Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:13

La mañana del 4 de febrero de 2021, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres al borde de la carretera en el sector de La Balastrera, corregimiento El Plateado. Junto a sus cuerpos había un panfleto firmado por el Frente Carlos Patiño, grupo armado residual de las FARC, en el que aseguraban haber asesinado a los hombres por ser infiltrados de la guerrilla del ELN: “Nos vemos en la obligación de ajusticiar a estas personas por ser infiltrados del Eln. Frente Carlos Patiño. Asumimos la ejecución de estas personas”.

La zona en la que está ubicado el municipio de Argelia es clave para las rutas del narcotráfico, ya que está cerca a la carretera Panamericana y tiene un fácil acceso al Océano Pacífico. Un mes antes de esta masacre, se desplazaron 11 concejales del municipio, luego de que su colega Fermiliano Meneses fuera secuestrado y asesinado, al parecer, por el ELN.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, entre marzo y abril de 2020, el frente Carlos Patiño pudo incursionar en el municipio de Argelia, apoyado por la columna Móvil Jaime Martínez —también grupo residual de las FARC—, porque en esos meses las estructuras del ELN estaban debilitadas. Su repertorio desde entonces ha estado plagado por asesinatos selectivos, patrullajes y matando supuestos “colaboradores'' de otros grupos.

Argelia es uno de los municipios con mayor registro de masacres entre noviembre y abril del presente año, con cuatro masacres registradas. Este pico de violencia se debe presuntamente a la pugna entre diversos grupos armados que tratan de tomar control sobre las rutas de narcotráfico que pasan por este municipio, previamente controlado por la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. Juan Manuel Torres, argeliano de nacimiento, sociólogo y coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que la parte alta del Cañón del Micay lo conforman Argelia y la parte occidental del Tambo, sobre el río San Juan del Micay. Es un enclave cocalero, es una zona que tuvo un frente propio, el Frente 60 de las FARC, y también ha tenido mucha predominancia del ELN hacia la parte norte o parte baja de la cuenca del río. Este ha tenido un deterioro de la violencia, está entre los cinco municipios más violentos del país, en términos de homicidios, de feminicidios y de asesinatos a niños, añadió Torres. Existe una disputa armada de unos niveles exagerados que han tenido como foco principal en el corregimiento de San Juan de Mechengue en El Tambo y el corregimiento de El Plateado en Argelia. Es una disputa que nadie termina de ganar. Siempre la población ha estado en medio del conflicto armado porque es una zona muy rentable para el negocio del narcotráfico. También de acuerdo con Torres, de este negocio se lucra mucha gente que tampoco quiere que se acabe, sin embargo, los costos humanos son enormes. Además, hay apropiación de casas y fincas, se cobran impuestos y ha habido asesinatos selectivos, múltiples masacres y amenazas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:51

El 20 de febrero de 2021, en La Guajira tuvo lugar la que sería la masacre número 13 en Colombia en lo corrido de este año. En el cementerio de la comunidad de Ceura, exactamente sobre el kilómetro 47 de la vía que conduce de Riohacha a Maicao, fueron asesinados Felipe Epieyú y su hermano Ezequiel Epieyú, indígenas Wayúu miembros de la comunidad de Jitka; y un tercer hombre identificado como Ramón Hernández de 58 años, también indígena Wayúu, de origen venezonalo.

Los tres hombres asesinados se encontraban arreglando una bóveda para sacar los restos de una abuela de la comunidad. Un acto simbólico para los indígenas Wayúu. “Generalmente ellos invitan a muchas familias, se van hasta el frente del cementerio, los hombres limpian y las mujeres cocinan allí. Ellos tienen como una gran fiesta”, explicó Soraya Escobar, defensora del pueblo de La Guajira. Cuando fueron asesinados, había otros testigos en el cementerio que contaron que llegaron alrededor de 20 hombres armados y les dispararon a estos tres.

Esta masacre, según personas de la comunidad, se dio en medio de un conflicto interclanil, es decir, entre familias Wayúu. Soraya cuenta que en esa zona hay tres comunidades indígenas que son vecinas, la comunidad de Jitka, la comunidad de Montañita y la comunidad de Ceura. Hace siete años, las dos primeras eran aliadas, pero, según personas del sector, los de Jitka le robaron un ganado a los de Ceura, por lo que empezó una venganza que terminó afectando a la comunidad de Montañita, quienes ahora quieren sacar a los de Jitka del territorio, “diciendo que por ellos tienen los problemas, porque la gente a la que le robaron el ganado resultaron ser más fuertes en cuestión de guerra”.

