Matarredonda: la pelea inacabable por el mayor predio privado de los cerros de Bogotá
El pleito por más de tres mil hectáreas en el borde oriental de Bogotá completa más de cuatro décadas en medio de varios hechos de violencia y la incapacidad histórica del Estado para resolver los conflictos por la tierra. Esta zona del páramo de Cruz Verde, en la que nacen varias fuentes de agua que son claves para los habitantes de la ciudad y de los municipios vecinos del oriente de Cundinamarca, sigue en una disputa que parece no tener fin.
Por Rutas del Conflicto para La Liga Contra el Silencio. Fotografías Juan Carlos Contreras.
Son las 5:30 de la mañana y el frío húmedo se siente fuerte en la cara. Un paisaje lleno de frailejones va cambiando de tonos de azul a medida que pasa cada minuto hasta acercarse al amanecer. De pronto, un chorro de luz del sol golpea una montaña puntiaguda y la llena de colores naranja. El guía señala con el dedo: “Ese es La Viga, el cerro más alto de la Bogotá urbana, al lado está Guadalupe y si uno sigue bajando llega al barrio Egipto. Detrás de estas montañas está toda la ciudad”.
El altímetro marca los 3.500 metros sobre el nivel del mar y un camino empedrado se abre paso hacia una laguna al pie de otro cerro. El sonido del viento se ve interrumpido cada tanto por los motores de buses y camiones que pasan muy cerca por la vía pavimentada que va de Bogotá a Choachí. El guía para y muestra cómo se abren decenas de pequeñas trochas desde el sendero principal: “Esto no debería estar así. Los turistas se meten por todas partes y van abriendo trocha, pisan los frailejones, traen perros. Es evidente que se va dañando todo esto”.
Todo ocurre en el llamado Parque Ecológico Matarredonda, en una amplia zona del páramo de Cruz Verde que se encuentra entre los municipios de Choachí, Ubaque y el oriente del Distrito Capital, un lugar visitado por turistas locales y extranjeros que quieren tener un contacto con el páramo cerca de la ciudad. Una serie de predios de más de tres mil hectáreas que se encuentra en medio de una violenta disputa por la propiedad que, inclusive, ha dejado un asesinato y graves señalamientos de daños ambientales.
Durante el primer trimestre de 2025, los visitantes recurrentes del páramo encontraron en las redes sociales de quienes venían administrando que el parque se “había cerrado indefinidamente”. Al mismo tiempo aparecieron nuevas cuentas en las redes que indicaban que había nuevas personas a cargo y que los predios seguían abiertos a los turistas. Las dos versiones encontradas provenían de miembros de la misma familia.
Mensaje enviado a mediados de 2025 desde una de las cuentas que administraba el parque vinculada a un grupo de la familia Sabogal
Estos mensajes contradictorios relacionados con el control del acceso al público son una muestra de la dura disputa por la propiedad y el uso de esas tierras que ya completa cerca de cuatro décadas. Un conflicto que trasciende los intereses privados, ya que los predios se encuentran ubicados en una zona de preservación ambiental clave para Bogotá y para municipios como Choachí y Fómeque.
Según lo explica la ecóloga Valeria Bermúdez Naranjo en su investigación Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad del agua para la cuenca media alta del río Teusacá, toda el área del páramo de El Verjón, en la que se encuentran las tierras de Matarredonda son esenciales para la regulación hídrica y climática de la región por su producción de oxígeno y agua. “Las zonas húmedas y los embalses, particularmente el embalse San Rafael (que se alimenta, en parte, de los cuerpos de agua que nacen en la zona), son fundamentales para la vida acuática. Estos ecosistemas no solo contribuyen a la biodiversidad regional, sino que también son cruciales para la sostenibilidad del ciclo hidrológico en la subcuenca del Río Teusacá”, dice el documento.
Laguna sagrada de Teusacá. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.
En las más de tres mil hectáreas que abarcan los predios en disputa se encuentran nacimientos de agua que alimentan las cuencas del Magdalena y el Orinoco. A una hora de la entrada del parque, caminando por el antiguo camino real que comunica a Choachí y Bogotá, está la laguna de Teusacá, en donde nace el río del mismo nombre, que recorre municipios como La Calera y Sopó, hasta desembocar en el río Bogotá. Allí también nace una de los riachuelos que forma el río Blanco, que más al oriente se une al río Negro, hacia Villavicencio.
