Un excontratista del INPEC, señalado de ser testaferro del paramilitar ‘Martín Llanos’, recibió 30 mil hectáreas baldías del Estado en tiempos del gobierno Uribe

Son cerca de cien familias. Llegaron en oleadas distintas y por razones distintas. Unas en 2005, cuando la tierra quedó momentáneamente sola tras la desmovilización de los paramilitares. Otras en 2014, cuando la presencia armada permitió a campesinos buscar tierra adentro de la llanura. Y otras más, esperando la promesa de la restitución de tierras.  Algunas creen que compraron de buena fe a quienes eran los dueños legítimos de unas cientos de hectáreas. Otras nunca llegaron a tener documento alguno y confiaron en que el Estado les reconociera su ocupación. Todas coinciden en un mismo predio llamado  Nueva Frontera. 

La historia de ese predio comenzó mucho antes. En 2005 fue bautizado como Nueva Frontera después de un englobe que reunió 17 parcelas que habían sido adjudicadas por el Estado apenas un año antes a 17 personas distintas. Habitantes de la zona aseguran que aquellos adjudicatarios nunca trabajaron la tierra. Los documentos revisados por Rutas del Conflicto muestran que, poco después de recibir los predios, sus propietarios otorgaron poderes a un trabajador de Héctor Daniel Santiago Murcia, el empresario que durante años manejó contratos de alimentación para las cárceles del país y cuyo nombre también ha aparecido relacionado, en testimonios y documentos, con estructuras paramilitares que tuvieron presencia en los Llanos Orientales.

Santiago Murcia murió en 2011. Pero la historia de las tierras que quedaron bajo su control no terminó con su muerte. Durante los años siguientes, campesinos que intentaron formalizar sus compras fueron desplazados, algunas familias campesinas iniciaron procesos de restitución y el Estado comenzó a revisar unas adjudicaciones que, según los procesos administrativos, presentan irregularidades desde su origen.

Rutas del Conflicto reconstruyó la historia de Nueva Frontera a partir de documentos públicos, expedientes y testimonios de quienes han vivido el conflicto por estas tierras. El caso había llegado a los titulares en 2012, cuando la Superintendencia de Notariado y Registro lo incluyó entre los casos de atención especial por ocupación y acumulación de tierras en el oriente del país. Catorce años después, las familias que viven sobre esas tierras y los herederos de Santiago Murcia siguen esperando una respuesta sobre quién tiene derecho a ellas y cómo 17 parcelas adjudicadas por el Estado terminaron convertidas en una extensión de miles de hectáreas.

Una finca que desapareció en los papeles

En 2010, mientras buscaba tierra para trabajar, a Armando Jurado Cruz le ofrecieron una finca llamada La Diriana, a unas dos horas de San Martín, Meta. El negocio parecía sencillo: pagaría la mitad del precio en efectivo y el resto cuando pudiera registrar la propiedad ante una notaría. “Yo me asesoré de un abogado y fuimos a hacer lo de la escritura”, recuerda Jurado. Pero cuando llegaron a formalizar la compra descubrieron que algo no cuadraba, el folio de matrícula inmobiliaria estaba cerrado.

La Diriana había llegado a manos de Óscar Chaparro seis años antes, cuando el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, le adjudicó 1.421 hectáreas como parte de la política de acceso a tierras del Estado. Los documentos recopilados por Rutas del Conflicto muestran que la adjudicación fue el 5 de octubre de 2004 y que apenas veinte días después Chaparro habría otorgado un poder a Óscar Homero Santiago Rueda para disponer del terreno. En los años siguientes, aquella finca que el Estado había entregado como una propiedad independiente terminó absorbida por Nueva Frontera, un predio que para entonces ya estaba bajo el control de Héctor Daniel Santiago Murcia.