Así las cosas, esta masacre fue atribuida a un hombre indígena conocido como Napo de la comunidad de Montañita y, según Soraya y Bety Josefa Martínez, periodista de la zona, desencadenó otros asesinatos en razón de venganza. Al día siguiente de la masacre, en Barrancas, un indígena de Jitka asesinó a uno de Montañita y el lunes 17 de mayo, asesinaron al hermano de Napo, a quien le habían atribuído la masacre. Además, Soraya agregó que “para los Wayúu la vida es un medio de solución de conflictos”; por eso, “para entrar a una mediación hay que esperar un poco a que se den los periodos de duelo y los periodos de decisión de guerra [...] porque cuando hay un muerto Wayúu, se reúnen los mayores y comienzan a definir qué van a hacer: si son delitos menores, si se van a ir a la guerra o si se van a mandar la palabra para buscar un arreglo. En esas reuniones evalúan la fuerza militar del otro clan [...] y si se ponen en contexto de guerra, actúan rápido con el fin de nivelar los muertos. Cuando los muertos están nivelados, hallan un ambiente para llegar a mediaciones”.

Una hipótesis adicional respecto a las razones por las que los de Montañita quieren desplazar a los de Jitka, es que por el territorio de Jitka pasaría un proyecto de energía, y si bien no se tiene certeza de que este proyecto energético tenga algo que ver en el problema, una persona de la zona aseguró que allí, “los grandes proyectos les prometen muchas cosas a las familias Wayuu, unos aceptan, otros no y por eso también hay enfrentamientos”.

Adicional a los homicidios que se han venido presentando en medio de estos conflictos interclaniles, en La Guajira, según la periodista Bety Josefa, se presentan casos de despojos de tierras que han denunciado algunos líderes indígenas. Además en la zona conocida con la Alta Guajira, la más al norte de este departamento, que es habitado en su mayoría por familias Wayúu, al parecer hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control sobre el territorio, y hay actividades de narcotráfico y contrabando “porque es un territorio muy extenso, rodeado de mar y con poca presencia de la fuerza pública, por lo cual es fácil sacar la droga”, agregó un habitante de la zona.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:13

El 17 de febrero de 2021 en Andes, Antioquia, fue perpetrada la que sería la masacre número 12 en Colombia, en lo corrido del año. El hecho ocurrió en la finca La Ilusión de la vereda La Vela. Allí, según una publicación de El Tiempo, llegaron cinco hombres armados, ingresaron al lugar donde dormían los trabajadores, recolectores de café, sacaron a seis de ellos y asesinaron a Carlos Arturo Marulanda, de 51 años, oriundo del Valle del Cauca; a Jesús Antonio García Marulanda, de 50 años, del municipio de Pereira; a Alexander Benítez, de 31 años, del municipio de Andes, y a dos hombres de los que, a la fecha de escribir este texto, no se conocían sus nombres ni lugares de origen. El sexto hombre, identificado como Filemón Rodríguez, de 37 años, quedó herido.

Andes es un municipio ubicado en el Suroeste de Antioquia, una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento. Su principal actividad económica es el cultivo de café y para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), esta masacre y otras en el Suroeste antioqueño, se dan en medio de la disputa por el control del microtráfico al interior de las haciendas cafeteras. Y es producto de la “proyección de una violencia urbana que se había caracterizado por estar presente en el Valle de Aburrá y que desde hace unos cinco años, tiene una proyección constante hacia la región del Suroeste antioqueño”, explica Zapata, quien además asegura que “desde hace más de una década se viene volviendo a la población recolectora de café adicta al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que está sucediendo es que las organizaciones del Valle de Aburrá empezaron a trasladar plazas de vicio incluso directamente a fincas y haciendas cafeteras”.

Zapata explica que, al Suroeste antioqueño, en primer lugar llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, con combos del corregimiento San Antonio de Prado, de La Miel, del municipio de Caldas; combos de la Comuna Trece de Medellín, entre otros; pero hubo una ruptura y la gente de La Miel empezó a denominarse Clan del Golfo y a enfrentarse por el control del territorio contras las AGC. Además, hay presencia de la Oficina de Envigado, sobre todo con combos del oriente de Medellín. Esta masacre, según la publicación de El Tiempo, la Policía se la atribuyó al Clan del Golfo y hasta el momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación. “Clan del Golfo” es un nombre que el Estado ha usado para referirse a las AGC, pero en este territorio específico ocurre la particularidad de que, debido a la ruptura entre los combos que inicialmente llegaron, unos continúan dándose a conocer como AGC y otros, los mencionados anteriormente, como Clan del Golfo.

Duvan Graciano, personero del municipio y Frank Vanegas, editor de orden público, paz y derechos humanos del medio de comunicación local Conexión Sur de Andes, coinciden en que en el municipio de Andes, el control del tráfico de estupefacientes lo ha tenido la Oficina de Envigado y la disputa, desde hace unos cinco años, se da porque el Clan del Golfo “está queriendo ingresar, con acciones muy crueles, a controlar las plazas en la zona rural y el casco urbano”, afirma Vanegas, además, Graciano explica que lo que está sucediendo en Andes, se relaciona con la problemática de Betania y Ciudad Bolívar, “yo lo denomino conflicto en diagonal, porque los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes, incluso Jardín, están ubicados en zona en diagonal hacia el departamento del Chocó, donde tiene un gran posicionamiento el Clan del Golfo. Andes, además, tiene fronteras con el departamento de Risaralda, por lo que es un municipio estratégico para corredores de narcotráfico. Entonces, lo que se viene presentando es una avanzada de grupos armados en el territorio, para tener el control del mismo y poder negociar con las rentas internas y las internacionales”.

