Continúa la odisea del pueblo indígena sikuani para recuperar su territorio en el Meta
- Mongabay Latam y Rutas del Conflicto viajaron a Puerto Gaitán (Meta) donde los indígenas sikuani siguen reclamando sus tierras ancestrales y denuncian deforestación, contaminación de fuentes hídricas, riesgo a la integridad e inseguridad alimentaria.
- Una comunidad menonita asegura ser dueña de varios predios ubicados en territorio ancestral y allí tiene monocultivos de soya y maíz. Los indígenas han sido desalojados varias veces y la solución a la titularidad de las tierras aún no llega.
- Cormacarena, la autoridad ambiental en la región, adelanta procesos sancionatorios ante las denuncias por afectaciones ambientales al territorio sikuani. Las investigaciones tienen que ver con deforestación, contaminación de cuencas hídricas y construcción de infraestructura vial sin los permisos necesarios.
Desde el 2017, el pueblo indígena sikuani ubicado en La Cristalina, zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta, mantienen una disputa por la tenencia de la tierra con una comunidad religiosa menonita y empresas privadas que ahora han instalado sus proyectos agropecuarios en un suelo ancestral para ellos.
La confrontación tuvo su génesis cuando unas 30 familias menonitas llegaron a la zona rural de Puerto Gaitán comprando fincas, al punto que hoy tienen más de 38 000 hectáreas de tierras y han instalado un megaproyecto agroindustrial de soya y maíz, que se ha convertido en un obstáculo más para los indígenas que intentan recuperar su territorio y sus sitios sagrados.
Esta controversial situación a la que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le hacen seguimiento desde hace un par de años tuvo un nuevo capítulo los pasados días 12 y 13 de junio, cuando se ejecutó un operativo policial que pretendía desalojar a los indígenas de la comunidad de Barrulia, pues la comunidad menonita insiste en que los sikuani estaban establecidos dentro del predio Los Cocuyos que, según ellos, les pertenece.
De acuerdo con el portal Verdad Abierta, este proceso fue llevado a cabo por la policía y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán. La comunidad de Barrulia prefirió evitar confrontaciones con la Fuerza Pública y vieron cómo las casas de 170 familias fueron arrasadas por maquinaria pesada.
En el territorio se han establecido cercas y portones de acceso con vigilancia, una situación que se suma a los problemas que se vienen generando desde hace una década, pues las zonas donde se han asentado las comunidades indígenas retornadas se encuentran en varios predios que están en manos de la comunidad menonita, aunque estos eran baldíos de la Nación.
“Nos han prohibido y molestado en el portón. Después de las 8 de la noche no podemos entrar. A la madrugada sacan perros grandes, los sueltan y ya nos han hecho algunos daños”, dice Alexander Álvarez, gobernador de la comunidad Iwitsulibo.
Esta situación fue verificada por el equipo periodístico de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues al momento de intentar ingresar a las zonas donde están asentados los indígenas, una persona de vigilancia se negó a abrir la talanquera.
Seguridad e integridad en riesgo
Según los sikuani, debido a las denuncias que han hecho por acaparamiento irregular de sus tierras, la seguridad de sus comunidades ha empeorado y varios de sus líderes han recibido amenazas.
Un líder indígena, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, relata que la seguridad privada en la zona va más allá de vigilantes en las entradas. El líder asegura que en el territorio hay casas en las que se encuentran hombres armados y que, en algunos de los intentos de desalojo por parte de la Fuerza Pública, han visto cómo hombres con armas y sin uniforme que los identifique, han apoyado estas acciones.
