Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:16

Los hechos tuvieron lugar en tres zonas distintas del corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca. Entre el 14 y el 16 de marzo fueron asesinados una mujer y cuatro hombres. La primera víctima fue Maye Cuenú Valencia, una mujer de 31 años proveniente de El Charco, Nariño. El día 15 de marzo fueron asesinados Uber Tumbo y Luis Uber Camayo, provenientes de las veredas La Palma y San Pedro, del municipio de Caldono, Cauca. El día 16 de marzo, otras dos personas fueron asesinadas con arma de fuego.

Uno de los antecedentes notables de violencia en la zona se dio a comienzos de este mismo año, el 31 de enero de 2021, fecha en la que fue asesinado Brayan Javier Secue Ipia, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil. También en febrero de 2021, cerca de 135 familias en Argelia se vieron confinadas como resultado de los enfrentamientos entre el Frente Carlos Patiño de los grupos residuales de las FARC y el ELN.

Argelia es uno de los municipios con mayor registro de masacres entre noviembre y abril del presente año, con cuatro masacres registradas. Este pico de violencia se debe presuntamente a la pugna entre diversos grupos armados que tratan de tomar control sobre las rutas de narcotráfico que pasan por este municipio, previamente controlado por la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. Juan Manuel Torres, argeliano de nacimiento, sociólogo y coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que la parte alta del Cañón del Micay lo conforman Argelia y la parte occidental del Tambo, sobre el río San Juan del Micay. Es un enclave cocalero, es una zona que tuvo un frente propio, el Frente 60 de las FARC, y también ha tenido mucha predominancia del ELN hacia la parte norte o parte baja de la cuenca del río. Este ha tenido un deterioro de la violencia, está entre los cinco municipios más violentos del país, en términos de homicidios, de feminicidios y de asesinatos a niños, añadió Torres. Existe una disputa armada de unos niveles exagerados que han tenido como foco principal el corregimiento de San Juan de Mechengue en El Tambo y el corregimiento de El Plateado en Argelia. Es una disputa que nadie termina de ganar. Siempre la población ha estado en medio del conflicto armado porque es una zona muy rentable para el negocio del narcotráfico. También de acuerdo con Torres, de este negocio se lucra mucha gente que tampoco quiere que se acabe, sin embargo, los costos humanos son enormes. Además, hay apropiación de casas y fincas, se cobran impuestos y ha habido asesinatos selectivos, múltiples masacres y amenazas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:10

El 28 de marzo de 2021, dos hombres y una mujer fueron encontrados sin vida en el parque central del corregimiento de Villacolombia en Jamundí, con heridas de bala en la cabeza. Una de las víctimas era el líder campesino Ramiro Delgado; el otro hombre, José Mestizo, era un mototaxista, y Melba Carreño, una vendedora de cholados. Las primeras versiones sobre el hecho sostienen que las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo, fueron conducidas hasta el parque central y allí fueron asesinadas.

En la zona rural de Jamundí operan grupos herederos del paramilitarismo y grupos residuales de las FARC. El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, hizo un llamado al Gobierno Nacional en su cuenta de Twitter para que dirija su atención hacia el municipio: "Desde el gobierno de los ciudadanos hemos aportado por una inversión social integral en el campo. Donde junto con la gente construyamos una página de las oportunidades y pasemos la página de la violencia. Pero solos no podemos". Según La Silla Vacía, en Jamundí influye mucho lo que sucede en el departamento vecino, el Cauca. Parte de eso se ve reflejado en los cultivos de coca que hay en la zona rural y la presencia del grupo armado residual de las FARC columna Jaime Martínez, afirma el medio de comunicación.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla.

Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 15:08

En la tarde del 27 de marzo de 2021, dos hombres vestidos en negro y a bordo de una motocicleta, llegaron a la plaza de mercado de Cartago y dispararon contra cuatro personas que se encontraban en el lugar, dos hombres y dos mujeres.

