El terror persiste en Colombia: al menos 35 masacres durante el 2021

“Daniel dejó de ir a pescar y le pregunté que qué pasaba y me dijo que lo tenían azarado. Él tenía una novia y ella le dijo que se fueran de ahí porque a ella también la estaban jalando y me contó que era porque Los Caparros querían que se metieran ahí y me dijo: usted sabe que yo no soy de eso. Yo le dije que se fuera, pero me dijo que no sabía pa’ donde coger, pero es que eran dos pelados de 17 años. Otro día me dijo: esta gente me quiere llevar y me dijo que si no me voy esta tarde con ellos, me matan”, así contó un conocido de Daniel Gutiérrez el drama por el que tuvo que pasar antes de ser asesinado junto a su madre y abuela el pasado marzo, en Cáceres, en el convulso Bajo Cauca antioqueño, a manos de este grupo neoparamilitar.

 

Desde el primero de enero al 31 de mayo de 2021, se han perpetrado al menos 35 masacres en Colombia. Con un promedio mensual similar al del 2020, estos crímenes muestran cómo ha ido aumentando la violencia en el país en los últimos años, en zonas en las que se están reestructurando grupos residuales del paramilitarismo y las guerrillas. Regiones en las que son evidentes las fallas en la implementación del Acuerdo de paz con las FARC.

 

El gobierno ha salido a señalar que las víctimas de estas masacres no son más que miembros de grupos ilegales, que mueren asesinados en medio de guerras puntuales por el narcotráfico. “No son las masacres del pasado. Son mayoritariamente disputas por rentas criminales”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en un debate de control político a comienzos de abril de 2021.

 

Rutas del Conflicto construyó una base de datos en la que documentó dónde y en qué circunstancias fueron perpetrados estos crímenes, quiénes fueron las víctimas y cuáles son los grupos que delinquen en estas regiones. Esta investigación pone en evidencia que, a diferencia de lo que dice el gobierno, en varios casos las víctimas no hacían parte de organizaciones criminales y los crímenes tienen diferentes motivaciones, relacionados, por ejemplo al reclutamiento forzado, a las mal llamadas ‘limpiezas sociales’ y al control territorial de los grupos residuales.

 

La concentración de la violencia

 

Con presencia en 13 departamentos del país, las masacres de 2021 se han concentrado en cinco: tras posicionarse como los de mayor presencia de masacres en 2020, repiten Antioquia (7 masacres), Cauca (7) y Nariño (6); Valle del Cauca (6) ha sido escenario de dos masacres más en comparación con el año pasado y esta violencia también se ha concentrado en Caquetá (3), que no había tenido registros en 2020.

 

En 22 de las 35 masacres documentadas se desconoce a los responsables, del resto se presume la autoría, en la mayoría de los casos, de bandas criminales y grupos herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC. Un total de 126 personas fueron asesinadas en estos hechos, la mayoría —una de cada dos— en masacres de tres personas, el resto en masacres de cuatro y cinco víctimas. En cuatro de ellas se evidenciaron elementos de sevicia, dos incluyen casos de desapariciones forzadas y en tres fueron asesinados miembros de comunidades étnicas. Hechos victimizantes que tuvieron todos lugar en una masacre en febrero en Tumaco, Nariño, cuando Marcos Paí, exgobernador y líder indigena Awá del resguardo La Brava, fue desaparecido y torturado junto a otras tres personas, según la Unidad Indigena del Pueblo Awá (Unipa), por el incumplimiento de un toque de queda impuesto por un grupo armado. Fueron encontrados 15 días después.

 

En Antioquia, las masacres se han concentrado en las subregiones del Bajo Cauca (3) y el Suroeste (3), donde grupos armados ilegales, principalmente herederos del paramilitarismo, se disputan los recursos naturales y las rentas de los negocios ilícitos presentes en los territorios, principalmente la minería y el narcotráfico, en el primer caso, y el microtráfico, en el segundo. Los jóvenes han sido particularmente victimizados en estos hechos por Los Caparros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero también hay presencia del ELN, la Oficina de Envigado y la banda El Mesa.

