Entre grupos armados y economías ilícitas, la guerra que no da tregua en el Norte del Cauca

El pasado 20 de marzo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe (ACIN), a través de un comunicado hecho público por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lanzó una alerta territorial por desarmonías en el territorio y la región. En este, se hicieron denuncias de hechos violentos ocurridos a lo largo del mes. Dentro de estos, se encontraban amenazas a autoridades ancestrales en Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda, asesinatos de comuneros, líderes y guardias indígenas,  defensores de derechos humanos y la quema de la tulpa comunitaria del resguardo La Concepción, en Santander de Quilichao. 

De hecho, tan solo de enero a febrero del 2023, 21 víctimas indígenas habían sido asesinadas, 16 amenazadas, 16 perseguidas y 9 menores de edad reclutados forzosamente según cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC. De estas acciones, se identificó que, en su mayoría, fueron realizadas por algún grupo armado ilegal con presencia en la zona. 

Sin embargo, la violencia que hoy azota al Norte del Cauca no es un hecho repentino. La posición estratégica, en términos geográficos, de la región y su riqueza, tanto hídrica como en recursos mineros, ha hecho que distintos grupos armados pongan en juego la disputa por el control territorial. 

Así lo explicó Samuel Escobar, defensor de derechos humanos de pueblos indígenas al mencionar que, “el Norte del Cauca se convirtió, lógicamente, en un territorio propicio para lo que en su momento se conoció como la guerra de guerrillas”. A esto se le suma que, con la llegada de las AUC a la región entre los años 90 y principios de los 2000, hubo un aumento significativo de vulneraciones a los pueblos indígenas, siendo el pueblo Nasa uno de los más afectados. 

Con el comienzo de los diálogos en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, uno de los grupos armados con más control dentro del territorio, se pensó que el panorama podría mejorar. “Se creyó que se generaría un nuevo ambiente, un nuevo aire y sí, se mermaron muchas cosas, las tomas y los ataques, pero diría uno que la firma fue un respiro temporal", mencionó Escobar. 

Asimismo, Edwin Guëtio, Coordinador del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, declaró que desde las organizaciones defensoras habían precisado y denunciado que “el asunto del posconflicto iba a ser más complicado en nuestros territorios que el mismo conflicto, lo que parece un tema profético porque es lo que se ha venido evidenciando”. 

A partir de finales del 2016 y el primer semestre del 2017, se empezaron a reorganizar los actores ilegales y nuevas disidencias de las Farc que buscaban cooptar el territorio y establecer economías ilegales. De aquí que el control territorial que antes era ejercido por este grupo armado, quedara “fracturado o fraccionado entre distintos grupos, disidencias, carteles y clanes, lo que hizo que aumentara considerablemente el riesgo de extinción del pueblo Nasa del Norte del Cauca”, describió Escobar. 

Entre economías ilegales y el control de grupos armados

Los Kiwe Thegnas, o guardias, son conocidos, dentro de la cosmología indígena, como los cuidadores y cuidadoras del territorio. Son, también, una herramienta para fortalecer y proteger los ejercicios de control territorial. Esto es uno de los factores que los ha expuesto a un alto riesgo de ataques de grupos armados. 

Samuel Escobar afirmó que en el 2022, circularon cerca de 50 panfletos amenazando a las autoridades indígenas firmados por distintos bandos. Dentro de estos, el Frente Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, comandados por alias Iván Mordisco desde el frente Primero de los Llanos Orientales. Otros fueron firmados por la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. 

Las disputas, además, se han dado a razón de poder cooptar la zona por sus ventajas geográficas. Esto debido a que el Norte del Cauca cuenta con una salida hacia la Costa Pacífica a través del río Naya y hacia el oriente del país por Belalcázar hacia Huila. La búsqueda por el control de la ruta del narcotráfico ha sido uno de los principales factores para la presencia de los grupos mencionados. 

Según Juan Manuel Camayo, Coordinador del Tejido y Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos de la ACIN, el narcotráfico se afianzó en el territorio con la llegada de “foráneos que incentivaron las economías ilegales, o más bien ilícitas, con el tema de la coca, la marihuana y promovieron la siembra, ellos trajeron consigo los grupos armados y las estructuras que hoy cuentan con capacidad táctica y militar”. Antes de esto, en palabras de Silvio Chocué, gobernador del Resguardo El Guadualito, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, “todo era tranquilidad, las Farc estaban lejos, en otras partes, pero con el tema de la coca, todo se agudizó”. 