Luego de la masacre, las autoridades activaron un ‘plan candado’ en el municipio. Sin embargo, no se han conocido capturas. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dijo ante el noticiero 90 minutos que las primeras hipótesis sobre el hecho afirman que se trató de “un enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico, que tienen injerencia en Risaralda, Quindío y el norte del Valle”.

De acuerdo con el diario El País, una de las víctimas, Julio César Montaño, tendría antecedentes penales por concierto para delinquir y porte y tráfico de estupefacientes. El diario también afirmó que las mujeres asesinadas eran trabajadoras sexuales.

Cartago, municipio del Norte del Valle, ha sido fuertemente golpeado por el conflicto y el narcotráfico. Fue uno de los municipios en donde operó el cartel del norte del Valle entre 1990 hasta 2008. Recientemente, la violencia está más centrada en el microtráfico. Según dijo el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, a La Silla Vacía, actualmente, el EPL y el ELN tienen incidencia entre los municipios de Bolívar y El Dovio, municipios del norte del Valle. Sin embargo, una fuente militar negó la presencia de los ‘elenos’ en el departamento.

Para comprender los cambios y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, hay que remontarse a un punto de partida: la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. En aquella década de los noventas se dieron unas configuraciones donde el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad civil y armada. Tanto la ciudadanía empresaria, terrateniente o desposeída, pasando por los gobiernos representando y manejando las fuerzas armadas, hasta los grupos insurgentes, paraestatales y delincuenciales, la mayor parte de la sociedad se inmiscuyó directa o indirectamente en el negocio del tráfico y producción del clorhidrato de cocaína.

Como lo menciona Nicole Bravo (2021) en su reporte para el medio La Silla Vacía, el norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre en los 90 y que operó en Cartago, la ciudad más importante de esa subregión. Además, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Existía presencia de grupos armados de distinta vertiente ideológica, desde el M-19 con una presencia más urbana en las laderas y zonas marginadas de la capital vallecaucana y algunas zonas veredales de corredores estratégicos, hasta guerrillas primordialmente rurales y campesinas como FARC, ELN y EPL. Ese escenario con tanta multiplicidad fue el antecedente de lo que muchos teóricos llamaron “la complejización del conflicto”. Al no haber dos bandos claramente identificados, tenían lugar en diversas partes del departamento disputas territoriales en una guerra de todos contra todos, que puede verse de forma más manifiesta en las fronteras del Valle con el departamento del Chocó.

Era un caldo de cultivo y un revuelto armado, ideológico y de lucro delincuencial que preparó y causó un contexto con unos actores y dinámicas que sirven de punto de partida para entender a los fenómenos de violencia a los que ahora asistimos en la actualidad; unas presencias sofisticadas, clandestinas y fragmentadas de grupos como EPL, ELN, bandas criminales que responden a intereses y disputas locales (por ejemplo, las BACRIM de Buenaventura llamadas La Local y La Empresa), Grupos Armados Residuales o disidencias de los dos acuerdos de paz (tanto el de los paramilitares con el gobierno Uribe, como el de las FARC con el gobierno Santos) y actores que completan una cadena a nivel micro y responden a dinámicas de mercados ilícitos de drogas, armas, extorsión y hurto.

Los municipios en los que estos grupos han tenido incidencia principalmente han sido Bolívar, El Dovio, Buga, Tuluá, Florida, Sevilla, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali con su zona metropolitana (Palmira, Candelaria y Jamundí). La historia demostraría que con las disoluciones y capturas, de los cárteles y sus capos, el narcotráfico no acabaría ni entraría en crisis sino que mutaría, dejando de tener tanta influencia en la zona, pero reestructurándose por medio del microtráfico.

