Entre la desesperanza y el compromiso por la paz - voces de mujeres del Meta y Bolívar

Por: Katharina Danisch y Juan Pablo Arcos. 

En noviembre del 2021, después de cinco años, terminó la primera fase de implementación del Acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora ex guerrilla de las Farc. Con este motivo, LIMPAL presentó un informe abordando dos focos de investigación. Una parte expone los resultados del seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz  realizado por esta organización, y la otra, informa sobre las acciones de género de la Política de Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de las FARC-EP.

LIMPAL es una organización no gubermental, feminista, pacifista y antimilitarista en Colombia que hace parte del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), que trabaja en más de 50 países. Se reconoce como el movimiento pacifista de mujeres más antiguo en el mundo. LIMPAL busca aportar a la construcción de paz en Colombia bajo criterios feministas, ante todo la participación política de las mujeres y su concepción como sujetas políticas, además del reconocimiento, la defensa y la protección de las mujeres y niñas. Con estos propósitos LIMPAL lleva 20 años trabajando en Colombia.

Alrededor de tres velas; una blanca, otra amarilla y otra morada, comenzó la socialización del informe, invitando a las y los invitados a reflexionar sobre el aporte que realizan desde sus campos de estudio y conocimiento para ayudar a otras mujeres. El espacio lo realizó Orlydis Vergara Padilla, miembro del grupo de investigación territorial en Bolívar y Meta.

En junio y julio de este año, las investigadoras de LIMPAL hablaron con más de 50 mujeres, entre las que se encontraban mujeres ex-combatientes de las Farc en proceso de reincorporación, en los departamentos del Meta y de Bolívar. De acuerdo con Diana María Salcedo López, directora de la organización no gubernamental, estas mujeres “habían estado participando en diferentes espacios y procesos de implementación del Acuerdo de paz”. 

En las entrevistas se incluyeron las voces de mujeres de diferentes sectores sociales que vienen de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tanto de la ruralida, como de zonas urbanas. Además, el análisis aborda un componente importante de mujeres que se reconocen como negras y uno de mujeres con identidades y orientaciones sexuales diversas. “Esta lectura fue bastante compleja de tejer porque la mirada es distinta dependiendo donde se ubica uno, pero la misma diversidad de mujeres también nos da una perspectiva muy importante en términos de interseccionalidad” dijo Salcedo. 

RIESGOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Recolectar y reflejar las experiencias y percepciones de todas estas mujeres sobre la implementación del Acuerdo de paz, así como posicionar sus miradas respecto a las narrativas institucionales fue uno de los principales objetivos de la investigación.  “En general, en muchos casos el análisis que proponen las mujeres contrasta con lo que reportan entidades públicas en su informes”, explicó Natalia Chaves Monroy, Coordinadora de Investigación de LIMPAL.

La representación de las mujeres en lo pactado en el Acuerdo de paz no se ha visto de forma real en los territorios, sobre todo en la toma de decisiones colectivas y la búsqueda de liderazgos. En su momento, 65 mil mujeres participaron en los espacios de construcción de los PDET, lo que representa el 32,5% del total de participantes, como reporta la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). Sin embargo, de las más de 33 mil iniciativas recogidas para los PDET en todo el país, sólo el 14% (4.620) son iniciativas de género. 

Las mujeres que participaron en los grupos de planeación hoy sienten que su esfuerzo fue en vano y que las acciones que ellas propusieron directamente dirigidas hacia las mujeres, “al recogerlo el Estado ya no aparecen como tal” sino de forma generalizada, lamenta un lideresa del municipio El Carmen de Bolívar citada en el informe. 

La incidencia de la ciudadanía, en especial de las mujeres, para el ejercicio de  seguimiento y la veeduría, fue insuficiente desde el principio y se ve aún más limitada por la pandemia de COVID-19. En general se puede observar una grave desarticulación entre la variedad de acciones de diferentes entidades públicas, que afecta la efectividad, el alcance y la sostenibilidad de las acciones en los territorios. A falta de un llamamiento real del Estado para su participación, las mujeres debieron ejercer una autogestión en los viajes y en la manutención propia en los territorios donde se discutían los proyectos para que su voz fuera escuchada.

Las mujeres citadas en el informe consideraron no sólo inadecuadas, sino incluso dañinas las medidas del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). “En este programa únicamente hacen como 6 sesiones, te visitan 6 veces y ya, hacen un reporte cuando la víctima se encuentra en otro estado,” contó una mujer del Bolívar en una entrevista para el informe. El PAPSIVI se constituye como el grupo de procedimientos que permiten atender los impactos psicosociales y los daños a la salud física y mental de las víctimas del conflicto armado. 

Ordylis Vergara Padilla, investigadora de LIMPAL, deja claro que el acompañamiento psicosocial continuo, y no solamente a corto plazo, sería fundamental para que las mujeres puedan sanar “afectaciones que seguramente han estado transmitiendo por todo el cuerpo, el alma y todas las emociones durante años”. Sin embargo, en vez de recibir apoyos integrales, sienten que el gobierno las sigue re-victimizando, que no tiene suficiente respeto para las víctimas y que existe una falta de empatía de los funcionarios públicos para sus experiencias de pérdida y dolor. En total, apenas el 6% de las 3.745.822 víctimas mujeres del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) recibieron atención o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional. 

