Llenos de pánico y miedo, quince personas, incluyendo menores de edad, se refugiaron en un pequeño cuarto, sin tener alguna forma de defenderse y rogando la llegada pronta de ayuda. Pasaron alrededor de 15 minutos entre los estallidos de las balas y el terror, hasta que la policía llegó y los puso a salvo. Canticus, como consejero secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), buscó a la familia para ayudarlos y atender la situación violenta de desplazamiento forzado que también enfrentaban en ese momento.

Como líder indígena de la Organización UNIPA, Canticus se ha dedicado a acompañar a las familias Awá que atraviesan una crisis humanitaria en Nariño. Según cifras de la misma organización, desde el 2022 hasta la fecha, el pueblo Awá ha sufrido nueve confinamientos, cinco casos de desaparición forzada, nueve desplazamientos forzados individuales, once desplazamientos masivos y veintiséis asesinatos. “O sea, aquí ya hemos registrado más de 30 compañeros asesinados. Eso solamente en un año”, señaló Floriberto.

Por toda esta situación, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador lanzaron por primera vez una alerta temprana binacional con el fin de hacer un llamado a proteger la vida y los derechos del pueblo Awá. Las dos instituciones destacaron que la violencia contra las familias indígenas proviene de la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos de crimen organizado. 

En el documento presentado el pasado 7 de marzo se indica que los grupos armados amenazan en ambas zonas de la frontera. “Usan a su favor hechos como el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional, la poca o nula presencia estatal y la condición diferencial de estas comunidades, para instalarse dentro o cerca de los territorios Awá”, se señaló en el informe. 

El territorio en disputa

Para los Awá, el territorio lo es todo: significa armonía y vida. Como Rastreador de su comunidad, Canticus trabaja por la protección de la cultura y las memorias de su pueblo. Con este objetivo ha recorrido sus territorios ancestrales que están ubicados en el suroccidente de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo y en algunas provincias del Ecuador. Sin embargo, durante los últimos años su trabajo se ha resumido en atender y registrar las violencias de las que han sido víctimas muchas comunidades indígenas por el conflicto armado en el pacífico nariñense. 

UNIPA, una de las cuatro organizaciones que conforman la Gran Familia Awá Binacional (GFAB), representa a más de 25.000 habitantes de los territorios ancestrales colectivos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payá. Según cifras de esta organización, desde el año pasado, se han registrado 10.743 víctimas por desplazamiento forzado, confinamiento, homicidio, desaparición forzada y hasta por minas antipersona. Un poco menos de la mitad de los habitantes Awá de esta zona del país. 

Según un informe de la Comisión de la Verdad, los Awá son una de las comunidades más afectadas por la confrontación entre guerrillas, Ejército y paramilitares en Colombia. “Por su ubicación estratégica, entre Pasto y Tumaco, hoy es una región asediada por los cultivos de coca que presionan a los territorios y las comunidades para expandirse”, se señaló en el informe Colombia Adentro, en el capítulo de Nariño y sur del Cauca.

De acuerdo con Diego Alejandro Restrepo, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, la situación en la costa pacífica nariñense es compleja. “Lo que hemos visto recientemente, más o menos desde el 2021, es la consolidación de la Segunda Marquetalia en la costa pacífica nariñense”, explicó Restrepo. Según el investigador, en 2018 se observó una proliferación de estructuras armadas organizadas. Pares alcanzó a identificar unos 17 grupos armados dedicados al narcotráfico y a la extorsión. Sin embargo, durante los últimos dos años se ha alertado sobre una toma violenta de esta zona del país por parte de los grupos exFarc, exactamente por la Segunda Marquetalia. 

Restrepo afirma que, si bien todavía hay una presencia del Clan del Golfo en el territorio, esa presencia se ha vuelto cada vez más marginal por cuenta del fortalecimiento de la Segunda Marquetalia. “Es una consolidación armada violenta y esto es principalmente lo que ha generado ese nivel de intimidación que vemos en la región”, afirmó Restrepo. Además, agrega que las organizaciones como UNIPA pueden representar una amenaza para los intereses territoriales y de control de estos grupos. “De allí que surjan todas las agresiones contra los líderes y contra la comunidad”, detalló el integrante de Pares.

Toda esta violencia en contra de las organizaciones indígenas y sus resguardos ya ha tenido unas repercusiones sobre sus pobladores, sobre todo por el desplazamiento forzado que obliga a las familias a separarse de sus comunidades. “Se han evidenciado graves problemas en la convivencia y en el buen vivir de nosotros. Han intentado debilitar los procesos comunitarios, organizativos, de política propia y los procesos de liderazgo”, denunció Floriberto Canticus. 