Los grandes carteles u oficinas de delincuentes de hace dos décadas dejaron de ser los que definen el mercado de drogas, ahora hay un mercado interno que depende de una oferta local. Así lo explica el experto en crimen organizado Alberto Sánchez (citado por Bravo, 2021). Y es que la violencia ahora es más selectiva pues no conviene que se demuestre su sistematicidad como se hizo en otras épocas con masacres y hechos victimizantes ocurridos en Sevilla, Trujillo, Buga y Buenaventura.

No, lo que aprendieron los nuevos capos y grupos al margen de la ley, es que no se trata de eliminar a todo contrincante o presunto enemigo para conseguir un monopolio del poder local, sino que se debe sobornar autoridades, asesinar de manera graneada y esporádica intentando vincular los hechos violentos con otras causas, establecer alianzas bajo cuerda con sectores formalmente establecidos (empresariado e industria del Valle) y mantener un bajo perfil. De esta forma, se mantiene más el negocio y no se corren riesgos innecesarios que tomaban en otras épocas los reconocidos y afamados capos del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Antes de finalizar, es necesario resaltar varias cosas; aunque se haya transformado la forma en la que operan, siguen siendo los mismos fines: el lucro ilícito y la disputa de territorios estratégicamente posicionados por sus recursos y rutas. También, el hecho de que se haya complejizado y degradado el conflicto no quiere decir que los grupos armados, tanto los que nacen ideologizados y con pretensiones de toma del poder así como los que buscan dominar y mantenerse en un mercado ilegal, no cuenten con aceptación y legitimidad provenga de su actuar político o criminal.

Por todo ello es que se puede concluir que las dinámicas son lo único que cambia, ya que los actores son muchas veces los herederos e incluso los mismos de hace dos o tres décadas, solo que aprendieron y se mimetizaron ante el cambio en la permisividad que el Estado profería tan flagrantemente desde antaño. Ahora las redes, internet y muchos cambios tecnológicos que no responden a una lógica nacional influyen en las formas que se trafica, negocia y produce la droga. Sin embargo, de fondo y principalmente, sigue sin tratarse el tema desde la demanda y se ataca con un enfoque a la oferta, todavía se busca eliminar el producto natural con aspersión o fumigación aérea y todavía se ataca al criminal y no al sistema de falta de oportunidades educativas y laborales que lo genera.

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la oficina Pares Pacifico en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que el Valle del Cauca y el Cauca están conectados primero a nivel regional por el grupo Armado Adan Izquierdo que opera en la cordillera occidental, por la zona de Tuluá, Buga e incluso Sevilla. Además, tienen la conexión del Naya, la conexión de Jamundí con Los Farallones y la conexión con la costa Pacífica caucana. Estas características geográficas favorecen la conexión entre departamentos. También, se debe considerar que Cali, Jamundí y estas zonas del centro del Valle ha sido donde se hacen los grandes negocios del narcotráfico. En el Valle es que viven los grandes capos y además Cali es un corredor importante, no solo para la cocaína, sino que también es un corredor para las armas.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:58

El 2 de marzo del 2021, en el barrio Los Ángeles del municipio de Cáceres, fue perpetrada la masacre 16 en Colombia, según Indepaz. “Daniel iba con la novia para la casa, ya los bandidos estaban ahí, él escuchó, se paró y vio que estaba la mamá, la hermana, el hermano y la abuela. Cuando los manes lo vieron, levantaron los fusiles para dispararle y ahí fue cuando la mamá y la abuela se les tiraron encima a los bandidos, pero quedó uno libre, eran tres, y ese fue el que le disparó a Daniel, le pegó siete tiros, uno en los genitales y esa bala no salió [...], esa fue la que lo mató”, así relató el momento de la masacre Arturo*, un habitante de Cáceres, Antioquia, que conocía a Daniel y a su familia.

