“Esperamos crear entre 20 y 25 Zonas de Reserva Campesina cuando finalice el mandato del presidente Petro”, Agencia Nacional de Tierras
El Páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, fue declarado como Zona de Reserva Campesina (ZRC) tras 11 años de lucha campesina.
Rutas del Conflicto habló con el equipo de la subdirección nacional de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabezado por Luis Higuera sobre este tema y el futuro de las ZRC en Colombia.
Las Zonas de Reserva Campesina son una forma de ordenamiento creada por la Ley 160 de 1994 que permite delimitar el territorio, prohíbe la acumulación de tierra y otorga un carácter preferencial al momento de ser objeto de políticas agrarias por parte de las entidades gubernamentales.
El 30 de diciembre del año pasado la ANT declaró como ZRC al Páramo de Sumapaz. Este se encuentra entre los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y el sur de Bogotá. Es la Localidad 20 de la capital del país y ocupa el 40% del distrito.
El conflicto armado en Sumapaz
La Comisión de la Verdad en su informe final realizó un capítulo sobre esta zona titulado “Estigmatización y violencia política en Sumapaz”, en el que explican que las Farc tuvo control e injerencia en el páramo porque esto les permitía ir de los llanos orientales a Bogotá en su estrategia de cercar a la capital. Las Farc asesinó alcaldes, funcionarios públicos, candidatos a puestos políticos, hizo tomas a distintos municipios y secuestró a gente de Sumapaz.
La Comisión en este capítulo también cuenta que el Ejército y los paramilitares se aliaron para atacar a la población civil. “Se encargaron de perseguir y actuar en contra de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, comunidades campesinas de territorios ocupados por las Farc”, dice el informe.
El conflicto armado agudizó las necesidades y dificultades de la vida campesina en Sumapaz. La Comisión señala que con la Operación Colombia llevada a cabo por las Fuerzas Militares se produjeron desplazamientos masivos, así como endeudamiento por parte de los campesinos debido a que perdían sus cosechas en medio de la violencia. El informe señala que esto dificultó el desarrollo humano y productivo del campesinado en esta zona.
En el momento en que este capítulo fue publicado aún no se había anunciado que Sumapaz sería una ZRC, pero la Comisión hizo alusión a los señalamientos que ha sufrido esta figura legal. “La estigmatización hacia las Zonas de Reserva Campesina, a pesar de estar en la ley 160 de 1994, ha sido un impedimento para su constitución”, explica el informe.
¿Por qué la constitución del Páramo de Sumapaz como ZRC tardó 11 años?
La solicitud para que Sumapaz se convirtiera en ZRC llegó al INCODER (entidad liquidada en 2015 que se encargaba del desarrollo rural) en 2011, pero las administraciones pasadas dijeron que había condiciones que complicaron el proceso. Lo primero que mencionaron es que la situación de que fuera una zona de páramo era un problema. Lo otro en lo que se reiteraban era en que Sumapaz tenía minas antipersonas, por lo que con base en esto había una negativa para hacer trabajo de campo.
Después, en 2017 las comunidades radicaron el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que es lo más importante que deben realizar las comunidades para formalizar el ZRC. La ANT en ese momento dijo que era necesario hacerle algunos ajustes al PDS, pero los líderes campesinos rechazaron los cambios propuestos por diferencias técnicas, por lo que el proceso quedó paralizado.
En 2021, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá falló a favor de las comunidades campesinas de Sumapaz que interpusieron una tutela por la vulneración a la igualdad material. El juzgado le dio seis meses a la entidad para definir el PDS. Las comunidades reformularon algunos puntos tras una nueva reunión con la ANT. Este nuevo Plan de Desarrollo fue presentado al consejo directivo de la ANT y este lo rechazó a finales de octubre de 2021.
El consejo directivo decidió negar la constitución de la reserva campesina porque dijo que el PDS incumplía con varios requerimientos técnicos, sobre todo lo concerniente a la zonificación del páramo, que hoy aún no está formalizada. Sin embargo, no hay un documento que diga que la condición de páramo es una limitante para establecer una ZRC.
Por eso, cuando cambia la administración con la llegada del presidente Petro, se evalúa nuevamente la decisión y nos damos cuenta que la negativa de la anterior administración se podía revertir con la modificación de algunos puntos del PDS presentado en 2021. Le contamos esto a las comunidades, ellos hicieron las modificaciones y el consejo directivo aprobó que Sumapaz fuera una ZRC.
¿Qué cambios hubo con la nueva administración?
