la tierra"
proverbio Wayuu
Uno de los desafíos más apremiantes que enfrentan las comunidades Wayuu es la protección de su territorio. Conviven con el temor al fantasma de otros proyectos energéticos en la región. "Nos han dejado en la ruina, sin animales ni vegetación, y han alterado el clima debido a tanta contaminación, además de provocar enfermedades raras que jamás habíamos visto", explica Tita Velásquez Ipuana, una autoridad ancestral Wayúu que ha atestiguado las consecuencias de 50 años de explotación carbonífera en La Guajira. La historia le ha enseñado a desconfiar de las empresas que buscan instalarse en su territorio.
De al menos 50 proyectos de parques eólicos terrestres en La Guajira, solo dos están en etapa de construcción. La gran mayoría de la infraestructura de los proyectos se solapa con el Resguardo Indígena Wayuu de la Alta y Media Guajira, explica el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, en el libro “Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayuu”.
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Con estos 50 parques, las empresas pretenden producir cerca de 9 GW. Sin embargo, al menos 21 de ellos (en rojo) han presentado conflictos con las comunidades en su área de influencia, de acuerdo al libro de Indepaz, publicado en julio de 2023.
Con estos 50 parques, las empresas pretenden producir cerca de 9 GW. Sin embargo, al menos 21 de ellos (en rojo) han presentado conflictos con las comunidades en su área de influencia, de acuerdo al libro de Indepaz, publicado en julio de 2023.
En algunos de los territorios pretendidos por los proyectos eólicos, numerosos miembros de comunidades Wayuu expresaron a Rutas del Conflicto su molestia, por un lado, debido a la falta de comprensión que algunas empresas han demostrado hacia su cultura, empeorando o desencadenando disputas entre familias y clanes. Y, por otro lado, hay indígenas preocupados porque no dimensionan la magnitud de los proyectos eólicos y los desconocidos impactos que podrían traer al medioambiente, al agua disponible, a los pastos para sus chivos, cambiando su forma de vida.
En respuesta a un derecho de petición, la Defensoría del Pueblo explicó que las comunidades Wayuu han mantenido conflictos territoriales y clanines antes de la llegada de los proyectos eólico, pero que estos han aumentado desde entonces, principalmente debido a las expectativas por los beneficios que recibirían cuando entren en funcionamiento. Indígenas no representados en las negociaciones han acudido a la violencia contra familiares y otros clanes. La Defensoría también señala que las empresas y las instituciones estatales responsables han fallado en socializar información sobre los proyectos con las comunidades.
“En comunidades donde hay conflictos internos no se puede negociar, pero se negocia con las dos partes de manera independiente y mientras que la gente en la comunidad no se pone de acuerdo, hay paros, no se aceptan las negociaciones que la otra parte hizo con la empresa, termina siendo como un dolor de cabeza para la gente de las comunidades y me imagino que también para las empresas”, reflexiona Angélica Ortíz, lideresa de Fuerza de Mujeres Wayuu, organización con más de 15 años de lucha por los derechos de las víctimas del conflicto armado y de proyectos energéticos en La Guajira.
Otras lideresas de la región explicaron que en ocasiones las negociaciones no se realizan con quienes tienen derechos ancestrales sobre los territorios y las empresas terminan haciendo acuerdos con quienes, según la Ley Wayuu, no deberían tener poder de decisión.
Los desacuerdos internos escalan en todo tipo de enfrentamientos, explica Joanna Barney, investigadora de Indepaz. En su investigación para el libro “Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento Wayuu”, Barney pudo esclarecer que los conflictos internos se han exacerbado debido al actuar de las empresas: “Tenemos conflictos internos, tenemos muertos, tenemos desplazamientos y entonces se inician conflictos que llevan a otros tipos de circunstancias de violencia entre las mismas comunidades, incentivadas por las empresas. Hay que ponerlo en todas sus letras, por supuesto es responsabilidad de las empresas porque hicieron un acercamiento mal. Cuando saben que están haciendo un acercamiento mal, siguen, insisten y persisten. Tenemos comunidades que les solicitan no ingresar a los territorios, porque están en conflicto y la empresa ingresa. Y de esos ingresos indebidos hay muertos”.
Ranchería Wayuu.
“Personas nos quieren borrar (...), quieren hacer como si nunca hubiéramos estado acá, como si nunca nos hubiese pertenecido el territorio (...). Practicante nosotros quedamos en la intemperie”, fueron las palabras de la líder Wayuu Leyjill Hanna para el documental Vientos de Sangre de la ONG Nación Wayuu, tras ser desplazada de un territorio pretendido por una empresa eólica.
“Nuestra paz y nuestra tranquilidad fue arrebatada (...), la empresa de energía eólica ha entrado a nuestro territorio; la tierra, el agua y la arena fina de Topia fue manchada de sangre, aquí en este pedazo fue asesinado mi tío Gustavo Suárez por oponerse a las entradas a nuestro territorio de las empresas de energía eólicas”, narra después Norbelis Suárez, una lideresa de Topia, municipio de Uribia, que habría recibido amenazas tras denunciar supuestas irregularidades de proyectos eólicos.
Presión indebida
En los territorios guajiros no solo se cuestiona el rol pasivo del Estado para garantizar negociaciones justas sino también la cadena de presión que ha ejercido sobre empresas y comunidades para poner en funcionamiento los proyectos.
Las llamadas “subastas del cargo por confiabilidad” son un mecanismo gubernamental para promover el desarrollo de proyectos de generación eléctrica y aumentar la capacidad y oferta del sistema eléctrico, asignando obligaciones y plazos a generadores e inversionistas con respecto al suministro de energía, a precios fijos, según la la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Las empresas que ganan las subastas están obligadas a entregar la energía en el momento indicado o se activan una serie de cláusulas, multas y seguros. Algo que, para Joanna Barney, genera “una presión indebida del gobierno a las empresas, de las empresas a las comunidades, de las comunidades al gobierno, y se vuelve al final un berenjenal, que es lo que los tiene como los tiene en este momento. Volver a hacer una subasta bajo esas condiciones (...) genera muertos en los territorios”.
Justamente en los territorios, las subastas son también motivo de discordia; muchos no entienden o desconocen este mecanismo y quienes conocen, las consideran irresponsables. Un documento creado entre autoridades ancestrales y sus representantes autorizados para contribuir a la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa del presente gobierno, da constancia: “Como resultado de esa subasta (en 2019), fueron adjudicadas las empresas de Jemeiwa´Kai (AES), Celsia (Argos) y Renovatio. Cabe destacar, que para ese año, ninguno de los proyectos que resultaron elegidos había completado la fase de la consulta previa. Esta situación generó, sin duda, una presión indebida en las empresas, que debían, a como diera lugar, hacer todos sus trámites antes de las fechas en las que se comprometieron a entrar en funcionamiento. Dicha presión nos fue traslada a las comunidades, que debimos recibir unas consultas de manera apurada y desordenada”.
La próxima subasta de la asignación de Obligaciones de Energía en Firme - OEF, según información enviada por la UPME, sería el próximo 14 de noviembre de 2023. Sin embargo, hay información pública sobre un aplazamiento para febrero de 2024, en la que también se hablaría sobre nuevos modelos de energía. Esto ha desatado todo tipo de reacciones entre las empresas que aspiran participar. Mientras tanto, los planes para las obras no paran, el tiempo para que las empresas entreguen los proyectos acordados es cada vez más limitado y la presión a las comunidades aumenta.
“El Gobierno ha hecho subastas sin el consentimiento de nosotros, ha sacado decretos sin el consentimiento de nosotros”, afirma la lideresa Tita Velásquez.
"Déjeme consultar,
déjeme soñar"
Cementerio Wayuu en Irraipa, Alta Guajira.
El modelo de negocio entre empresas y comunidades Wayuu empieza por definir condiciones y pagos basados en el consentimiento que deriva de la consulta previa, libre e informada, dentro de su marco cultural, pero esto no siempre pasa, según dijeron varios lugareños impactados por los proyectos. Aparte de no facilitar la comprensión de las dimensiones de los proyectos, las empresas demuestran desconocer las prácticas Wayuu para consultar. "Muchas veces las autoridades se enfrentan con sus propias familias porque a unas le consultan y a otras no", cuando todas deberían ser consideradas, especialmente quienes tienen derechos ancestrales sobre los territorios, menciona Tita Velásquez Ipuana, autoridad ancestral en el Cabo de la Vela.