Cuando Jurado descubrió el englobe, ya había entregado a Chaparro la mitad del dinero acordado por La Diriana. Intentó entonces deshacer el negocio y recuperar su inversión. “Yo le dije que me devolviera la plata y hacíamos como si no hubiera pasado nada cuando me enteré del englobe”, recuerda. Pero Chaparro no aceptó devolverlo y Jurado, convencido de que había comprado la finca de buena fe, decidió entrar al terreno y comenzar a trabajar. Arregló la casa, construyó potreros, llevó animales y empezó a invertir en una propiedad que, aunque para él seguía siendo La Diriana, en los registros hacía parte de una extensión mucho mayor.

La disputa pronto dejó de ser solamente un problema de papeles. Chaparro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la supuesta falsificación del poder que, según los documentos, había otorgado a Santiago Rueda, pero el proceso no avanzó. Mientras tanto, las hijas de Héctor Daniel Santiago Murcia presentaron otra denuncia, esta vez contra Jurado, y fue esa acusación la que terminó llevando el conflicto hasta la finca.

El 24 de octubre de 2013, una comisión llegó a La Diriana con funcionarios de la Inspección de Policía de San Martín, un perito y el abogado de la familia Santiago Murcia. El patriarca para esa fecha ya había fallecido. La familia Santiago venían a desalojar a Jurado. Para entonces, el terreno que él había comprado, trabajado y sobre el que había construido una casa y potreros ya no aparecía en los documentos como una propiedad independiente: era parte de Nueva Frontera. Jurado intentó demostrar que llevaba varios años ocupando la finca, que tenía animales, una vivienda y trabajadores que podían confirmar que él había hecho de ese lugar su hogar y su sustento, pero la comisión le ordenó abandonar el terreno. “Nos dijeron que nos fuéramos y que nos pagaban una noche en un hotel en San Carlos de Guaroa”, recuerda.

Ese día Jurado no salió del predio. Pero después de aquella visita, la disputa comenzó a adquirir otra dimensión. En noviembre de ese mismo año le avisaron que La Diriana se estaba incendiando. Jurado regresó y volvió a levantar lo que el fuego había destruido, intentando conservar la finca en la que había invertido durante años, pero a partir de entonces, según su relato, las amenazas se hicieron cada vez más frecuentes y sus trabajadores comenzaron a sufrir agresiones, mientras él recibía mensajes cada vez más claros de que debía abandonar el territorio.

Uno de esos mensajes llegó mientras se movilizaba en un vehículo. Dos hombres en motocicleta le hicieron detenerse y, según recuerda Jurado, se identificaron como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Meta. Le dijeron que iban de parte de los dueños de Nueva Frontera, es decir, la familia de Héctor Daniel Santiago Murcia, y le dejaron una instrucción de que no debía volver a la finca y tenía que abandonar el territorio.

Jurado esperó algunos meses más, quizá con la esperanza de que las amenazas terminaran o de encontrar una salida para conservar la tierra por la que había pagado y trabajado. No ocurrió. Las intimidaciones continuaron y, finalmente, en diciembre de 2013, después de esconderse unos días en la casa de unos vecinos tuvo que irse de La Diriana. 

Desde entonces, Jurado empezó a buscar las piezas que le faltaban para entender cómo una finca que el Estado había adjudicado a un campesino en 2004 había terminado incorporada a Nueva Frontera, quién estaba detrás de esa concentración y, sobre todo, qué relación había entre los papeles que cambiaron de dueño y la violencia que terminó expulsándolo del territorio.

El imperio Santiago Murcia

La fortuna que llevó a la familia Santiago Murcia a los Llanos Orientales lo hizo alrededor de prestar durante décadas el servicio de alimentación a los presos en varias cárceles del país. Su relación con el sistema penitenciario se remonta al menos a los años ochenta, cuando ya tenía contratos para suministrar comida a las cárceles de Cúcuta y Pamplona. En los años siguientes amplió su negocio para convertirse en uno de los grandes contratistas del INPEC. En 1999, por ejemplo, fue contratado para atender seis cárceles de Boyacá, una en Meta y una más en Cundinamarca que superaba los 13 mil millones de pesos. 