Las tensiones del conflicto por la propiedad y la explotación turística de estos predios del páramo van más allá de quienes los reclaman. Habitantes de la zona, líderes sociales de Choachí y guías ambientales que hablaron con Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio señalaron su preocupación por el manejo de los ecosistemas y la violencia que ha rodeado la disputa por esas tierras. Todos accedieron a entrevistas para esta investigación con la condición de que sus nombres no salieran publicados, ya que sienten temor por los antecedentes de violencia que han rodeado el conflicto por esas tierras.
A finales de 2025, quien administra el parque es un grupo de la familia Sabogal, que durante los dos últimos años ha tenido una fuerte disputa con miembros de la misma familia. Las dos partes se acusan entre sí de agresiones físicas e intimidaciones que inclusive han llegado a denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
Los Sabogal son una ficha clave para entender el rompecabezas detrás del conflicto por la propiedad de estos predios. En medio de esta disputa por la pertenencia y el uso de la tierra, dos de sus miembros han sido condenados por homicidio y otro más por daño ambiental. Son una familia de origen campesino que crearon el parque ambiental Matarredonda hace cerca de 20 años y que completan casi cuatro décadas de pleitos judiciales con quienes aparecen como dueños de esas fincas ante la ley: la familia del fallecido político Rafael Amador Amaya, el abogado Roberto Antonio Garzón y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Siervos sin tierra
La historia de este conflicto por la tierra se remonta a principios de la década de los setenta, cuando los predios eran propiedad de la familia del exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Fajardo Pinzón. Un certificado de tradición y libertad (ver documento) muestra que para la época gran parte de las tierras disputadas hacían parte de un solo predio llamado ‘El Verjón, Tanavista y El Hoyo’, con una extensión de cerca de tres mil hectáreas, en las que posteriormente se creó el parque Matarredonda, lo que equivale a casi la tercera parte de la localidad de Suba, en Bogotá.
Víctor Julio Sabogal Mora, uno de los patriarcas de la familia que ha liderado las disputas judiciales por la propiedad de los predios, cuenta que para esa época sus ancestros llevaban varias generaciones viviendo en esas tierras. “Allá nacieron mis tatarabuelos, mis abuelos, allá también nací yo, aunque el dueño de eso desde los cincuenta era el que fue magistrado, Gustavo Fajardo Pinzón”, cuenta.
Aunque el certificado de tradición y libertad no menciona directamente al exmagistrado como propietario, sí menciona a sus hermanos, al igual que a la empresa Fajardos y Pinzón en el Páramo. En ese mismo documento queda registrada la venta que le hicieron en 1974 a Rafael Amador Amaya y a Roberto Antonio Garzón. Llos Fajardo arrendaban “lotes o estancias” y que en el momento en el que le entregaron el predio a Amaya y Garzón, “existían 34 arrendatarios, dentro de los cuales se encontraba Víctor Sabogal González”, padre de Víctor Julio Sabogal Mora, según señala la sentencia 16282 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia
Según la investigación “El movimiento campesino en Cundinamarca, una mirada desde la ideología y la cultura”, de la investigadora Ana María Joven Bonelo, magíster en sociología de la Universidad Nacional, en esta y otras zonas del país, se mantuvieron estructuras de propiedad desde la Colonia, en la que vivían generaciones de campesinos en predios de terratenientes con los que había diferentes tipos de servidumbre.
El documento señala que, especialmente en Cundinamarca, desde la década de los treinta del siglo XX, se intensificó un movimiento social que buscaba reivindicar el acceso a la propiedad de quienes habían habitado y trabajado la tierra por décadas. El texto señala que estos reclamos lograron que, durante las siguientes décadas, el Estado le entregara los títulos de propiedad a muchos campesinos, pero este no fue el caso de Matarredonda.
