En Colombia las masacres son una clara evidencia de que el conflicto armado se está reconfigurando en los territorios. Con el Acuerdo de paz de 2016, la antigua guerrilla de las Farc abandonó la gran mayoría de las zonas donde operaba, generando una cruenta disputa entre distintos grupos armados por el control territorial. En estas zonas donde el Estado no ejerce presencia alguna, las masacres han venido en aumento constante en los últimos años. Se pasó de 11 masacres en 2017, a 29 en 2018 y 36 masacres en 2019, según datos de las Naciones Unidas. En los siguientes años, aumentó más del doble.
En 2020 se presentaron 76 masacres que dejaron 292 víctimas fatales de acuerdo a datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Este año, a mitad de noviembre, las cifras ya superan las registradas el año pasado, con 86 masacres y por lo menos 296 víctimas mortales y heridas, según el registro de Rutas del Conflicto.
En muchos de los territorios donde se presentan las masacres hay una importante influencia de economías ilegales, como el contrabando y la minería ilegal y el narcotráfico es, quizá, el negocio más lucrativo y la fuente principal de ingresos para los grupos armados en el país. Sus dinámicas son una de las causas principales de la violencia en los territorios, configurando zonas de alto riesgo para las poblaciones cercanas a las rutas de tráfico o cultivos de coca. Las disputas entre grupos armados por el control de estas zonas son las que generan desplazamientos, amenazas y asesinatos.
El accionar de los grupos armados y la operación de negocios ilegales en los territorios se debe a la falta de presencia integral del Estado. Las medidas incluidas en el Acuerdo de paz pactado en el 2016 tenían la intención de impulsar el desarrollo en los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado y de transformar la situación de seguridad. De todas maneras, cinco años después de la firma, la implementación del mismo se puede considerar incompleta.
La respuesta del Gobierno se da principalmente en forma de militarización de las zonas, sin lograr un mayor mejoramiento, pues las masacres no se han detenido y los grupos armados en los territorios están en constante expansión. Además de esto, las masacres se perpetran a costa del precario sistema judicial e investigativo del país, pues los responsables muchas veces quedan impunes. A pesar de que algunas masacres han sido explicadas por las autoridades como ajustes de cuentas entre grupos armados, la mayoría de casos están sin esclarecer.
Durante los meses de abril, mayo y junio, las jornadas atípicas del Paro Nacional fueron las protagonistas de la realidad en Colombia. Aunque la violencia urbana se tomó los titulares de todos los medios y la atención completa de la opinión pública, las masacres en zonas rurales del país ocuparon poco espacio en los medios de comunicación, a pesar de que siguieron ocurriendo .
Durante el año 2021, entre los departamentos más afectados por masacres fueron Cauca y Antioquia, cada uno con 14 masacres, además de las zonas fronterizas donde se presentan dinámicas de violencia constantes. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la preocupante situación de seguridad en estos territorios.
El Cauca es el departamento con el mayor número de masacres registradas en el periodo de esta investigación, y es un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida directa al Pacífico. Especialmente en la zona norte, el conflicto armado se ha recrudecido fuertemente con un panorama más fragmentado de actores armados, surgidos en consecuencia del Acuerdo de paz que desarticuló la entonces guerrilla de las Farc.
Ahora mismo, en el departamento operan diferentes grupos ilegales como los grupos residuales de las Farc, principalmente el Frente Carlos Patiño, y las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. El Ejército Nacional de Liberación (Eln), bandas criminales y grupos herederos de las estructuras paramilitares como el Clan del Golfo o también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia también están presentes en la región.
La violencia afecta fuertemente a la población étnica, especialmente en la región del Norte del Cauca, como en el caso de la masacre ocurrida el 21 de agosto de 2021 en el resguardo indígena de Canoas, municipio de Santander de Quilichao. En la masacre murieron tres familiares que se encontraban en una fiesta de 15 años cuando llegaron hombres armados que dispararon en contra de los asistentes. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el principal sospechoso del ataque armado sería alias ‘Darío’, miembro del grupo armado residual Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.
La intensificación de la violencia en el Cauca también se refleja en los 16 líderes sociales asesinados hasta el 31 de agosto de 2021, según el conteo de INDEPAZ, o en los 16 desplazamientos masivos con una afectación de casi 6.000 personas ocurridos en el mismo periodo. El Cauca cuenta con una larga historia de conflicto social, político y económico que ha afectado fuertemente a la población de la cual más del 20% han sido registradas como víctimas de conflicto armado por la Unidad de Víctimas.
Los hechos de violencia en el departamento de Antioquia han aumentado respecto al año pasado. Hasta el mes de agosto de este año hubo 1.431 homicidios, lo que representa un aumento del 9% (118 casos) frente al mismo periodo del año pasado. Así mismo, en lo corrido del 2021 se han presentado 13 masacres en el departamento, lo que corresponde al 14% de los casos de masacres en el país según INDEPAZ.
Las siete subregiones de Antioquia donde aumentó la violencia en el 2021 son Norte, Oriente, Nordeste, Urabá, Suroeste, Magdalena Medio y Occidente, a causa de las dinámicas de conflicto armado y economías ilícitas que se presentan en estas regiones. Según Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia en reemplazo de Aníbal Gaviria entre marzo y septiembre, dijo para el periodico El Espectador que en el departamento operan varios grupos armados, como el Clan del Golfo, presente en cerca de 55 municipios del departamento. Además, de la presencia de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, el Eln y los Caparros.
