Un año de la masacre de Alto Remanso

El llamado ‘operativo’ del Ejército, en el cual se interceptó un bazar comunitario en la caseta de Acción Comunal de la vereda, ha sido cuestionado desde distintos frentes. Mientras que el Ejército y el entonces Ministro de Defensa, Diego Molano, declararon que las personas asesinadas habían sido excombatientes de las Farc neutralizados, la comunidad y organismos de defensa de Derechos Humanos han asegurado la creación de una narrativa falsa y estigmatizante.

A través de esta, se ha querido justificar la muerte de civiles que no tenían relación con ningún grupo armado. Dentro de estos, se encontraban Didier Hernández Rojas, el presidente de la Junta de Acción Comunal el remanso, Ana María Sarria, su esposa, el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, e incluso, un menor de 16 años. 

Al día de hoy, como señaló Sirleny Yury Quintero, lideresa defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbió en entrevista con Rutas del Conflicto, esta narrativa está siendo utilizada como una herramienta para cuestionar lo que realmente pasó el 28 de marzo. “Se usa para discutir si realmente eran o no eran civiles, se está revictimizando a la comunidad, pero también a sus familias y a los muertos después de muertos”, explicó. 

En palabras de Quintero, si bien ha pasado un año desde los hechos, el silencio institucional y “el silencio de los entes encargados de la investigación para con este caso y la presencia de los actores mismos y el Ejército dentro del territorio” han agudizado la falta de garantías en materia de derechos humanos. Actualmente, el departamento sigue estando atravesado por las disputas territoriales y las economías ilícitas, factores que vienen afectando su seguridad desde hace más de tres años. 

La presencia militar, que en principio había sido planteada para una supuesta protección comunitaria en Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, “desafortunadamente no aporta en nada a la estabilidad de los territorios, al contrario la situación al interior de las comunidades se ha vuelto cada vez más inestable,” explicó Quintero. 

Juan David Ayure, abogado y asesor jurídico de la coordinación de derechos humanos de la organización de pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó que, para las comunidades, tener que convivir con militares en el territorio después del ‘operativo’ solo ha ocasionado más miedo y hostilidades. “Esto siempre es un riesgo para ellos, causa mucho dolor, mucha rabia y miedo, hasta los niños lo sienten. Ellos no quisieran vivir más esto,” describió. 

La incertidumbre ante las cifras de desplazamiento y desaparición también es una de las problemáticas que aquejan a la comunidad del Alto Remanso. La falta de investigación por parte de entidades estatales ha dificultado y obligado a la población misma a encargarse de buscar a sus familiares. Aunque se conoce que la comunidad aún se encuentra en situación de desplazamiento interno, las cifras siguen sin esclarecerse. Esto se ha dificultado, además, por el hecho de que “hay casos de familias que decidieron no reportar en aras de poder retornar al territorio con garantías, evitándose problemas con las fuerzas militares y con los otros actores armados,” explicó Guzmán.

Asimismo, en Puerto Leguízamo, el único acompañamiento que se ha hecho a las familias de las víctimas ha venido por parte de plataformas de derechos humanos a nivel internacional y nacional. Las entidades estatales, además de llevar procesos lentos en los que no se presentan avances, no han dado ningún tipo de respuesta dentro de sus investigaciones. La gravedad del asunto, para Guzmán, está en que “ni siquiera se sabe con claridad quién esta cargo de la investigación, los hallazgos son mínimos, en términos oficiales”. 

Desde la OPIAC, se ha logrado confirmar, a través de la recopilación y declaraciones de testigos, que de las 11 personas asesinadas, al menos 7 de ellos eran civiles. Había cerca de 100 personas inocentes cuando el Ejército comenzó el ataque, lo que ha demostrado una violación al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en temas de proporcionalidad. “La ventaja militar era mínima para terminar asesinando a dos líderes sociales, un presidente de junta, un gobernador y hasta a niños,” expuso Ayure. 

 Las amenazas también a los testigos y a las familias que han tomado las riendas de la investigación por su cuenta han creado obstáculos que se han hecho cada vez más evidentes. Sirleny Quintero dio conocimiento altos niveles de persecución a vigilancia a la población. Lo que se intensificó con la incursión militar dentro de distintos municipios de Putumayo. Ayure, por su parte, mencionó que “las autoridades comunitarias vienen siendo objeto de amenaza, pero aún no hay un conocimiento certero del origen o motivaciones detrás de estas”. 

Frente a estos hechos, la Unidad Nacional de Protección no ha dado ninguna respuesta efectiva. A pesar de que la comunidad del Alto Remanso, de la mano con la OPIAC, presentaron hace un año una solicitud para protección colectiva, el procedimiento no se ha realizado. “La OPIAC adelantó el trabajo del listado de la comunidad, sus afectaciones y necesidades particulares, pero no ha habido ningún avance,” añadió el asesor jurídico. La UNP no ha llegado a visitar el territorio ni ha contactarse directamente con los testigos. “Están poniendo una condición absurda y hasta extraña, quieren que la comunidad sea la que garantice la logística para que vengan al territorio, de lo contrario, no van a venir,” denunció Ayure. 

Por todo esto, un año después de los hechos, desde el Alto Remanso y Puerto Leguízamo, se exige que pueda haber un cumplimiento de los mecanismos de verdad, justicia y reparación y que se apliquen métodos de prevención, protección y garantías de no repetición. En palabras de Sirleny Quintero, se solicita que se esclarezcan los hechos y se ponga la lupa con respecto al rol de las fuerzas armadas y las violaciones de derechos humanos que se presentaron. Especialmente por el hecho de que “se quedan en el territorio después de violar todos los protocolos, lo que ha generado mucho más terror y zozobra a los habitantes y les ha limitado su derecho a la tranquilidad en el territorio,” explicó lideresa.

 

 

Actualizado el: Mar, 03/28/2023 - 14:58