Según Víctor Julio Sabogal, Amaya y Garzón compraron las tierras a los Fajardo con la promesa de entregarle la propiedad a Víctor Sabogal padre, de un área de cerca de 20 hectáreas, que era el entorno en el que había vivido la familia durante décadas. Sin embargo, no existe ninguna prueba escrita de dicha promesa.
Rafael Amador Amaya fue un político liberal del oriente de Cundinamarca que fue diputado de la Asamblea departamental a finales de los ochenta y que falleció en 2016. Varias fuentes del municipio de Choachí le dijeron a Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio que Roberto Antonio Garzón, el socio de Amaya en el negocio de las tierras, es un abogado que no hace presencia pública en la zona desde hace varios años.
Apenas tres años después de la compra de los predios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó, con la Resolución 076 de 1977, la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá, en la que incluyó el páramo de Cruz Verde, incluida la zona de lo que hoy es el parque Matarredonda. Esta decisión limitó el uso de la tierra a actividades exclusivamente relacionadas a la conservación ambiental.
Un recorte de prensa de febrero de 1980 del diario La República muestra que, ante la medida del gobierno, los predios terminaron en la mira de la opinión pública por una denuncia que señalaba al entonces gobernador de Cundinamarca de construir con maquinaria oficial una carretera en el páramo que atravesaba una de sus fincas. El reportaje mostraba que otro beneficiado con dicha carretera era su aliado político, el entonces diputado Rafael Amador Amaya, ya que la vía también pasaba por los predios que había comprado en 1974.
Recorte de periódico La República de 1980.
“La vía no solamente me va a beneficiar, sino que entrará a beneficiar a un gran número de personas que vive en la vereda San Roque”, le dijo el entonces diputado al periódico. Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio no encontraron ningún registro que mostrara si alguno de los dos funcionarios recibió sanciones por esos hechos.
Mientras tanto, la vida de los campesinos continuó sin cambios dentro del predio comprado por Amaya y Garzón. Víctor Julio Sabogal señala que la medida que creó la zona de reserva del gobierno no modificó inmediatamente la forma de vida que llevaba su familia desde hacía décadas. “Nosotros no sabíamos de ese cambio legal que se dio en ese momento. Teníamos cerdos, ganado y cultivos, pero todo eso se mantuvo varios años más”, recuerda Sabogal.
Según una sentencia de la Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia, que definió la propiedad de la tierra a favor de la familia de Rafael Amaya , las tensiones entre los Sabogal y los propietarios comenzaron en 1987, cuando los segundos demandaron a Víctor Sabogal hijo, por “actos de perturbación posesoria de la propiedad”. Según Víctor, en esa época comenzaron los intentos de Amaya y Garzón para desalojarlos del predio.
Según la sentencia de la Corte, desde ese momento se instauraron varias denuncias y querellas contra miembros de la familia Sabogal, no solo por permanecer en la propiedad, sino por presuntos daños ambientales, como la construcción de “una vivienda y un corral para cerdos” y el arar y arrasar “con tractor la vegetación nativa en un área aproximada de 15 hectáreas”.
A mediados de los noventa, el conflicto por la tierra se hizo aún más complejo, luego de que los municipios de Choachí y Ubaque le compraran dos fracciones del predio a Amaya y Garzón para administrarlos directamente por su importancia ambiental para los habitantes. Para 1997, el predio se había dividido en varios, los dos más grandes, llamados Tanavista de 431 hectáreas y El Hoya de Cruz Verde de 2.100 hectáreas, continuaron bajo la propiedad del exdiputado y el abogado (Amaya y Garzón), aunque la familia Sabogal seguía dentro de los terrenos.
La tierra y la sangre
Así, las denuncias y querellas por la presencia de los Sabogal y los presuntos daños ambientales, para la época no solo venían de Amaya y Garzón, sino de las alcaldías de los municipios. En medio de las acusaciones y las inminentes sanciones, los Sabogal, en cabeza de Víctor Julio, decidieron suspender las actividades agrícolas y crear un parque ambiental que abarcara las casi tres mil hectáreas que reclamaban como suyas. “A mi papá un amigo le aconsejó que creara un parque ecológico, algo dedicado a la conservación del ecosistema”, cuenta Sandra Sabogal, hija de Víctor Julio, quien también fue hasta hace unos años parte de la administración del parque.