Otras creencias ancestrales, como las consultas que los Wayuu hacen a sus antepasados en los sueños, tampoco son muy tenidas en cuenta. La expresión Wayuu “déjeme consultar, déjeme soñar” es popular, según el líder Misael Socarrás. Miembros de las comunidades entrevistados explican que la conexión con los antepasados se facilita en sueños cuando los cementerios donde descansan no son perturbados. Una amenaza para la cultura y el bienestar espiritual de los Wayuu son los proyectos eólicos cuyos planos se solapan con estos lugares sagrados.
La ignorancia no solo es de las empresas. El desconocimiento sobre la consulta previa también ha hecho a las comunidades vulnerables, especialmente a las comunidades Wayuu que han migrado desde Venezuela y no conocen la normativa colombiana. “Hay un desconocimiento total de qué es la consulta previa, para qué es. Hay un desconocimiento de los derechos por la misma ausencia del Estado. Y cuando llega una empresa o cualquier persona con intereses sobre el territorio y llega entregando, ejemplo, un mercado, los Wayuus son muy agradecidos porque estás dándoles algo, aunque no conozcan todavía los intereses”, explica la lideresa de Fuerza de Mujeres Wayuu Angélica Ortiz.
La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental para las comunidades étnicas en Colombia, consagrado en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varias sentencias como la T–382 de 2006, y por tanto, de obligatorio cumplimiento para las empresas interesadas en los recursos de los territorios étnicos. Esta debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, explicando claramente los impactos y riesgos que traen sus proyectos.
“El derecho a la consulta previa es la garantía instituida a favor de los pueblos indígenas y tribales de contar con un espacio previo y efectivo para pronunciarse y hacer manifiestas sus opiniones sobre todos aquellos proyectos, obras o actividades (...) que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio proceso de desarrollo o impactar, de cualquier manera, en sus costumbres, tradiciones e instituciones”, en palabras de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Fallas con las consultas previas han ocurrido, incluso, en comunidades que cuentan con los llamados Protocolos Autonómicos (amparados bajo el Convenio 169 de la OIT), los cuales establecen unos parámetros, autodeterminados por las comunidades indígenas, acerca del consentimiento y el carácter vinculante que tienen las decisiones de los líderes ancestrales en todo lo que atañe a su territorio, cultura y recursos. Una hoja de ruta clara para que las empresas que la adopten respeten las formas propias y minimicen impactos.
Ante ese panorama, Rutas del Conflicto le preguntó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre las medidas que se incluyen en las consultas para proteger los modos de vida y economía de las comunidades impactadas por los proyectos, a lo que respondieron: “las medidas que suponen una afectación directa se concretan con la comunidad en el marco del diálogo genuino a partir del análisis de impactos que produce la implementación del proyecto, y que puedan generar afectaciones de cualquier índole, entre los cuales se tienen los modos de vida y aspectos económicos a la comunidad partícipe, buscando desde esta dirección, garantizar los derechos de las colectividades, en el marco del proceso consultivo”.
La respuesta contrasta con las voces de líderes en territorio, así como con la de una funcionaria del Ministerio Público en La Guajira, que conoce de cerca el tema. “Las empresas creen que están solas y pueden negociar de cualquier manera con las comunidades”, le dijo a Rutas del Conflicto pidiendo la reserva de su nombre. Para Giovanni Pavón, director de Energía en la organización sin ánimo de lucro Transforma; con amplio conocimiento en el sector de renovables en Colombia, “dejar a las empresas solas con la gente fue un error” en La Guajira.
Información completa
y comprensible
Medidor de viento en la comunidad de Irraipa
El medidor de viento, una antena de entre 60 y 120 metros de altura, evalúa las características del aire y demarca el lugar de un proyecto nuevo o el límite entre dos proyectos, así no corresponda con la división territorial entre las comunidades dueñas de esas tierras, como explica David Rodrígez, autoridad ancestral de Irraipa, Alta Guajira. Estas antenas, dice Rodríguez, han motivado conflictos internos entre nietos y abuelos con visiones diferentes sobre el territorio.
En varias ocasiones, estas estructuras han sido ubicadas a pocos metros de viviendas, colegios, comederos de animales e, incluso, de los lugares más importantes y sagrados para los Wayuu: los ‘amuyu’ o cementerios, donde reposan los restos de sus ancestros y hacen las veces de ‘documentos de propiedad’ en la Ley Wayuu.
“Las marcas del territorio son los cementerios, lugares sagrados para los Wayuú. El amuyu (cementerio) es soporte y ordenador del territorio porque en él se salvaguarda la carne de cada apushii, y es equivalente a un título de propiedad: los reconocemos como un documento similar al título o la escritura pública del territorio. En un mismo territorio se pueden encontrar varios cementerios que pertenecen a los apushii (linaje materno) o a los ashon (linaje paterno)”, ilustra el Protocolo Autonómico de consulta y consentimiento libre, previo e informado del Corregimiento de Cabo de la Vela, Zona Jepira.
Esto hace recordar el caso de un pueblo Wayuu que habita alrededor de un punto de acceso hacia un proyecto eólico. En medio de la multitud reunida en una de las socializaciones del proyecto, se pudo reconocer cómo una mujer de edad no pudo ocultar las lágrimas al escuchar que se requiere la reubicación de su cementerio, pues obstruye el camino previsto por una carretera de la empresa.
Junto a esta mujer, se congregaron más de cincuenta personas, repartidas entre habitantes de la comunidad y representantes de la empresa. La reunión tenía por objetivo presentar una explicación inicial del proyecto a través de una pantalla de televisión con diapositivas. Sin embargo, la información proporcionada no fue clara para buena parte de la comunidad, quienes afirmaron no entender del todo el proyecto ni sus consecuencias.
Esto se debió a que muchas personas no sabían leer, no entendían el idioma español y tenían dificultades para comprender la terminología que la empresa utilizó. Al contactar a los representantes de la empresa presentes para preguntar por su metodología, optaron por no dar información detallada.
Finalmente, la reunión no solo se centró en informar los detalles de la obra, pues la comunidad también estaba buscando una reunión con la empresa para aclarar cómo la construcción del proyecto podría empeorar problemas de seguridad que estaban experimentando, como la entrada de personas desconocidas a sus tierras para robar ganado, o nuevos problemas que traería la carretera, como accidentes de tránsito, especialmente contra niños y animales.
Información clara y completa es clave en procesos que cambiarían la dinámica de vida de la gente. Varios líderes como David Rodríguez se quejaron de que no entendían por qué las empresas les daban información parcial u ocultaban datos, como cuál es su casa matriz o empresa matriz (la compañía que las posee y de la que dependen). De acuerdo con Joanna Barney, los parques eólicos en La Guajira están bajo el control de al menos “17 empresas que se han diversificado en otras empresas, lo que hace difícil seguir la casa matriz”.
Parque eólico de Jepirachi, en cercanías al Cabo de la Vela.
Otro ejemplo de la falta de información clara y completa es el parque Jepirachi, el primer parque eólico en Colombia, que trajo beneficios pero también un sin sabor en las comunidades cuando el parque anunció que cerraría sus obras. Algo que las tomó desprevenidas y despertó preocupación de lo que pueda suceder con dichos beneficios.
El parque eólico piloto Jepirachi culminó operaciones en octubre de 2023, después de 19 años de funcionamiento. Su desmantelamiento será paulatino.
El campo eólico Windpeshi era el proyecto más avanzado de la multinacional ENEL, que a raíz de conflictos con comunidades impactadas por los proyectos, culminó operaciones en mayo de 2023. Allí, las comunidades levantaron al menos 50 paros, de acuerdo con la investigadora de Indepaz Joanna Barney.
Han sido varios los conflictos que han rodeado los territorios de interés del proyecto Windpeshi. Uno de ellos estalló el 10 de abril de 2022, cuando un nutrido grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad Jawou y atacó a la autoridad Wayuu Moises Jusayu y a su familia, desde entonces desterrados y perseguidos. Jusayu tenía diferencias con otras personas de la región sobre la infraestructura del proyecto que pretendían instalar en su territorio, con la que no estaba de acuerdo. Su hijo Dicto, ya en recuperación, había quedado herido de gravedad.
