Durante el 2021, Rutas del Conflicto registró 80 vícitmas mortales durante el estadillo social, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. Brutalidad policial, enfrentamientos y confusos hechos se evidenciaron en una base de datos construida por Rutas del Conflicto, en la que buscamos contar quiénes eran las víctimas y las circunstancias alrededor de su muerte.
Paro Nacional- 28 de Mayo from Rutas del Conflicto on Vimeo.
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado reiterados abusos y violencia letal por parte de la fuerza pública durante el paro nacional. En el informe entregado por Temblores e Indepaz a la CIDH entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se registraron al menos 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública dentro de los cuales se presentaron 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios, 1.055 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género.
En el marco de las manifestaciones también se han presentado casos de desaparición forzada durante días u horas, mientras eran torturados. La Liga contra el Silencia en alianza con Pacifista publicaron la investigación Dos noches dentro de un camión: el terror policial durante el paro recolectan los testimonios de las víctimas y las secuelas psicológicas que dejaron los maltratos de la fuerza pública.
A pesar de que el Comité del Paro manifestó el 15 de junio que las manifestaciones se interrumpían temporalmente, los ciudadanos siguen protestando en las calles. El 21 de junio en la localidad de Usme en Bogotá la comunidad se estaba manifestando de manera pacífica desde horas de la mañana. En el transcurso del día, a través de redes sociales, comenzaron las denuncias de brutalidad policial y enfrentamiento que dejaron más de 100 personas heridas, entre ellos civiles, misión médica y prensa. Rutas del Conflicto continúa documentando lo que sucedió al suroccidente de la capital.
Quiénes son las víctimas
De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando.
Algunos lograron escapar de estas arremetidas, pero luego murieron, como Daniel Azcarate (19 años), asesinado por un desconocido, y Brian Rojas (26 años), quien apareció muerto en el río Cauca.
Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.
Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.
También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos.
El 13 de mayo en la ciudad de Popayán se suicidó una joven de 17 años que fue vulnerada sexualmente por agentes de la Policía en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en el sector de la Chirrimía, al sur de la capital del Cauca. Antes de los hechos, la joven publicó en sus redes sociales que no hacía parte activa de las manifestaciones y que se dirigía a la casa de un compañero cuando fue detenida, de forma arbitraria, por cuatro agentes del ESMAD. Lizeth Montero, abogada y defensora de DD.HH de Popayán expresó que el día de los hechos: “No existió la posibilidad de verificar los procesos de detenciones arbitrarias que fueron conducidas a URI”. El nombre de la joven no es referenciada en esta publicación, pues sus familiares no quieren que su nombre se siga divulgando.
En las últimas semanas de mayo Rutas del Conflicto registró 13 nuevos casos, de los cuales, cuatro se concentran en Tuluá (Valle del Cauca) donde el pasado martes 25 de mayo se registró el incendio del Palacio de Justicia del municipio. Una de las víctimas es Camilo Andrés Arango quien era estudiante de segundo semestre de derecho en la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá y se encontraba manifestándose pacíficamente frente a la Alcaldía del municipio. Cuando ocurrió el incendio del Palacio de Justicia, algunos testigos afirman que la arremetida por parte del ESMAD a la manifestación fue con gases lacrimógenos, tanquetas y disparos de perdigones.
Camilo se encontraba auxiliando a otros manifestantes cuando fue impactado en el pecho por un arma de fuego. Los manifestantes mencionan que la ambulancia y su posterior traslado a la Clínica San Francisco fue excesivamente demorada, pues el centro de salud se encuentra a tan solo cuatro cuadras del lugar de los hechos y que “las condiciones para la movilidad de la misión médica era propicia”.
Testigos digitales
Algo que ha diferenciado las últimas protestas en el planeta ha sido la posibilidad de hacer denuncias públicas de las diferentes vulneraciones a los derechos humanos que se presentan, incluso en vivo y en directo. Así ocurrió, por ejemplo, el jueves 6 de mayo, cuando ciudadanos mediante sus celulares evidenciaron cómo un camión de la Policía en Cali transportaba policías vestidos de civil que, según ellos, atacaron a la gente con armas de fuego. Aunque la Policía admitió el hecho, dijo que los policías fueron las víctimas de ataques por parte de ciudadanos.
