Organizaciones denuncian aumento de enfrentamientos durante la erradicación forzada en 2020

En 2020 se registraron 51 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos durante operaciones de erradicación forzada, un número de registros que supera el acumulado de los cuatro años anteriores (44). Esto es lo que devela la publicación “Erradicación forzada: política que mata” del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, divulgada 14 de julio del presente año.

 

Desde el 25 de marzo de 2020, fecha del inicio del aislamiento en Colombia debido al Covid-19, ocurrieron 21 de estos casos, lo que ha llamado la atención de las organizaciones respecto a la vulneración de derechos humanos y a los riesgos para la salud de los pobladores durante la pandemia. “El gobierno está incumpliendo los derechos básicos, los campesinos son ciudadanos y con las erradicaciones forzadas vulneran sus derechos. El Ejército, además, no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y esto representa un riesgo para las comunidades”, afirma Camila Fernández integrante de CESYCME.

 

Cuestionado sobre el tema, el Ministerio de Defensa respondió que los uniformados que asisten la erradicación forzada han recibido capacitaciones sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19. “El personal uniformado y civil que lleva a cabo las labores de erradicación, antes de ingresar a zona, cumple a cabalidad con los protocolos de aislamiento preventivo y control de síntomas. Esto también ocurre durante y después del ingreso al área de operaciones, para evitar la propagación de la pandemia”, afirmó.

 

Los departamentos más afectados por los enfrentamientos durante la erradicación forzada son Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia con alrededor de 75% de los incidentes (71 casos) desde el 2016. De los 95 incidentes de los últimos cuatro años, el 20% (19 casos) registró el uso de armas de fuego por parte del Ejército o un tercero, según la investigación “Erradicación forzada: política que mata”. También hubo heridos en 18 de los altercados y por lo menos un muerto en cinco de ellos.

 

Diferente de la publicación del observatorio, que se enfoca en el número de enfrentamientos durante las operaciones, la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada enfatiza en el número de casos de erradicación forzada durante el 2020 y sus consecuencias para las comunidades. Los departamentos en los se han focalizado los procesos de erradicación son Norte de Santander, Meta, Putumayo y Antioquia, también priorizados por el Gobierno Nacional para iniciar la tercera etapa del PNIS, según CEALDES. Esa fase del programa de sustitución consiste en la inscripción de familias, la entrega de proyectos productivos y de beneficios económicos a los cultivadores que cumplan con los compromisos de lo pactado.

Durante los tres años de implementación del PNIS, el Gobierno se ha retrasado con la entrega de proyectos productivos como alternativa a los cultivos de coca y del apoyo económico del Plan de Atención Inmediata (PAI). La demora ha dificultado que las comunidades realicen el tránsito a las economías legales con cultivos que generen rentabilidad económica y bienestar ambiental, según las organizaciones.

Las familias de la vereda Los Alpes de Vistahermosa, Meta esperaron dos años las huertas caseras que les prometían desde el programa, según el reportaje ‘La sustitución que tiene en apuros a las familias cocaleras’, realizado por Rutas del Conflicto en alianza con Consejo de Redacción y Verdad Abierta.

Según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), desde el inicio de la contingencia sanitaria al mes de junio, se han realizado 12.464 entregas de insumos para huerta en los municipios de Tumaco (Nariño), Cáceres y Anorí (Antioquia), Puerto Libertador y San José de Uré (Córdoba), San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare) y Puerto Rico (Meta). Acerca de los enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública durante la erradicación forzada, el PNIS respondió que la responsabilidad y conocimiento de estos casos es del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa afirmó a Rutas del Conflicto que “uno de los pilares de la Política de Defensa y Seguridad” es la protección de los Derechos Humanos. “Los integrantes de la Fuerza Pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales”, informó. Sin embargo, desde los territorios se denuncia el exceso de violencia, según testimonios registrados por el observatorio y por la campaña de CEALDES y CESYCME.