La familia se hospeda actualmente en el Centro Cultural del municipio de Uribia, en condiciones de pobreza y desafiados por el estilo de vida en la ciudad, alejado del pastoreo y demás tradiciones de la ruralidad guajira. A pesar de las dificultades, la familia no ha perdido la esperanza y sigue buscando justicia. "Aunque hemos sido afectados gravemente, seguimos en la búsqueda de una solución que nos permita recuperar nuestro territorio y nuestras vidas", dijo un miembro de la familia.
De acuerdo con el mencionado libro de Indepaz, la empresa Jemeiwa´kai ha aparecido como dueña de cinco parques eólicos en la Alta Guajira, cuya venta fue consolidada a la multinacional AES Gener; empresa que produce energía en Colombia desde los años 70 a través de su filial AES Chivor, ahora AES Colombia. Jemeiwa´kai ha negociado con las comunidades indígenas los proyectos eólicos Irraipa, Carrizal, Casa Eléctrica, Apotolorru y Jotomana.
Según logró documentar Indepaz, citando a una firma de abogados francesa, los proyectos comenzaron a desarrollarse con una red internacional de empresas en 2009 y para 2019, Jemeiwa’kai ya había adquirido el acceso a 549 MW de evacuación energética por medio de La Colectora 500 kV a partir de 2022. La Colectora es un proyecto de transmisión que recolectaría la energía de los parques eólicos en el futuro. “La transacción mencionada, según la firma, es la más grande del sector eólico en Colombia, lo que permite a AES Chivor convertirse en el desarrollador de energía eólica líder en el país”, documentó Indepaz.
“Si no se hacen
las clarificaciones
territoriales,
se va a desatar
la guerra por toda
La Guajira”
En uno de los territorios pretendidos por AES, soplan los vientos que desde el nordeste atraviesan el Cabo de la Vela. Allí, Tita Velásquez Ipuana, una de las autoridades ancestrales del territorio, trabaja con turismo comunitario cerca a la bahía. Desde los ojos locales, las empresas poco son conscientes del temor que ha resultado de los conflictos tras su ingreso en La Guajira, así como de la desventaja con la que negocian cuando pasan necesidad. Sin embargo, personas como Tita han aprendido a liderar procesos de resistencia comunitarios en defensa del territorio. “Mi dignidad no tiene precio, lucho por lo que mis antepasados me dieron a cuidar”, dice orgullosa.
Tita Velásquez, autoridad ancestral.
Como parte del gobierno propio Wayuu, Tita es conocedora de rutas para prevenir los conflictos, como la aplicación de la Clarificación Territorial, una herramienta que, como su nombre sugiere, ayuda a clarificar quiénes son los dueños del territorio. Los vecinos se reúnen y determinan los linderos entre familias y cuáles son las que dominan o llevan más tiempo allí, especialmente las autoridades ancestrales. “Si no se hacen las clarificaciones territoriales, se va a desatar la guerra por toda La Guajira”, afirma Tita, en vista de la violencia que han traído las negociaciones entre empresas y personas ajenas a las costumbres ancestrales.
“Tienen que hacer la Clarificación Territorial. De nada le vale el aval de una autoridad tradicional porque no tienen el territorio (...). Me ha pasado a mí con este territorio, aquí está la empresa Jemeiwa´Kai (o Jemeiwaa Ka’i, que vendió los parques eólicos a AES); le he dicho ojo con eso, tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, se valió de los avales de los tradicionales (...)”, aseguró Tita. Las autoridades tradicionales son otro tipo de líderes en la cultura Wayuu que no tienen necesariamente derechos ancestrales sobre los territorios.
La comunidad de Tita y sus vecinas han adelantado un proceso de Clarificación Territorial con acompañamiento de Indepaz, con el que pretenden estar blindadas de conflictos internos cuando las empresas las busquen para negociar. Así mismo, lideran la socialización de esta herramienta con comunidades en otros puntos de La Guajira.
La paradoja es que estos procesos toman tiempo, mientras las empresas y los gobiernos han acordado fechas para el inicio de los proyectos, incluso sin contar con las debidas consultas previas. En derechos de petición enviados a los ministerios del Interior y Minas y Energía se preguntó cómo están apoyando a las comunidades que piden tiempo para organizarse y clarificar sus derechos territoriales, pero al cierre de esta edición no han enviado respuesta.
Joanna Barney, investigadora de Indepaz, se pregunta por el papel que tendría Jemeiwa´Kai cuando los proyectos sean manejados por AES, pues la primera ha sido la que ha negociado con las personas líderes de las comunidades hasta el momento, incluyendo a Tita. Se enviaron derechos de petición tanto a Jemeiwaa Ka’i como a AES Colombia para conocer cómo están organizados y dar respuesta a nutrido número de interrogantes sobre su actuar en los territorios Wayuu, pero al cierre de esta edición, no se ha recibido comunicación de su parte.
Tita, con voz firme, eleva un llamado para que más comunidades y el Gobierno sean conscientes del significado de la Clarificación Territorial en sus territorios. "Hagamos bien nuestros trabajos, que no se tiren a la ligera. La vida de nosotros, los Wayúu, está en juego. Nosotros somos personas sin sueldos, sin nada, sin beneficios, pero tenemos la riqueza, así que yo les invito a todos los funcionarios del Gobierno del Cambio que escuchen el consejo, quiero que hagan bien sus trabajos, que no se tiren la vida de nosotros los Wayuus, porque tienen que pensar que no solamente somos nosotros los Wayuu que vivimos dentro del territorio, sino también las faunas”.
Reunión entre dos comunidades Wayuu para negociar la reparación de un daño.
“La energía
es un derecho,
pero no puede estar
por encima del agua”
Nataly Díaz, Trajects
La crisis humanitaria en La Guajira, declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302, demuestra grandes retos para que la proyectada transición energética pueda ser justa. Casos como los descritos en este reportaje demuestran la vulnerabilidad y desprotección de la población indígena. Preocupa, por ejemplo, cómo la comunidad alrededor de Jepirachi tiene miedo de perder, tras la culminación del proyecto, la planta desalinizadora que le provee agua potable. “La gente está negociando con sed, con la barriga vacía”, menciona la lideresa Angélica Ortiz.
Sin embargo, tras decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira (Decreto 1085 del 2 de julio de 2023), el Gobierno Nacional firmó, junto a autoridades Wayuu, empresas y gobierno local, un llamado Pacto por la Transición Energética Justa en La Guajira, enmarcando beneficios para las comunidades como su participación de socias en los proyectos renovables. Sin embargo, no acordaron revisar los proyectos previamente pactados y que actualmente están impulsando los conflictos.
Estos procesos de planificación colectiva son necesarios a los ojos de comunidades y empresas. Un error que denota Carol Varela, gerente social de enlace del Grupo de Energía de Bogotá (dueña de La Colectora), es que “faltó planificación del Estado que explicara la transición energética en La Guajira, para preparar a la región”. Lo que las comunidades entrevistadas demandan, sin embargo, es participación desde el comienzo del proceso. Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que las empresas e instituciones estatales han fallado en socializar con las comunidades información sobre los proyectos.
El mencionado pacto se suma a otras iniciativas del Gobierno Nacional en el mismo sentido, como la referida Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa en Colombia. Durante los días de negociación del pacto, desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro dijo que las comunidades deben recibir parte de las utilidades de los proyectos. En el actual Plan Nacional de Desarrollo está establecido que el 6% de las ventas netas de proyectos de generación eléctrica irán destinadas a la financiación de proyectos para comunidades étnicas ubicadas en sus zonas de influencia.
Flavio Castaño
es uno de los
tantos mineros
que han trabajado
a orillas
del río Porce
en Amalfi, Antioquia.
Duraba varias semanas a orilla de la cuenca, en un cambuche hecho con palos y bolsas, sacando oro con su batea. De eso vivían él y su familia, incluyendo su hermana Rosmira. Sin embargo, esto cambió con las inundaciones que implicaron los proyectos hidroeléctricos de Porce II y Porce III. Flavio se opuso a ellos por las afectaciones que trajeron a su comunidad y desapareció en 2009.