Nicolás Guerrero era un joven artista de 22 años que vivía en la ciudad de Cali. Según testigos que estaban con él a la hora de su muerte, el 2 de mayo, Guerrero recibió un disparo por parte de agentes de la Policía mientras se encontraba en una velatón cerca a Calima, en Cali, en honor a los fallecidos en el paro nacional. Durante una transmisión en vivo de un DJ conocido como Juan de León, se pudo ver cómo se prestaron los primeros auxilios. De acuerdo con El País de Cali, el joven falleció mientras era llevado al hospital. Su caso es uno de los más reconocidos en el marco del paro nacional, pues miles de personas vieron cómo fue asesinado en medio de la transmisión de Instagram.
Otra cara de esta violencia ha sido la de Lucas Villa, un estudiante de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante todo el día de mayo 5 estuvo participando de las marchas pacíficas en la ciudad de Pereira y a través de videos compartidos por Twitter y Facebook, varios usuarios resaltaron la alegría y jovialidad que expresaba. En la noche, él y otros compañeros estaban en el viaducto César Gaviria, que comunica Pereira con el municipio de Dosquebradas. A Lucas y algunos de sus compañeros, se les acercó un vehículo gris y les empezaron a hablar. Unos minutos después, se escucharon por lo menos siete disparos, dados desde un vehículo no identificado por personas vestidas de civiles. De acuerdo con El Tiempo, Lucas recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en la parte inferior de su pierna derecha. Fue trasladado al hospital San Jorge, donde le realizaron una cirugía. En horas de la noche del 10 de mayo, tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Pereira.
En medio de la continuidad del Paro Nacional, el 12 de mayo tras su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes el fiscal Francisco Barbosa manifestó que la institución se encuentra investigando 70 casos de abuso policial en el marco de las manifestaciones. Un día después se conoció que la Fiscalía capturó y le imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien disparó y mató al joven de 17 años Marcelo Agredo en la ciudad de Cali el pasado 28 de abril.
Tras un mes del paro, en el pliego de peticiones de los y las manifestantes se han sumado los reclamos por la implementación de los Acuerdo de Paz, la reforma a la Policía y el cese de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta. Por esta última petición, el lunes 24 de mayo se inició el proceso de moción de censura contra el Ministro de Defensa Diego Molano, promovida por los congresistas del país.
Después de cuatro días de debates, el jueves 27 de mayo la plenaria del Senado ratificó a Molano en su cargo con 69 votos por el no y 31 por el sí. Aunque se habló de la posibilidad de llevar la votación a la Cámara de Representantes, el artículo 135 de la Constitución estipula que una vez pronunciada una cámara, la otra debe abstenerse de hacerlo. Esta decisión motivó a que los y las manifestantes continúen en las calles exigiendo respuestas y cambios en el gobierno actual.
Desde los primeros días de protesta y ante las denuncias de desapariciones, asesinatos y excesos por parte de la Fuerza Pública, empezó a sonar la posibilidad de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización solicitó el 14 de mayo aprobación al Gobierno Nacional para ingresar al país y evaluar la situación. Aunque la puerta había sido cerrada, el pasado 31 de mayo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, acordó que la CIDH reciba la información oficial de la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría en reuniones privadas.
La CIDH realizó su visita de trabajo en Colombia del 8 al 10 de junio y durante esos cuatro días se reunió con líderes y lideresas del paro, representantes de la minga indígena, mandatarios y víctimas de violencia. Recibió informes de diferentes organizaciones de derechos humanos sobre muertes, violaciones o abusos sexuales, ataques a la prensa, el uso indiscriminado de armas de fuego y desapariciones.