“Nosotros somos pueblos indígenas que no tenemos frontera a donde llegamos. Por eso solicitamos esta tierra, porque queremos vivir en paz y en tranquilidad dentro del territorio”, dice el líder indígena amenazado, y añade que por esta situación su movilidad en la zona es compleja, pues ya no puede entrar o salir del territorio y debe moverse en diferentes motos para evitar que lo identifiquen.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se comunicaron con la policía del Meta y desde su oficina de comunicaciones advirtieron que no tenían conocimiento sobre estas acusaciones. También se buscó a la Alcaldía para un pronunciamiento por parte de alguno de sus funcionarios, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Degradación ambiental a la orden del día
Durante varios recorridos realizados por este equipo periodístico fue común encontrar cómo los paisajes de sabana con morichales y bosques de galería, repentinamente se transformaban en llanuras interminables que se encuentran aradas, sembradas y con una infraestructura organizada para recolección, almacenaje y distribución de cosechas a escala industrial.
Los líderes indígenas señalan que los bosques de la zona, en la visión del proyecto menonita, son un impedimento para los planes agroindustriales de soya y maíz. “Nosotros no dañamos. Una vez le dije a un señor blanco que nosotros usamos una o media hectárea donde cultivamos, no como ellos que siempre cultivan a gran escala”, cuenta Edminson Gaitán, capitán de la comunidad sikuani de Mataborracho.
“Lo que estamos informando a las diferentes entidades es que toda esa deforestación ya casi llega al caño Chavilonia y tiene un impacto ambiental negativo. Cormacarena [autoridad ambiental en la zona] dice que no más deforestación, pero a esa gente no le dice nada”, cuenta Gilberto Cariban, representante indígena de la comunidad de Barrulia, mientras que a sus espaldas un joven menonita maneja un tractor que ara la tierra para establecer una nueva zona de cultivo.
Las problemáticas ambientales son de pleno conocimiento de la Gobernación del Meta, la Fiscalía General de la Nación y Cormacarena. Desde 2021, esta última entidad lleva nueve procesos investigativos por degradación ambiental en contra de la comunidad menonita, los cuales incluyen actuaciones de deforestación de árboles nativos centenarios y quemas a cielo abierto en 155 hectáreas de los predios Liviney, Campo Alegre, La Potranca, La Florida, La Chaparrera, La Negra y El Rosario.
También existe otro proceso de Cormacarena ante el señalamiento de que la comunidad menonita, dentro del predio Manoa, realizó la exploración de aguas subterráneas y construyó un pozo para captar estas aguas sin el permiso de la autoridad ambiental.
Estos procesos, además, incluyen acusaciones por la desaparición de bosque para la construcción de dos puentes vehiculares que suman cerca de 30 metros de largo y un mal manejo de escombros en esas obras que, según el pueblo indígena sikuani, son irregulares y habrían contaminado el caño Chavilonia.
Sin embargo, hasta el momento Cormacarena no ha emitido una decisión final sobre los nueve expedientes, a pesar de que, como comprobó este equipo periodístico, es evidente la expansión de los terrenos agrícolas, la apertura de vías, algunas de ellas pavimentadas, y la construcción de puentes vehiculares en medio del bosque.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron en varias oportunidades obtener el testimonio de miembros de la comunidad menonita. Algunos de ellos manifestaron telefónicamente que darían su versión sobre las acusaciones de los indígenas sikuani, pero luego de esto no fue posible establecer comunicación nuevamente.
También se buscó respuesta por medio de sus representantes legales, quienes vía chat aseguraron que sólo se pronunciarán sobre estas denuncias en caso de que las autoridades competentes lo soliciten.
La situación jurídica de la tierra en conflicto
La violencia llegó al territorio de los sikuani, en el municipio de Puerto Gaitán, a mitad del siglo XX. Las guerrillas liberales del llano, lideradas por el comandante Guadalupe Salcedo, provocaron los primeros desplazamientos forzados de la comunidad.
A estas tierras “desocupadas” fueron llegando colonos que iniciaron el cercamiento de extensas zonas para la ganadería y agricultura, lo que transformó la dinámica del territorio y generó conflictos por la posesión de la tierra entre los recién llegados y los pueblos indígenas.
En su momento, los nuevos colonos organizaron las llamadas “guahibadas”, que no eran más que misiones de cacería contra los indígenas reclamantes en la década de los setenta. Los indígenas que sobrevivieron abandonaron su tierra y se desplazaron mucho más al oriente, principalmente hacia el departamento de Vichada.
