Más de 700 indígenas siona siguen confinados y desplazados en medio de combates de grupos ilegales

Desde hace dos semanas, cerca de 265 familias y 745 de indígenas permanecen confinados y desplazados de su territorio en los resguardos de Buenavista y del Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo. El pueblo siona ha denunciado públicamente que esto se dio debido a una confrontación entre dos grupos disidentes de las antiguas Farc-EP, el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. La población de ambos resguardos es beneficiaria de medidas cautelares dentro de un proceso de restitución y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que piden al Estado colombiano salvaguardar la vida y la integridad personal de la comunidad y sus líderes. Según afirman, las órdenes judiciales aún no fueron implementadas. 

Los enfrentamientos entre los grupos y el confinamiento empezaron desde el 15 de septiembre, según comunicados divulgados por la comunidad del resguardo Buenavista. Un día después, siete familias fueron desplazadas de Puerto Silencio (en el mismo resguardo), y más de 400 personas urgen atención humanitaria. En Piñuña Blanco, ese mismo día hubo el desplazamiento de 19 familias, y otras 192 personas necesitaban atención humanitaria. Las personas desplazadas también se encontraban en condición de hacinamiento y falta de servicios básicos. 

Las familias confinadas, según los comunicados, tuvieron bloqueado el acceso a sus chagras (cultivos de subsistencia), mientras persistía el paso de actores armados ilegales y del Ejército por el territorio, además del toque de queda desde las 18:00 h y la suspensión de servicio público fluvial y terrestre. Aún de acuerdo con el último comunicado, divulgado el 21 de septiembre, las denuncias públicas a las autoridades competentes no habían tenido respuesta.

Una líder del pueblo siona asegura que la situación de riesgo ya estaba en conocimiento del gobierno nacional. Entre el 5 y 8 de septiembre ella y otros líderes de la comunidad viajaron a Bogotá para exigir la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, pero regresaron sin una respuesta contundente del gobierno que les garantizara su cumplimiento. 

El 17 de septiembre las autoridades del pueblo siona se desplazaron hasta Puerto Silencio, en el resguardado Buenavista, donde les contaron que a media hora del lugar se escuchaban los enfrentamientos entre los grupos armados. En el perfil de la comunidad en la red social X, antes Twitter, hay videos testimoniales de personas que han sido desplazadas, en los que relatan cómo esto ha impactado su estabilidad física y psicológica. Lina María Espinosa, abogada de derechos humanos de la ONG Amazon Frontline, le contó a Rutas del Conflicto que la mayoría de los desplazados tras los enfrentamientos se concentran en el centro del resguardo Buenavista, en la caseta comunal.

En videos, comunicados y entrevistas, los siona han denunciado que en sus territorios han habido sobrevuelos constantes de aviones de combate, presencia de ambos grupos armados, falta de atención por parte del estado colombiano, reclutamiento forzado de jóvenes, quema de casas y toques de queda. También divulgaron que hay tiendas a las que se les prohibió atender, tierra en la que no se puede trabajar y ríos en los que no se puede transitar. 

En los comunicados públicos, la comunidad solicita presencia humanitaria inmediata por parte del Estado y de organizaciones de derechos humanos, y que la Defensoría del Pueblo emita una Alerta Temprana para que la situación sea tenida en cuenta por las instituciones. También pide la presencia de brigadas para tratar a los adultos mayores y a la salud mental de los habitantes de los resguardos. 

El Ministerio del Interior informó a Rutas del Conflicto que fue enviada una misión humanitaria al resguardo Buenavista y que se realizó una misión médica el 23 de septiembre. También aseguró que se acordó la apertura de un nuevo corredor humanitario para llevar ayuda, incluyendo kits de alimentación, para el fin de semana del 30 de septiembre. Según el ministerio, se estableció que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas apoye las acciones de emergencia humanitaria. 

Los gobernadores de los resguardos de Buenavista y Piñiña Blanco han requerido combustible para la movilización en el territorio y dotaciones para la guarda indígena y para un espacio comunitario en Puerto Asís, para el caso de que se incrementen los combates y sea necesario desplazar a la comunidad, informa el ministerio. La Dirección de Derechos Humanos de la entidad participó en un consejo de seguridad sobre la confrontación armada en el territorio el 16 de septiembre y contó con la presencia de la Alcaldía de Puerto Asís en el Subcomité Nacional de Prevención, realizado el 18 de septiembre (haz clic para ver la respuesta completa del Ministerio de Interior).

La reiterativa violencia contra el pueblo Siona

El Auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional enfatiza que el pueblo siona está en peligro de ser exterminado. La Corte señala que la comunidad ha sido víctima de violaciones de derechos fundamentales individuales, colectivos y del Derecho Internacional Humanitario. 

Según la abogada Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa al resguardo Buenavista en el proceso de restitución de tierras, existen varias decisiones judiciales que le han ordenado al Estado proteger de diversas maneras a esta comunidad y su territorio. “Hay unas medidas cautelares dentro del proceso de restitución de derechos territoriales que blindan la propiedad de la tierra y ordenan la protección de los indígenas del resguardo en varios niveles. También está la sentencia T341 de 2022 de la Corte Constitucional, que no solo ordenó agilizar el proceso de restitución, sino que sirvió para establecer un plan de descongestión de estos casos en todo el país”, señala Martínez.

Anteriormente el pueblo siona había tenido tensiones con la multinacional petrolera británica Amerisur Exploración Colombia Limited, filial de Amerisur. Incluso, el 22 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la comunidad del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco en una acción de tutela contra la empresa. 

En esta decisión se le ordenó a Amerisur suspender los estudios de sísmica y se instó a las partes a conformar una mesa de conciliación para resolver la disputa. El tribunal también le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizar una visita para determinar los límites geográficos del resguardo y entender si el área donde se realizaron los estudios estaba dentro del territorio indígena.  

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 10/02/2023 - 08:09