Colegios de la guerra:
otras víctimas del conflicto armado







"La zona se dañó porque empezaron hacer presencia los grupos armados y había muchos asesinatos colectivos, por eso la gente se empezó a ir y el Ejército, la guerrilla y los paramilitares empezaron a resguardarse y a utilizar el colegio. Comenzó a ser un objeto de guerra".



Así cuenta Andrés Narvaez la historia de la escuela de su municipio. Andrés es un campesino, compositor, escritor y líder social de Ovejas, Sucre. Desde hace varios años, adelanta un proceso colectivo de restitución de tierras de la hacienda La Europa, lugar en donde se encuentra el colegio que lleva el mismo nombre. Desde el año 2002 y hasta 2016, la zona fue constantemente atacada por la fuerza pública, guerrilla y paramilitares. El colegio La Europa tenía capacidad para 120 estudiantes y en él también se desarrollaban procesos productivos comunitarios, había una tienda y habían instalado un mercado agropecuario de los productos de los campesinos de la región.

Desde mediados de los ochenta, había una fuerte presencia guerrillera, especialmente del Bloque Caribe de las FARC, que extorsionaba y secuestraba en la zona. La situación empeoró con la llegada de los paramilitares del Bloque Montes de María entre el año 1996 y 1997 y se recrudeció en el 2002, cuando las amenazas y enfrentamientos aumentaron. Alrededor de 90 familias fueron desplazadas y el colegio quedó abandonado. Para el 2008, cuando muchos de ellos volvieron a Ovejas, encontraron un colegio completamente destruído. Las pocas personas que permanecieron en el corregimiento durante los momentos más crudos de la violencia comentaron que el colegio era utilizado para llevar a secuestrados y personas que luego eran asesinadas selectivamente. Miembros de la comunidad encontraron cuchillos y cuerpos de algunas víctimas en los alrededores del colegio.

El del colegio La Europa es uno de 331 casos que forman parte de una base de datos construida por la redacción en la que se registraron situaciones de acantonamientos, pernoctaciones, tomas y ataques a colegios, escuelas e instituciones educativas por parte de guerrilla, paramilitares, actores estatales (policías y militares) y población civil a lo largo del país. Según la base de datos, cerca de la mitad de las tomas fueron perpetradas por agentes del Estado.

La base se construyó a partir del análisis de todas las ediciones de la revista Noche y Niebla del Centro de Investigación de Educación Popular y Programa por la Paz, CINEP, en las que distintas comunidades denunciaron múltiples casos de violaciones a sus derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Además, se revisaron artículos periodísticos, la base de datos de masacres registrada por Rutas del Conflicto, y trabajos académicos realizados en la Universidad Distrital de Bogotá y el Politécnico Grancolombiano que exploraban situaciones de violencia en escuelas en el conflicto armado.

La construcción de la base de datos partió de entender las tomas de espacios educativos por parte de actores armados como situaciones en las que utilizan escuelas y colegios para realizar sus operaciones. Esto comprende casos en los que los actores pernoctaron, es decir, pasaron la noche; utilizaron los espacios educativos para realizar operaciones como abastecimiento o acantonamiento; amenazaron a la población que acude a las instituciones; o hicieron uso de los espacios educativos como resguardo en medio de ataques entre actores armados.

Los hechos registrados parten desde el año 1990 hasta el 2020. El período con más casos correspondió entre el 2002 y el 2010, pues el 47% de los hechos ocurrieron dentro de estos años. Sinthya Margarita Rubio, profesional en relaciones internacionales con maestría en defensa de los derechos humanos y experta en niñez y violencia de la Comisión de la Verdad, explica que el aumento de casos en estos años corresponde a la intensidad del conflicto durante dicho período. Fue la década (refiriéndose a la del 2000-2010) con mayor número de víctimas y cuando se intensificaron los ataques, las violaciones a los derechos humanos y al DIH. Esto está relacionado al nivel de intensidad del conflicto donde los actores utilizaron todos los mecanismos que se les ocurrieron, dijo Rubio.


Tomas por año

De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, las niñas y los niños se contemplan como una población que goza de especial protección por no participar en las hostilidades y ser vulnerables. Distintos tratados internacionales ratificados por Colombia, como el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, sostienen explícitamente que tanto la niñez, como los espacios educativos deben mantenerse al margen del conflicto.

Además, Colombia, al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, debe respetar y acatar las resoluciones y decisiones que toma este organismo, como, por ejemplo, la Resolución 64/290 de 2010 de la Asamblea General de la ONU. En este documento se insta a todas las partes en conflictos armados a que cumplan las obligaciones pertinentes derivadas del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de Derechos Humanos, incluido el respeto de los civiles, en particular de los estudiantes y el personal docente. Además, la Resolución solicita que se respeten los objetos civiles, como lo son las instituciones educativas, y a que las partes del conflicto se abstengan de reclutar a menores de edad.