El 19 de marzo, tras varias cirugías y la amputación de una pierna, murió en el hospital Daniel David Gutiérez de 17 años. El 2 de marzo ya habían muerto su mamá, Sandra (38 años), y su abuela de 60. Todo esto ocurrió en presencia de la hermana mayor de Daniel y aunque tras el hecho una de las versiones conocidas se refiere a que Daniel era campanero de un grupo armado de la zona, Arturo* afirmó que eso no es verdad, que lo asesinaron porque se negó a ser reclutado por Los Caparros.

“Daniel y Kevin, su hermanito de 10 u 11 años, eran pescadores. Daniel pescaba desde los 10 años, ellos en ningún momento tenían vínculos con nadie [...] Daniel dejó de ir a pescar y le pregunté que qué pasaba y me dijo que lo tenían azarado. Él tenía una novia y ella le dijo que se fueran de ahí porque a ella también la estaban jalando y me contó que era porque Los Caparros querían que se metieran ahí y me dijo: usted sabe que yo no soy de eso. Yo le dije que se fuera, pero me dijo que no sabía pa’ donde coger, pero es que eran dos pelados de 17 años [...] Otro día me dijo: esta gente me quiere llevar y me dijo que si no me voy esta tarde con ellos, me matan”, así contó Arturo*, fragmentos de conversaciones con Daniel, días previos a su asesinato. Y como Daniel, otros jóvenes en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca Antioqueño, están siendo reclutados por los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Cáceres está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Cáceres, entre otros municipios del Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Allí hay una disputa por el territorio entre Clan del Golfo y Los Caparros, y según Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie”, asegura Carlos Zapata. Además, según un periodista de la zona, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas, desplazamientos y reclutamientos forzados han hecho parte del diario vivir. Arturo cuenta que en Cáceres, y en general en el Bajo Cauca, a los jóvenes les ofrecen plata, los suben a las motos y así los endulzan con la intención de reclutarlos y que si no aceptan, los amenazan; incluso “hay partes por donde no puede pasar ningún joven porque los bajan y les dicen que se van con ellos o los tiran al río. Eso se da entre Puerto Valdivia, Valdivia y Caucasia. Los que más reclutan son Los Caparros, pero tenemos algo peor porque también el Clan del Golfo, el residuo de las Farc y el ELN están reclutando”, cuena Arturo*, quien complementa que muchos de los desplazamientos masivos que se vienen dando son consecuencia de esta problemática, que las familias se van porque no quieren dejar que sus hijos sean reclutados.

Ese 2 de marzo, la hermana mayor de Daniel, quien fue testigo de los hechos, y Kevin, su hermanito menor, se fueron del municipio a eso de las 9 de la noche gracias a que los vecinos recogieron dinero para sacarlos de ahí. Al momento de escribir este texto, no se conocían avances en la investigación de esta masacre y según las fuentes consultadas, los índices de esclarecimiento de homicidio en esta zona son muy bajos y las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas, apresuradas y sin una investigación previa, donde se refieren a que los jóvenes asesinados eran consumidores, expendedores o estaban relacionados con los actores armados.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:12

Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbos son las cinco víctimas de la que, según datos de Indepaz, sería la masacre número 17 perpetrada en Colombia en lo corrido de este 2021. Estos hombres, de entre 20 y 24 años, se encontraban la noche del sábado 6 de marzo en el billar Los Bienvenidos, ubicado en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, cuando, en tres motocicletas, llegaron seis hombres encapuchados y armados. Uno de ellos, según el relato de algunos testigos, ingresó al lugar mientras los demás esperaban afuera y perpetró la masacre.

