25 AÑOS DESPUÉS, LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE EL SALADO SIGUEN ESPERANDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Del 16 al 20 de febrero de 2025 se cumplen 25 años de la masacre de El Salado, en la que que 450 paramilitares comandados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con apoyo de miembros de la fuerza pública, cercaron el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Antes de llegar al pueblo, los paramilitares hicieron un sangriento recorrido por municipios cercanos, donde asesinaron a 14 campesinos en áreas rurales de Ovejas, Sucre y tres más en la vereda La Sierra, en el municipio de Córdoba, Bolívar. 

El 18 de febrero del 2000, los hombres de la Auc llegaron a El Salado y obligaron a los habitantes del caserío a reunirse en el centro del pueblo. Allí los forzaron a ver cómo torturaban, desmembraban y asesinaban a 60 personas –52 hombres y 8 mujeres–, tres menores de edad y cinco mujeres que fueron víctimas de métodos de extrema crueldad como estrangulación y empalamiento. Durante seis días de terror, los paras no solo cometieron graves crímenes de lesa humanidad, sino que también prohibieron a los sobrevivientes enterrar a sus familiares, dejando una profunda herida en la comunidad. 

En la conmemoración de los hechos, la comunidad de El Salado sigue exigiendo justicia y reparación por la masacre, además de denunciar los constantes incumplimientos de las medidas de reparación integral que han sido amparadas en distintas instancias judiciales. Por esto, este 18 de febrero, la comunidad salaera se reunió en el municipio de El Carmen de Bolívar para movilizarse y reclamar por la falta de atención y materialización de la sentencia T-045 de 2010, especialmente con lo respectivo a las medidas de reparación en materia de salud integral, según. A esto se le suma el incumplimiento de las medidas de indemnización para los y las sobrevivientes de la masacre, las demoras en los procesos de restitución de tierras, la puesta en marcha de proyectos productivos y la falta de infraestructura. 

Durante la conmemoración, miembros de la comunidad de víctimas mencionaron a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que se manifestaban pacíficamente para protestar por las “promesas incumplidas de la comunidad”. “Hoy conmemoramos nuestras víctimas con esta apuesta al gobierno Nacional invitándolos a que lleguen a resarcir lo que hoy en día está sin cumplir en El Salado, Bolívar”, dijeron.  

Los y las salaeras también hacen un llamado para que las entidades nacionales y territoriales como la Unidad de Atención a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, la Jurisdicción Especial para la Paz, los tribunales de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de El Carmen de Bolívar cumplan con los puntos acordados y asuman sus responsabilidades.

Viviana España, abogada integrante de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), mencionó que los salaeros y las organizaciones que los y las acompañan esperan que las demandas de reparación individual y colectiva sean atendidas por el Estado desde los escenarios judiciales. “La comunidad pide que a través del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz se logre el esclarecimiento de la verdad en relación a la responsabilidad de la fuerza pública en los hechos de la masacre de El Salado”, señaló España.

La masacre, además de ser un acto de sevicia extrema y una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras y tener el control territorial paramilitar, también tuvo como resultado el desplazamiento forzado de 4.000 personas, de las que tan solo cerca de 730 han retornado. Los campesinos vendieron las tierras que se vieron forzados a abandonar a precios muy bajos a empresarios como Álvaro Ignacio Echeverría, que llegaron a la zona entre 2005 y 2007 respaldados por funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Estos empresarios luego vendieron las tierras a compañías como Argos y la Agropecuaria El Carmen de Bolívar, sin investigar el pasado de los predios. Como lo han mostrado varias sentencias de restitución de tierras, estos actores económicos compraron sistemáticamente estas fincas, aún cuando era de conocimiento público las condiciones de violencia que habían sufrido quienes eran sus antiguos propietarios.

Rutas del Conflicto ha documentado varios de estos casos, incluyendo la historia del predio La Reforma, que involucra a miembros de la familia Gaviria Correa, a la que pertenece el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. El reclamo de la comunidad campesina relacionada con el caso aún espera la decisión judicial de un tribunal de restitución.

La masacre no solo ha sido un símbolo de la brutalidad paramilitar, sino también su magnitud, la crueldad extrema, la escenificación pública y la duración de los hechos lo convierten en un caso paradigmático en Colombia. Aunque La Comisión de la Verdad reconoció la importancia de El Salado como un caso emblemático para entender las dimensiones del conflicto y avanzar hacia la reconciliación, 25 años después de la masacre, los y las sobrevivientes siguen en la búsqueda de justicia, verdad y reparación.
 

*Nota con información de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 

Actualizado el: Mié, 02/19/2025 - 17:41