25 años de la masacre del Aro

Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entre ellos tropas del das n, todos bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Yunior’ y respaldados con un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, comenzaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia. Con lista en mano acusaron a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a otras 1472 hacia el resto del departamento, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a llevarlas. 

Rubén Dario Pinilla, quien para entonces era presidente de la Sala Penal de Justicia, aseguró en una entrevista para Consejo de Redacción, que el alcalde de Ituango, José Milagros López advirtió sobre la masacre a la Gobernación de Antioquia y a la IV Brigada del Ejército.  Sin embargo, no se tomaron acciones para evitarla. Además, la población denunció que durante y después de la masacre estuvo totalmente desprotegida por la Fuerza Pública. “La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”, afirmó Pinilla.

El ex paramilitar de mando medio, Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, quien participó en la masacre de El Aro y se entregó a la justicia tres meses después, afirmó en 2008 que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez le otorgaron una condecoración por la masacre. “Hubo un discurso de Carlos Castaño, y él después me llamó y me dijo: ‘él es el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe, usted fue exitoso para la operación, siempre por eso le he tenido confianza para las operaciones delicadas.’ (…) Hizo el discurso Álvaro Uribe y dijo que la operación había sido un éxito, nos daba las gracias (…) Carlos Castaño sacó una medalla de oro que tiene el mapa de Colombia con un campesino parado en el centro con una bandera y dice AUC y me la dió como condecoración, ahí terminó la reunión”, declaró Villalba. 

Sin embargo, unas semanas después, Francisco Villalba se retractó de sus declaraciones en una carta que llegó a la Casa de Nariño y que iba dirigida abiertamente a Álvaro Uribe, presidente de Colombia para ese momento. “Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” escribió Villalba. Pero el 12 de noviembre de 2008 en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el ex paramilitar aseguró que había sido engañado para firmar un papel en blanco y allí mismo advirtió que podría se asesinado por las declaraciones que entregó sobre la presunta participación de Uribe Vélez en las masacres de Ituango. Cinco meses después, Villalba fue asesinado por sicarios en La Estrella, zona al sur de Medellín. En ese momento el ex paramilitar  pagó su condena de 33 años de prisión con el beneficio de casa por cárcel, que recibió al haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz. 

Dentro de las personas que se vieron involucradas por las declaraciones de Villalba, también estuvo el secretario de gobierno de Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, quien presuntamente tuvo conocimiento previo sobre la toma del corregimiento. Moreno también fue acusado por Pinilla de ser  uno de los integrantes de la comisión de “Los Notables”, un grupo de seis destacados políticos e industriales de Colombia, que funcionó como el cerebro del paramilitarismo durante los años noventa. Esto lo confirmó el exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano,  alias ‘Don Berna’ en 2012 frente a fiscales de Justicia y Paz.  “Esta acción fue una petición del doctor (Pedro Juan) Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”, afirmó Murillo Bejarano. 

Pedro Moreno murió en un accidente aéreo en 2006. Sin embargo, en declaraciones que entregó el ex paramilitar Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” a la Fiscalía,  se asegura que Vicente Castaño planteó que la muerte de Moreno no hubiese sido un accidente, sino una forma de eliminarlo por ser la piedra del zapato de Uribe Vélez, debido a una posible vinculación con nexos paramilitares.  

Por este caso, la justicia colombiana condenó en su  ausencia a 40 años de prisión a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso, por considerarlos como los determinadores o autores materiales ya que planearon la masacre en una finca ubicada en zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, debido a la desmovilización negociada con el gobierno de Uribe entre 2004 y 2008, su sentencia actual es de ocho años.

En 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, en donde pagó 15 años de condena. Según BBC News, actualmente la Interpol tiene vigente una circular roja para detenerlo antes de que logre ser deportado a Italia, no sólo para pagar los crímenes de los que aún es acusado sino para esclarecer la verdad que aún esperan las víctimas en Colombia. Una decisión judicial y administrativa definirá su permanencia o traslado a Italia, ya que dice temer por su vida en Colombia al haber denunciado a más de un elemento del poder en el país. "Quienes no quieren que la verdad se sepa son hoy poderosos o, incluso, más poderosos de lo que fueron en aquellos aciagos tiempos" dice Mancuso.