Según Marcos*, un hombre que por su trabajo frecuenta y conoce lo que sucede en Ábrego y sus corregimientos, los cinco hombres asesinados eran agricultores, pero uno de ellos “no estaba departiendo como los otros cuatro. Hablo de José Luis Vega Plata, quien estaba ahí porque la mujer atendía en el billar y él iba a recogerla”. Según le contó un sobreviviente de la masacre, al billar “entró un tipo, encañonó a uno de los que estaban ahí, miro alrededor y dijo: todos los que están aquí se van a morir, y empezó a disparar”. Marcos* también contó que algunos intentaron huir por las ventanas y que, además de los muertos, quedaron otros hombres heridos. Según una publicación de Infobae, los heridos fueron identificados como Diego Andrés Ortiz Guerrero de 20 años, José Julián Jiménez Coronel de 21 años, Deiby Sarabia Guevara de 21 años y Cristian Camilo Torrado Prada de 22 años, y fueron trasladados al hospital Noroccidental de Ábrego y al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Ábrego es un municipio que pertenece a la subregión del Catatumbo, ubicado en el noreste del departamento de Norte de Santander. Allí, según algunos medios de comunicación y el mismo Marcos*, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, grupos residuales del Frente 33 de las Farc y el Ejército Popular de Liberación -EPL-, a quiénes se les conoce popularmente en la zona como Los Pelusos. Sin embargo, a la fecha de realizar esta entrevista, el 13 de mayo de 2021, las autoridades no habían señalado a ningún responsable y ninguno de estos actores armados ilegales se había adjudicado la masacre.

En esta zona, según explica Marcos*, hay un conflicto interno relacionado con el control de los cultivos ilícitos, el contrabando de combustible y, en un tercer nivel, el control de la minería ilegal. “Las guerrillas (ELN y EPL), que en años anteriores tenían acuerdos que incluían la división de las zonas donde podían estar y operar, el precio de compra y venta de la pasta de coca y las obligaciones que les correspondían a cada una, empezaron a tener problemas [...] porque los unos empezaron a querer comprar más barato y vender más caro de lo acordado, o empezaron a amenazar a las familias que les vendían al grupo contrario”, contó Marcos*, quien agregó que otro factor de discordia fue que al EPL lo empezaron a catalogar ya no como un grupo guerrillero sino paramilitar.

Tras la masacre, Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, fue al territorio para liderar un consejo de seguridad y en una rueda de prensa, dijo que “existían personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de Los Pelusos que estaban en el sitio”. Por estas declaraciones, Juan Carlos Vega, Deiner Ortiz y nueve familiares más de las víctimas de esta masacre, hicieron un video en el que le exigieron al ministro de Defensa retractarse. “Exigimos que limpien el nombre del hermano mío, que se retracten. Los compañeros que murieron ahí no son ninguno delincuente. Todos son trabajadores de la vereda. Son inocentes”, dijo Juan Carlos Vega, quien cuando ocurrieron los hechos, se encontraba en el billar con su hermano Jesús Alberto Vega, víctima de esta masacre. “Winston Prada era un muchacho trabajador, labrador del campo, un inocente que no se metía con ninguno. No es justo lo que están diciendo, señor ministro. Le exijo que se retracte de lo que dijo a nivel nacional. Ellos no eran ningunos guerrilleros como usted los está haciendo pasar. ¿Por qué dice eso sin ninguna justificación, sin haber investigado?”, añadió en el video el hermano de esta víctima, mientras los demás familiares entonaban: “le exigimos, le exigimos”.

El 25 de agosto de 2020, había ocurrido una masacre en la vereda de Capitanlargo, zona rural de Ábrego, que dejó a tres víctimas. Y en general, en la zona del Catatumbo, según Marcos*, hay secuestros, desapariciones forzadas, homicidios y estigmatización a personas que ejercen liderazgos o investigan más de la cuenta. “Aquí es difícil ser líder social porque si te metes con alguien que tiene poder, te amenazan o te matan. Tienes que atenerte a las consecuencias”, aseguró Marcos*, quien agregó que allí los grupos armados ilegales imponen castigos a quienes tienen conductas “indebidas”, castigos que pueden terminar en desplazamientos forzados. Además, “aquí los grupos armados ilegales hacen ‘limpiezas sociales’. Cuando hay robos o algo así la misma gente se los pide”, porque, explica Marcos*, el Estado no hace suficiente presencia en el territorio y terminan siendo los grupos armados ilegales los que intervienen.

