Masacre de La Herradura

Foto por: Franklin Molano - Revista Semana

Actualizado el: Vie, 10/11/2019 - 07:53

El 8 de junio de 2003 cerca de diez paramilitares del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, Bcb, algunos con uniformes del Ejército y otros vestidos de civil, dispararon contra un vehículo que tenía ocho pasajeros a bordo en un sitio conocido como La Herradura, en la carretera que conduce del municipio de Riosucio al de Supía, Caldas. Cuatro personas murieron y las otra cuatro salieron heridas.

Las víctimas eran indígenas Emberá Chamí pertenecientes al Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, localizado en Riosucio. Entre ellas se encontraban el candidato a la Alcaldía del municipio, Gabriel Ángel Cartagena, gobernador por tres periodos seguidos del resguardo y militante del Partido Comunista. La comunidad de estos resguardos indígenas había denunciado amenazas por parte de los paramilitares, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA interpuso medidas cautelares a favor de las víctimas desde el 2002.

Por estos hechos, un juez especializado de Manizales condenó a 26 años y medio de prisión a Pablo Hernán Sierra García alias ‘Alberto Guerrero’ y a otros mandos medios del grupo armado. Estos ex paramilitares no se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz porque el Frente Cacique Pipintá no hizo parte del proceso de desmovilización. La Justicia también halló culpables al suboficial del Ejército Jorge Arturo Osorio y Jorge Arcadio Villada García, para entonces candidato a la Alcaldía de Riosucio por el partido de la U.

Según versiones de los ex paramilitares, al momento de la desmovilización los jefes de Bcb no tenían control sobre el Frente Cacique Pipintá y no pudieron incidir en su desarme. Sin embargo, en 2010 la Corte Suprema dijo que este Frente pudo haber sido utilizado por Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baez’, para seguir manejando la política local en Caldas durante el proceso de desmovilización. En todo caso, los paramilitares del Pipintá siguieron delinquiendo y vinculados al narcotráfico hasta su desarticulación en 2007. El Gobierno no vinculó a la mayoría de paramilitares que integraron este frente al proceso de Justicia y Paz, sino que recibió a los miembros que quisieron reinsertarse como ‘entregas voluntarias’.

Grupo armado relacionado:

Paramilitares del Bloque Central Bolívar (2000 - 2006)

En la década de los 80 se crearon pequeños grupos de autodefensas en Bajo Cauca y en el norte de Antioquia que se disputaban el territorio con las guerrillas del Epl y Eln. El interés en este territorio recaía en los cultivos de coca y la explotación minera de la región. En los primeros meses de 1999, Carlos Castaño ordenó que estos grupos se integraran a las Autodefensas Unidas de Colombia para que lo ayudaran a incursionar en el sur de Bolívar. En el año 2000 los hermanos Carlos y Vicente Castaño decidieron que los paras de esta zona se unificaran bajo la estructura del Bloque Central Bolívar, Bcb. Los Castaño le entregaron el control del Bloque a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’. Además, ordenaron la disolución de las Autodefensas de Santander y del Sur del Cesar, Ausac, para unirla a la nueva estructura del Bcb. Según testimonios de desmovilizados, 'Macaco' le compró el bloque a los Castaño para controlar el narcotráfico en el norte del Magdalena Medio y el norotiente antioqueño. A finales de 2001 el Bcb se separó de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, luego de que Carlos Castaño comenzara a insistir en que los paramilitares debían dejar de financiarse con el tráfico de droga. Tras irse de las Auc, 'Macaco' repitió el mismo esquema que usaron los Castaño en los noventa para expandir el paramilitarismo. El ex jefe del Bcb abrió bloques en varias regiones del país y le vendió su franquicia a varios narcotraficantes, que quedaron subordinados a su mando, como ocurrió como el Bloque Vendedores de Arauca y el Bloque Vencedores del sur. Macaco y su organización solo se sentaron a negociar con el gobierno en Santa Fe de Ralito, junto al resto de las Auc, después del asesinato de Carlos Castaño en 2004.