Para Sinthya Rubio, las tomas y ataques a instituciones educativas tienen como fin poner en situación de vulnerabilidad al centro de la comunidad y de las familias: los niños. Dejan un mensaje claro, estamos aquí por los más vulnerables. O ceden, o acabamos con la comunidad, afirma Rubio. Asegura que las escuelas tienen la infraestructura que se necesita para sostener el combate, refiriéndose a servicios públicos como luz y agua y a las instalaciones del colegio. Además, es un bien protegido por el DIH en donde se supone que el contrincante no puede atacar, sostiene Rubio.

Según Rubio, los actores armados se toman las escuelas con diferentes motivos. Por ejemplo, el Ejército, muchas veces, se acantona con propósitos de utilidad como cargar celulares, tener electricidad y poder utilizar las instalaciones. El objetivo (de tomar la escuela) depende del grupo armado y sus propósitos. Hay un caso, registrado en Verdad Abierta, en el que un grupo armado ilegal utilizó una escuela para satisfacer los deseos sexuales de los comandantes del bloque y hacer reinados con las niñas, pero también para entrenar a los niños, aseguró la experta de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, la desestabilización e intimidación de la comunidad en torno a los más vulnerables es generalizada.

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Infogram

Una de cada dos tomas o ataques registrados en la base corresponden a actuaciones de agentes estatales como el Ejército Nacional, la Policía y la Armada. De estas, el 82% fueron perpetradas por el Ejército Nacional, lo que quiere decir que el 46% de la totalidad de hechos registrados fueron ejecutados por esta institución. Según la respuesta al Derecho de Petición que envió esta redacción al Ejército Nacional, esta entidad señaló que no tiene ningún protocolo particular respecto al asentamiento de bases en medio de la población civil ya que, cumplen de manera irrestricta la normas del Derecho Internacional Humanitario, es decir, reclaman nunca haber usado un colegio en medio de sus operaciones. Además, afirman que la institución no realiza tomas a estos espacios educativos y que en el caso de las pernoctaciones deben obedecer a una necesidad absoluta.

Luego de una tutela en la que la redacción insistió en la información que había recabado en la base de datos, el Ejército Nacional presentó cinco casos de denuncias por pernoctación o acantonamientos en escuelas, un valor que no corresponde a los hallazgos de la redacción, que encontraron 153 casos. Además, la entidad solicitó a la redacción esclarecer el motivo de la petición, actuar que va en contravía del secreto profesional periodístico y los principios de facilitación y no discriminación en la petición de información.

La Policía Nacional no contestó al derecho de petición que instauró la redacción, razón por la cual se acudió a una tutela para tener acceso a la información. Ante esta segunda instancia, la entidad remitió, al Comando de las Fuerzas Militares, la cuestión de indagación de los protocolos para no pernoctar, ocupar o acantonarse en instituciones educativas. La Policía Nacional únicamente respondió por casos en Bogotá, y sostuvo que no se han presentado casos de ataques o tomas a instituciones educativas en el distrito, otro dato que no corresponde con lo registrado por la redacción en la base de datos ya que se encontraron al menos cinco instancias.




De acuerdo con la base de datos, los ataques a las escuelas no se dan de la misma forma ni por las mismas razones. Algunas situaciones pueden corresponder a la ubicación estratégica de una escuela, otras a la posibilidad de reclutar menores y, en algunos casos, las instituciones educativas son de los pocos edificios de concreto existentes en las poblaciones y los actores armados las aprovechan para refugiarse en combate. Hay una diversidad de razones. Hay que ver el contexto del municipio, de la vereda, de los grupos que están allí, argumenta Sinthya Rubio.





En cuanto a dónde ocurrieron los casos 52 de los 331 hechos registrados en dicha base ocurrieron en Antioquia. A este le siguen los departamentos de Cauca y Norte de Santander con 36 y 35 casos, respectivamente. El panorama de los municipios arroja que lugares como Puerto Asís en Putumayo presentó 12 casos, mientras que, entre Apartadó y San José de Apartadó en Antioquia se registraron 21 casos, siendo estas dos poblaciones las que concentraron el mayor número de tomas.

Durante esa época la Policía, el Ejército, los paramilitares, las FARC, eran todos un problema. Pero denunciar en ese momento era muy difícil (refiriéndose al 2004) porque el Ejército trabajaba con los paramilitares y nadie decía nada. Hasta la Policía era un grupo armado más.

Además, Javier recuerda que muchas personas desaparecieron y los paramilitares vincularon forzosamente a muchos menores. Erick Fernández, director de la mesa municipal de víctimas de Puerto Asís, explica que los grupos armados ilegales han llenado los vacíos que ha dejado la ausencia del Estado, en sectores como la seguridad, la salud y la educación. Se crea una línea entre grupos armados y los jóvenes, que terminan siendo reclutados a través de los espacios educativos, explica Fernández. Con el inicio del Proceso de Paz, Javier sintió que la situación del Putumayo cambió totalmente, pues ahora podía transitar por espacios que antes eran ocupados por los actores armados. Sin embargo en los últimos años se ha recrudecido el conflicto en la zona.

