Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:57

El 18 de enero de 2021, en el barrio Las Palmas del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la quinta masacre en Colombia en lo corrido del año.

Fueron asesinados cuatro jóvenes: Jhon Deibi Cuello Jaramillo de 18 años, Deibinson Jaramillo de 17 años, Brian Duvan Tapias y un hombre más sin identificar, del que se sabe había prestado el servicio militar. Este último inicialmente quedó herido y fue trasladado a un hospital donde murió días después.

“Cuando supimos de la masacre, la información que nos llegó de las autoridades es que se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados. Luego testigos contaron que no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una masacre, fueron a matarlos”, así lo explicó Martín*, un periodista de la zona. En medios de comunicación también se encuentra la versión de que se trató de un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y Los Caparros, dos grupos neoparamilitares que se disputan el control de ese territorio. Sin embargo, Martín* agregó que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes, es un sitio montañoso, oscuro en las noches, alejado de las viviendas, señalado por ser un lugar de consumo de drogas y que, “con los grupos armados, el hecho de que las personas sean consumidoras o expendedoras es una sentencia de muerte”.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo. Ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y ‘vacuna’ al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Marcela* explica que, en Tarazá, se venía viviendo en medio de una tensa calma, pero desde 2018 la situación se agravó. Cuenta que, debido a que algunos jóvenes consumían drogas, los grupos armados empezaron a decir que: “o los muchachos se componen o se van. Componerse era dejar de tirar marihuana, dejar de salir y de ir a ciertos lugares. A mí eso me costó tener que sacar a mi hijo del municipio en 2018, pero muchos quedaron allá” y que “algunos chicos sí consumían drogas y salían a ‘parchar’, como dicen ellos, pero también salían a jugar futbol y lo hacían de manera libre, muy espontánea, y que consumieran o fueran rebeldes, no quería decir que estuvieran en diferentes grupos armados o en temas de microtráfico. Les encantaba estar con los amigos, de pronto fumando marihuana, pero nada más. Y obvio para conseguirla tenían que ir al sitio donde la venden”. Para Marcela, esto último pudo haber sido la razón del asesinato de Jhon Deibi, Deibinson, Brian Duvan y el otro joven, a quienes ella conocía; “estar en el lugar que estaban los puso en el ojo de los actores armados”, concluyó Marcela*.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

Actualizado el: Lun, 07/19/2021 - 14:55

El 2 de febrero de 2021, en la vereda El Tamaco del municipio de Tarazá, Antioquia, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número nueve en lo corrido del año, la segunda en ese municipio. Las víctimas fueron tres mineros identificados como Yonny Soto, Hawi Damián Macea y Óscar David Moreno, quien administraba la mina donde trabajaban estos dos hombres. Según una publicación de Infobae, este hecho fue atribuido a Los Caparros, grupo armado neoparamilitar que se disputa el control del territorio con el también neoparamilitar Clan del Golfo. Según esta misma publicación, días atrás, el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión. El crimen fue atribuido a la negación del pago de dicha extorsión.

Martín*, un periodista de la zona que posteriormente estuvo en el lugar de la masacre, dijo que los mineros tenían un punto de encuentro que era una finca abandonada donde eran recogidos en lancha y trasladados por el río Cauca hasta la mina, conocida con el mismo nombre de la vereda: El Tamaco. Ese día, mientras esperaban, “llegó el grupo armado Los Caparros y los asesinó”. Según el periodista, los tres hombres eran oriundos de Montería, capital del departamento de Córdoba, La Apartada, municipio de ese mismo departamento y de Caucasia, municipio del departamento de Antioquia.

Tarazá está ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, una zona del departamento donde el cultivo de coca y la minería ilegal representan las principales actividades económicas de sus habitantes. Según un artículo publicado el 2 de mayo de este año en El Universal, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el país, donde indica que el departamento de Antioquía constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019, y menciona a Tarazá como uno de los principales municipios donde se presenta esta problemática. Pero el cultivo de coca y la minería ilegal no es algo nuevo en esta subregión, lo que ha hecho que Tarazá, entre otros municipios de Bajo Cauca, estén en la mira de actores armados que quieren controlar las rentas ilegales de estas actividades.

Además del Clan del Golfo y Los Caparros, según Martín* y Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en el Bajo Cauca antioqueño también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, pero “allá el ELN tiene un pacto con los actores armados para que lo dejen tranquilo; ellos heredaron el impuesto de gramaje de los territorios que dejaron las FARC [...] Le cobran impuesto de gramaje al campesino y vacuna al comprador. Están tranquilos fortaleciendo su economía de guerra y sin entrar en disputa con nadie.”, asegura Carlos Zapata; además, según Martín*, este actor armado está principalmente en las zonas rurales del territorio.

La presencia de estos grupos armados ha generado una crisis social en algunos municipios del Bajo Cauca, donde los asesinatos, amenazas y desplazamientos se han hecho parte del diario vivir. Tanto así que para el momento de esta, la segunda masacre en el municipio, según cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, debido a la situación de violencia, 170 familias habían abandonado 18 veredas del territorio, además, el mismo secretario de Gobierno y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, habrían recibido amenazas. Para ese momento, el secretario contaba con esquema de seguridad y el Alcalde estaba despachando desde la ciudad de Medellín.

Además de las amenazas a alcaldes y otros gobernantes, asesinatos, desplazamientos y extorsiones, según las versiones de las fuentes consultadas, en esta subregión del departamento se viene presentando un grave problema con los jóvenes, quienes en medio de las disputas por el control del territorio, están siendo amenazados por medio de panfletos. Marcela*, una mujer de Tarazá que salió desplazada en diciembre de 2019, explicó que la disputa de estos actores armados complicó la vida en el municipio, especialmente para las personas jóvenes y para los miembros de organizaciones sociales. “Muchas veces nos llegaron panfletos donde decían que estaban haciendo ‘limpieza social’ de todo lo que tuviera que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de todos los callejeros, de todas las putas. Salieron muchos panfletos con nombres propios y muchas mujeres jóvenes estaban en peligro por ser novias de uno u otro. Enviaban panfletos de lado y lado (de Los Caparros y el Clan del Golfo), el uno mandaba y luego el otro”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, en el Bajo Cauca, y en este caso en Tarazá, los índices de esclarecimiento de homicidio son muy bajos. Y en que las autoridades han lanzado hipótesis equivocadas de manera apresurada. Por eso dicen “que era consumidor, que era expendedor o lo relacionan con los actores armados sin que haya una investigación”, complementó Martín.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.