Procuraduría sanciona a militares por vigilar a periodistas
La Procuraduría General de la Nación sancionó a nueve militares por “falta disciplinaria grave” debido a la recolección, sin sustento, de la información de periodistas en medio de una operación de inteligencia del Ejército con fuentes abiertas (OSINT). La decisión fue tomada en primera instancia, cinco años después de que una investigación de la Revista Semana señalara que una unidad militar había construido las ‘carpetas secretas’ con información de 130 personas, incluyendo líderes sociales y periodistas, entre ellos la totalidad del equipo de Rutas del Conflicto.
Rutas del Conflicto valora la decisión de la Procuraduría, que señala que los militares se extralimitaron en sus funciones a la hora de seleccionar a los líderes sociales y a los reporteros. La sanción incluye a militares de alto rango, como un brigadier general. Tras conocer algunos detalles del ‘perfilamiento’, en el que fuimos vinculados injustificadamente a un grupo al margen de la ley, consideramos que la recolección de información por parte de esa unidad de inteligencia tenía fines incriminatorios en contra de nosotros y del resto de víctimas.
Reiteramos que ninguno de los miembros de Rutas del Conflicto ha tenido ningún tipo de vínculo con ningún grupo ilegal. Nos parece una gran irresponsabilidad que el Ejercito use herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas (OSINT) y softwares de monitoreo, basado en interacciones de redes sociales, para hacer ese tipo de señalamientos sin ningún fundamento, que estigmatizan la labor periodística y ponen en riesgo a la libertad de prensa, a los reporteros y a sus fuentes.
La Procuraduría es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por miembros del Ejército colombiano, y este es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. Por eso, pedimos que, en segunda instancia, la entidad considere que la falta disciplinaria fue “gravísima”, y no “grave” como fue decidido en primera instancia. Además, aún tenemos muchas preguntas sin respuesta en relación al actuar de los militares: ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento?
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirma que la decisión de la Procuraduría, a pesar de ser un avance en el esclarecimiento de los hechos, aún “desconoce la gravedad de la conducta al ignorar, en primer lugar, el contexto de sistematicidad de estas violaciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado; en segundo lugar, las afectaciones a los derechos fundamentales de las y los periodistas; y, finalmente, la necesidad de imponer sanciones proporcionales frente a la gravedad de los hechos” (haz clic para acceder al comunicado de la FLIP sobre el tema). El reconocimiento de la vigilancia digital a los periodistas como una falta “gravísima”, según la FLIP, “no solo sentaría un precedente claro de rechazo frente a las prácticas de vigilancia ilegal contra periodistas, sino que también sería fundamental para garantizar el derecho a la justicia, asegurar una sanción proporcional a la gravedad de los hechos y consolidar una medida efectiva de no repetición frente a violaciones graves de derechos humanos.”
Como aún faltan esclarecimientos, también instamos a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con las pruebas desde hace cinco años, a avanzar con el proceso, y al Estado colombiano que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad.
En el caso del equipo de Rutas del Conflicto, hay claros indicios que muestran que la vigilancia digital empezó a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la FLIP, precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigir información pública al Ejército sobre convenios que habían firmado con empresas petroleras y minero-energéticas. Ante la falta de respuestas, solicitamos judicialmente el acceso a la información. Además, estábamos trabajando en investigaciones que mostraban posibles casos de corrupción vinculados a estos dineros que llegaban al Ejército por medio de los convenios (más información en el comunicado que publicamos en mayo de 2020: “Así responde el Ejército a quienes lo cuestionan”).
Somos un medio de comunicación digital que desde hace once años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. Tras la vigilancia del Ejército, el miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente desde las organizaciones sociales.
Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico. La incertidumbre y el temor se extendieron a los familiares de los periodistas, e impactó nuestro cubrimiento periodístico. En ese momento, incluso, tomamos la decisión de suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares dentro de nuestro trabajo periodístico. El impacto en nuestra libertad de prensa fue evidente y grave. Las consecuencias de la vigilancia militar a los otros periodistas perfilados en las ‘carpetas secretas’ también incluyen “afectaciones emocionales y a su salud mental y una de las comunicadoras se vio obligada a salir del país como mecanismo de autoprotección”, según el comunicado de la FLIP.
Consideramos fundamental y urgente que las herramientas de inteligencia con base en fuentes abiertas y los softwares de monitoreo no sean utilizados por unidades militares para vigilar a periodistas en el ejercicio legítimo de su trabajo. La libertad de prensa y los derechos a la privacidad y a la reserva de fuentes periodísticas deben ser respetados.
Actualizado el: Mar, 05/13/2025 - 07:57