Por este caso también se abrió investigación penal al teniente Everardo Bolaños Galindo, al prófugo cabo primero, Germán Alzáte Cardona alias “Rambo” y en 2001, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria de Carlos Alberto Ospina Ovalle, ex comandante de la Brigada del Ejército.

En 2014, El Tribunal Superior de Medellín abrió una investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por posibles vínculos con el paramilitarismo pero el caso no tuvo ningún avance. El 31 de mayo de 2018, en el curso de la indagación previa contra Uribe, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad el asesinato de Jesús Maria Valle y las masacres de La Granja, El Aro y San Roque en el municipio de Ituango. Esto significa que los hechos punibles no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados. 

Finalmente, en agosto de este año, según la W Radio, la Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas en el proceso que recoge dos masacres, el crimen de Jesús María Valle y nexos con grupos de Autodefensas. La Corte solicitó a diferentes instituciones trasladar copias de documentos, denuncias y procesos que se han abierto desde la fecha de las masacres en Ituango. 

Entre algunos de los documentos, por ejemplo, están de las denuncias hechas por Jesús María Ovalle a la Defensoría del Pueblo en los años 96, 97 y 98 del municipio de Ituango; al Senado y a la Cámara de Representantes una copia de los periodos legislativos del ex senador Uribe; a la Procuraduría, una copia de la investigación penal que se le abrió a algunos ex militares por la masacre del Aro, y a todos quienes llevan procesos relacionados a esta, vínculos con el paramilitarismo y el ingreso irregular de bienes y propiedades de Uribe. Así como los testimonios de varios ex paramilitares como Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y por otro lado, de el exfiscal Jorge Perdomo. La Fiscalía es quien tiene hoy el proceso en sus manos y a quien le corresponde avanzar con él. 

La sentencia de la Corte

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por omisión y participación en la masacre de el Aro. “La  responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública  apostados en dicho municipio.” se lee en la ficha técnica de la CIDH. 

En la sentencia se le ordenó al Estado colombiano proveer justicia; reparar a las víctimas psicológica, económica y socialmente; garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean y así mismo, las condiciones necesarias para su estadía allí; reconocer públicamente la responsabilidad internacional del Estado; conmemorar con una placa los actos cometidos e implementar programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas. Por último, lo condenó a pagar 15,000 dólares al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la cantidad de  8,000 dólares a la Comisión Colombiana de Juristas por concepto de costos y gastos. 

Hasta hoy, los hechos ocurridos en El Aro, han quedado en la impunidad y de las exigencias que la CIDH le hizo al Estado para resarcir el daño ocurrido por las masacres, se han cumplido sólo unas cuantas. “Hay personas que, hoy en día, no han regresado desde que pasó y ni piensan ni quieren ir porque las huellas y el daño psicológico que dejó la masacre es impresionante”, aseguró la integrante del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallon para El Espectador en 2020. Sólo hasta 2017, se firmó un acuerdo parcial con el gobierno de Santos para la atención en salud física y mental que el Estado debía proveer a las víctimas por el tiempo necesario y de manera gratuita, pero según la postura oficial no se podían cambiar las cuotas moderadoras o copagos para recibir esta atención sin ningún cargo económico. 

“La percepción que tienen las víctimas en general de Ituango es que no se ha hecho justicia. Ellas siguen sintiendo que no se ha dicho lo que se tiene que decir porque la gente quiere saber la responsabilidad que hubo de los grandes empresarios, del gobernador de Antioquia y de su gabinete, de la comandante de la IV Brigada” afirmó Fallon. 

Actualizado el: Mar, 11/01/2022 - 14:45