*Nombre cambiado por seguridad de la persona entrevistada.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:11

El 2 de marzo de 2021 en Sumapaz fueron asesinados tres campesinos, dos de ellos en la vereda Chorreras y otro en el corregimiento de Alto del Duda. La primera muerte ocurrió en horas de la mañana, cuando dos hombres en motocicleta entraron a la casa de Pedro Damián Gonzáles de 45 años, y le dispararon con arma de fuego dos veces en su pecho.

La segunda a solo quince minutos del primer homicidio. Jimmy Rincón Blanco de 37 años, fue asesinado también con arma de fuego por los mismos dos hombres que irrumpieron en la casa de Pedro Damián. Ambos se dedicaban a las labores del campo desde hace varios años en la vereda Chorreras. Y el tercer asesinato fue el de Alexis Torres, un días después, en el corregimiento de Alto Duna, -zona limitrofe con el deparamento del Meta, cerca al río Duda- en límites con el páramo de Sumapaz y el municipio Uribe.

Las autoridades encontraron una moto abandonada a 40 minutos del lugar donde se registraron los dos primeros asesinatos, pero hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los autores, y las razones que motivaron estos hechos. Según la ONG Indepaz, la localidad de Sumapaz cuenta con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Algunas organizaciones sociales, campesinas, ambientales, y diferentes procesos organizativos de Sumapaz, se pronunciaron a traves de radiomacondo.com, en rechazó el asesinato de campesinos que “historicamente han estado asentados en el Paramo de Sumpaz (...) rechazamos todo acto violento y toda acción en contra la dignidad y la vida,exigimos la más rigurosa investigación para establecer los hechos criminales que hoy enluta a la familia y la comunidad”.

La alcaldesa Claudia López dijo a El Espectador, que la hipótesis sobre quiénes fueron los responsables y las razones de su asesinato, “se debe es que hay enfrentamiento entre disidencias de las Farc. Por un lado estaría el grupo liderado por Gentil Duarte y, por el otro La Segunda Marquetalia, dirigidas por Santrich e Iván Márquez. (...) Tenemos zozobra e intimidaciones promovidas por grupos armados en la zona fronteriza con Bogotá, en la región del Duda. No tenemos evidencia de que estén en Sumapaz, pero sí están entrando a intimidar a nuestros ciudadanos, y a quienes se negaron a asistir a las citaciones, al parecer, fueron los que asesinaron”.

La alcaldesa también dijo para este medio, que otra de las razones que pudo signficar el asesinato de estos tres campesinos, se debe a que en la zona han sido entregados algunos predios por parte de la extinta guerrilla, para la reparación de víctimas, y uno de ellos está entre Chorreras y Lagunitas.

Históricamente Sumapaz a raíz de su posición geográfica, sobre la cordillera Oriental, ha sido una zona estratégica para los grupos armados en Colombia. Llegó a albergar a algunos grupos insurgentes, como La Caucha o Casa Verde de las Farc, quienes buscaron senderos que conectaran con el cañón del río Duda, en La Uribe, Meta. El Espectador documentó que por allí transitaron durante “mucho tiempo el Estado Mayor Central de la guerrilla pues además de ser un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados hasta el sur del país”. Además, su historia ha estado marcada por la lucha agraria, y la organización campesina, liderada por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, entre los años 40 y 50, de la que surgió el Partido Nacional Agrario.