 

Entre las organizaciones que hicieron parte de la presentación del informe se encontraba la Misión de Observación Electoral (MOE), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Así mismo, estuvieron presentes entidades internacionales como ONU Mujeres, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Embajada de Suecia y muchas otras.

El balance no es más alentador en cuanto a los programas para las alrededor de 3.200 mujeres exintegrantes de las Farc en proceso de reincorporación socioeconómica. Ante las alarmantes cifras de asesinatos de ex-integrantes de Farc, que están cerca de las 300 víctimas mortales de acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a las autoras del informe de LIMPAL les “resulta inexplicable la falta de voluntad política del gobierno para desarrollar acciones efectivas que prevengan y sancionen la ocurrencia de estos hechos.” Además, las mujeres excombatientes resaltaron en las entrevistas su necesidad de tener proyectos productivos u oportunidades laborales que aseguren su autonomía económica. Los  obstáculos como la falta de acceso a la propiedad de tierras, la ausencia de infraestructura para la comercialización de productos o las barreras para acceder a un apoyo para proyectos que se quieran ejecutar, dificultan las condiciones socioeconómicas de las mujeres y su reintegración en las comunidades. 

Este panorama evidencia  la limitada implementación de los 51 indicadores de género del Acuerdo y su principal factor es el aumento de acciones de grupos armados en los territorios, así como un desconocimiento grande sobre el PMI y medidas como el Plan Integral de Mujeres Lideresas y Defensoras a nivel local. 
 

AMENAZAS PARA EL TEJIDO SOCIAL

Cuando las acciones por parte del Estado se implementan sin un proceso de acompañamiento de la comunidad y sin un análisis del contexto social puede generar una desarticulación del tejido social, pero también profundiza las rupturas que ya hay en el territorio, explicaron las investigadoras de LIMPAL. “Lo que ellas nos han mencionado, y lo que nosotras también hemos visto, es que se da entonces una ruptura con las otras mujeres que están en el territorio porque hay una priorización de las victimizaciones de las mujeres y eso inevitablemente lleva a una ruptura. Son hechos donde las mujeres empiezan a competir por la oferta institucional, que genera competencias en el territorio por los liderazgos y por las vocerías”, dijo Orlidys Vergara Padilla.

Vergara, quien hizo parte del equipo de investigación territorial en Bolívar y Meta, también  mencionó   la competencia electoral con las Curules de paz que se votan el 13 de marzo de 2021, que a su vez,  afecta los lazos sociales entre las mismas víctimas del conflicto armado y entre las mujeres. Según la investigadora, estos procesos demuestran las estructuras machistas y patriarcales que ponen en riesgo a las mujeres que compiten contra sus compañeros masculinos y que compiten a su vez entre ellas. 
 

PROMESAS INCOMPLETAS 

El enfoque de género en el Acuerdo de paz es una victoria de las organizaciones defensoras de mujeres y de la comunidad LGBTI+ que incidieron en las negociaciones. Fue reconocido internacionalmente por ser el primer Acuerdo de paz con un enfoque de género transversal en el mundo. Sin embargo, lo que se escribió hace 5 años, en la realidad de la implementación no está teniendo los efectos de cambio esperados. “Transversalizar el enfoque de género implica muchas veces solo incluir “los” y “las”, pero no hay una incorporación real desde la estructura misma desde donde se planean las cosas. Parece como si el enfoque de género, que además solamente es asociado a las mujeres, se solucionara con incluir dos o tres cosas con relación a las mujeres”, expresó Diana Salcedo López, directora del LIMPAL.

 

 

“Nosotras hicimos una gran cantidad de propuestas, inicialmente habían varias quedadas, pero en lo que nos han ido mostrando, de cómo quedó finalmente nos damos cuenta que nos cambiaron la mayoría [...] las peticiones de las víctimas no se ven reflejadas y las de las mujeres mucho menos. [...] vemos que no pasa nada, todo se va en palabras y promesas”, expresó una lideresa del municipio La Uribe en el Meta. Las investigadoras de LIMPAL comparten este sentimiento de miedo y frustración, “pero frente a esta situación siempre hay dos caminos”, reflexiona Diana, “o nos quedamos quietas y miramos  o andamos y proporcionamos acciones para el cambio. Hay una capacidad en las mujeres, poniendo nuestras experiencias al servicio de la construcción de paz para que este sea un país donde se puede vivir en dignidad”.

 

Diana Salcedo López, directora del LIMPAL, habla sobre el informe de los primeros cinco años del Acuerdo de paz y su enfoque de género.

De todas maneras, la implementación diferencial del Acuerdo es fundamental para avanzar en la construcción de una paz duradera porque tanto la experiencia de la violencia durante el conflicto armado como las necesidades para mejorar las condiciones de vida y encontrar estrategias de sanación y reconciliación son diferentes según el género. En eso insiste Diana Salcedo: “Las mujeres hemos sido las mayores víctimas de la guerra, pero también desde antes del diálogo de paz, habíamos tejido puentes para nuevos diálogos y la transformación de esos conflictos”. 

Actualizado el: Lun, 12/13/2021 - 17:29