“Los pagos de empresas minero-energéticas al Ejército pueden aumentar los efectos del conflicto”: investigación sobre los convenios de cooperación en Colombia.

Rutas del Conflicto conversó con las investigadoras estadounidenses Shauna N. Gillooly y Jamie L. Shenk, sobre una  los conflictos de interés existentes frente a los convenios de seguridad que ha firmado a lo largo de los años el Ejército colombiano a con distintas empresas del sector privado relacionadas a la minería, el petróleo y la energía.

Gillooly, doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en Irvine y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha centrado su labor en el impacto del conflicto armado y la justicia transicional. Shenk, socióloga formada en la Universidad de Oxford con experiencia en la Universidad de Warwick, por otra parte, investiga la participación comunitaria y las resistencias frente al extractivismo.

En su artículo publicado en Latin American Research Review, titulado “Formalizing Corporate Counterinsurgency: State-Company Security Contracts in Colombia's Extractive Industries”, ambas analizaron una base de datos de casi 600 convenios firmados entre 2002 y 2020, combinándolo con trabajo de campo en regiones como Jericó (Antioquia) y el Ariari (Meta) para evidenciar cómo estos acuerdos terminan respondiendo más al control social y al interés corporativo que a la protección de las comunidades. Juntas aportan una mirada rigurosa para desglosar cómo estos acuerdos reconfiguran la seguridad territorial.

Rutas del Conflicto: Rutas del Conflicto ha documentado que ha habido una criminalización muy fuerte contra la población que vive en el entorno de proyectos minero-energéticos, inclusive se ha señalado a la población de colaborar con la guerrilla. Entrando al tema general: ¿cómo ven ustedes que el Estado colombiano permita que una empresa privada le dé dinero directamente al Ejército? ¿Qué problemas éticos encuentran en comparación con otros países?

Gillooly & Shenk: Primero, la manera en que se permite y justifica legalmente la existencia de estos convenios es bajo la sombrilla de la "seguridad nacional". La extracción de recursos naturales en Colombia es parte de la economía nacional; por ende, en el lenguaje de las resoluciones del Ministerio de Defensa y de los convenios a los que se puede acceder públicamente, se argumenta que se busca proteger el interés nacional y la economía. 

Obviamente hay un trasfondo histórico. Hubo un legado de conflicto armado donde guerrillas como el ELN y las FARC atacaban intencionalmente la infraestructura petrolera, y bajo ese contexto se permitió inicialmente la creación de estos contratos. 

Sin embargo, desde una perspectiva normativa y ética, esto es profundamente problemático. Desde el lado de las empresas y el Estado se argumenta que la empresa puede pagarle al Ejército para "mejorar los servicios para todos". Pero la realidad es que existe un conflicto de interés muy grave: el Ejército y el Estado existen para servir al público general. Si los intereses del público chocan con los de la empresa, ¿qué pasa si la empresa es la que está pagando por esos servicios? 

Ese conflicto de interés coloca al Estado en la posición de tener que elegir entre el capital privado y el público. Y lastimosamente sabemos que, no solo en Colombia sino en muchos países del mundo, los estados casi siempre eligen apoyar al capital.

RC: Es un dilema fundamental de la teoría política sobre la naturaleza del Estado...

G&S: Exacto. Al firmar un contrato, la empresa puede demandar al Estado si este no cumple con los servicios de seguridad pactados. Pero, la teoría política señala que las Fuerzas Armadas existen para garantizar la seguridad como un bien público, no privado. Al entrar en estos contratos se generan contextos donde no se pueden cumplir ambas cosas a la vez, y se produce un choque ético.

Incluso familiares de víctimas de "falsos positivos" nos señalaban que ellos sentían que la presencia del Ejército allí era explícitamente para cuidar a la empresa y no para proteger a los campesinos o a la comunidad. 

RC: En medio de un conflicto armado con las características del colombiano, donde ha habido una estigmatización muy fuerte a las poblaciones donde hay presencia de grupos armados, esto agrava aún más la situación, ¿verdad?

G&S: Totalmente. Tenemos la teoría de que los convenios también pueden generar o incentivar el conflicto. Si las empresas y el Estado justifican estos convenios bajo la lógica del conflicto armado, ¿cómo los justifican en una zona como Jericó donde no hay conflicto activo? Entran en un círculo donde se termina generando o promoviendo el conflicto para justificar la presencia militar. 

Lo que sí hemos probado hasta ahora en nuestra base de datos es que la presencia de los contratos responde a legados históricos del conflicto, no a cambios actuales donde haya conflicto armado activo. Una vez que se entra en un proceso de militarización y securitización en un espacio como Jericó, es sumamente difícil retroceder o "volver a meter el genio en la botella". 