Pero además, ha existido poca presencia del Estado y de eso da cuenta la comunidad, al explicar que existe poco desarrollo vial, por ende aún la forma de transitar el territorio en buena medida, aún se realiza por trocha. Hasta hace dos años recogen sus basuras, y durante los últimos seis meses la Alcaldía de Bogotá tiene sede en la localidad. También explican, que a pesar de que Sumapaz ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, desde el 2019, no se presentaba ningún hecho de violencia contra sus habitantes, hasta el 2 de marzo de 2021. Ese día, tres personas fueron asesinadas en la vereda Chorreros y en el alto del Duda, donde aún se desconoce quienes fueron los responsables, y qué grupos armados se encuentran en la región.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:06

Tres personas fueron asesinadas el 17 de junio de 2021, en el municipio de San José del Fragua, mientras viajaban en lancha rumbo a el municipio de Piamonte, en el departamento del Cauca. Fueron interceptados por hombres armados, mientras navegaban sobre las aguas del río Zabaleta, donde al parecer, unos meses atrás, uno de los tripulantes había sido amenazado por Comandos de la Frontera, por estar transportando pasta de coca proveniente del Frente Carolina Ramirez.

Las víctimas fueron Armando Núñez, comerciante, su esposa Lorena Andrea Escobar y el lanchero, Duver Escarpeta. Dos de los cuerpos fueron recuperados del río. La comunidad señala que, un mes antes a la masacre, circulaba un panfleto con los nombres de algunas personas que vivían del comercio de la pasta de la coca, y eran señalados de colaborar con el grupo armado Carolina Ramirez, que hace parte de las disidencias de Gentil Duarte.

Una semana más tarde, el 24 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en las zona rural de San José del Fragua, en las veredas Fragüita y Zabaleta. Según el diario El Tiempo, las autoridades adelantan investigaciones respecto a lo ocurrido, y consideran que estos estos hechos podrían estar relacionados con el control territorial y la reconfiguraciòn de los grupos armados ilegales que se disputan el control del municipio y departamento.

En 2020 también se presentaron otros hechos victimizantes contra sus habitantes. Fueron asesinados el esposo e hijo de la presidenta de una junta de acción comunal allí, y Comandos de la Frontera, frente a toda la comunidad, le quitó la vida a algunos de sus miembros para sembrar miedo.

San José del Fragua, al hacer parte de la bota caucana, y encontrarse cerca a la frontera con el Putumayo, junto al río Caquetá —principal afluente para transportar marihuana desde el Cauca hasta Brasil—, junto a Cartagena del Chairá, un territorio selvático, ambos se han convertido en lugares estratégicos para desarrollar la compra y venta de pasta de coca.

En el Caquetá actualmente operan el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco, en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez. Además de Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y del grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

El río Caquetá es disputado por el frente Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el grupo armado residual, Comandos de la Frontera, —conformado por algunas disidencias de las Farc-Ep, y miembros del grupo paramilitar Bloque Putumayo, junto a la Segunda Marquetalia—quien el pasado 15 de marzo de 2021, Comandos de la Frontera o Comandos Defensores de Frontera, Ejercito Bolivariano, anunció su unión a la Segunda Marquetalia, en un video conocido a través de la antigua pagina web de la guerrilla Farc-Ep, donde Comandos explicaba los motivos de su alianza.

Esta reconfiguración y expansión por el territorio, ha hecho que aumenten los casos de reclutamiento a menores en el país, y el departamento, especialmente en Solano, Cartagena del Chairá y Florencia, por lo que cada vez son más jóvenes quienes comandan estos grupos. Prueba de ello, ha sido la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el pasado 6 de abril de 2021, quien reclutaba menores de edad para sumarlos a las filas del grupo armado organizado Carlos Patiño, en el Cauca.

Algunos grupos defensores de derechos humanos han denunciado que uno de los grupos que se disputa el Caquetá, trabaja con bandas delincuenciales en Florencia, como “La Constru”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “los Azules”. Convirtiéndose en su brazo sicarial y de control urbano en los centros poblados.

Además del desplazamiento del pueblo misak en febrero de 2020, que hubo de salir de su resguardo El Águila, en el municipio de Solano, un mes antes de la pandemia, y desde entonces se encuentra asentado en el coliseo del municipio.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 13:57

El 7 de marzo de 2021 en los andes nariñenses, en el municipio de Sotomayor. Fueron asesinadas tres personas y una resultó herida en la vereda Arenal. Esta masacre cobró la vida de una mujer de 55 años, un hombre de 59 años y un joven de 18 años. Solo una mujer de 22 años sobrevivió al ataque, pero quedó gravemente herida.