Varias décadas después, el Gobierno nacional publicó el decreto 2333 de 2014, en el cual ordenó medidas de protección provisional para los territorios ancestrales frente a procesos de despojo, desalojo e intervención de terceros con interés en esas tierras.
Con esta noticia, una nueva generación de indígenas sikuani, quienes habían escuchado de esta tierra por parte de sus padres y abuelos, emprendieron el retorno al territorio con la esperanza de recuperarlo. Ese fue el caso de Alba Rubiela Gaitán, autoridad tradicional y gobernadora del pueblo Barrulia, y una de las primeras personas que llegó a la zona.
“Cuando nosotros llegamos, la intención era recuperar el territorio ancestral donde habitaron mis abuelos y mi papá. Llegamos contentos porque íbamos a recuperar nuestro territorio, porque hay muchas evidencias de sitios sagrados aquí”, cuenta Gaitán.
Su alegría pronto desapareció. La incertidumbre y las disputas han venido aplazando sus deseos y el cumplimiento de las órdenes contenidas en un decreto que ya tiene 10 años de expedido, pero que sigue sin ser una realidad para los sikuani.
El territorio en el que se establecieron 135 familias indígenas no era el mismo de las historias de sus abuelos, y los sikuani se dividieron en pequeñas comunidades lideradas por capitanes. “Nosotros nos criamos en el Vichada, pero hace unos años el hijo de Ramón Gaitán, nuestro principal ancestro, nos recordó que allá [en Puerto Gaitán, Meta] hay una tierra que nosotros no vendimos y tocaba recuperar ese territorio. Cuando regresamos, esto ya estaba lleno de terceros”, recuerda Jairo Ortíz, capitán de Barrulia.
Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), dice que hasta el momento los sikuani se han enfrentado a ocho desalojos y detalla que en 2017 presentaron una tutela ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la pretensión de garantizar sus derechos fundamentales, como el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria.
Sin embargo, las respuestas que han obtenido hasta el momento no han sido satisfactorias. “El estudio jurídico y de la tenencia de la tierra, que es un análisis previo para sustentar la decisión de la resolución (decreto 2333 de 2014), dice que no pueden reconocer a los sikuani porque esta comunidad no ha ejercido una ocupación continua en el tiempo e histórica en el territorio”, señala Niño.
La CNTI no está de acuerdo con este argumento y asegura que desde 1950 existen vestigios de que los sikuani estaban asentados en ese territorio y que fueron despojados en 1970. Además, según la organización, se ha desconocido que se trata de un pueblo indígena de carácter seminómada.
A pesar de todos los obstáculos, aún hay esperanza para los sikuani. La ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), le entregó provisionalmente a la comunidad de Tsabilonia 9168 hectáreas que se encontraban en proceso de extinción de dominio, según dice Ramón Estrada, gobernador de esta comunidad.
Esta noticia llegó después de varios años de gestiones y peligros, pues Estrada denuncia que fue víctima de un desalojo arbitrario y violento en el que la Fuerza Pública quemó su vivienda y las de su familia y amigos.
“En esta zona estaba la comunidad, los árboles de bambú y de mango que mi papá sembró hace años. Yo retorné en el 2020 y construimos las casas en el mismo sitio, pero ya quedan pocos rastros porque ellos le metieron candela y me dejaron en un desierto”, recuerda el gobernador Estrada, mientras camina por los restos de su antiguo hogar. Las más de 9000 hectáreas que les otorgó la ANT son un aliciente para la comunidad de Tsabilonia, pero asegura que buscan el reconocimiento de otras 7000 hectáreas.
“Si fuéramos reconocidos como resguardo indígena, y tuviéramos la resolución, podríamos tener proyecciones en temas de educación y presentarnos a diferentes instituciones con diferentes proyectos que tenemos en mente”, dice William Estrada, capitán de la comunidad Tsabilonia.