“A él lo conocían muchas personas de la región. Yo creo que eso fue el detonante, porque él estaba reclamando los derechos de su familia en el desalojamiento de la tierra que iba a ser inundada y la indemnización que les correspondía. Incluso él (Flavio) venía desplazado de la zona en donde se construyó Porce II, venía desplazado bajo amenazas y luego le pasa lo de la desaparición en la zona de Porce III”, explica Rosmira.
El día en que desapareció, este joven alto y de tez morena esperaba una visita de la Policía, porque al resistirse a abandonar sus tierras, lo iban a desalojar. Y aunque ese día duró en constante comunicación con Rosmira, al llegar las horas de la tarde, Flavio dejó de contestar el teléfono. Su hermana, al notar la rara desaparición, decidió llamar a un ‘bosquero’, es decir, a un trabajador de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que cuidaba el territorio ante la inminente llegada del proyecto, y le preguntó por el jóven. Este afirmó que se había caído un palo sobre su cambuche pero que no veía a Flavio.
Durante la época de la desaparición, a Flavio y Rosmira los habían contactado algunos funcionarios municipales y el inspector de Policía para comunicarles que debían abandonar la vereda María Teresa, en donde tenían el cambuche y plantaciones de plátano. El proyecto hidroeléctrico de Porce III, al igual que su antecesor Porce II, tenía que inundar la zona en la que ellos trabajaban para crear el embalse que alimenta la planta de la hidroeléctrica.
Los proyectos hidroeléctricos empezaron en 1982 cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) iniciaron los estudios en el río Porce. En 2001 entró en operación la primera de las grandes hidroeléctricas: Porce II, una apuesta de la empresa por generar 392 megavatios (MV). Y en 2004 se empezó a socializar el proyecto de Porce III, la cual entró en pleno funcionamiento en 2011, con el que se pretendía obtener 660 MV; una cuarta parte de los que generaría Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande en Colombia. EPM es dueña de 24 centrales hidroeléctricas en el país y socia de Hidroituango.
Como Rosmira y Flavio, a quienes la empresa no reconoció como afectados por la construcción de la hidroeléctrica argumentando que el dueño de la tierra era otra persona, son miles los afectados por las construcciones e inundaciones de las hidroeléctricas de Porce, además del medio ambiente. Miembros de las comunidades que vivían allí y que su principal fuente de ingreso era el río Porce, denuncian que fueron desplazadas por las inundaciones de sus tierras, que hubo desarraigo de sus costumbres comunitarias, que no fueron indemnizadas por EPM, o por lo menos no justamente, y que, incluso, se intensificó una ola de violencia contra los habitantes del cañón.
Como las hidroeléctricas de Porce, en el país hay más de 90 centrales hidroeléctricas y 25 embalses, según los datos del operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, XM, con corte en 2022. Según el Informe de oferta y generación que publicó XM en septiembre de 2023, las hidroeléctricas generan cerca del 63% de la energía eléctrica del país y de ese porcentaje, Antioquia aporta el 51,25%.
Aunque todavía no se ha finalizado la construcción del plan de transición energética del actual gobierno de Gustavo Petro, dentro de la primera versión de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa se identifica una mayor proyección de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) ‘a filo de agua’ que de las grandes centrales como Porce e Hidroituango. Una PCH produce electricidad hasta de 20 o 50 megavatios (MW), según la fuente, y es definida como una “pequeña unidad generadora de energía que aprovecha el agua de un afluente a través de una caída o pendiente, buscando que el líquido abata una turbina para la generación de energía”, según la tesis de maestría “Impactos ambientales, sociales y económicos de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en Antioquia” de Iverson Osorio Londoño para la Universidad EAFIT.
A diferencia de las grandes centrales, las PCH no requieren inundar grandes terrenos, sino que por lo general desvían parte del río hasta dicha caída o pendiente para luego devolver el agua al afluente. Este aprovechamiento hidroeléctrico es conocido como ‘a filo de agua’, explica Osorio Londoño.
“La promoción de comunidades energéticas en torno a los aprovechamientos hídricos con PCH se prevé como un factor que las diferencia con las grandes represas, que actualmente se perciben como social y ambientalmente inviables”, asegura el documento de la llamada Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa. Las ‘comunidades energéticas’ fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo como una figura por implementar para aumentar la participación de las comunidades en los proyectos energéticos.
Según una tabla enviada a Rutas del Conflicto por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con datos de XM, ya habría al menos 130 PCH en operación en Colombia, 56 de ellas en Antioquia. De acuerdo al Informe de Registro de Proyectos de Generación de la UPME (con corte en agosto de 2023), en los últimos 15 años se han presentado 523 proyectos hidroeléctricos en el país y 49 estarían vigentes para entrar en operación en los próximos años: 45 a filo de agua y cuatro embalses.
Ubicación de los principales proyectos hidráulicos vigentes, UPME, agosto 2023.
El gobierno anterior, con Iván Duque en la Presidencia, elaboró junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un documento de análisis sobre los avances de la transición energética en Colombia. Allí, Mauricio Claver-Carone, entonces presidente del BID, aseguró que aunque en 2018 las fuentes renovables representaron el 58% de la generación total de electricidad en América Latina, “el paradigma energético total de la región está cambiando debido a la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua frente al cambio climático. A esto se le suman las preocupaciones ambientales y sociales generalmente asociadas con la construcción de plantas hidroeléctricas en ecosistemas vulnerables”. El BID fue el principal financiador de los proyectos del Porce.
En el informe Impactos socioambientales y posible afectación de derechos derivada de la generación hidroeléctrica en Colombia de la Defensoría del Pueblo (2017), se asegura que las intervenciones de megaproyectos “suponen cambios significativos en el territorio, en la cotidianidad, en los usos del suelo, en la reconversión de actividades y en general en un amplio número de aspectos que inciden de manera positiva y negativa en la vida de quienes son involucrados por el desarrollo del mismo”.
“Esos proyectos hacen, por ejemplo, que las y los campesinos pierdan esa relación histórica, esas relaciones hidrosociales que han venido construyendo a lo largo de muchos años alrededor del río. Además, muchas de ellas, siendo víctimas del conflicto, (para la construcción de las hidroeléctricas) tendrían que volver a desplazarse”, asegura Vanessa Vasco del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño - Movete, plataforma que visibiliza los conflictos asociados a la construcción de hidroeléctricas en esta región de Antioquia.
Antioquia es uno de los departamentos con mas riqueza hidrológica en Colombia. Por el norte pasan los tres ríos mas importantes: el Magdalena, el Cauca y el Atrato. Hoy el departamento antioqueño aporta más de la mitad (51%) de la energía hidroeléctrica del país.
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El río Porce nace de la confluencia de los ríos Medellín y Grande. La cuenca del Porce alcanza las 523 mil hectáreas, siendo una de las más extensas y caudalosas de Antioquia. Allí yacen los proyectos hidroeléctricos: Guadalupe I y II, Porce II, Porce III y se proyecta Porce IV, de Empresas Públicas de Medellín, EPM.
El río Porce nace de la confluencia de los ríos Medellín y Grande. La cuenca del Porce alcanza las 523 mil hectáreas, siendo una de las más extensas y caudalosas de Antioquia. Allí yacen los proyectos hidroeléctricos: Guadalupe I y II, Porce II, Porce III y se proyecta Porce IV, de Empresas Públicas de Medellín, EPM.
El río Porce fue usado por primera vez como generador de energía con los proyectos Guadalupe I, II, III y IV y Riogrande I y II. Según EPM, estos proyectos ya culminaron su vida útil y no están funcionando.
El proyecto de Porce II se ubica entre los municipios Yolombó, Amalfi y Gómez Plata, en el sector llamado El Mango. Esta central tiene una capacidad total de 149,37 millones de metros cúbicos (unas 60.000 piscinas olímpicas) y genera 1.600 gigavatios hora/año.