Una de las masacres ocurridas en el departamento de Antioquia se dio lugar el 2 de octubre en la vereda El Bolívar, corregimiento del municipio de Anorí, Antioquia. En la masacre fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un excombatiente de las Farc, como afirma la fundación SUMAPAZ. El hecho es preocupante para la región porque en Anorí está ubicado el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha. En este lugar aún permanecen, según cifras de la Agencia de Reincorporación Nacional, cerca de 70 firmantes del Acuerdo de paz.
La reactivación del conflicto armado también se observa en las diferentes regiones fronterizas del país, donde ocurrieron al menos 11 masacres en lo corrido de este año. Cuatro de ellas tuvieron lugar en Putumayo, donde solo en el mes de noviembre hubo tres masacres en menos de diez días, dos de ellas en el municipio de Puerto Leguízamo y una en el municipio de Orito.
Como señala la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 013/2021 e instituciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la violencia en estas zonas del departamento se debe en gran parte a disputas territoriales entre grupos armados. Constantemente están en enfrentamiento los autodenominados Comandos de la Frontera - Ejército Bolivariano (Cdf), anteriormente conocido como La Mafia, y el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las antiguas Farc.
En un contexto geográfico cercano, el 5 y 6 de agosto ocurrió una masacre contra tres hombres migrantes de Venezuela en los municipios San Miguel y Valle del Guamuez, Putumayo. Según habitantes, las víctimas habrían llegado al Putumayo en 2019, dedicándose a trabajar como mototaxistas. Recientemente habían pedido dinero a cambio de dejar trabajar a otros motociclistas en su zona. Las mismas fuentes afirman que la masacre se pudo haber cometido con el objetivo de controlar el territorio por parte de los grupos armados presentes en esta zona fronteriza con Ecuador.
En la frontera con Venezuela, otra masacre ocurrió el martes 24 de agosto de 2021 en el departamento de Arauca. Los cuerpos de tres hombres jóvenes entre 17 y 27 años de nacionalidad venezolana fueron encontrados en plena carretera en la zona rural del municipio de Saravena. Como en casos anteriores, en medio de los cuerpos se encontraba un cartón con el mensaje “Plan pistola Tren de Aragua”.
En la región se presenta una disputa violenta entre las antiguas Farc y el grupo venezolano “Tren de Aragua” por el control del narcotráfico y contrabando en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. La masacre se inscribe en una serie de homicidios en el departamento de Arauca en el curso del año 2021, en la que, según reportes, de 104 homicidios adelantados por actores amados, 38 corresponden a ciudadanos venezolanos.
Estos hechos muestran los riesgos que afronta la población migratoria en situación de vulnerabilidad de acuerdo a la dinámica fronteriza, como recientemente también señaló la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 013/2021.
La Defensoría ha dispuesto una serie de alertas tempranas que identifican riesgos para la población civil que habitan en territorios en conflicto. Así mismo, INDEPAZ recurrentemente hace un llamado urgente al Gobierno para que tome acciones eficientes frente a esta crecida de violencia, por medio de bases de datos que dan cuenta de las alarmantes cifras de masacres en el país.
La impunidad que históricamente ha existido en Colombia alrededor de las masacres y otras graves victimizaciones, generalmente perpetradas en el alejado mundo rural, hace parte de los factores que han permitido su reciclaje. El pasado 31 de mayo, por ejemplo, fueron asesinadas nueve personas en la finca Palmira de la vereda Quebradón Sur, en Algeciras, Huila. Según Indepaz, esta sería la tercera masacre perpetrada en la misma finca en menos de un año, tras las que ocurrieron en septiembre y julio.
Cuando el ministro Molano dijo en el debate de control político de abril: “no son las masacres del pasado”, quedó la duda a cuáles se refería de las más de 4.200 perpetradas en Colombia desde los años 60, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en su mayoría de grupos paramilitares. ¿Se refería a las cientos de masacres que paramilitares —financiados por el narcotráfico— perpetraron en colaboración con élites regionales y miembros de la fuerza pública? En los últimos 24 años, pueblos como Mapiripán, El Salado, Mampuján, El Naya, El Aro, La Gabarra, Bahía Portete, San Carlos y La Horqueta han pasado a la historia como espejos de este horror que no cesa.
Ver el especial Masacres: un horror que no cesa, en alianza con La Liga contra el Silencio.
Si bien las motivaciones de las masacres han cambiado con los años —en los años 80 estaban más dirigidas al exterminio de sindicatos y movimientos políticos de izquierda y desde mediados de los 90 se masificaron para permitir la expansión paramilitar en casi todo el país—, siempre han sido estrategias de los actores armados para controlar territorios, principalmente campesinos y étnicos, a través del terror. En el año 2020, Indepaz registró 92 masacres en Colombia, principalmente en zonas con presencia de actores armados ilegales que se benefician de diferentes negocios ilícitos, como el narcotráfico y la minería ilegal, así como en zonas estratégicas de frontera y corredores de droga y contrabando que las conectan con otros departamentos. Regiones otrora dominadas por grupos paramilitares y guerrilleros que tras varios procesos de desmovilización, se rearmaron y las siguen controlando ante la débil presencia del Estado.