La comunidad señala que la expareja de la sobreviviente irrumpió en la vivienda donde se encontraban las víctimas, y disparó indiscriminadamente. Las personas que murieron eran la madre, el padrastro y el hermano de la joven de 22 años. Según La FM, el responsable de este triple homicidio fue capturado en el municipio de Linares, Nariño.

Sin embargo, a pesar de que pueda tratarse de un caso de feminicidio, dadas las particularidades geográficas del departamento de Nariño, esta región ha sido una zona estratégica para el negocio del narcotráfico. Cuenta con un corredor estratégico, que va desde la Cordillera Occidental, hacia el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, y desde la Cordillera Central, hasta el Triángulo de Telembí, en la costa pacífica nariñense, donde los grupos ilegales han conseguido poco a poco ocupar y disputarse el territorio.

Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, organización defensora de derechos humanos y promotora del desarrollo sostenible en Colombia, quienes delinquen en Nariño son grupos armados organizados como el Eln y el Clan del Golfo —aliado del Frente Oliver Sinisterra—, grupos armados organizados residuales, conocidos como el Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano y Los Contadores, y los grupos armados delincuenciales, llamados Los Negritos y Cordillera Sur.

La Segunda Marquetalia se encuentra en las zonas de cordillera, desde donde pretende ingresar al Cauca, a través del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán —frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico—, hacia el río Patía. También están presentes sobre la costa pacífica, especialmente sobre el río Mejicano, y el Mira, cerca a Tumaco, donde hay presencia de Los Contadores y el frente Gentil Duarte, con quien además de disputarse el control territorial, pelean el reconocimiento historico y politico de la extinta guerrilla Farc-Ep.

En el Triángulo de Telembí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y en los municipios del Charco, Santa Bárbara y Magüi Payán, del Clan del Golfo, a cargo de Erlein Valencia Villa, alias ‘El Morocho’, aunque ahora está bajo el mando de alias ‘Matamba’, quien sembró terror en Policarpa, El Rosario y Leiva un par de años atrás.

La disputa entre el Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Alfonso Cano, han afectado fuertemente los municipios de Roberto Payán, Magüi Payán, Olaya Herrera y El Charco. Por lo que su presencia no solo ha reconfigurado el conflicto en la región, y la disputa de las rutas del narcotráfico en Nariño, sino también que han aumentado los hechos victimizantes contra la población.

La Defensoría del Pueblo reportó una masacre el 15 de agosto de 2020, que cobró la vida de ocho personas en la vereda Santa Catalina, del municipio de Samaniego. El 9 de diciembre del mismo año, alertó que más de 4.000 personas estaban confinadas por el conflicto armado y reportó 43 desplazamientos que afectaron a 14 mil personas en todo el departamento, y ha emitido desde 2017, cerca de 161 alertas tempranas ante el aumento del reclutamiento y la violencia sexual contra menores —donde algunas de las jovenes reclutadas son convertidas en esclavas sexuales— ,especialmente en la costa pacifica.

Así mismo, registró que el 13 de enero de 2021 fueron desaparecidas 11 personas provenientes de Tumaco, cuando iban rumbo al municipio de Mosquera. Días más tarde, el 20 de enero, 99 familias afrodescendientes llegaron al municipio de Roberto Payán tras ser desplazadas de su comunidad en Cocal, Barbacoas. Además, hasta la fecha se han reportado 3.141 personas desaparecidas, y 57 desplazamientos masivos.

La ONG Indepaz, durante el primer semestre de 2021, ha registrado seis masacres en Nariño, dos de ellas en Tumaco, y las demás en Policarpa, Roberto Payán, Sotomayor y Samaniego.