Así, los hermanos Sabogal Mora crearon en 2002 la Fundación Parque Ecológico Matarredonda, con Víctor Julio como representante legal y abrieron el parque al público. Durante los siguientes años se convirtió en un popular lugar para recorrer el páramo, especialmente por el antiguo camino real que comunicaba a Bogotá y Choachí, que permitía visitar la laguna de Teusacá y la subida al cerro Mirador.
La familia Sabogal logró concretar un proyecto turístico basado en el parque sobre los predios, mientras los dueños continuaban intentando desalojarlos. En 2006, Víctor Sabogal puso una demanda de posesión ante la justicia, en la que señalaba que había actuado como “amo y señor” de esos predios y por lo tanto tenía el derecho a la propiedad.
El proceso recorrió varias instancias durante los siguientes 10 años, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Durante ese periodo el conflicto entre los Sabogal y la familia de Rafael Amador Amaya escaló después de varias discusiones hasta llegar a la violencia física. En una diligencia de verificación de linderos dentro del parque, la hija de Rafael, la abogada Jacqueline Amaya, que se encontraba con el inspector de Policía, fue asesinada por Óscar Sabogal, un sobrino de Víctor Sabogal Mora, el 2 de diciembre de 2014. El victimario fue condenado en 2016 por el Juzgado 45 del Circuito Penal de Bogotá.
El crimen fue cubierto por varios medios de comunicación y produjo un profundo temor en los habitantes de la zona aledaña al parque. “Había encontronazos todo el tiempo entre empleados de la familia Amaya y los Sabogal. Moverse por la zona se volvió un problema, porque desconfiaban de la gente que pasaba por los predios y con la muerte de la abogada, pues todo el mundo se llenó de miedo”, cuenta un habitante del entorno del parque.
Dos años después del asesinato de su hija, en 2016 falleció Rafael Amador Amaya y los derechos de propiedad pasaron a sus otras cuatro hijas y a su nieta, hija de la víctima. Ese mismo año, en noviembre, la Corte Suprema de Justicia resolvió el caso con una sentencia en la que confirmó la decisión que había tomado en un fallo de 2011 el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza. En ella se negaba las pretensiones de Víctor Julio Sabogal y determinaba que la propiedad de los predios era de Rafael Amador Amaya y Roberto Antonio Garzón.
Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio intentaron contactar a las hermanas Amaya por medio de las redes sociales, con el fin de consultarles su posición con respecto a los procesos del predio. Hasta la publicación de este reportaje no respondieron.
Tanto la Corte como el Juzgado basaron su decisión en las pruebas que señalan que Víctor Julio Sabogal era un tenedor y no un poseedor de los predios y por eso no tenía derecho a la propiedad. La diferencia entre esos dos términos jurídicos es clave para entender la decisión de la justicia. En el primer caso, se le llama tenedor a una persona que, en común acuerdo con el propietario, hace uso de un predio, a través, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento. En el segundo, se determina como poseedor a quien ejerce la tenencia de hecho de una tierra y se comporta como su dueño por un tiempo determinado (entre cinco y 10 años, dependiendo de varios factores) sin reconocer al propietario ante la ley.
En este caso, la justicia encontró que Victor Sabogal padre, había firmado un contrato de arrendamiento con los Fajardo Pinzón en 1956 y otro más en 1981 con Amaya y Garzón. Tanto el Juzgado como la Corte determinaron que dicho contrato es un documento en el que el padre de la familia Sabogal reconoció como propietarios a quienes aparecían como dueños ante la ley durante todos los años en los que vivió en esas tierras.
Brayan Triana, investigador del Observatorio de Tierras, una red de académicos de varias universidades en Colombia que estudia los derechos de propiedad sobre la tierra y su relación con el conflicto social, explica que existen varios factores para que la ley reconozca una posesión. “Principalmente se requiere que la persona actúe con el ánimo de señor y dueño, además de otras circunstancias como que la posesión haya sido pacífica e ininterrumpida. Lo primero implica que no se reconozca a ninguna otra persona como propietario, lo que es difícil de probar cuando hay un contrato de arrendamiento”, explica el abogado.