Las épocas de recolección de café en el Suroeste antioqueño van de septiembre a diciembre de cada año, después hay un período de recolección de menor importancia, conocido como la traviesa. En Andes es aproximadamente entre abril y mayo de cada año y, según Frank Vanegas, son estos periodos en los que se presentan las masacres, aumentan los homicidios, el consumo de drogas, lícor y la prostitución, debido a que al municipio, de 50 mil habitantes, llegan aproximandante 5 mil personas oriundas de otros municipios y departamentos y “así es muy dificíl poder ejercer algún control”, además también aumenta la circulación de dinero en efectivo.

Cuando indagamos por otras victimizaciones en Andes, encontramos que hay extorsiones, desplazamiento de familias que no pagan las vacunas exigidas por los grupos armados ilegales, o que se van por miedo y amenazas, y recientemente se habla de desapariciones forzadas, por el hallazgo de un cuerpo enterrado en el patio de una casa, en una vereda del corregimiento. En 2020 hubo 40 homicidios y para el 7 de mayo de 2021, ya iban 31.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:03

Cuatro jóvenes oriundos de El Bordo y Pan de Azúcar, del municipio de Patía, Cauca, entre 23 y 25 años de edad, desde el viernes 29 de enero de 2021, se encontraban desaparecidos. Sus cuerpos fueron hallados el 1 de febrero en la vereda El Naranjal, corregimiento El Ejido, Policarpa, Nariño.

Viajaron a la región en busca de oportunidades laborales, pero según advertencias de la comunidad, los grupos armados presentes en la zona, cada ocho o quince días censan a la comunidad, por lo que esa pudo ser la razón por la que el carro en que se transportaban fue abordado por uno de ellos, y los jóvenes asesinados.

Tres de sus cuerpos fueron hallados por la comunidad al interior de la camioneta y uno amarrado junto a ella, sobre un abismo. Las víctimas son Yulieth Mellizo, Julián David Ortiz Hoyo, Daniel Felipe Paz y Fabio Alejandro Navia.

Una de las madres de los jóvenes dijo para RCN Radio que su hijo se encontraba trabajando en esa zona con uno de sus primos y otros amigos y que empezaron a buscarlos. “Nos dimos cuenta porque la mamá del primo de mi hijo me informó que no habían llegado a la casa, entonces nos pusimos a ver qué había pasado. Yo empecé a escribirle y él se había conectado como a las 3 de la mañana y nunca más me habló, no respondió los mensajes”. El coronel Nelson Parrado de Nariño, dijo que Medicina Legal determinó que varios impactos de bala ocasionaron la muerte de de los jóvenes.

El 10 de enero también en Policarpa, murieron dos menores de 14 años, en la vereda Peñas Blancas, después de pisar un campo minado. Sus nombres eran Cristián Camilo García Meneses y Josepth Esteban Chaves Martínez.

La explicación a esta masacre y el regreso de las minas antipersonal, también radica en que dado a las particularidades geográficas del departamento, la presencia de actores armados ha aumentado, y así su control sobre la población.

El Nariño cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo (aliado del Frente Oliver Sinisterra), grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, han afectado fuertemente los municipios de Roberto Payán, Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, sino también que han aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 13:53

El 21 de febrero de 2021 en la vereda Puerto Rico, Tumaco, departamento de Nariño, ocho personas fueron asesinadas —aunque la comunidad señala que las autoridades solo registraron cinco—, cuatro desaparecidas, y once gravemente heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos del Ecuador. Algunas organizaciones campesinas allí reunidas, dicen que se encontraban en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en un campeonato de microfútbol, y hombres del grupo armado Los Contadores —Frente Iván Ríos—, llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabra contra la comunidad allí reunida.

La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) ese mismo día emitió en horas de la tarde un comunicado donde denunció que a las once la mañana la comunidad ya había denunciado lo ocurrido a la Brigada 5 del Ejército Nacional, pero a las dos de la tarde, aún no habían llegado al lugar, cuando sus instalaciones están en la vereda La Balsa, cerca a la de Puerto Rico, donde ocurrió la masacre.

Por medio de este también solicitaron la presencia y atención de las autoridades, y organismos de derechos humanos internacionales, para que acompañen al departamento de Nariño, en medio de esta crisis humanitaria. Se trata de la masacre número 14 en Colombia, durante el 2021.

Algunos defensores de derechos humanos relataron que un día antes, el 20 de febrero, en Tumaco fueron hallados los cuerpos de dos de las once personas que habían sido reportadas como desaparecidas, el pasado 13 de enero, mientras se dirigían al municipio de Mosquera.

El departamento del Nariño producto de sus particularidades geográficas, cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo (aliado del Frente Oliver Sinisterra), grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, han afectado fuertemente los municipios de Roberto Payán, Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, sino también que han aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.