San Carlos: 25 años de la masacre del 17 de marzo de 2001
En medio del temor por la presencia del Clan del Golfo en la región, los habitantes del Orientes Antioqueño piden que se mantenga la memoria y que cese de una vez por todas la violencia.
Por: Rosannah Pettke y Erik Rehm
Hoy, hace 25 años, más de cien hombres armados, integrantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de San Carlos en el Oriente Antioqueño. Era 17 de marzo de 2001. Los perpetradores llegaron sin aviso, ocupando calles y casas, entrando a los hogares y asesinando a sus habitantes con crueldad.
El miedo se instaló en cuestión de minutos. Ese día, 13 personas fueron asesinadas. Entre ellas estaba Luis Alberto Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Samaná Norte, quien fue asesinado junto a sus dos hijos, Alberto Agudelo Úsuga y José Ermilson Agudelo Úsuga. Sus muertes marcaron profundamente a una comunidad que ya vivía bajo la sombra constante del conflicto.
Los paramilitares actuaron como parte de una operación del Ejército conocida como “ Resplandor” y habrían salido desde el punto denominado El Jordán, a tan solo diez minutos del casco urbano. En su recorrido, pasaron por un puesto militar y atravesaron un retén sin encontrar resistencia. Días antes del ataque, el Batallón Juan del Corral del Ejército colombiano, se había retirado del municipio. Al mismo tiempo, la Policía local se desplazó del centro hacia las afueras. En ese vacío de presencia estatal, la población quedó completamente desprotegida.
Solo un día antes, el 16 de marzo de 2001, guerrilleros de las FARC-EP perpetraron otra masacre en el mismo municipio, en la que murieron tres personas. En ese contexto, el ataque paramilitar del día siguiente ha sido interpretado por distintas fuentes como un acto de represalia, enmarcado en la lógica de guerra que dominaba la región. Una violencia que no solo se respondía, sino que se escalaba, dejando a la población civil atrapada entre los fuegos cruzados.
La presencia constante de actores armados y el terror que imponían ya formaban parte de la vida cotidiana en el oriente antioqueño. Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), lo explica así: “San Carlos, San Rafael, Alejandría, estos municipios que están ahí en la zona de embalses, son municipios estratégicos por su agua. Agua que se traduce en generación de energía eléctrica. Entonces, esos grandes megaproyectos eléctricos han provocado muchísima violencia en el oriente del territorio”.
Sin embargo, San Carlos destaca incluso dentro de este contexto: entre 1988 y 2010 se registraron allí, según el Centro de Memoria Histórica, al menos 33 masacres, más que en cualquier otro municipio de la región. “San Carlos es el epicentro”, añade Zapata. “Ahí estuvo uno de los embalses más grandes durante mucho tiempo y también fue la sede del Bloque Metro.”
La violencia constante terminó por quebrar cualquier sensación de seguridad entre los habitantes de San Carlos. Vivir allí significaba convivir con el miedo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2010 cerca de 20.000 de las 25.840 personas que habitaban el municipio se vieron obligadas a abandonar su tierra.
El desplazamiento no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, voladuras de puentes y torres energéticas, tomas del pueblo, extorsiones, minas antipersonal y secuestros. Las masacres cometidas en la región marcaron de manera especialmente profunda a la población. Carlos Zapata describe la masacre del 17 de marzo de 2001 como “una de las que más generó terror y promovió el éxodo de la población”.
Gloria Quintero es sobreviviente de este éxodo en el oriente antioqueño, también es líder comunitaria en Granada, municipio vecino de San Carlos y ha representado a otras mujeres desde 1997, cuando comenzó su labor como madre comunitaria. En el año 2000, tras una masacre ocurrida en su municipio, tuvo que huir durante dos meses. “Somos territorios hermanos donde estábamos viviendo ese horror y ese dolor de tener que dejar nuestra tierra simplemente por miedo, simplemente por no perder más seres queridos”, relata. Para ella, el impacto de una masacre va mucho más allá del momento del ataque: “Eso fragmentó confianzas, fragmenta todos los procesos que hay en la comunidad.”
Las personas desplazadas dependen, en gran medida, de la ayuda del Estado. Según la ley, este debe garantizar condiciones de seguridad y asegurar la restitución de sus derechos. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, en gran parte por la falta de recursos económicos. Esa sensación de abandono también la describe Gloria Quintero: “Había una ayuda humanitaria, pero era muy poca. A algunos les pagaban arriendo dos o tres meses, pero después, ¿qué hace uno sin trabajo, sin nada?”
Por eso en muchos casos, el regreso no fue el resultado de condiciones dignas, sino de la desesperación. “Retornar es una cosa y volver por mis propios medios es otra, porque yo siento que tengo que regresar porque estoy hasta pasando hambre en la ciudad.”, asegura.
En 2002, Gloria Quintero sufrió otro golpe que marcaría su vida: su hermano fue desaparecido por paramilitares. Desde entonces, ha centrado su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas y ha participado en procesos de memoria como el Salón del Nunca Más. Para ella, recordar no es solo un acto simbólico, sino una necesidad urgente: “Estamos haciéndole homenaje a esas personas que murieron o que desaparecieron. Si no hablamos de lo que pasó, se va a volver a repetir.”
La memoria sigue siendo necesaria porque la violencia no ha desaparecido del oriente antioqueño. Carlos Zapata advierte que hoy la región enfrenta nuevas formas de control, especialmente por parte de estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo. En los páramos persisten economías ilegales como el cultivo de coca, que alimentan dinámicas de violencia. Gloria Quintero también cuestiona el discurso institucional: “Es muy triste porque la institucionalidad siempre dice: ‘ya no hay guerra, ya no hay violencia’”. Su preocupación es clara: la falta de garantías reales de seguridad, especialmente para quienes han retornado. “¿Cómo nos vamos a cuidar entre nosotros en un país donde están escritas las garantías de no repetición, pero matan todos los días?”
Aun así, Gloria Quintero no deja de seguir adelante: “Cada día uno siente menos esperanza, a veces uno siente que le apaga la lucecita. Pero no, hay que encenderla por el otro. Sí, seguir luchando.”
Actualizado el: Mar, 03/17/2026 - 16:47