Víctor Julio Sabogal, hijo de quien firmó el contrato y quién se presentaba como el heredero de la posesión del predio, dice que no sabía de la existencia de ese documento. Lo cierto es que esa firma resultó determinante para que la justicia reconociera definitivamente la propiedad de Rafael Amador Amaya y Roberto Garzón.
A pesar de la decisión de la Corte, hay otro elemento que mantiene la incertidumbre sobre el reconocimiento legal de los predios y es la falta de una delimitación clara. Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio encontraron que el Instituto Geografico Agustín Codazzi no tiene planos que describan los linderos de las fincas que han hecho parte de esta disputa por las fincas.
Una abogada experta en tierras, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, señaló que en el Estado colombiano hay un enorme desorden en el registro catastral que acumula años de retrasos en la actualización de la información de las propiedades. “Hay una talanquera muy grande en los procesos civiles y agrarios por esto. Se supone que el Acuerdo de Paz estableció que se actualizara un catastro multipropósito, pero ni siquiera en los municipios priorizados se ha logrado avanzar por el caos institucional”, explicó la abogada.
El cisma familiar
A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, los Sabogal permanecieron en el predio. Víctor Julio Sabogal cuenta que después del asesinato de la abogada, ni los herederos de la familia Amaya ni Garzón volvieron a aparecer presencialmente a exigir que desalojara las tierras.
Pero la decisión de la Corte no fue la única que perjudicó las aspiraciones de Víctor Julio. En 2019 la justicia lo encontró culpable de varios delitos ambientales por intervenir la zona de páramo como arrasar “especies de flora del ecosistema como arrayanes, musgos, frailejones” al realizar construcciones dentro del parque Matarredonda, como una cabaña levantada en la entrada que sirve como recepción y restaurante. Fue condenado a 72 meses, una pena que pagó en casa por cárcel.
Víctor Julio señala que la decisión judicial, sumada a las circunstancias de confinamiento de la pandemia por el COVID-19, hicieron que ni él ni su hija Sandra pudieran continuar plenamente con la administración del parque, por lo que le pidió ayuda a su hermano Carlos. “Yo le dije a mi hermano: ‘Venga, le voy a dejar el restaurante y yo sigo manejando las entradas y las visitas de colegio y todas esas cosas con los guías’. Eso fue como en el 2022”, recuerda Víctor.
Según su relato y el de su hija Sandra, desde ese momento comenzó a deteriorarse la relación entre ellos y el resto de la familia. “De eso dependió que Carlos empezara de un momento a otro a decirme que yo no era nadie ahí en el parque, porque yo no llegaba a hacer presencia al predio”, explica Víctor.
La tensión entre los familiares llegó hasta el punto de tener un fuerte incidente en las instalaciones del parque en enero de 2025, inclusive delante de turistas que se encontraban en la cabaña de ingreso. Sandra cuenta que ha denunciado penalmente a su tío Carlos y a varios primos por lesiones personales y amenazas que ha recibido su padre desde entonces, luego de otros incidentes que han tenido en el predio durante este año.
En diciembre de 2025, quien lideraba la administración del parque era John Sabogal, el hijo de Carlos y sobrino de Víctor. Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio lograron establecer que Carlos Sabogal también fue condenado en junio de 2025 por el Juzgado 24 penal del circuito a 400 meses de prisión por el homicidio de la abogada Jacqueline Amaya en 2014.
Pantallazo del registro en la Rama Judicial con a condena en primera instancia contra Carlos Sabogal.
Víctor y Sandra han señalado que las intimidaciones que han recibido de sus familiares tienen relación con su intención de entregar el predio definitivamente a las herederas de Rafael Amador Amaya y Roberto Garzón. “Todo esto tiene que ver con los acercamientos que hemos tenido con los abogados de los Amaya y de Garzón, para ver si se entregan las tierras, pero es que yo no puedo evadir la justicia ni las sanciones que me ha puesto la CAR (ver documento con una de las sanciones)”, explica Víctor.