Su relación con el INPEC continuó durante los años siguientes. En 2005, el instituto contrató a Héctor Daniel Santiago Murcia para suministrar alimentación y utensilios a los internos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, según consta en una sentencia de la Corte Constitucional. Para entonces, Santiago Murcia ya había construido un negocio de grandes dimensiones alrededor de la alimentación penitenciaria.

Pero mientras sus negocios crecían alrededor de los contratos públicos, su patrimonio también se extendía por los Llanos. La idea de la familia Santiago era comprar tierra para cría de ganado y tener una planta de sacrificio para surtir carne al sistema penitenciario. Sin embargo su nombre aparece en testimonios y documentos que dan cuenta de una estrecha relación con Héctor Buitrago, alias el ‘Viejo’, y Hector Martín Llanos, alias ‘Martin Llanos’ fundadores del grupo paramilitar Los Buitragueños, que ejercía control en los Llanos Orientales.

Según el informe de Indepaz, ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XXI en la Orinoquía? la guerra que se desató entre las estructuras paramilitares de Miguel Arroya, alias El arcángel y Los Buitragueños, llevó a que Arrayova se apropiara del “botín de guerra’ del Viejo y de Martin Llanos, que incluía algunas fincas despojadas, la mayoría de ellas englobadas y puestas a nombres de terceros. Como lo relata Indepaz, una de esas fincas estaba a nombre de Sandra Carolina Castro Amaya, compañera sentimental de Héctor Daniel Santiago Murcia. 

También se suma el concepto del Ministerio Público en un proceso de restitución de tierras en Puerto López, Meta, en el cual se narra que la familia Santiago Murcia y algunos de sus trabajadores, “al parecer fueron patrocinadores de grupos al margen de la ley” o, por lo menos favorecedores de las actividades de Los Buitragueños. El concepto de la Procuraduría afirma que Santiago Murcia habría sido el determinador del despojo y desplazamiento de la familia que reclama uno de los predios y que se había aprovechado de la circunstancias para hacer la compra. 

La sentencia no convirtió esa afirmación de la Procuraduría en una condena contra Santiago Murcia: el Tribunal terminó negando la restitución solicitada por considerar que no estaban acreditados los requisitos para reconocerlo como víctima en ese caso. Pero sí dejó consignada la gravedad de las denuncias del Ministerio Público sobre la presunta forma ilícita en que los propietarios habían adquirido el predio llamado El Maracuyá y otros inmuebles del Meta, y ordenó trasladar el fallo a la Fiscalía encargada de la extinción de dominio para que investigara estos hechos.

En el proceso llevado por la Unidad de Restitución de Tierras muestra que el predio El Maracuyá nació cuando se acumularon siete baldíos entre 1985 y 2000. El englobe lo hizo el Clan Murcia, principalmente por los hermanos Jorge Orlando Murcia Sierra y Fabio Murcia Sierra, y al parecer también por José Reinaldo Murcia Sierra, identificado en el documento como quien habría sido conocido como “Martelo” o “el doctor Martelo”, un extinto capo del ‘Cartel del Bogotá’. A finales del año 2000 fue comprado por Héctor Daniel Santiago a los hermanos Murcia, después pasó a su hija Yeni Patricia Santiago Rueda y después a su compañera permanente 

Otro testimonio que suma a la aparente relación de las familias Buitrago y Santiago es la de un amigo cercano a los dueños de la tierra antes que fuera Nueva Frontera. En el relato cuenta que Edgar Vargas, quien había comprado el uso de los predios Guayeima y Nueva Frontera en 1993, empezó a tener inconvenientes para entrar y salir de la tierra. 