Tras esta visita, se espera que este órgano internacional emita las recomendaciones para el Estado colombiano y que sean cumplidas para cesar la ola de violencia que se ha vivido durante estos casi dos meses de Paro Nacional.
Con información de: 
One month after the start of the national strike, we have recorded at least 66 fatalities during the riots in Colombia, mostly young students and workers between the ages of 17 and 26. Police brutality, confrontations and a string of events were evidenced in a database built by Rutas del Conflicto, in which we aim to tell who the victims were and the circumstances surrounding their death.
Paro Nacional- 28 de Mayo from Rutas del Conflicto on Vimeo.
Although the main motive for citizens to protest was their discontent with the tax reform bill proposed by the government of Iván Duque, once the bill was withdrawn, the population continued to show discontent towards the government, which offered "military assistance" to the cities.
Several human rights organizations have denounced repeated abuses and lethal violence by state forces during the national strike. In the report submitted by NGO Temblores and Indepaz to the IACHR between April 28 and May 12, at least 2,110 cases of violence by the state forces were registered, including 362 victims of physical violence, 39 homicides, 1,055 arbitrary detentions against demonstrators, 442 violent interventions in the midst of peaceful protests, 30 victims of ocular aggressions, 133 cases of firearm shots, 16 victims of sexual violence and 3 victims of gender-based violence.
On the fourth day of demonstrations, on May 2, Iván Duque asked Congress to withdraw the tax reform and process a new bill. The following day, the former Minister of Finance, Alberto Carrasquilla, resigned. However, the discontent in the streets continued.
Although the tax reform bill was dropped, thousands of citizens continue marching for several reasons: to overturn the health reform, to reform the National Police, against the murders of social leaders and ex-combatants, to demand that the Peace Agreement is enforced, among other demands. However, police brutality, confrontations with the police, and confusing circumstances that resulted in the deaths of the victims, mostly youths, have stained the protests with blood.
Who are the victims
According to the sources consulted, several victims were killed by police officers who violently attacked peaceful demonstrations, such as the Calima and Siloé vigils in Cali. In Madrid, Cundinamarca, the young father of a two-year-old child was killed by a shot from a tank, according to his sister, some 20 meters away, which arrived to attack demonstrators who were chanting and dancing.
Some managed to escape these attacks but later died, such as Daniel Azcarate (19 years old), killed by an unknown person, and Brian Rojas (26 years old), who was found dead in the Cauca River.
Others were killed in the midst of confrontations, such as Marcelo Agredo, who had previously tried to kick his killer, a policeman, and Santiago Murillo, who was on his way home and had the misfortune of passing by a place where an unknown person allegedly threw a stone at some uniformed officers, who, in response, opened fire. Yarli Parra, killed in the midst of confrontations, was presented by the police as the victim of an assault. There are also victims who were found dead in unknown circumstances, such as Jesús Solano, a captain of the Sijín who was killed with a knife during confusing events in Soacha.
To date, at least two elderly people have died as a result of tear gases, one of them is Jovita Osorio, 73 years old, who died of cardiac arrest at the Rafael Uribe Clinic after a gas shell entered through the front yard of her home in Cali.
There were also casualties amid tensions over the protests. A local merchant killed Michel Reyes for asking for money on a blocked road in Bogotá and in Pijao, Quindío, a man who was not allowed to pass in a demonstration pulled out a gun, killed another man. In retaliation, people killed him with sticks and stones.
On May 13, in the city of Popayán, a 17-year-old girl was sexually assaulted by police officers in an Immediate Reaction Unit (URI) in the Chirrimía sector, south of the capital of Cauca, committed suicide. Before the events, the young woman posted on her social networks that she was not an active part of the demonstrations and that she was on her way to a colleague's house when she was arbitrarily detained by four ESMAD agents. Lizeth Montero, lawyer and defender of Human Rights in Popayán expressed that on the day of the events: "There was no possibility of verifying the processes of arbitrary detentions that were taken to the URI". The name of the young woman is not referenced in this publication, as her relatives do not want her name to be disclosed.
