Una investigación en el municipio de María La Baja, Bolívar, donde comunidades campesinas reclaman el acceso a agua y tierras, que son explotadas por la agroindustria de la palma de aceite.
Entre diciembre de 2017 y abril de 2018, un equipo periodístico de Verdad Abierta y Rutas del Conflicto realizó dos viajes al municipio de María La Baja, a dos horas de la ciudad turística de Cartagena y que el Gobierno muestra como un ejemplo en el llamado “posconflicto”.
En terreno hay una realidad distinta a la del discurso oficial: campesinos, que fueron víctimas del conflicto armado, tratan de subsistir a la falta de agua y a la espera a que les restituyan sus tierras. Esto ocurre en un municipio que tiene un Distrito de Riego Público, construido hace más de 50 años, y donde el Gobierno se comprometió a devolverle las fincas a esas familias que tuvieron que abandonarlas o les fueron despojadas por la violencia.
Tanto el agua como la tierras, que reclaman esas comunidades, son usadas por la agroindustria de la palma de aceite. Este modelo de explotación agrícola ha sido respaldado por los gobiernos de las últimas dos décadas. Esta investigación documenta la violencia en esta región, la historia del distrito de riego, las transacciones de propiedad que hoy reclaman los campesinos y el modelo agroindustrial. Este trabajo hace parte de una iniciativa transnacional junto al equipo de Ojo Público, que también investigó esta realidad en Perú.