En 2001 le restringieron la entrada al predio a Vargas, solo podía entrar el cuidador de la finca junto con su esposa. En 2003, después de dos años de no poder volver ante el miedo de la muerte o el secuestro, fue citado en la finca con el objetivo de que vendiera el predio. Ante varias reuniones con paramilitares de la zona y Hector Buitrago vendió las dos fincas en septiembre de ese año. 

El pago como muestra la escritura de compra se realizó por un bus, un local, una camioneta, un apartamento y una casa en el occidente de Bogotá por 390 millones de pesos. Rutas del Conflicto pudo confirmar que la compra se hizo entre Edgar Vargas y Hector Daniel Santiago, quien aparece solo como dueño de la casa.  

Después de la compra, al año siguiente, en 2004 comienzan las adjudicaciones de los predios que confirmaban estas dos fincas ante la oficina de registros del municipio. Es decir, Hector Daniel Santiago Murcia tenía la falsa tradición sobre la tierra mientras que el Estado le estaba adjudicando a 17 personas esa tierra, sin embargo, muchas de ellas tenían en común un apellido: Santiago Murcia y Santiago Rueda.

Por ejemplo, el predio entregado por el Incoder llamado Villa Yenni fue adjudicado a Yeni Patricia Santiago Rueda, hija del contratista, una tierra de 1708 hectáreas y que colinda con los predios adjudicados al mismo Hector Daniel Santiago y a su hermana Sonia Ruth Santiago Rueda.  Es decir, Hector Daniel Santiago Murcia, su primera esposa y sus hijas por separado fueron beneficiarias de la entrega de tierras que era para el campesinado. 

Quien firmó las adjudicaciones fue Rubiela Rincon Novoa, jefe de la oficina territorial del Incoder en 2024. Nova dejó el cargo en 2007 y aparece en varias adjudicaciones presuntamente irregulares en Puerto Gaitán, en las cuales fueron entregadas por restitución de tierras a comunidades sikuani

Tras la muerte del patriarca en 2011, las lealtades cambiaron. Los hijos de Hector Daniel iniciaron una guerra por la herencia, su círculo cercano en San Martín tomó parte de la fortuna. Ahí empezaron las ventas de pequeños pedazos de tierra que conformaban la acumulación de Nueva Frontera.

El ahora

Aunque todavía no está del todo claro qué ocurrió entre Óscar Chaparro y la familia Santiago Murcia, hay algo que sí está documentado: tras la muerte de Héctor Daniel Santiago Murcia, Nueva Frontera comenzó a ser ocupada por campesinos de San Carlos de Guaroa. Entre 2011 y 2013, varios llegaron hasta estas tierras cuando se corrió la voz de la muerte del patriarca. Poco después, la familia Santiago Murcia regresó a la región para reclamar los predios. Así ocurrió en el caso de Armando Aldemar, quien había comprado La Diriana.

Las dudas sobre la legitimidad de las adjudicaciones, el englobe de los predios y el desplazamiento de las familias que llegaron durante esos años llevaron a varios habitantes, entre ellos Aldemar, a acudir a la Unidad de Restitución de Tierras. El proceso sigue en curso en el Juzgado de Villavicencio, a la espera de una decisión.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), por su parte, remitió el caso a su Dirección de Acceso a Tierras para investigar la posible irregularidad en las adjudicaciones, la acumulación de tierras de origen baldío y las dificultades de acceso a la tierra que enfrentan los campesinos que han llegado a Nueva Frontera. Rutas del Conflicto consultó a la entidad sobre el avance de estas investigaciones, pero no obtuvo respuesta.

Armando Aldemar es hoy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Frontera. La tierra que alguna vez estuvo bajo el control de la familia Santiago Murcia y por la que, según los testimonios recogidos, transitaron hombres armados, ahora está dividida en pequeñas parcelas ocupadas por unas 120 personas. Algunas se compran y se venden cada cierto tiempo, mientras la situación jurídica de la propiedad sigue sin resolverse.

 

Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

Actualizado el: Lun, 11/09/2026 - 13:10