RC: ¿Podría decirse entonces que, cuando no hay motivos o presencia armada para militarizar un espacio, estos convenios se terminan utilizando como una fuerza de choque contra la protesta y los conflictos sociales?

G&S: Creemos que sí. Hemos visto muestras de ello en varios lugares. En Jericó, por ejemplo, los campesinos nos contaron que cuando se manifestaban, el Ejército llegaba a la protesta y les decía: "La empresa nos dice que ustedes son guerrilleros, pero vemos que no lo son; aun así, tenemos que estar listos para combatir". Y eso ocurría cuando no había ningún grupo armado en la zona.

Como el Ejército en Colombia ha estado entrenado durante décadas para combatir, si se envía al Ejército a una lucha social, se termina convirtiendo un reclamo social en un proceso de conflicto.

Esto responde además a una tendencia internacional de los últimos 10 o 20 años: la criminalización de la protesta social. En Colombia, podemos decir con certeza que los convenios sí se han utilizado para iniciar procesos jurídicos y judicializar a líderes sociales y sindicales. Hemos visto casos de líderes que terminaron encarcelados y que tiempo después salieron libres porque la justicia determinó que no había ninguna prueba en su contra. 

RC: ¿Ha aumentado la violencia contra los líderes sociales en los entornos de estos convenios? ¿Y ha aumentado la judicialización de líderes?

G&S: En las zonas petroleras sí hemos visto un aumento en judicializaciones, detenciones arbitrarias y amenazas a líderes. En zonas mineras no vemos la violencia física reflejada del mismo modo en las tendencias estadísticas generales, y por eso nos enfocamos en el estudio del caso de Jericó. En resumen: en las zonas petroleras sí hay una tendencia clara de violencia física (en forma de amenazas) y de judicialización. 

Tenemos una teoría sobre por qué predominan las amenazas: las amenazas son "baratas" e intimidantes. Asesinar a un líder genera muchísima atención pública y mediática. En cambio, enviar a un sujeto en moto a mostrar un arma, o dejar un papel o un mensaje debajo de la puerta, es barato, fácil de hacer y logra el efecto de amedrentar. 

También hay que tener en cuenta la limitación de los datos: es fácil registrar asesinatos, pero es muy difícil conseguir datos estadísticos sobre golpizas, asaltos o agresiones menores en zonas de conflicto. 

RC: Esa violencia no proviene necesariamente de la empresa privada, ¿correcto? ¿Qué otros actores del entorno generan esta vulnerabilidad?

G&S: Totalmente, no proviene necesariamente de la empresa. Se da en entornos de conflictividad donde operan otros actores armados. En los últimos años en Colombia se ha visto una proliferación de grupos: desde disidencias de las FARC y el ELN, hasta grupos armados pequeños, regionales o locales. 

Estos grupos armados tienen sus propios intereses de control territorial y social sobre las comunidades y sobre las economías locales (extorsiones a contratistas, control de negocios, etc.), independientemente de la empresa o del proyecto. 

Lo interesante y paradójico es: si hay un convenio y el Ejército está ahí recibiendo recursos, ¿por qué no logran controlar a esos grupos armados ilegales? Nuestros datos demuestran que la presencia de los convenios no mejora las condiciones de seguridad general del territorio, ni reduce los homicidios ni disminuye la presencia del conflicto armado. La situación de seguridad para la comunidad no mejora con o sin convenios. 

RC: ¿Qué han encontrado inicialmente en su estudio respecto al impacto de los convenios de seguridad en las distintas zonas del país?

G&S: Hemos visto un aumento de indicadores de aumento del conflicto en lugares donde hay convenios petroleros. Lo que vemos en lugares mineros es un poco distinto, pero eso no significa que no haya efectos de los convenios; simplemente funcionan de manera diferente. 

Lo que vimos en Jericó (Antioquia), por ejemplo, es que cuando entró el convenio en vigencia la gente nos decía: "Bueno, pues hemos visto Ejército en lugares donde nunca había antes y eso nos daba un poco de miedo porque no estamos acostumbrados a vivir así". 

No hay cambios muy drásticos en lo que está pasando en términos de violencia, pero hemos visto que eso puede cambiar porque las dinámicas funcionan en un espectro. Eso es lo que encontramos en espacios de minería como Jericó.

RC: ¿Cómo opera ese espectro de estrategias por parte de las empresas mineras a lo largo del tiempo?

G&S: Por ejemplo, cuando no había tanta necesidad o prisa por parte de la empresa porque le quedaba mucho tiempo en su licencia de exploración allá, nunca hubo un enfrentamiento directo del batallón que estaba ahí con las personas que estaban en contra del proyecto. 