Pisando el riesgo 

Francisco Marín, integrante de la Plataforma de Organizaciones sociales de Víctimas y defensoras de derechos humanos en Nariño, manifiesta que la respuesta por parte del Gobierno Nacional no ha sido adecuada. Según Marín, han intentado organizar una mesa territorial de garantías, pero no han recibido respuesta desde el año pasado. “Necesitamos medidas concertadas entre la sociedad civil y las instituciones para que realmente se empiece a frenar la violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, tanto ambientales, como étnicos y sociales”, manifestó Francisco.

Otra preocupación de las organizaciones es la atención de primeros auxilios a las víctimas. Una de las agresiones que más preocupa a los habitantes de Nariño y que ha afectado fuertemente a la población Awá son las minas antipersona. El último hecho ocurrió a principios de febrero. Dos integrantes de la comunidad, entre ellos un menor de 17 años, fueron víctimas de la activación de una mina antipersona mientras transitaban por el sector de Yarumal, en Ipiales, Nariño. UNIPA, en un comunicado sacado dos días después de la agresión, denunció que el menor seguía en el resguardo necesitando atención urgente.  

Marín le explicó a Rutas del Conflicto que en muchas de estas situaciones las comunidades suelen dirigirse a los programas y a las organizaciones humanitarias internacionales que hacen presencia en el lugar y muy pocas veces se dirigen directamente a las instituciones estatales por su tardía respuesta. “Inclusive, a veces han tenido que pasar la frontera para acceder a una atención temprana porque no encuentran ayuda oportuna de este lado”, añadió. 

Las minas antipersona han afectado a la comunidad Awá de manera significativa. Desde el año pasado se han registrado nueve víctimas por estos aparatos explosivos. “Nuestras familias Awá no pueden caminar tranquilamente a la cacería porque ya nuestros caminos están supremamente minados. No pueden salir a pescar, ni irse a las siembras o hacia las huertas de dónde sacan para el sustento diario de la familia”, señaló Canticus.

Los cultivos de coca amenazan la población

Tumaco ha sido uno de los municipios con más cultivos de coca en todo el país. En este municipio se encuentra toda la cadena de producción y procesamiento del clorhidrato de cocaína. Es un puerto importante para la salida del producto hacia Norteamérica, Panamá, México y hasta para Europa. “Es una dinámica muy compleja porque hoy en día se pueden encontrar narco cultivos, extensiones grandes, hectáreas dedicadas al procesamiento del clorhidrato de cocaína”, señaló Diego Restrepo.

Una de las razones por las que esta situación persiste, según Restrepo, es la falta de voluntad política para continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. También agrega que la falta de implementación integral del acuerdo de paz se presenta como un obstáculo para la sustitución. “El narcotraficante fácilmente llega a su finca o a los lugares de cultivos y entrega el producto puerta a puerta; mientras que el campesino que cultiva cacao le es complicado distribuir su producto por las vías en mal estado que se traducen en más costos de transporte”, explicó el investigador. 

Las fallas en el proceso de sustitución han llevado a que el negocio de la droga se siga fortaleciendo. “El debilitamiento de los programas de restitución llevaron a una desilusión y un rompimiento de las expectativas de los campesinos y las comunidades involucradas; permitiendo que los narcotraficantes vuelvan a tener el control sobre la zona”, advirtió Restrepo.  

“Se deben adelantar diálogos entre los grupos armados y el Gobierno Nacional. Se necesitan mejores condiciones humanitarias para quienes se encuentran en medio del conflicto”, manifestó Marín como parte del llamado que hacen varias organizaciones sociales de Nariño. Además, desde UNIPA también se exige un diálogo. “Se debe activar la Mesa de Concertación del pueblo Awá, la MCAWA, para que puedan conversar el Gobierno nacional y las autoridades del pueblo Awá, con el fin de efectuar o plantear estrategias que nos permitan minimizar todo el riesgo que vivimos a diario”, afirmó Floriberto Canticus. 

Cabe mencionar que la Corte Constitucional en 2011 decretó que el pueblo Awá se encontraba en riesgo de exterminio debido al conflicto armado. Para ese momento se presentaban casos de desplazamiento y de integración a la fuerza a miembros de la comunidad a las guerras. Ahora, 12 años después, la comunidad continúa encontrándose en un momento de grave vulnerabilidad y de riesgo contra la preservación de su cultura y de su pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 03/22/2023 - 10:41