Los líderes de las comunidades han tomado el rol de oposición a estos actores armados. El gobernador Chocué explicó que, “en vista de que desde la guardia hemos tratado de hacer control territorial, eso es lo que les ha molestado, hemos sido su piedra en el zapato, por eso nos amenazan y asesinan”. Por su parte, Güetio describió que el “conflicto se deriva porque quieren usurpar el ejercicio constitucional y legítimo de los pueblos indígenas de ser quienes son la autoridad máxima en nuestra comunidad”. El Coordinador del CRIC también añadió que, de acuerdo a las cifras del primer boletín del Observatorio de Derechos Humanos de la organización, que va de enero a febrero del presente año, de las 88 víctimas de asesinatos, persecuciones, amenazas y reclutamientos forzados, 47 fueron comuneros, 19 integrantes de la guardia indígena, 11 autoridades y 11 personas que no pertenecían al territorio, pero que fueron victimizadas dentro del mismo. 

El bastón de mando contra el fusil

El reclutamiento de niños en la región también ha sido un flagelo que ha golpeado de manera significativa la seguridad dentro de los resguardos indígenas. Según cifras del Sistema de Información y Monitoreo de DDHH de la ACIN, en el 2021 fueron reclutados 272 menores de edad. Para el 2022, se registraron al menos 247 casos de reclutamiento de menores de edad en distintos resguardos de Huellas, Toribío, López Adentro, Paéz, Corinto y Las Delicias. Camayo añade que, para lo que va del 2023, se tiene un registro de 41 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. “El nivel de la afectación de la juventud es muy grave y eso tiene que ver con que hoy los liderazgos los está asumiendo la juventud”, agregó. 

Escobar relaciona esto con las economías ilegales, pues “muchos jóvenes son reclutados a través de un ejercicio aparentemente de voluntad, les dicen “venga, raspe coca, venga ayúdanos con esto”, pero alrededor de los cultivos están las estructuras armadas ilegales”, describió. Además, “son usados como carne de cañón, los llevan con facilidad a morir a otros territorios y los regresan ya para su sepultura”, añadió el defensor. 

Por otro lado, Silvio Chocué describió la obligación que las autoridades indígenas han tenido frente a asumir el rol del rescate de menores de edad cooptados por grupos armados. Sin armas y con la palabra como defensa, se han dirigido a las zonas altas de las montañas, donde los altos mandos de estos grupos hacen presencia para exigirles el respeto a la niñez. “No hemos ido a chocar con ellos porque sabemos bien que solamente tenemos el poder de la palabra y lo que representamos: el bastón. Ellos tienen el fusil, así es muy berraco ir a la fuerza”, relató. 

En esta guerra el territorio tampoco está a salvo. Para los pueblos indígenas, la tierra va más allá de ser un espacio físico.  Las tulpas, los nacimientos de agua y los cerros sagrados han terminado convertidos, en palabras de Güetio, en “víctimas del conflicto”. Estos espacios no son simplemente lugares donde se celebren ceremonios, sino que son parte fundamental del tejido social y cultural de las comunidades indígenas. Más allá de atentar contra la gobernabilidad en los territorios, estas acciones amenazan de manera directa las expresiones culturales de las comunidades. Camayo lo define como una muestra clara del “nivel de rechazo, de repudio, pero también de la afectación que se tiene hacia la comunidad”. 

A esto se le añade que, además del territorio, los médicos tradicionales y los sabedores y sabedoras del pueblo Nasa también han sido un marco claro de violencia. Según Edwin Güetio, está situación viene desatando un “genocidio cultural” que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad propia de los pueblos indígenas. 

La guerra le ganó a la institucionalidad

La respuesta institucional ante el reclutamiento de menores de edad en la región es aún más preocupante. Silvio Chocué lo expresa mencionando que, luego de haber hecho el reporte de menores de edad que fueron llevados por un grupo armado y ante el inminente riesgo de nuevos reclutamientos ante derechos humanos, “estos anotaron en el papel, nos dijeron “sí, miremos cómo vamos a hacer para ayudar” y ahí murió todo”. 

Frente a esto, en el resguardo El Guadualito, las autoridades indígenas le pidieron a la comunidad que actuaran en conjunto para garantizar la protección de sus menores de edad. Han tenido, incluso, que rechazar dineros ilícitos para obras en la comunidad para demostrar que no apoyan a los grupos armados. “Han querido llegar a ofrecer plata a los presidentes de juntas para temas de vías, de infraestructura, nosotros los hemos orientado y les hecho dicho que el día en el que lo reciban, el el día que se echaron la soga al cuello, hay necesidad y todo, pero no lo aceptamos”, explicó el gobernador Chocué.