Vecinos del sector le contaron a Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio que la tensión entre los familiares ha vuelto a complicar la movilidad en el sector, ya que los actuales administradores hacen presencia ocasionalmente para no permitir el acceso a quienes entran a las tierras por otras zonas diferentes a la cabaña de ingreso y no pagan la entrada al parque.
A junio de 2026, la entrada al parque está en 18 mil pesos para adultos colombianos, 20 mil para extranjeros y 14 mil para niños. Si los visitantes llevaban mascotas el cobro adicional es de 8 mil pesos, pero a finales de julio publicaron en sus redes sociales que ya no iban a permitir el ingreso con animales.
Avisos en redes sociales con los precios de ingreso, incluyendo la entrade de mascotas y, posteriormente, anunciando que ya no se permite su ingreso.
Guías y vecinos de la zona también señalan que a pesar de estas tensiones, hay una visita constante de caminantes a la zona y que con el tiempo se han vuelto más frecuentes el ingreso al parque y sus zonas cercanas por senderos que permite evadir el pago y por los cuales no hay ningún control sobre la actividad turística. Como se puede ver en el siguiente video, inclusive se ha promovido en redes sociales el uso de estos caminos. (ver video).
Según una persona cercana a la Alcaldía de Choachí, que no quiso ser identificada, ante la alta presencia de caminantes en el páramo, la Alcaldía de ese municipio decretó la prohibición de actividades turísticas para preservar el ecosistema en el predio Lagunas de Peña Azul y Tanavista, que hacía parte del terreno original de Matarredonda. Esta entidad adquirió esta tierra a la familia Amaya y pudo tomar posesión de esas tierras.
La situación de la actual administración se ha vuelto aún más compleja, luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recuperara una zona del parque a finales de octubre de 2025, después de que en 2024 un juzgado ratificara que la entidad es la verdadera dueña de 124 hectáreas que los Sabogal consideraban suyos. Una zona que incluye un sector de acceso a la laguna de Teusacá y casi dos kilómetros del camino real, que es el principal sendero del parque. La decisión cerró un proceso abierto desde 2006, cuando Víctor Julio había puesto una demanda de posesión contra la CAR. El mismo Víctor estuvo en la entrega del predio en la CAR según él mismo cuenta. (Ver video de Instagram de la CAR sobre la entrega del predio)
Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio contactaron a John Sabogal para que contara su versión de la historia. John dijo que tenía que consultar con el resto de la familia para ver si aceptaban entregar sus testimonios, pero hasta la fecha no dieron ninguna respuesta.
El parque y los señalamientos de daños ambientales
Mientras sigue la disputa por la administración y la tenencia real de esos predios, líderes sociales y guías turísticos señalan que hay una preocupación por el manejo del turismo que se ha realizado en el parque y sus efectos ambientales. “Desde que se abrió como parque ha habido varios problemas por la falta de control de lo que hacen algunos de los caminantes que no entienden la importancia de los ecosistemas y eso ha empeorado en los últimos años”, le dijo un guía de la zona que prefiere que no se publique su nombre.
Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio entrevistaron a varias personas que han visitado el parque y a guías que han ingresado con grupos y todos señalaron que presenciaron situaciones ajenas a lo que expertos consideran es un adecuado manejo del turismo en una zona de páramo.
Como se observa en las fotografías a continuación, es fácil encontrar excrementos de perros junto al sendero principal. El parque se ha ofrecido al público como un espacio pet friendly en el que los caminantes pueden compartir con sus perros, algo que no es habitual en zonas de reserva ambiental (Ver video en el que aparecen perros sin correa). Todos coincidieron en que han presenciado el tránsito de grupos con estas mascotas sin correa.
Una guía con más de 10 años de experiencia con turistas en varios parques nacionales de montaña, y que prefiere que no se publique su nombre, le dijo a Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio que normalmente no se permite el ingreso de perros a estas zonas por el impacto que puede tener en la fauna de estos ecosistemas que son especialmente sensibles. “Los perros pueden matar aves o pequeños mamíferos. A veces solo los persiguen, pero eso ya genera un estrés que afecta a los animales que viven en el páramo. Las heces también pueden transmitir enfermedades, por lo que en general, no se les debería permitir el ingreso”, señaló la guía.