Porce III es la segunda central hidroeléctrica más grande del Sistema de Generación de EPM, con capacidad de 660 MW de energía y 170 millones de metros cúbicos de agua (68.000 piscinas olímpicas). Está ubicada en jurisdicción de los municipios de Amalfi, Guadalupe, Gómez Plata y Anorí, en el sector de Bramadora.
El proyecto de Porce IV fue suspendido indefinidamente en entre 2010 y 2011, cuando EPM aseguró que en la zona del proyecto se había presentado desplazamiento forzado por la lucha del control territorial de los grupos armados de la región y que había habido un aumento significativo de población que se sentía en derecho de ser indemnizada por la construcción del proyecto.
El proyecto de Porce IV fue suspendido indefinidamente en entre 2010 y 2011, cuando EPM aseguró que en la zona del proyecto se había presentado desplazamiento forzado por la lucha del control territorial de los grupos armados de la región y que había habido un aumento significativo de población que se sentía en derecho de ser indemnizada por la construcción del proyecto.
EPM le dijo a Rutas del Conflicto que sigue con el interés de continuar con la construcción de Porce IV (suspendida entre 2010 y 2011) y que la licencia ambiental del proyecto sigue vigente. De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación, Porce IV se ubicaría entre los municipios de Amalfi (hacia las veredas de Naranjal y Puerto Limón) y Anorí (hacia las veredas Zafiro y Puerto Rico). De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, “para la zona de influencia del proyecto Porce IV, de un total de 129 especies (de fauna) registradas, tres se encuentran en ‘peligro crítico’, 15 se encuentran clasificadas como vulnerables, 12 ‘en peligro’, nueve hacen parte del grupo de especies casi amenazadas y cuatro no cuentan con datos suficientes”.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Infraestructura en el río Porce.
Nosotros
los mineros
somos nómadas,
no desplazados
Nelson Guerra era uno de los mineros que vivía en la zona de La Bramadora, en donde actualmente queda el proyecto Porce III. Su vida cambió tanto que tuvo que salir desplazado de su territorio durante la construcción de la hidroeléctrica y tras una lucha de varios años, ahora lidera la Asociación de afectados del cañón Porce, Asoporce. Este colectivo, de cerca de 200 personas, reclama por los derechos que tienen como desplazados de los proyectos hidroeléctricos de Porce II y Porce III, así como por los daños ambientales. “Estamos buscando la reparación de nuestras comunidades, esto por la mala negociación que hubo con Empresas Públicas de Medellín y sus proyectos hidroeléctricos”, afirma el líder.
Empresas Públicas de Medellín le aseguro a Rutas del Conflicto que los acercamientos que han tenido con Asoporce han sido a través de “comunicaciones” para dar respuesta a las peticiones del grupo, sin entrar en mayor detalle. La asociación fue creada para reclamar reparaciones a alegados daños y perjuicios que les habrían traído los proyectos hidroeléctricos a las comunidades que han vivido o trabajado en el cañón.
Los saberes mineros que tenían Flavio y su hermana Rosmira los heredaron de sus padres e, incluso, hoy en día, parte de su familia sigue viviendo de lo mismo. Y no es un caso aislado de las comunidades de la zona. Varios de ellos han vivido generación tras generación del oro del Porce e, incluso, aún siguen intentando bajar al río con sus bateas para encontrar con qué subsistir.
Para la construcción de estos megaproyectos es necesario inundar gran parte de un territorio con el fin de crear los embalses. Por lo que, inevitablemente, el proyecto genera desplazamientos de las poblaciones campesinas de la zona. Entre 2008 y 2009, la situación se tornó aún más tensa en el cañón de Porce para los mineros que tenían que desplazarse por la inundación del cañón, pues dicen que EPM aseguraban que era dueñas de los predios que iban a ser inundados y que, por ende, ninguna persona tenía derecho a estar dentro de la zona, ni siquiera para seguir barequeando, como se le conoce a la minería artesanal o tradicional.
Esto implicaba que mineros como Flavio estaban en un limbo legal al extraer oro, ya que en la práctica, el río se consideraba bajo el control de la empresa, lo que dio lugar a disputas y encuentros incómodos. En una ocasión, según cuentan las víctimas, un funcionario municipal habría advertido a Flavio y a Rosmira que los sacaría del río por la fuerza si era necesario, incluso si implicaba desplegar un contingente militar. Rutas del Conflicto preguntó a la Alcaldía de Amalfi cómo ha acompañado a las comunidades impactadas por los proyectos en la cuenca del Porce y cómo ha mediado los conflictos con la empresa, pero al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.
“A nosotros nos decían (los grupos armados) que aceptáramos la plata que nos ofrecía EPM. Que la teníamos que aceptar así fuera un millón de pesos, la teníamos que aceptar y darles la cuota de guerra (a los armados). Si no lo hacíamos, nos decían que ya sabíamos ‘lo que corría pierna arriba’ porque sabían dónde estaban nuestras familias. Esto recorrió todo el cañón, desde Bramadora, hasta El Limón y generó pánico. Incluso, algunos funcionarios y contratistas negociadores de Empresas Públicas de Medellín nos decían que si no aceptamos las indemnizaciones, nos echaban el agua encima”, aseguró uno de los pobladores. Rutas del Conflicto preguntó a EPM sobre el conocimiento y reacciones que han tenido ante este tipo de hechos, pero al cierre de esta edición no ha llegado respuesta. Sin embargo, en una comunicación previa, la empresa aseguró que se rige a la protección de los derechos humanos.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le aseguró a Rutas del Conflicto que la Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente no cuenta con investigaciones relacionadas con los proyectos hidroeléctricos sobre el río Porce.
Según la información que la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, le entregó a Rutas del Conflicto, se tiene registro de al menos 25 casos de personas desaparecidas que sus cuerpos fueron dispuestos en río Porce, a la altura de los municipios de Donmatías, Yolombó, Amalfi, Anorí, Zaragoza y El Bagre.
“El caso del señor Flavio de Jesús Castaño Barrientos está incluido dentro del Universo de personas dadas por desaparecidas de la UBPD (...). De igual forma, es de aclarar que esta solicitud se incluye dentro de las investigaciones humanitarias asociadas a la disposición de cuerpos en fuentes hídricas que se contempla en el PRB del Nordeste Antioqueño, pues además del señor Flavio, se reportan diez mineros más que fueron presuntamente asesinados y dispuestos en el río Porce”, asegura la entidad.
Antes de la desaparición de Flavio, ya había antecedentes de hechos violentos en la zona. Según documenta el medio de comunicación alternativo Periferia, y como recuerdan los habitantes del Porce, en la zona ya habían sido asesinadas varias personas, incluyendo algunas que trabajaban para los megaproyectos. “El 20 de enero de 1999, Moisés Caicedo Estrada, dirigente del sindicato Sintra Porce II, fue asesinado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Caicedo y los otros dirigentes de su sindicato había recibido reiteradas amenazas de muerte y se habían visto obligados a marcharse de sus casa en 1998”, asegura el informe Preocupaciones de Amnistía Internacional ante la 87 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de Amnistía Internacional sobre uno de los casos más representativos de la zona.
Nelson Guerra es un ejemplo de estas afectaciones. Él había vivido toda su vida de la minería aluvial del Porce y de las minas bajo tierra de las zonas aledañas. Aunque es el líder de la Asociación de afectados del cañón Porce, ya no se encuentra en su territorio, pues decidió desplazarse por falta de condiciones de seguridad en Amalfi. Esto último en especial por su liderazgo, con el cual busca que sean justamente indemnizadas las personas que fueron afectadas por los proyectos hidroeléctricos. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, hasta octubre del 2023, en lo que va corrido del año, se han registrado 138 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Nelson, por su parte, ha recibido amenazas de muerte por diferentes grupos armados y personas del territorio.
Personas como Nelson y los demás afectados concluyen que un factor determinante fue la presencia de grupos armados en la zona que amenazaban a las personas que no estaban de acuerdo con las hidroeléctricas o con aquellos que estaban decididos a no abandonar sus territorios para que se ejecutarán las obras.
Empresas Públicas de Medellín aseguró en comunicación escrita que han cumplido con los Principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos: “Con iniciativas multiactor y orientadoras frente al rol de respeto por los derechos humanos del sector empresarial, como es el caso de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos han sido bases para el abordaje institucional y la final emisión de la Política de Empresa y Derechos Humanos de EPM (...). Estos lineamientos corporativos son materializados en el despliegue de las acciones ejecutadas durante las diferentes fases de los proyectos en general”.