Las comunidades indígenas han tomado el mando en sus territorios para poder superar los hechos de violencia que los aquejan. Para Juan Manuel Camayo, esta ha sido la forma de “mostrarle de cara al país la incidencia y la presencia que la institucionalidad no ha tenido con nosotros”. Esto ha sido una causa directa de la lentitud con la que se ha atendido los casos denunciados. Los líderes y las organizaciones son empujados, entonces, a asumir un rol que la institución no cumple. “Si bien es cierto que el tema de paz le compete al comisionado de paz y al gobierno, los riesgos inminentes hacen que tratemos los temas humanitarios, porque ellos se quedan escasos”, añadió Camayo. 

Dentro de los mecanismos que las comunidades han desarrollado para hacer frente a este tema, están las ramas de educación, de prevención y acompañamiento a la niñez. Por otro lado, se han articulado las guardias indígenas de las 10 zonas del CRIC para atender este fenómeno. Las autoridades también han tomado el control de caracterizar y documentar los hechos que han sucedido, crear planes para afrontarlos y lograr una reparación integral colectiva. 

A causa de esto, también se han dado desplazamientos de líderes que son amenazados en su ejercicio de defensa de la vida. Según Güetio, esto ha sido una estrategia de los grupos armados para “sembrar en la mente de las comunidades y de todos el terror, asesinando a líderes para que no asuman esa posición de defender las luchas comunitarias y se vuelvan sumisos a las directrices de los grupos armados”. Con respecto a todo lo anterior, Camayo denunció que “la guerra le ganó a la institucionalidad, por eso están los vacíos”.

El respeto por la vida y el territorio

Para Samuel Escobar, los desafíos que afrontan los pueblos indígenas han sido una muestra de que “se sigue resistiendo pese a las dificultades, hay muchas fortalezas pero también mucha resiliencia. A pesar de los hechos trágicos que siguen pasando, se movilizan, han asumido el riesgo de no desaparecer, de pedir y exigir el respeto por la vida y por sus territorios”. 

Con el fin de mitigar la violencia, las comunidades del Norte del Cauca plantean una serie de exigencias, tanto a las instituciones, como a los grupos armados para garantizar la armonía territorial. Una de las principales es el no reclutamiento de menores de edad como herramienta de conflicto. Asimismo, piden que se respete su territorio sagrado, “que no se use como forma de escudarse dentro de un territorio estratégico, porque para nosotros es un espacio sagrado y deben entender esa magnitud”, declaró Juan Manuel Camayo. 

Piden también que se les garantice la oportunidad de participar de manera directa en la creación de protocolos y diálogos en el marco de la paz total. Aunque, como menciona Edwin Güetio, “la fuerza pública del Estado no es una garantía para la vida de los pueblos indígenas”, se ha planteado que sea la oferta institucional la que se adecúe a los planes de vida de los pueblos indígenas, “porque esta no responde a las realidades ni dinámicas concretas en el territorio y la construcción histórica que han hecho las comunidades”.

Con respecto a las economías ilícitas, exigen que la sustitución de los cultivos se dé de la mano de la población indígena para garantizar que los recursos sí se implementen de manera adecuada. Según Chocué, “esa es una de las alternativas, que se sustituyan los cultivos y se invierta en el campo y la agricultura, acá las tierras son buenas”. 

Los espacios pedagógicos son otra parte clave que debe ser garantizada. Se exige el fortalecimiento de la educación en espacios que no solo le pertenezcan al movimiento indígena, sino también a las organizaciones. Para Camayo, la clave en la pedagogía está en que “estos son los espacios donde nacen y surgen los nuevos liderazgos en los territorios, en las comunidades y en las áreas urbanas, son espacios que no deben perderse”. 

Mientras todo esto pasa, las comunidades siguen resistiendo con bastón de mando en mano, pese a la violencia que ha afectado sus territorios. “Hay hechos de dolor que marcan, que ponen a reflexionar, pero estos no los van a paralizar, son 5 décadas de conflicto y violencia histórica, de discriminación y como hoy dicen los nasas, “Si uno no está, otros nacerán”, señaló Samuel Escobar. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 04/20/2023 - 16:37