 

Amenazas, gases lacrimógenos y capturas

 

Los diez departamentos más afectados por estos procesos de erradicación forzada desde el inicio del 2020 son: Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Antioquia, según CEALDES. Los dos últimos departamentos tienen los porcentajes más altos de hechos violentos en medio de los procesos: 24% y 23% respectivamente. “El gobierno actual ha priorizado la militarización de los territorios y las erradicaciones forzadas en una “guerra contra las drogas” que ha generado la estigmatización sistemática y la represión al campesinado”, afirma CESYCME en una de sus publicaciones en redes sociales.

Imagen tomada de la campaña #Erradicación ForzadaNOSolucionaNada 

La erradicación forzada, según CEALDES y CESYCME, ha vulnerado los derechos humanos de los campesinos, incluyendo el derecho a la salud, derecho a la paz y a la integridad. El derecho a la vida ha sido uno de los más vulnerados porque “en medio de la erradicación ha habido asesinatos, ráfagas con fusiles, amenazas a campesinos y campesinas que están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta pacífica”, afirma Daniela Mosquera integrante de CEALDES.

En el Meta el Ejército ha atacado, en diferentes oportunidades, a campesinos con gases lacrimógenos y capturaron a 9 de ellos durante los operativos de erradicación, según relata CEALDES (ver publicación aquí). En El Retorno, Guaviare la comunidad también denunció agresiones y uso de gases lacrimógenos por parte del ESMAD y la Fuerza Pública, por medio de un video publicado en la investigación “Erradicación forzada: política que mata”.

Para las organizaciones líderes de la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada el acompañamiento del Ejército en estos procesos corresponde a discursos que estigmatizan a los pobladores en los que se afirma que “la erradicación necesita estar acompañada por la Fuerza Pública porque los campesinos, de alguna manera, sus líderes y lideresas, tanto afros como indígenas, están aliados o están presionados, como que están bajo fusil por actores armados ilegales”, comenta Daniela Mosquera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “sólo en los casos en que las unidades de erradicación son atacadas violentamente, las unidades militares y de policía pueden hacer uso de la legítima defensa, con un uso proporcional de la fuerza para proteger su vida e integridad personal, así como la de terceros, de acuerdo con el marco jurídico de protección a los derechos humanos”.

El acompañamiento militar durante de la erradicación genera una coacción en el proceso aún cuando éste es voluntario, según Camila Fernández, integrante de CESYCME. El Informe No. 21 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) expone que se han erradicado voluntariamente 41.513 hectáreas en el marco de la implementación del PNIS. “Desconocer la voluntad del campesinado de arrancar las hojas, y decir que ha bajado gracias a las acciones militares es abrir la puerta también a la discusión sobre el glifosato, mayores militarizaciones y no vías, no acceso a derechos y servicios básicos en estos territorios”, afirma sobre el informe.

 

En redes sociales

 

A raíz de estas situaciones, CEALDES, CESYCME y COCCAM se unieron para crear una campaña de comunicación en redes sociales llamada #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada. Con cifras, videos y publicaciones de alternativas para la sustitución, las organizaciones quieren poner sobre la agenda pública la discusión de que “la solución no solo es un proyecto productivo”, explica Fernández, sino también trabajar por la no estigmatización y la garantía de las comunidades.

“La visibilización es, además, investigación, caracterización. Es saber qué está pasando con los cultivos, qué está pasando con el gobierno y el campesinado”, dice Mosquera. La erradicación es una situación para preguntarnos por Colombia, por su gente. Se apunta a la desestigmatización y protección de diferentes comunidades.

Para continuar apoyando y visibilizando estas situaciones, CEALDES y CESYCME viajaron el sábado 18 de julio a la ‘Misión humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales y la orinoquía’. Junto a otras organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos humanos, estarán en la zona hasta el 27 de julio acompañando y documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las erradicaciones forzadas. Recorrerán San José del Guaviare, Macarena, Vistahermosa, Mesetas y Uribe, principalmente, y entregarán insumos de salud como alcohol, tapabocas y antibacterial.

 

 

Actualizado el: Mié, 07/22/2020 - 17:58