La construcción de PCH se ha vinculado también con la victimización de liderazgos ambientales. Esta va desde la estigmatización e infantilización de lideresas vinculadas a los procesos de veeduría (como señalan voces líderes en Quindío), hasta las amenazas y homicidios de líderes y lideresas sociales que trabajan por evitar el desarrollo de estos proyectos (como en Caquetá y Antioquia). De acuerdo con la ONG Global Witness, Colombia es el país más mortal para la defensa de la tierra y el medio ambiente. El año pasado fueron asesinados 60 defensores ambientales.
La poca o casi nula comunicación y cercanía de las comunidades entrevistadas a los entes gubernamentales es preocupante. Esto ha sucedido en las diferentes orillas políticas. En las poblaciones se mueve la idea de que los gobiernos —sin importar la orientación política de los gobernantes— se concentran en beneficiar a las empresas y a primar la necesidad de comercio de energía. En sus palabras, estas comunidades terminan como dolientes sin recibir mayores beneficios y, en ocasiones, sin ni siquiera contar con acceso a la energía que ayudan a producir.
“Dentro de lo que nosotros hemos conocido, es probable que estos proyectos (PCH en Carmen del Atrato, Chocó) estén pensados para la generación de energía para exportación. Entonces, es bien complejo que ni siquiera se esté pensando en la soberanía energética de un tipo de proyectos de estos, sino como que se está sacrificando toda esta cantidad de impactos por un negocio de un privado, para negociar energía a partir de los recursos naturales de este territorio”, dice Manuel Castro, líder social de la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato y la plataforma campesina.
Para nosotros
el río era
el sustento
era la
manutención
EPM no entregó información a Rutas del Conflicto sobre el censo y las indemnizaciones que se hicieron a los habitantes del cañón para el proyecto de Porce II, asegurando que “en cuanto a la información de personas indemnizadas en Porce II no tenemos acceso a los sistemas con los cuales se realizaban los pagos, dado que no existía el sistema de pagos (OW) que actualmente opera en EPM. Esta información podría reposar en los archivos de Gestión documental en EPM y su búsqueda sería un proceso arduo para consolidar y documentar”.
Para el caso de Porce III, la empresa afirmó que se tienen registros de “Población 1.506 personas, Viviendas 354, Predios 338”, sin embargo, no aclara si estos datos son de las personas indemnizadas o censadas. Sin embargo, varios miembros de la comunidad aseguran que no fueron indemnizados, que se les dieron pagos mínimos o compensaciones inadecuadas y que, incluso, hubo irregularidades en documentos que EPM habría presentado en relación a indemnizaciones o compensaciones.
Ante esto, EPM aseguró que no tiene conocimiento de las denuncias que hacen los pobladores. Sin embargo, este medio de comunicación tuvo acceso a varios derechos de petición que fueron radicados por los pobladores durante varios años que han transcurrido desde la llegada de los proyectos hidroeléctricos.
Darío Álvarez es un hombre mayor que toda su vida ha vivido en Amalfi. Él, junto a sus hermanos y sus padres, tenían una finca al borde del río Porce que fue comprada por EPM para la construcción de la hidroeléctrica. En compensación, la empresa decidió trasladarlos a unas tierras en Antioquia, pero según denuncian él y sus hermanos, estas no cumplían con las características que tenía su finca en Porce y los alejó de sus costumbres y raíces. Rutas del Conflicto preguntó a EPM sobre el conocimiento y reacciones que han tenido ante personas que hayan reportado sus compensaciones como injustas o inadecuadas y si han conocido casos de personas que tras haber sido reubicadas hayan quedado insatisfechas con los nuevos terrenos por la afectación a sus modos de vida, pero al cierre de esta edición no han enviado respuesta.
Sin embargo, en una comunicación previa, la empresa aseguró que las licencias ambientales de los proyectos Porce II y Porce III “contemplan medidas de manejo ante los impactos que puedan generarse con el desarrollo de proyectos, dentro de dichos impactos y medidas se incluyen aquellos que corresponden a modos de vida y economías de las comunidades impactadas, las cuales se incorporan en los planes de manejo ambientales y sociales de los proyectos licenciados”.
Una de las mayores inconsistencias en el caso de los Álvarez es que dentro de las actas y documentos que EPM les entregó como sustento de los procedimientos, se encuentra la firma de Dario, el hermano mayor encargado de la negociación de los terrenos. Sin embargo, en su cédula de ciudadanía se registra que él no cuenta con una firma, ya que no sabe escribir. Ante estas denuncias, Empresas Públicas de Medellín aseguró que “no tiene conocimiento de los hechos referidos y que corresponde a las autoridades competentes la investigación y acciones legales a las que haya lugar”.
Como la familia de Álvarez, son varias las personas, consultadas por Rutas del Conflicto, que están en desacuerdo con las indemnizaciones que les dio EPM o que dicen no haber sido compensadas por el desplazamiento que generaron las hidroeléctricas y por el cambio de sus actividades mineras y agrícolas en el río. Algunas, como por ejemplo Nidia Serna, que fue una de las mujeres barequeras que fueron desplazadas del cañón, asegura que actualmente no tiene sustento económico estable, porque lo único que sabía hacer era la minería artesanal de oro en el río.
“Por allá en el 95 (1995), funcionarios de EPM me dijeron que me tenían en los censos pero que me iban a dar solo 1.700.000 (pesos). Como yo soy tan guache, tan grosera, pues yo salí de esa finca y les dije ‘yo no la voy a firmar por esa plata porque hubo gente bien negociada’. (...) A mí EPM me falló desde el 95, desde la liquidación que no fue justa”, aseguró Nidia.
La vida de Nidia cambió radicalmente, ya no vive del río y su hogar de un piso que fue dado por la Alcaldía de Amalfi es difícil de sostener, pues no tiene ingresos mensuales. “Uno vivía mejor en el río porque allá hasta despejamos la mente. En cambio aquí es un complique. Pagar gas, agua, energía, el resto de servicios. Allá hasta eso era más barato”, asegura Nidia.
Fueron al menos 13 personas de Amalfi que se vieron afectadas por la construcción de las hidroeléctricas las que hablaron con Rutas del Conflicto y concordaron con Nidia. Incluso muchos apuntan a que no fueron indemnizadas, aunque vivieran o trabajaran durante décadas en el río y que, contrario a eso, dentro del censo que presentó EPM, había personas que no debían estar o que incluso vivían en el casco urbano.
Leticia de Jesus Brand es otra de las mujeres mayores afectadas por los proyectos hidroeléctricos. En su juventud, ella vivía junto a su esposo en la orilla del río Porce, pero, según cuenta, cerca al 2001 fueron desalojados de su vivienda por EPM y no fueron censados. Leticia dice que el día en que hicieron el primer censo, ella se encontraba en la cabecera municipal, pues uno de sus hijos estaba enfermo.
En el año 2010, el entonces gerente de EPM, Federico Restrepo Posada, le dijo al diario El Colombiano que una de las razones para la suspensión de Porce IV (que siguen interesados en retomar) era el aumento de personas a indemnizar y que no tenían nada que ver con los territorios que se iban a afectar.
“Estas son personas ubicadas allí de manera ilegal, no son propietarios y no tienen derecho a ningún tipo de indemnización por ley, pero una vez allí hay que desalojarlas y la solución no es de fuerza... Conociendo esa problemática y lo que ocurrió en Porce III (La Bramadora), dijimos que no podíamos cohonestar con la ilegalidad y que no podíamos seguir dilapidando recursos públicos para alimentar los intereses de personas inescrupulosas que están tratando de hacer de esto un negocio, aprovechándose de la comunidad”, aseguró Restrepo Posada.
El entonces gerente también le aseguró al diario que para el desplazamiento de las familias afectadas se les destinó casas “mucho más dignas que las que tenían”. Y que además contaban con un acompañamiento adicional en proyectos productivos que incentivara la economía campesina.