 

En el Cauca, el conflicto también se ha reciclado, pero con grupos residuales de las FARC, principalmente el Frente Carlos Patiño y las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. A pesar de que algunas masacres han sido explicadas por las autoridades como rencillas entre estos grupos, el ELN y pandillas que se disputan el control del territorio, hay varios casos sin esclarecer.

 

Al igual que en el Cauca, en Nariño hay una fuerte disputa por parte de grupos ilegales que se disputan la renta del narcotráfico, especialmente el Clan del Golfo y sus aliados del Frente Óliver Sinisterra, con el ELN y otros grupos residuales. Estos conflictos han dejado al menos seis masacres en lo que va del año, en una región que resultaba clave para la implementación del proceso de paz

 

En el Valle del Cauca, las masacres, aún por esclarecer, han ocurrido en Cali y varios municipios con pasados de violencia, como Cartago, Buga y Jamundí, y en la mayoría de casos en los que ha habido pronunciamiento de las autoridades, bandas dedicadas al microtráfico y la extorsión han sido señaladas como responsables.

 

En el Caquetá, grupos residuales de las FARC, conocidos como Comandos de la Frontera y Frente Carolina Ramírez, se aliaron con La Segunda Marquetalia y con el Frente Primero de Gentíl Duarte, respectivamente, y comenzaron una disputa por los negocios ilegales. En medio de la guerra entre estos dos grupos se han cometido tres masacres este año en el departamento. No se puede generalizar sobre la relación de las víctimas con los grupos en conflicto: una masacre ocurrió mientras desconocidos dispararon indiscriminadamente en una gallera en Florencia y en otro caso fue asesinado un firmante del Acuerdo de Paz y compareciente ante la JEP en Cartagena del Chairá.
 

La mayoría de las víctimas no son narcos

 

Con el aumento de las masacres, desde 2020, el gobierno ha insistido en que toda esta violencia es producto de una guerra entre bandas de narcotraficantes. Inclusive, el difunto ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo señaló en varias ocasiones que la principal respuesta del Estado a las masacres debía ser la fumigación aérea a cultivos de uso ilícito con glifosato. Su sucesor, Diego Molano ha insistido en este discurso que revictimiza y estigmatiza a los asesinados y a sus familias, ya que los reduce a narcos que se matan entre sí. Esta investigación encontró que gran parte de las víctimas perdieron su vida en medio de disputas entre estas bandas, pero no tenían nada que ver con ellas.

 

El 6 de marzo, encapuchados llegaron al billar Los Bienvenidos de Ábrego, Norte de Santander, y asesinaron a cinco agricultores. Aunque no se ha señalado a los responsables, tras la masacre, el ministro de Defensa, Diego Molano, fue al territorio para liderar un consejo de seguridad y en una rueda de prensa dijo que “existían personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de Los Pelusos que estaban en el sitio”. Los Pelusos es un nombre con el que se conoce al EPL, el cual se disputa algunos territorios del Catatumbo con el ELN desde 2018. 

 

Por estas declaraciones, Juan Carlos Vega, Deiner Ortiz y nueve familiares más de las víctimas hicieron un video en el que le exigieron al ministro retractarse. “Exigimos que limpien el nombre del hermano mío, que se retracten. Los compañeros que murieron ahí no son ninguno delincuente. Todos son trabajadores de la vereda. Son inocentes (...) ¿Por qué dice eso sin ninguna justificación, sin haber investigado?”, dijo Juan Carlos Vega, quien cuando ocurrieron los hechos, se encontraba en el billar con su hermano Jesús Alberto Vega, víctima de esta masacre.

 

 

En la región también hay presencia de grupos residuales de las FARC y de las AGC, quienes también se disputan, principalmente, el control de los cultivos de uso ilícito y el contrabando de combustible.

 

Versiones mediáticas también fueron controvertidas en La Plata, Huila, tras la masacre de un hombre y sus dos hijos, aparentemente asesinados por el grupo residual de las FARC Dagoberto Ramos. Aunque el medio local La Nación reseñó que el padre y uno de sus hijos tenían antecedentes judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, una hermana aseguró que sus familiares estaban dedicados a labores del campo, que eran agricultores dedicados al cultivo de café.

