En el Bajo Atrato, la Casa Castaño puso a prueba una idea que marcaría el futuro del país: la incursión del paramilitarismo en la agroindustria, especialmente en el cultivo de palma de aceite. A punta de masacres, desplazamientos y alianzas con militares, empresarios y funcionarios torcidos; los Castaño le arrebataron su tierra ancestral afro a los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Una fórmula que años más tarde replicarían por todo el país.
Consulte el caso completo de Curvaradó y de Jiguamiandó.
A finales de la década de los 90, llegó a María la Baja una oleada de violencia paramilitar que expulsó a cientos de familias campesinas. Tal como sucedió en el capítulo anterior, muchas familias fueron presionadas para vender su tierra, sólo que en este caso, eran predios incorados. En el nuevo milenio, llegaron la palma aceitera, en cabeza del grupo empresarial Oleoflores; y otras actividades agroindustriales, como la siembra de teca, piña e incluso la ganadería.
Consulte el caso completo de María la Baja.
A finales de la década de los 90, llegó a María la Baja una oleada de violencia paramilitar que expulsó a cientos de familias campesinas. Tal como sucedió en el capítulo anterior, muchas familias fueron presionadas para vender su tierra, sólo que en este caso, eran predios incorados. En el nuevo milenio, llegaron la palma aceitera, en cabeza del grupo empresarial Oleoflores; y otras actividades agroindustriales, como la siembra de teca, piña e incluso la ganadería.
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La “multinacional-local” Pacific Rubiales llegó a Colombia a construir un emporio en torno a la extracción de hidrocarburos en Puerto Gaitan, Metan. Un territorio de 55 mil hectáreas marcadas por la colonización de víctimas de la Violencia, el acaparamiento y despojo de tierras por narcos y esmeralderos, amparados por grupos armados ilegales fue el escenario para el acaparamiento por parte de la petrolera.
La zona también resultó muy fértil para empresas de ganadería extensiva, palma, soya y petróleo. En La república independiente de Pacific, la locomotora de la fórmula se puso en marcha.
Consulte el caso completo de Puerto Gaitan.
En la frontera entre la Orinoquía y la Amazonía, amplias zonas de conservación como los PNN Macarena, Tinigua y Picachos, así como la Serranía del Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak han sido escenarios de tala indiscriminada de selva virgen, para los negocios de la ganadería extensiva, la siembra de palma, eucalipto, chontaduro y en menor medida de coca. La fórmula para apropiarse la tierra parece repetirse en una región habitada por la comunidad indigena Nukak, el último pueblo nómada de Colombia, en riesgo de extinción. La deforestación se incrementó desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en que se comprometía el estado a velar por los intereses de estas comunidades violentadas históricamente.
En la frontera entre la Orinoquía y la Amazonía, amplias zonas de conservación como los PNN Macarena, Tinigua y Picachos, así como la Serranía del Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak han sido escenarios de tala indiscriminada de selva virgen, para los negocios de la ganadería extensiva, la siembra de palma, eucalipto, chontaduro y en menor medida de coca. La fórmula para apropiarse la tierra parece repetirse en una región habitada por la comunidad indigena Nukak, el último pueblo nómada de Colombia, en riesgo de extinción. La deforestación se incrementó desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en que se comprometía el estado a velar por los intereses de estas comunidades violentadas históricamente.
El Brasil, una hacienda de Puerto Gaitán, Meta, fue una base de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidos como los ‘carranceros’ por nueve años. Un terreno que fue ocupado por campesinos, paramilitares, la familia del esmeraldero Víctor Carranza, y por último la empresa Agropecuaria Aliar S.A, dueña de la marca comercial de cárnicos La Fazenda. Mientras el negocio sigue creciendo y las entidades de tierras definen de quién es la tierra, los y las indígenas Sikuani siguen sobreviviendo a pesar de la vulneración de sus derechos, mientras continúan reclamando su territorio ancestral arrebatado hace más de 60 años.
Los municipios del centro del Cesar que en la década del 60 producían alimentos y fueron epicentro de producción nacional algodonera; en los 90 fueron convertidos en un área de gran extracción de carbón a cielo abierto. Ahora son conocidos como el distrito minero de la Jagua, una tierra fértil y rica en agua, cuya comunidad fue despojada y expulsada, para darle vía libre a la explotación minera. La comunidad lleva 10 años esperando la restitución y continuar con su vida campesina.
La promesa de un puerto multipropósito llegó para cambiarle las tradiciones y ritmos de vida a la comunidad ancestral afro de Pto Girón que ha sido maltratada laboralmente, abandonada por el Estado y victimizada por la violencia paramilitar, todo esto mientras les negaron la titulación de estas 13,400 hectáreas de tierra, su tesoro, y le titularon algunas de esas a otra gente que no es de la región, no es afro. Es decir que no le dieron la tierra a la comunidad, sino a los empresarios que llegaron después. El puerto sigue en marcha, mientras que la restitución se hace cada vez más inviable.