Over recent weeks, Rutas del Conflicto recorded 13 new cases, of which four are concentrated in Tuluá (Valle del Cauca) where last Tuesday, May 25, the fire of the Palace of Justice of the municipality was registered. One of the victims is Camilo Andrés Arango, who was a second-semester law student at the Unidad Central del Valle del Cauca in Tuluá and demonstrated peacefully in front of the municipality's Mayor's Office. When the fire in the Palace of Justice occurred, some witnesses affirm that the attack by ESMAD at the demonstration was with tear gas, tanks, and shots of pellets.
Camilo was helping other protesters when he was hit in the chest by a fire gun. The protesters mention that the ambulance and its subsequent transfer to the San Francisco Clinic were excessively delayed since the health center is only four blocks from the scene and that "the conditions for the mobility of the medical mission were necessary ”.
Digital witnesses
Something that has distinguished recent protests worldwide has been the possibility of publicly denouncing various human rights violations that occur, including live and in real time. This happened, for example, on Thursday, May 6, when citizens used their cell phones to show how a police truck in Cali was transporting plain-clothed policemen who, according to them, attacked people with firearms. Although the Police admitted the fact, they said that the policemen were also the victims of attacks by citizens.
Nicolás Guerrero was a 22-year-old artist who lived in the city of Cali. According to witnesses who were with him at the time of his death on May 2, Guerrero was shot by police officers while at a vigil near Calima in Cali in honor of those killed in the national strike. During a live broadcast by a DJ known as Juan de León, it could be seen how first aid was given. According to El País de Cali, the young man died while being taken to the hospital. His case is one of the most recognized in the midst of the national strike, as thousands of people saw how he was killed during an Instagram transmission.
Another aspect of this violence has been represented by Lucas Villa, a student of Sports Science at the Technological University of Pereira. Throughout the day of May 5 he was participating in the peaceful marches in the city of Pereira and, through videos shared on Twitter and Facebook, several users highlighted the joy and joviality he expressed. That night, he and some of his friends were on the César Gaviria viaduct, which connects Pereira with the municipality of Dosquebradas. Lucas and some of his companions were approached by a gray vehicle, and its occupants began to talk to them. A few minutes later, at least seven shots were heard, fired from an unidentified vehicle by people dressed as civilians. According to El Tiempo, Lucas was shot twice: once in the head and once in the lower part of his right leg. He was taken to San Jorge hospital, where he underwent surgery. During the night of May 10, after being diagnosed as brain dead, he died in the intensive care unit at the San Jorge Hospital in Pereira.
In the midst of the continuity of the National Strike, on May 12, after his intervention in a session of the House of Representatives, national prosecutor Francisco Barbosa stated that the institution is investigating 70 cases of police abuse that occurred during protests. A day later, it was known that the Prosecutor's Office captured police patrolman Luis Angel Piedrahita Hernandez, who shot and killed 17 year old Marcelo Agredo in the city of Cali on April 28, and charged him with the crime of aggravated homicide.
After a month of the strike, in the list of demands of the protests, it is added the claims for the implementations of the Peace agreements, the reform of the Police, and the cessation of human rights violations in the framework of the protest. Due to this last request, on Monday, May 24, the motion of censure began against Defense Minister Diego Molano, promoted by the country's congressmen.
After four days of debates, on Thursday, May 27, the Senate plenary ratified Molano in his position with 69 votes for no and 31 for yes. Although it was discussed the possibility of taking the vote to the House of Representatives, Article 135 of the Constitution stipulates that once one chamber has spoken, the other must abstain from doing so. This decision motivated the protesters to continue in the streets demanding answers and changes in the current government.
Since the first days of the protest and after reports of disappearances, murders, and excesses committed by state forces, the possibility of a visit by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) began to be discussed. On May 14, the organization requested approval from the National Government to enter the country and evaluate the situation. Although the door had been closed, Vice President Marta Lucia Ramírez agreed on May 31 that on June 7 the IACHR would receive official information from the Attorney General's Office, the Public Defender's Office, and the Attorney General's Office in private meetings.