 

Otra familia víctima fue la de Octavio Muñoz Salazar, torturado y luego asesinado también junto a sus dos hijos, de 15 y 17 años de edad por una docena de hombres armados en Inzá, Cauca, el pasado 6 de febrero. Aunque las autoridades reconocen que el grupo residual de las FARC Dagoberto Ramos hace presencia en la zona, no hay claridad sobre los responsables.

 

También preocupa el caso de Quibdó, Chocó, donde la violencia contra menores de edad y jóvenes está en auge. El 21 de abril, fueron asesinados tres menores de 10, 12 y 17 años. Según la periodista  local Libia Gómez, este hecho está atribuido al flagelo de las llamadas ‘fronteras invisibles’ —bordes imaginarios que dividen los sectores de influencia de las diferentes bandas y pandillas de un territorio—, pues en este caso ninguno de los tres chicos pertenecía al barrio Buenos Aires, donde fueron encontrados sus cuerpos.

 

En la investigación también se documentó un caso de exterminio social, llamados comúnmente como ‘limpiezas sociales’. En Samaniego, Nariño, el 10 de abril de 2021, después de que circulara un panfleto en el que se amenazaba a consumidores de alcohol y drogas, fueron asesinadas cuatro personas en menos de cinco horas, en diferentes lugares del  municipio. Este tipo de masacres ha sido común en el desarrollo del conflicto armado, especialmente en Norte de Santander y Antioquia.

 

En el Bajo Cauca antioqueño, aparte de la masacre de Daniel y su familia, Los Caparros también asesinaron a dos mineros y al administrador de la mina donde trabajaban, en el municipio de Tarazá, aparentemente por haberse negado a pagar una extorsión. No fue el único caso registrado este año, en Buga, según la Fiscalía, el grupo residual de las FARC Adán Izquierdo habría asesinado al hijo de un ingeniero civil y a cuatro de sus amigos por la misma razón.

 

En la subregión paisa, sin embargo, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos, aseguraron las diferentes fuentes consultadas, así como que después de los hechos, las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada, refiriéndose a los jóvenes asesinados como consumidores, expendedores o personas relacionadas con los actores armados.

 

Un horror que no cesa

 

La impunidad que históricamente ha existido en Colombia alrededor de las masacres y otras graves victimizaciones, generalmente perpetradas en el alejado mundo rural, hace parte de los factores que han permitido su reciclaje. El pasado 31 de mayo, por ejemplo, fueron asesinadas nueve personas en la finca Palmira de la vereda Quebradón Sur, en Algeciras, Huila. Según Indepaz, esta sería la tercera masacre perpetrada en la misma finca en menos de un año, tras las que ocurrieron en septiembre y julio.

 

Cuando el ministro Molano dijo en el debate de control político de abril: “no son las masacres del pasado”, quedó la duda a cuáles se refería de las más de 4.200 perpetradas en Colombia desde los años 60, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en su mayoría de grupos paramilitares. ¿Se refería a las cientos de masacres que paramilitares —financiados por el narcotráfico— perpetraron en colaboración con élites regionales y miembros de la fuerza pública? En los últimos 24 años, pueblos como Mapiripán, El Salado, Mampuján, El Naya, El Aro, La Gabarra, Bahía Portete, San Carlos y La Horqueta han pasado a la historia como espejos de este horror que no cesa.

 

Ver el especial Masacres: un horror que no cesa, en alianza con La Liga contra el Silencio.

 

Si bien las motivaciones de las masacres han cambiado con los años —en los años 80 estaban más dirigidas al exterminio de sindicatos y movimientos políticos de izquierda y desde mediados de los 90 se masificaron para permitir la expansión paramilitar en casi todo el país—, siempre han sido estrategias de los actores armados para controlar territorios, principalmente campesinos y étnicos, a través del terror. En el año 2020, Indepaz registró 92 masacres en Colombia, principalmente en zonas con presencia de actores armados ilegales que se benefician de diferentes negocios ilícitos, como el narcotráfico y la minería ilegal, así como en zonas estratégicas de frontera y corredores de droga y contrabando que las conectan con otros departamentos. Regiones otrora dominadas por grupos paramilitares y guerrilleros que tras varios procesos de desmovilización, se rearmaron y las siguen controlando ante la débil presencia del Estado.

 

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