Actualmente, denuncian menos las irregularidades que ven, Fernández sabe que hay mecanismos seguros de denuncia, pero estos exigen internet y aquí casi no tenemos conexiones estables. Sin poder hacer uso de ellos, la posibilidad de persecución a denunciantes es muy alta, pues ya ha pasado que a los reclamantes de tierra los persiguen, amenazan y asesinan.

San José de Apartadó es el segundo corregimiento con más casos registrados de tomas y acantonamientos de colegios. Un muchacho, tenía como 29 años, murió siete días después de ser impactado por una bala durante un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC cerca al colegio, recuerda Néstor Tapia, líder social de la zona, sobre un suceso ocurrido en el 2009. Cuenta que cerca al Colegio Mayor de San José Apartadó hay una base militar y una estación de Policía, por lo que los estudiantes están en permanente riesgo. Ellos usan la excusa de que las FARC siempre han estado aquí, pero nos terminan usando como escudos humanos, explica Tapia.

Cuando el joven que fue impactado por una bala perdida fue llevado al centro de salud, los miembros de la comunidad se dieron cuenta que de morir, el Ejército pasaría su caso como una baja en combate. Supieron que había fallecido porque una persona de la comunidad que trabajaba en el centro de salud les advirtió para que los familiares pudieran ir a reclamar el cuerpo. Como las autoridades se rehusaron a entregarlo, tuvieron que organizarse 600 personas para exigir la entrega oportuna de la víctima.

Lo quisieron hacer pasar como miembro de las FARC, Néstor cuenta que la familia del joven tiene un caso judicial abierto desde hace casi diez años. Distintos miembros de la comunidad han servido de testigos para dar cuenta de que el joven era civil, pero yo creo que la madre está perdiendo la fe de que la memoria de su hijo sea respetada.

A pesar de que la comunidad ha pedido en diferentes momentos que las bases militares sean retiradas del corregimiento, las respuestas que les han dado es que deben permanecer ahí en tanto la guerrilla esté cerca. También les han contestado que esa es una zona estratégica, pues desde ahí entran y salen comunicaciones para operativos. Entre el 2012 y el 2014, los padres de familia decidieron que no dejarían ir a sus hijos al colegio. Estos fueron casi dos años de educación interrumpida para los estudiantes de San José de Apartadó.


Las niñas y los niños serán vulnerables de formas distintas dependiendo del actor armado que haga presencia en su comunidad. Sin embargo, según Rubio, es necesario comprender que los niños entienden las lógicas de poder y participan dentro de sus comunidades junto a los adultos. Además, pueden influenciar las dinámicas del conflicto en sus municipios de acuerdo a los contextos de cada uno, razón por la que los actores armados buscarán interactuar con ellos de distintas maneras para tener la ventaja. Cada niño actúa dependiendo de las herramientas, agencia y capacidad que tenga, pero también la circunstancia en la que se encuentre. Puede haber un chico que esté en contra de la violencia, pero en un momento de vida o muerte decide estar del lado del Policía porque tiene que salvar a su mamá, sostiene Rubio.

El colegio que entra en resistencia

Para el año 2008, las familias que habían sido desplazadas volvieron a Ovejas, donde se llevaron la sorpresa de que el predio de la finca La Europa había sido comprado por la empresa Arepas Don Juancho. A pesar de que tienen un año sin recibir respuesta sobre el proceso de restitución de ese predio, continúan los esfuerzos de un colectivo de 86 familias por hacer del viejo colegio La Europa un espacio de memoria. En los años en los que las familias fueron desplazadas, los estudiantes del colegio debieron pausar sus estudios o continuar en otras regiones.

Hoy, por la pandemia, nuevamente los estudiantes del colegio reconstruido han debido pasar este año con menos profesores, con una calidad baja de educación, o sencillamente sin poder estudiar. Pero el miedo a un segundo desplazamiento forzado les detiene de volver a invertir en la tierra en la que han vivido todas sus vidas, con la excepción de los años en que salieron desplazados. Varios de ellos han recibido amenazas, o la simple indiferencia y falta de apoyo estatal, sólo por intentar crear un centro de memoria en el antiguo centro educativo. El colegio entra en resistencia a pesar de que no hay garantías porque de ahí salieron los primeros bachilleres de por acá, afirma Andrés Narváez.

Sea en Ovejas, Puerto Asís o San José de Apartadó, la comunidad queda siempre en medio de los enfrentamientos. Los actores armados no cumplen con el DIH y someten a la población a un peligro constante al arrebatarles uno de los pocos espacios que tienen para protegerse de la guerra. La educación de miles de niños se ve interrumpida y, al ser ellos los más vulnerables, quedan especialmente expuestos a las consecuencias del conflicto armado.


“Crear un espacio de memoria en el colegio es para olvidar el dolor, pero recordar lo que ocurrió.”

- Lenin Narváez



Todos los documentos asociados a esta investigación se pueden consultar aquí.






Investigación, redacción, visualización y análisis de datos
David Bernal, Alejandra Cetina y Alejandra Parra
Fotografías
Comunidad de La Europa
Edición
Óscar Parra
Diseño, ilustración y montaje
David Gómez