Agua contaminada, falta de comida y sitios sagrados destruidos
“Cuando ellos [menonitas] tienen el cultivo, fumigan con el glifosato para matar la maleza o ‘calean’ para quitar la acidez de la tierra. Todo eso llega al agua de los caños que atraviesan la zona y la contaminan. Esa agua es la que terminamos consumiendo”, afirma Gilberto Cariban, de la comunidad de Barrulia.
Según Alexander Álvarez, gobernador indígena del territorio sikuani de Iwitsulibo, no tienen otra opción de consumo de agua, pues no cuentan con otra fuente para satisfacer sus necesidades. “Tenemos afectaciones en la salud de las personas. Uno lleva a los niños allá al cañito a bañarlos y al otro día amanecen con brotes, diarreas, fiebre”, afirma Álvarez.
Sobre este asunto, José Santos Vilariño, asesor de la organización indígena sikuani de Unuma, manifiesta que aún no existen estudios o evidencia científica que muestre la relación entre la contaminación del agua con agroquímicos y la aparición de diarrea y afecciones en la piel, pero es evidente que los herbicidas e insecticidas para los cultivos terminan cayendo en los caños de donde los sikuani obtienen el agua para beber y bañarse.
Santos asegura que la siembra se dificulta en esta región orinocense dada la acidez del suelo, por lo que la comunidad menonita debe utilizar muchos productos químicos que contaminan no sólo el agua sino a los peces que son su fuente principal de alimentación.
Alba Rubiela Gaitán agrega que aún quedan algunas plantas medicinales en su territorio, pero son insuficientes para tratar las dolencias, por lo que han tenido que recurrir a la medicina occidental: “Los dolores que se curaban con preparaciones naturales ahora se solucionan con ibuprofeno”.
Los indígenas sikuani también aseguran que la creciente deforestación para los monocultivos ha ahuyentado a los animales que durante generaciones les han servido de alimento. “Mis compañeros que salen a cacería o a pescar ya no encuentran nada por el mismo olor del veneno y el ruido de todas las maquinarias. Ya no se ve nada por ahí de la caza y la pesca. Eso es lo que nos afecta a nosotros”, afirma Gaitán.
Además de la contaminación del agua, de la pérdida del bosque y los animales que cazan, a los sikuanis les preocupa la desaparición de sus cementerios, así como de sus lugares sagrados y de rituales. De estos sitios prácticamente ya no quedan rastros.
“Por las actividades del hombre blanco ya ni reconocemos y no podemos localizar muchos de nuestros sitios sagrados. Las lagunas y el cañito ya se ven muy diferentes a lo que nos contaban”, recuerda Wilfredo Gálvez, capitán de la comunidad de Barrulia, mientras camina por uno de los pocos sitios sagrados a los que aún tienen acceso libre.
La pérdida de árboles en la zona prácticamente ha llevado a la desaparición de una especie conocida como Yopo (Anadenanthera peregrina), un árbol que tiene una fuerte carga simbólica para los sikuani, pues de él obtienen insumos para conectarse con su entorno, así como medicina ancestral para sus enfermedades y alimento.
“Los menonitas nos están acabando la medicina que usamos para el malestar, dolor de cabeza, de muelas, para picaduras de culebra. Además, el yopo siempre lo hemos usado para tener contactos con la Madre Tierra, para estudiar enfermedades, el clima y el tiempo de siembra”, advierte Brayan Aldana, otro de los capitanes de la comunidad de Barrulia.
Wilfredo Gálvez asegura con voz firme que su pueblo no quiere sacar a los nuevos vecinos, pero sí esperan que las autoridades pongan un límite al territorio y liberen a las comunidades indígenas del arrinconamiento en el que se encuentran.
*Imagen principal: Extensas llanuras para el cultivo de maíz y soya, acompañados de nuevas vías son el paisaje en el territorio en disputa. Foto: Rutas del Conflicto/Mongabay Latam.
**Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.
Actualizado el: Jue, 07/04/2024 - 09:20