Los muñecos de la guerra

Era de madrugada cuando Rosalba Daza se levantó con un cosquilleo molesto en el pecho, agarró el celular para revisar la hora y se encontró con un mensaje de su hija mayor enviado un par de horas antes. “Madre, no se vaya a enojar, vea que es buena plata”, fue todo lo que leyó antes de empezar a llorar. Las hijas de Rosalba volvieron dos días después de aquel mensaje agarradas de la mano de su mamá. Fue un susto sin repercusiones graves, que para ambas niñas quedaría como una traumática vivencia del pasado.

Ese mismo viernes, en el mismo pueblo del suroccidente del Cauca, Sebastián Chocué mandó un mensaje similar a su papá. Lo envió cuando la señal era escasa, para ahorrarse la ansiedad de esperar una respuesta en ese momento. Le resumió su decisión en que tenía deudas, que le habían ofrecido un trabajo “rela” y que ninguno de los “manes” que lo contrataron eran de esa “gente fea” metida en cuentos raros. Sebastián no volvió, pero su papá sí tuvo que irlo a recoger. Levantó su cuerpo baleado en un corregimiento aledaño y lo enterró en el cementerio central del pueblo.

Estos dos casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en un municipio cuyo nombre se mantiene anónimo para proteger la identidad de las víctimas. Historias similares le ocurrieron en 2024 a muchas familias en más del 80% de los municipios del departamento del Cauca.

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Una guerra sin edad el reclutamiento forzado es una problemática que genera una serie de efectos negativos en lo profundo de la sociedad, pues las familias enfrentan su desintegración.

De acuerdo con el informe publicado por esta entidad, la situación se acompleja más cuando el tejido social está fracturado. Pues las dinámicas sociales fundamentales (como la confianza, la solidaridad y la identidad colectiva) se debilitan. Lo que podría afectar directamente la capacidad de una sociedad para organizarse, progresar y mantener estabilidad a largo plazo.

Esto afecta gravemente a muchos municipios del norte del Cauca por ejemplo, el sector microeconómico se deteriora por la cultura de lo ilícito, ya que permea a gran parte de la población porque establece una cadena de valor que va desde la producción hasta la distribución, involucrando a campesinos, transportadores y comerciantes locales.

¿Qué dicen las cifras actuales?

Según el informe publicado el 21 de enero de 2025 por la Defensoría del Pueblo, durante 2024 se registraron 409 casos por el delito de reclutamiento forzado a menores de edad, de los cuales 300 ocurrieron en el departamento del Cauca.

De esta cifra, la mitad de los niños y adolescentes pertenecen a alguna comunidad indígena, siendo esta la población étnica más afectada por el reclutamiento forzado. “La gran mayoría del conflicto ha ocurrido dentro de territorios etnográficos como las comunidades afro o indígenas, precisamente porque sus territorios se encuentran en el epicentro de este conflicto”, explicó Samuel Escobar, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Además, de acuerdo con la Defensoría, el 61% de los casos son niños, mientras que el 39% corresponde a niñas. En cuanto al número de adolescentes reclutados forzosamente, este se encuentra incluido dentro de ambos porcentajes dependiendo del género.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc figuran como los principales victimarios del reclutamiento forzado a menores en Colombia. De estos, el Estado Mayor Central es quien presenta el mayor número de casos registrados en su contra, con 135.

Además de las disidencias de las Farc, grupos armados como el ELN y otras organizaciones criminales aumentaron el reclutamiento de menores. Pedro Castaño, Gobernador del Resguardo de Belalcázar en Paez, ha enfatizado múltiples veces esta problemática.

Una Brecha entre diálogos y acuerdos

Oscar Quintero Adarve, alcalde del municipio de Corinto durante el periodo 2012-2016, es un fiel convencido de las propuestas de construir “La Paz desde abajo”.”Jamás tuve la oportunidad de asistir a una reunión departamental, ni siquiera municipal o local, no nos tuvieron en cuenta para nada, y nosotros somos los que conocemos a ciencia exacta nuestro hogar, nuestros cultivos y nuestra gente”, comentó Quintero, quien además explica que existió un abandono histórico estatal, y una indiferencia institucional en la negociaciones de paz en La Habana del gobierno de Juan Manuel Santos que terminaron con la firma del acuerdo en el 2016.

El reclutamiento forzado de menores en el Cauca no es un fenómeno reciente. Desde la década de 1980, con la expansión de los grupos insurgentes y la consolidación de las economías ilegales en la región, los niños, niñas y adolescentes han sido blanco de los actores armados. Durante los años más cruentos del conflicto en Colombia, especialmente en la década de 1990 y principios de los 2000, las cifras de menores reclutados aumentaron de manera alarmante. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1990 y 2017 se documentaron más de 16.000 casos de reclutamiento forzado en el país, con el Cauca como una de las zonas más afectadas debido a su ubicación estratégica y a la débil presencia estatal.

Las razones de reclutamiento forzado, y el modus operandi de los distintos grupos criminales varía constantemente. Existen casos donde los menores de edad son persuadidos para unirse a estos grupos con promesas de dinero, una mejora en la posición social o poder.

Existen otros múltiples casos donde los niños y adolescentes han sido forzados mediante el secuestro, el uso de violencia o las amenazas, para hacer parte de estos grupos armados. “Si me dicen que vaya a hacerles una vuelta y le apuntan a mi mamá en el pecho, yo no voy a decir que no, hay compañeros que salieron a comprar el pan y luego les llega a la familia un video del pelao siendo secuestrado. Uno ahí cómo se protege”, comentó Andrés Manquillo, víctima del reclutamiento forzado en 2019 y que fue asesinado en 2023.

Territorios

El departamento del Cauca durante muchos años -casi medio siglo- estuvo esperando un auxilio y presencia integral por parte del Estado. Durante los diálogos en la Habana y posterior acuerdo se abría la esperanza de los pobladores pero con el pasar de los años a pesar de los múltiples esfuerzos para implementar el proceso de paz la esperanza se ha deteriorado.

De acuerdo a la Agencia de Renovación del Territorio los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que nacieron en el acuerdo de paz con las FARC son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, y busca de esta manera lograr el desarrollo rural de 170 municipios en Colombia.

Uno de los enfoques, con el cual se buscaba estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, es el territorial. Se esperaba que con este programa muchos municipios cambiaran su situación histórica de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de la desmovilización de las extintas FARC el Estado no logró establecer su presencia permanente e integral en estos municipios.

Uno de ellos es Corinto, un municipio PDET en el que los habitantes viven con una zozobra constante. Quintero, el alcalde del pueblo, dice que en el Norte del Cauca se comprende un corredor estratégico de lo ilegal en los municipios de Corinto, Miranda, Florida y Pradera que es difícil de solucionar si los municipios no trabajan articuladamente.

El alcalde denuncia que estos municipios sufren de violencia por ser usados como puntos de acopio y de paso para trasladar hombres armados y narcotráfico del suroccidente del país hacia Putumayo, para posteriormente salir por el Amazonas ecuatoriano.

Para febrero del 2025, la situación de reclutamiento forzado no ha mejorado. De acuerdo con el gobernador del resguardo indigena de Belalcázar, Pedro Jesus Castaño, las comunidades exigen que el gobierno nacional actual replantee las estrategias actuales para la resolución del conflicto en el Cauca.