Los rostros de las víctimas mortales durante el paro

Taras más de mes y medio del Paro Nacional, hemos registrado al menos 74 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. Brutalidad policial, enfrentamientos y confusos hechos se evidenciaron en una base de datos construida por Rutas del Conflicto, en la que buscamos contar quiénes eran las víctimas y las circunstancias alrededor de su muerte.

Paro Nacional- 28 de Mayo from Rutas del Conflicto on Vimeo.

Aunque el principal motivo de la ciudadanía que salió a marchar era el descontento ante el proyecto de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque, una vez retirado dicho proyecto, la población continuó manifestándose en contra del gobierno, que ofreció "asistencia militar" a las ciudades.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado reiterados abusos y violencia letal por parte de la fuerza pública durante el paro nacional. En el informe entregado por Temblores e Indepaz a la CIDH entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se registraron al menos 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública dentro de los cuales se presentaron 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios, 1.055 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género. 

En el cuarto día de manifestaciones, el 2 de mayo, Iván Duque solicitó al Congreso retirar la reforma tributaria y tramitar un nuevo proyecto. Al otro día, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia. Sin embargo, el descontento en las calles continuó.

Aunque el proyecto de la reforma tributaria se cayó, miles de ciudadanos siguen marchando por diversos motivos: tumbar la reforma a la salud, reformar a la Policía Nacional, contra los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes, para respetar el Acuerdo de Paz, entre otras exigencias. Sin embargo, la brutalidad policial, enfrentamientos con la Policía y circunstancias confusas que derivaron en la muerte de las víctimas, en su mayoría jóvenes, han teñido las protestas de sangre.

 

Quiénes son las víctimas

 

De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando.

Algunos lograron escapar de estas arremetidas, pero luego murieron, como Daniel Azcarate (19 años), asesinado por un desconocido, y Brian Rojas (26 años), quien apareció muerto en el río Cauca.

Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.

Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.

También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos.

El 13 de mayo en la ciudad de Popayán se suicidó una joven de 17 años que fue vulnerada sexualmente por agentes de la Policía en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en el sector de la Chirrimía, al sur de la capital del Cauca. Antes de los hechos, la joven publicó en sus redes sociales que no hacía parte activa de las manifestaciones y que se dirigía a la casa de un compañero cuando fue detenida, de forma arbitraria, por cuatro agentes del ESMAD. Lizeth Montero, abogada y defensora de DD.HH de Popayán expresó que el día de los hechos: “No existió la posibilidad de verificar los procesos de detenciones arbitrarias que fueron conducidas a URI”. El nombre de la joven no es referenciada en esta publicación, pues sus familiares no quieren que su nombre se siga divulgando. 

En las últimas semanas de mayo Rutas del Conflicto registró 13 nuevos casos, de los cuales, cuatro se concentran en Tuluá (Valle del Cauca) donde el pasado martes 25 de mayo se registró el incendio del Palacio de Justicia del municipio. Una de las víctimas es Camilo Andrés Arango quien era estudiante de segundo semestre de derecho en la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá y se encontraba manifestándose pacíficamente frente a la Alcaldía del municipio. Cuando ocurrió el incendio del Palacio de Justicia, algunos testigos afirman que la arremetida por parte del ESMAD a la manifestación fue con gases lacrimógenos, tanquetas y disparos de perdigones. 

Camilo se encontraba auxiliando a otros manifestantes cuando fue impactado en el pecho por un arma de fuego. Los manifestantes mencionan que la ambulancia y su posterior traslado a la Clínica San Francisco fue excesivamente demorada, pues el centro de salud se encuentra a tan solo cuatro cuadras del lugar de los hechos y que “las condiciones para la movilidad de la misión médica era propicia”. 

 

Testigos digitales

 

Algo que ha diferenciado las últimas protestas en el planeta ha sido la posibilidad de hacer denuncias públicas de las diferentes vulneraciones a los derechos humanos que se presentan, incluso en vivo y en directo. Así ocurrió, por ejemplo, el jueves 6 de mayo, cuando ciudadanos mediante sus celulares evidenciaron cómo un camión de la Policía en Cali transportaba policías vestidos de civil que, según ellos, atacaron a la gente con armas de fuego. Aunque la Policía admitió el hecho, dijo que los policías fueron las víctimas de ataques por parte de ciudadanos.

Nicolás Guerrero era un joven artista de 22 años que vivía en la ciudad de Cali. Según testigos que estaban con él a la hora de su muerte, el 2 de mayo, Guerrero recibió un disparo por parte de agentes de la Policía mientras se encontraba en una velatón cerca a Calima, en Cali, en honor a los fallecidos en el paro nacional. Durante una transmisión en vivo de un DJ conocido como Juan de León, se pudo ver cómo se prestaron los primeros auxilios. De acuerdo con El País de Cali, el joven falleció mientras era llevado al hospital. Su caso es uno de los más reconocidos en el marco del paro nacional, pues miles de personas vieron cómo fue asesinado en medio de la transmisión de Instagram. 

Otra cara de esta violencia ha sido la de Lucas Villa, un estudiante de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante todo el día de mayo 5 estuvo participando de las marchas pacíficas en la ciudad de Pereira y a través de videos compartidos por Twitter y Facebook, varios usuarios resaltaron la alegría y jovialidad que expresaba. En la noche, él y otros compañeros estaban en el viaducto César Gaviria, que comunica Pereira con el municipio de Dosquebradas. A Lucas y algunos de sus compañeros, se les acercó un vehículo gris y les empezaron a hablar. Unos minutos después, se escucharon por lo menos siete disparos, dados desde un vehículo no identificado por personas vestidas de civiles. De acuerdo con El Tiempo, Lucas recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en la parte inferior de su pierna derecha. Fue trasladado al hospital San Jorge, donde le realizaron una cirugía. En horas de la noche del 10 de mayo, tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Pereira. 

En medio de la continuidad del Paro Nacional, el 12 de mayo tras su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes el fiscal Francisco Barbosa manifestó que la institución se encuentra investigando 70 casos de abuso policial en el marco de las manifestaciones. Un día después se conoció que la Fiscalía capturó y le imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien disparó y mató al joven de 17 años Marcelo Agredo en la ciudad de Cali el pasado 28 de abril. 

Tras un mes del paro, en el pliego de peticiones de los y las manifestantes se han sumado los reclamos por la implementación de los Acuerdo de Paz, la reforma a la Policía y el cese de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta. Por esta última petición, el lunes 24 de mayo se inició el proceso de moción de censura contra el Ministro de Defensa Diego Molano, promovida por los congresistas del país.

Después de cuatro días de debates, el jueves 27 de mayo la plenaria del Senado ratificó a Molano en su cargo con 69 votos por el no y 31 por el sí. Aunque se habló de la posibilidad de llevar la votación a la Cámara de Representantes, el artículo 135 de la Constitución estipula que una vez pronunciada una cámara, la otra debe abstenerse de hacerlo. Esta decisión motivó a que los y las manifestantes continúen en las calles exigiendo respuestas y cambios en el gobierno actual. 

Desde los primeros días de protesta y ante las denuncias de desapariciones, asesinatos y excesos por parte de la Fuerza Pública, empezó a sonar la posibilidad de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización solicitó el 14 de mayo aprobación al Gobierno Nacional para ingresar al país y evaluar la situación. Aunque la puerta había sido cerrada, el pasado 31 de mayo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, acordó que la CIDH reciba la información oficial de la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría en reuniones privadas. 

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Información actualizada: Vie 18 Jun 2021 -05:00


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