Pero más adelante —por ejemplo, la última vez que estuvimos ahí el año pasado—, cuando quedaba poco tiempo en su permiso de exploración, hubo un cambio en las estrategias de la empresa: básicamente más confrontación, pero una confrontación de tipo jurídico. Ahí es donde vimos, por ejemplo, lo del 11 de Jericó y el uso de querellas. Eso forma parte de un abanico de estrategias más grande que estas empresas usan en momentos distintos, fundamentalmente cuando lo necesitan. 

A través de estos contratos y de estas relaciones más institucionalizadas y formalizadas, podemos ver que son utilizados en los momentos que la empresa lo requiere, no necesariamente todo el tiempo. Eso es lo que encontramos en zonas de minería versus zonas petroleras. Se trata de una infraestructura de control que la empresa puede activar o desactivar en momentos clave.

RC: Varios habitantes de Jericó mencionan que esa zona no ha sido históricamente de presencia guerrillera ni de tanta violencia reciente, por lo que les parecía muy incómodo que al llegar la minera apareciera el Ejército. Aunque no haya un ataque directo inicial, estos convenios generan una militarización alrededor de los intereses de la empresa, ¿no es así?

G&S: Totalmente. Así sea en aspectos pequeños, los campesinos que están más cerca del proyecto empezaron a tener situaciones incómodas. No mataron a nadie ni capturaron a nadie, pero había un ambiente de "no entren, no miren" para los campesinos de la zona. 

Cuando yo llegué por primera vez a Jericó hace 3 o 4 años, todo el mundo me decía: "No, esto es un remanente de paz; nunca ha habido conflicto armado ni violencia acá". La visión del municipio es muy de vivir en paz. Por eso, la llegada del Ejército representa una ruptura total. Nunca había habido incluso policía en esas zonas, entonces la llegada de los soldados hace que la comunidad se pregunte: "¿Para qué están acá?". 

RC: ¿Cómo contrasta esta realidad con lo que observaron en las zonas petroleras que visitaron?

G&S: En las zonas petroleras —fuimos al departamento del Meta, cerca de los campos de petróleo del Ariari y Apiai— vimos convenios asociados a una supresión más "típica". 

Allí estuvimos hablando con personas de la USO (Unión Sindical Obrera) y líderes del sindicato. En esos lugares, los convenios están directamente asociados con una presencia física muy literal de un batallón. Hay un lado de una carretera rural chiquita en la estación petrolera, y justo al otro lado está un batallón permanentemente estacionado. Es el mismo batallón con el que la empresa tiene el convenio. 

El convenio es "invisible" allá en el sentido de que los soldados siempre están ahí, vigilando quién entra y quién sale de la estación. Cada vez que hay una protesta o manifestación, llegan de una. La relación entre el Ejército y la empresa es sumamente cercana, hay una simbiosis en la que no se sabe si están actuando para proteger al Estado o a la empresa, como si fueran una misma cosa. 

RC: Es decir, ¿en el sector petrolero la presencia es mucho más abierta?

G&S: Sí, exacto. Es un gran contraste con lo que pasa en Jericó, donde el Ejército está pero no es visible cuando uno camina por el pueblo. En el sector petrolero es mucho más fuerte. Allá nos contaban que cuando hay una manifestación o protesta, llegan en este orden: los soldados, la policía y luego la empresa. 

Los principales hallazgos de la investigación de las expertas:

●      Estos contratos de cooperación (CC)f permiten a las empresas privadas contratar a batallones militares u otras entidades gubernamentales para proteger las instalaciones de las empresas privadas o las infraestructuras de sus proyectos en todo el país.

●      Más allá de la militarización, las empresas recurren directamente a las instituciones judiciales colombianas para la protección del capital extractivo, integrando los intereses corporativos en los mismos órganos destinados a proteger los derechos de los ciudadanos.

●      Los CC no solo se materializan como acuerdos contractuales, sino como formas visibles de militarización que configuran el paisaje cotidiano.

●      Los CC desequilibran el terreno de la contienda, institucionalizando barreras a la participación democrática precisamente en aquellos lugares donde la rendición de cuentas es más necesaria.

●      Al permitir que el Estado criminalice y judicialice la protesta, estos acuerdos reconfiguran el terreno de la contestación al alcance de las comunidades: sirven para reducir el espacio democrático disponible y amenazan el ejercicio de las libertades políticas y civiles.

 

Rutas del conflicto consiguió mediante un derecho de petición el acceso a 400 contratos de convenio, que datan desde el año 2002 hasta el 2010, los cuales también pone a disposición del público. Para acceder a ellos acceda a los diferentes enlaces adjuntos para poder visualizarlos, haga clic en el año:

●      Convenios 2002

●      Convenios 2003

●      Convenios 2004

●      Convenios 2005

●      Convenios 2006

●      Convenios 2007

●      Convenios 2008

●      Convenios 2009

●      Convenios 2010

Actualizado el: Mar, 09/22/2026 - 08:23