Antes había menos presupuesto para la ANT. Esto generaba mayores demoras, y si a eso le sumamos la falta de entendimiento entre la entidad y las comunidades de Sumapaz en años anteriores pues esto explica los retrasos. Hoy somos un grupo más robusto, antes los equipos estaban conformados por tres o cuatro personas.
El presupuesto el año pasado fue de 300 millones, entonces eso no era suficiente para atender todas las peticiones de las comunidades y mucho menos para invertir y ajustar un Plan de Desarrollo Sostenible. Con la nueva inversión podemos ir a las regiones y trabajar con más facilidad con las comunidades.
¿Qué dificultades implica que el 77% de las hectáreas de Sumapaz estén dentro del páramo?
Lo más complicado es que desde el inicio cuando se vayan a realizar ofertas de adjudicación y formalización hay unas limitantes de orden ambiental que se deben respetar.
¿Qué relación tiene la ANT con las otras instituciones que se enfocan en el tema de las tierras?
Somos un puente entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad encargada de llevar los proyectos productivos a las comunidades, y las comunidades campesinas. A través de nosotros el campesinado puede tener mayor acercamiento y facilidades para entablar diálogos con esta institución. Además, es importante recalcar que parte del favorecimiento de las ZRC es que desde la ANT se hace un llamado a las distintas entidades para que ofrezcan y prioricen estas zonas.
Hay otras instituciones con las que debemos comunicarnos para no tropezar con los errores del pasado. Tenemos diálogos con la Agencia de Renovación Territorial (ART), con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y con la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras entidades. Una de las mayores falencias históricas es la falta de articulación porque si una institución no está involucrada esto limita las acciones de las demás.
¿Qué dificultades enfrenta el campesinado a diferencia de otros grupos sociales?
Uno de los mayores problemas es que la Constitución de 1991 borró la palabra campesino de la Carta Magna. Se le dio reconocimiento a los indígenas y a las negros, pero al campesino no, por lo que se generó una desigualdad constitucional. Entonces los negros consiguieron consejos comunitarios, los indígenas obtuvieron los resguardos, pero el campesino quedó por fuera de este tipo de reconocimientos que van más allá de la tierra. La declaración de un territorio propio significa una identidad y un sitio en donde pueden desarrollar sus proyectos de vida.
Por eso, tras este cambio que hubo por la Constitución, el campesinado luchó por unas zonas similares que son las ZRC, pero desde su nacimiento fueron estigmatizadas por los distintos gobiernos que señalaron a la población de ser partidaria y colaboradora de la guerrilla. Esa es una de las razones por las que en 25 años solo se constituyeron siete ZRC, mientras que nosotros hemos aprobado cuatro en cinco meses.
¿Ha habido problemas entre campesinos, negros e indígenas por la propiedad de la tierra?
Sí, casi todas las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina son muy importantes porque permiten delimitar la propiedad de cada grupo y así darle salida a este conflicto. En ocasiones cuando se evalúa si un territorio puede convertirse en ZRC este se encuentra muy cerca de un resguardo indígena. Esto provoca una lucha legal por determinar a quién le pertenece la tierra.
Sucede lo mismo entre el campesinado y los consejos comunitarios de las negritudes, por lo que delimitar los territorios de los campesinos permite que estos conflictos encuentren una solución más rápida en donde cada uno obtenga beneficios y entienda las razones.
También sucede que cuando se evalúa la constitución de una ZRC casi siempre hay solicitudes para declarar la zona que se está examinando como resguardo indígena o consejo comunitario, por lo que las tensiones entre los grupos es constante. Incluso, solo hay dos Zonas de Reserva Campesina que están en estudio donde no hay solicitud ni de indígenas ni de negros. Se trata de Tarazá, Antioquia y Togüí, Boyacá.
¿Cuál es la meta del Gobierno con las ZRC?
Esperamos crear entre 20 y 25 Zonas de Reserva Campesina cuando finalice el mandato del presidente Petro, ese es el objetivo principal.
¿Qué zonas están estudiando para que sean ZRC?
Tenemos un total de 28 zonas que están en solicitud y estamos trabajando en 16 en simultáneo. Esperamos que este año declaremos cinco nuevas ZRC, pero no quiere decir que solo estamos enfocándonos en esas cinco. Estamos estudiando Orteguaza (Caquetá), Apartadó (Antioquia), Tarazá (Antioquia), Chaparral (Tolima), Togüí (Boyacá), Pradera (Valle del Cauca), los Montes de María, el Catatumbo (Norte de Santander) y Tuluá (Valle del Cauca), por mencionar algunas.
Actualizado el: Vie, 03/03/2023 - 08:47