Masacre de Mapiripán 1997

Foto por: Juan Carlos Sierra - Revista Semana

Actualizado el: Mié, 10/02/2019 - 22:48

El 12 de julio de 1997 cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Accu,  llegaron a San José del Guaviare, provenientes del Urabá antioqueño en dos aviones militares.  Los ‘paras’ se trasladaron por río y carretera hasta la cabecera del municipio de Mapiripán, a la que llegaron el 14 de julio.  En su paso por varias veredas y luego en el casco urbano del pueblo, asesinaron cerca de medio centenar de personas.

Durante una semana los paramilitares sacaron de sus casas en la noche a sus víctimas, las llevaron al matadero del pueblo donde los torturaron y asesinaron con disparos o degollándolos.  Varias personas fueron castradas y decapitadas, incluso los ‘paras’ jugaron futbol con la cabeza del despachador de aviones del pueblo y la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al rio Guaviare con rocas dentro del estómago para que los familiares nunca los encontraran.  El grupo armado dejó el pueblo el domingo 20 de julio y la fuerza pública solo apareció hasta el miércoles 23.

La masacre fue ordenada por la Casa Castaño, que se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los Llanos Orientales ese año, para conformar las Auc.  La masacre de Mapiripán hizo parte de la estrategia de expansión de las autodefensas para quitarle el control a la guerrilla, especialmente en zonas clave para el narcotráfico.  Según testimonios de desmovilizados, Vicente Castaño buscaba apoderarse de grandes extensiones de tierra para desarrollar un proyecto de palma aceitera, que actualmente se encuentra abandonado en el occidente del municipio.  La matanza produjo el desplazamiento del cerca del 70 por ciento de los pobladores.

Miembros de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidos como 'Carranceros' dieron apoyo logístico.  Además paramilitares del Casanare al mando de Héctor Buitrago llegaron al pueblo días antes haciéndose pasar por guerrilleros pidiendo ayuda de la gente, con el objetivo de armar la lista de supuestos colaboradores de la subversión que luego fueron asesinados.  La  justicia colombiana ha documentado la participación de varios oficiales del Ejército y altos mandos de las fuerzas armadas como el general Jaime Humberto Uscátegui y el mayor Hernán Orozco han sido condenados por estos hechos, aunque este último se encuentra asilado en los Estados Unidos.

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