Sin embargo, varias personas más recibieron algún tipo de compensación monetaria o en especie como tierras y casas. Muchos de ellos, que habían vivido toda la vida del barequeo o de la agricultura, se quedaron sin un sustento económico estable, sin una tierra que sembrar y sin su red de apoyo de familiares y amigos, que ahora están en varias partes del departamento o del país.
Según cuenta la comunidad, para expresar sus inconformidades hicieron varios plantones y protestas en las vías que comunicaban con los proyectos hidroeléctricos. El periodico El Tiempo tiene registro de una que sucedió el 21 de octubre del 2004, y aunque se dice que eran realizadas por personas que no vivían en la zona, Nelson, Nidia y otros habitantes que fueron entrevistados y que llevaban años habitando el río, participaron en ellas. Incluso en 2005, ese mismo diario registró una protesta de al menos diez días por las afectaciones que el proyecto Porce III significó para una mina. “Al no llegar a un acuerdo y por las vías de hecho que tomaron los mineros”, asegura la noticia.
EPM le dijo a Rutas del Conflicto que no tenían conocimiento de personas que no entraron en el censo de los proyectos hidroeléctricos y que por lo tanto no fueron indemnizadas. Al ser cuestionados por las irregularidades que aparecen en documentos como los de la familia Álvarez, Empresas Públicas de Medellín afirmaron tampoco tener conocimiento de esto.
Sin embargo, en la información entregada a este medio aseguran también que “en la Dirección Soporte Legal Procesos y Reclamaciones se cuenta con registro de 34 reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual asociadas a los Proyectos Porce II, Porce III y Porce IV (...). Las respuestas que se otorgaron a dichas reclamaciones fueron las siguientes: negadas por no responsabilidad de EPM: 23, accediendo a la solicitud y realizando pago: 8, Negadas por no competencia de EPM: 1, Desistidas por el reclamante: 2”.
Además, la empresa aseguró que todos sus proyectos se rigen estrictamente a la protección de los derechos humanos y a lo establecido en la ley para el desplazamiento, indemnización y medidas sociales para grandes proyectos de desarrollo.
“En EPM la debida diligencia en derechos humanos se adecúa a las particularidades de los entornos de operación y las realidades operacionales. Lo anterior, a través de la articulación de la gestión de impactos sociales con el enfoque de DDHH en proyectos y operaciones. Es así como para los proyectos Porce II, Porce III y Porce IV, se han formulado los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que dan cuenta de los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, generados por el proyecto a los medios abiótico, biótico y socioeconómico y las medidas de manejo que se implementan para su prevención, mitigación, corrección y compensación”, afirman.
El Movimiento Ríos Vivos, en cabeza del líder Genaro de Jesús Graciano, también denuncian afectaciones a sus modos de vida tras la construcción del megaproyecto Hidroituango: “Nuestras comunidades también son barequeras y pescadores artesanales que su único medio de subsistencia era el río y perdieron esos medios de subsistencia. En estos momentos están pasando por un tiempo de transición en el que tienen que aprender a hacer lo que nunca habían hecho como cultivar. E incluso hay personas que eran agricultores y que también perdieron su vocación agrícola porque el proyecto invadió esas tierras”.
Una entrevista que le realizó el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) a los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, Emilio Moran y María Claudia López, apunta a que las centrales hidroeléctricas tienen varios impactos sociales que no son compensados ni calculados de la mejor manera. Estos apuntan que aunque a algunos pobladores se les da una tierra a cambio de la que ya tenían, no se cuestiona sobre el sustento de las personas que, por ejemplo, toda la vida han subsistido de la pesca y de su relación cercana con el río.
“Después de treinta o cuarenta años, esa represa va a desaparecer: ya no va a servir porque se habrá llenado de sedimentos y habrá dejado de producir energía, lo que genera un costo que también será asumido por la población. La gente acude a la justicia para obtener una compensación por la pérdida en sus modos de vida, pero cuando esto ocurre, la compañía casi siempre ya se ha ido y quienes terminan pagando son los pobladores o la sociedad en general”, se asegura en el artículo.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Afectados del cañón Porce.
Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas,
grandes
afectaciones
Los líderes de varias regiones en los que ya se han implementado Pequeñas Centrales Hidroeléctricas concuerdan en que estos proyectos traen varias consecuencias para las comunidades ribereñas de los alrededores, aparte de las mencionadas anteriormente.
PCH en operación por departamento (UPME)
“Las PCH son la respuesta a que las hidroeléctricas ya no son funcionales, muy costosas, generan muchos conflictos ambientales, tiene que desplazar mucha gente, que hay que darles plata, entonces ese asunto no se les está dando. Básicamente están volcados al modelo de PCH, porque producen hasta 20 megavatios a filo de agua, y no necesitan plan de compensación ambiental, ni plan de manejo ambiental, porque supuestamente el impacto es mínimo, pero eso no es tan cierto. Eso buscamos en Tierra cruzada (publicación periodística) y logramos encontrar que 4 casos de PCH en el Oriente (antioqueño) fueron construidas en tierras despojadas, en épocas de presencia de actores paramilitares”, aseguró Carlos Zapata, director del IPC.
Vivíamos
en un
paraíso
Muchos de los habitantes del cañón recuerdan la zona como un área llena de biodiversidad, en donde los recursos naturales estaban al alcance de todos. Amalfi es el hogar de muchas especies como el jaguar, el mono araña, el tití gris. Varias de ellas se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de la UICN.
El artículo “Las Hidroeléctricas: efectos en los ecosistemas y en la salud ambiental”, publicado en la revista de la Universidad Industrial de Santander y escrito por un profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, también director del Grupo de Investigación en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (GPH) de la misma universidad, Edgar Ricardo Oviedo Ocaña, afirma que los cambios en las condiciones del agua que traen las centrales hidroeléctricas afectan la diversidad de los ecosistemas ribereños.
“Generalmente, se produce la disminución de especies nativas y se promueve la diseminación anómala de especies exóticas más adaptadas a las condiciones lénticas (aguas superficiales de muy bajo flujo como los lagos). Además, el represamiento de los ríos dificulta la libre circulación de especies migratorias causando la fragmentación del hábitat. La interrupción de la conectividad también reduce los sitios de desove, reproducción y sus hábitats, afectando la población diversa de fauna”, se asegura en el artículo.
Otro punto crítico, según Oviedo Ocaña, es la disminución del oxígeno que causa la mortandad de peces. Y es que, por ejemplo, en septiembre de 2019, EPM anunció que en tan solo una semana, murieron casi 40.000 peces, entre los que se encontraban sardina, mojarro, guapote, tilapia y chango, en el embalse Porce II.
Por su parte, varias personas de distintas regiones apuntan a que la transformación de los ríos para la implementación de PCH ha implicado modificaciones en el desarrollo de vida de especies de fauna y flora. Por ejemplo, con el cambio del hábitat de aves (en Quindío), el desove de peces (en Chocó y Caquetá) o el crecimiento de la flor del café (en zonas cafeteras).
“Otro tema con el tema de las aves es que ellos, a pesar de implementar estas fibras eléctricas, tienen que construir cables de alta tensión para que esta energía llegue a unas estaciones. Esos cables de alta tensión también van a generar un daño al ecosistema y sobre todo en las aves, porque las aves tienen una ruta. Pero al encontrarse con unos cables que no existían, van a generar una alteración y sabemos que las aves son dispersoras de semillas y tienen una función muy interesante y que algunas son migratorias. Lo mismo para otra clase de animales que están en el territorio, se les va a alterar su ciclo natural o sus ecosistemas y han sido muy alterados en este momento, pues con eso lo vamos a ver más”, asegura Angie González de EcoGénova, desde Quindío.
Según un estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, represas como las de Porce tienen un gran impacto en la biodiversidad, pues afectan a las poblaciones naturales, contribuyen a la pérdida de árboles y aumentan la probabilidad de aparición de enfermedades infecciosas.
Estas comunidades también manifestaron que el resecamiento de la tierra es otro de los impactos al que vale la pena prestar importante atención. Según ellos, a corto y mediano plazo, puede implicar la pérdida de los cultivos que sustentan a las comunidades (por ejemplo, plátano en Caquetá); pero también puede significar inestabilidad geológica y derrumbes (como es el caso de Quindío).