Un visitante relató que hace unos años presenció una celebración de cumpleaños con música a alto volumen y confetis en el borde la laguna de Teusacá. “Cuando pasamos, la gente estaba con un parlante a todo volumen, nos pareció que era algo como agresivo para el medio ambiente”, explicó el turista.
La guía que tiene experiencia en parques nacionales señala que en un ejercicio de turismo responsable en el páramo no se debe permitir música a alto volúmen porque genera un impacto en los animales, que huyen y los terminan desplazando, afectando el ecosistema.
Otro señalamiento que hacen los guías consultados es la falta de control para que los turistas exclusivamente transiten por el camino real y no abran senderos que terminen afectando la vegetación. Como se puede ver en las fotografías, desde el camino empedrado se han abierto varias trochas en medio de frailejones y otras plantas.
Zona afectada por tránsito de turistas. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.
La guía señala que lo ideal es mantener el tránsito exclusivo por el camino real y si se van abrir senderos usar puentes con madera sobre la vegetación. “Esto es algo que se usa en parques como Chingaza y que cuando se montó, ayudó a que se disminuyera el daño ambiental en zonas en donde no está permitido que se camine”, explicó.
Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio consultaron a Víctor y Sandra Sabogal particularmente por estos señalamientos y respondieron que dentro del reglamento del parque se ha permitido el ingreso de mascotas, pero, hasta que ellos lo administraron, se les exigía a los visitantes el uso de correas para que no circularan libremente y la recolección de excrementos. “Nosotros teníamos unos drones de vigilancia que controlaban la actividad de los caminantes, que las mascotas no salieran del sendero, que no entraran a la laguna, si no cumplían el reglamento se les llamaba la atención y tenían que salir del parque”, dice Sandra, que agrega que no puede garantizar lo que está ocurriendo con la administración actual.
Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio no pudieron obtener las respuestas a estos señalamientos de parte de la administrador actual, ya que John Sabogal no volvió a contestar las llamadas y los mensajes de Whatsapp y nunca concretó una entrevista formal.
Víctor y Sandra explicaron que durante más de 20 años realizaron un trabajo de conservación ambiental que ha sido reconocido por varias universidades que han realizado estudios sobre la fauna y la flora del páramo. Efectivamente, centros de educación superior como la Universidad Nacional han hecho investigaciones al ecosistema del páramo con el apoyo del parque.
Inclusive entidades como la misma CAR también han realizado estudios dentro de los predios y le han agradecido a la familia Sabogal por la colaboración en estas investigaciones (ver documento).
Ivone Acero, licenciada en Biología de la Universidad Distrital que ha dedicado toda su carrera a la investigación del patrimonio natural y cultural de la localidad de La Candelaria y que ha conocido la labor ambiental de la familia desde hace años, valora el trabajo de conservación que se ha hecho en el parque. “Este ecosistema es único en el mundo. Ahí se pueden encontrar más de 500 especies de arañas, unas plantas llamadas bromelias que tienen una importancia clave en todo el sistema de captación de agua. Conozco que las mujeres de la familia han hecho un esfuerzo enorme por reemplazar la vida agrícola con la conservación”, cuenta.
A pesar de los reconocimientos, todo el tema del manejo ambiental de la zona y el conflicto por la propiedad de la tierra marca la existencia del Parque Matarredonda. Los líos relacionados con la tenencia y el uso no parecen tener fin, más aún cuando el mismo Estado ha sido incapaz de delimitar las áreas de estos bienes privados y de hacer respetar las sentencias judiciales. Por ahora el parque sigue abierto, aunque la disputa por esta zona de enorme importancia ecosistémica para Bogotá y sus vecinos municipios del oriente continúa.
Rutas del Conflicto y la Liga contra el Silencio enviaron derechos de petición a los ministerios de Ambiente e Industria y Comercio, para consultar si había sanciones contra el parque, quiénes lo administran o los propietarios legales. Ninguna de las dos entidades respondió las solicitudes de información.
También se contactó a la Alcaldía de Choachí en numerosas ocasiones, pero nunca concretaron el espacio para una entrevista sobre el control ambiental de los predios.
Actualizado el: Mar, 09/01/2026 - 07:08