Las actividades agrícolas también cambiaron tras los proyectos sobre el río Porce, pero no solo por las inundaciones que perdieron cultivos sino también por cambios en el clima. “El impacto más significativo (tras la llegada de Porce III) según la percepción de la comunidad (del municipio de Guadalupe), es la variación de la temperatura, pues manifiestan sentir un descenso (‘ahora el clima es más frío’), lo cual repercute directamente en las actividades agrícolas que se llevan a cabo en la zona. Un ejemplo de esto para ellos es la variación en los tiempos de cosecha, así como las cantidades recolectadas”, asegura un informe de la Defensoría del Pueblo.
El líder Genaro de Jesús Graciano del Movimiento Ríos Vivos apunta a que después de la construcción de Hidroituango también ha habido variaciones en el clima local, que ha generado cambio en la fauna y hasta pérdida de cultivos. El líder también señala que existe el riesgo de grandes deslizamientos por la misma inestabilidad de la montaña y del territorio en donde se ha construido el embalse.
Un estudio realizado en Brasil y citado por el medio de comunicación Mongabay Latam asegura “que las hidroeléctricas pueden ser motores de deforestación en zonas distantes de este tipo de proyectos, puesto que los ganaderos y agricultores desplazados por la construcción de esta infraestructura se ven abocados a tumbar bosque para buscar su asentamiento y medio productivo”.
Un problema
en cascada
Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), hasta el momento en el departamento se han otorgado 38 licencias para la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.
El hecho de que las autoridades ambientales otorguen varios proyectos sobre el mismo río o ‘en cascada’ ha encendido un sonido de alarma en las comunidades. De acuerdo con varios líderes sociales representantes de comunidades afectadas por PCH en diferentes puntos del país, las autoridades ambientales estarían licenciando supuestos pequeños proyectos al parecer sin analizar suficientemente que la cercanía que existe entre ellos y los efectos que producen se suman entre sí, generando impactos acumulativos.
Al preguntarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre los impactos ambientales que se tienen en cuenta cuando los proyectos son PCH en cascada, dijo que que estas no son de su competencia y que “pone en copia” a la CAR Cundinamarca y Corantioquia, de las que no se ha recibido respuesta al cierre de esta edición. El Ministerio de Ambiente, también consultado para los mismos efectos, ha guardado silencio.
Sin embargo, los impactos acumulativos no son problemas únicamente de las PCH, pues los comparten con grandes centrales en cascada, como los proyectos sobre el río Porce. Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), apunta a que con las hidroeléctricas se presentan grandes sedimentaciones de la tierra que no solo afectan a la zona sino a la cuenca en general donde desemboca el río. “El proceso de sedimentación empieza arriba del Porce. La sedimentación es echarle tierra a un cuerpo de agua, como lo explicaron los pescadores muy sabiamente: usted coge un vaso de agua y le echa dos puñados de arena. Esa sedimentación la arrastran estas represas, entonces el proceso de sedimentación se complejiza cuando la empresa abre a discreción las compuertas, una vez abre las compuertas Porce II, Porce III, genera lo que ellos están diciendo ‘las buchas’ y las crecientes súbitas”.
Pobladores de la cuenca aseguran que estas ‘buchas’ o crecientes súbitas les han ocasionado daños y han puesto en riesgo sus vidas, además de que se ha presentado que EPM no avisa antes de abrir las compuertas. Ante esto, EPM respondió a Rutas del Conflicto que la apertura de compuertas es necesaria para su operación y cuentan con respectivas licencias ambientales, además de que tienen un protocolo para avisarle a la gente cuándo va a ocurrir. Cuando se le preguntó a Corantioquia sobre las medidas preventivas ante dicha apertura de compuertas para los proyectos Porce II y Porce III, respondió que no es de su competencia y que remitieron la pregunta a la ANLA, que ha guardado silencio.
Sin embargo, como respuesta a otro derecho de petición, la ANLA enlistó diferentes episodios en los que miembros de las comunidades se quejan por los daños ocasionados por la ‘buchas’ y algunas respuestas de la empresa (ver páginas 67-78).
“Vos seguís llevando un proceso de sedimentación, que obviamente está arrastrando procesos de mercurio a beneficio del oro, que está impactando al medio ambiente y esto sigue bajando, cuando abren las puertas del Porce, pasa Porce medio y esto sigue bajando, llega al río Nechí y esto sigue bajando. ¿Hasta dónde llega? Hasta el fondo que es La Mojana”, explica Zapata del IPC.
El río Porce es conocido por su riqueza en oro, siendo el lugar de trabajo de varias generaciones de mineros aledañas. Aparte de la minería artesanal o tradicional con batea, en la cuenca del Porce también ha sido común la actividad minera ilegal, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. “La construcción y operación de Porce III, en algunos momentos ha favorecido esta actividad y en otros, por el contrario, la ha afectado. En operación normal, los bajos caudales del río aguas abajo de la presa, favorecen la entrada de los mineros con equipos mecanizados que les permite realizar la actividad de manera desproporcionada; por el contrario, cuando hay aumento de los niveles de agua en el embalse, se hace necesario hacer descargas por el rebosadero, lo cual aumenta inmediatamente los niveles del río aguas abajo de la presa e impide o dificulta la actividad minera”, explica la Defensoría.
Para Juan Espinosa, investigador del Centro de Información en Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en el Plan de Manejo Ambiental y el Análisis de Riesgos en Derechos Humanos, deben contemplarse los impactos acumulativos de la sedimentación producida por la apertura de compuertas, “pero también de la minería en el área de influencia, que condiciona los impactos sinérgicos de ambas actividades económicas en su interacción en el río”.
Especialmente, porque el río Cauca y toda su cuenca son sujetos de derecho, lo que incluye al Porce, que desemboca en el río Nechí, importante afluente del río Cauca.
La ANLA dice que la Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales revisa: “los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área”.
Son varias las veces en las que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha sancionado a EPM por irregularidades ambientales alrededor de proyectos hidroeléctricos. La última de ellas fue en 2022, cuando la Anla multó a EPM por realizar un proceso en Porce III sin previo pronunciamiento. En ese momento la entidad aseguró que se impidió el aporte del caudal ecológico al realizar el cierre de las válvulas de la descarga de fondo de la Central Hidroeléctrica Porce III, para adelantar las actividades de reparación sin contar con el pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental competente. Esto mismo ya se había sancionado un año atrás.
Empresas Públicas de Medellín aseguró que “los dos procesos sancionatorios abiertos en 2013 por la ANLA asociados al proyecto hidroeléctrico Porce III, se enfocan en el presunto incumplimiento por parte de EPM de algunos trámites administrativos en dos asuntos que no causaron impactos ambientales relevantes, en consecuencia no fue necesario implementar acciones adicionales a las establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y a la implementación de las recomendaciones recibidas de la Autoridad Ambiental. A la fecha (29 de septiembre de 2023) uno de los procesos sancionatorios se encuentra en la fase de valoración de pruebas y el otro proceso condujo a una sanción económica en 2022, EPM pagó la multa y al mismo tiempo demandó a la ANLA ante el Tribunal Administrativo de Antioquia como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dado que la Empresa considera que actuó en el marco del derecho ambiental colombiano”.
Nosotros
solo queremos
vivir del Porce
“Hasta este momento no hemos logrado que EPM se concientice que tenga las pelotas bien puestas como lo ha tenido uno para subsistir y que nos reconozcan por el daño supervisor nos causó”, comenta Nidia. Y es que lo único que piden estas personas afectadas por los proyectos Porce II y Porce III es retornar al río, junto a sus familias y vecinos y volver a vivir de él. Por su parte, Rosmira y su familia siguen esperando noticias de Flavio.
Actualmente, junto al IPC, la Asociación de afectados del cañón Porce trabajan en proyectos auto sostenibles para que las personas que han sido impactadas y desplazados tengan una entrada económica. “Hay unas personas que nos han ofrecido unos predios donde podemos sembrar diferentes tipos de cultivos como aguacate, genera yuca, plátano, hasta champiñón, que en la región son buenos. Tenemos contemplados proyectos con tilapia para trabajarlos con los asociados”, asegura Carlos Zapata del IPC.
