Capos del Clan del Golfo son copropietarios de 1.342 hectáreas en Urabá desde 1998

Un caso de tierras en el municipio de Turbo, que hace parte del Urabá antioqueño, muestra cómo el Estado permitió que jefes del Clan del Golfo mantuvieran parte de la propiedad de más de mil hectáreas por casi tres décadas, en una zona en la ejercen un fuerte control territorial. Todo empezó con Carlos y Vicente Castaño.

A mediados de los años 90 un grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se autodenominaba Comandos Populares, estaba librando una guerra contra las Farc en Urabá. En medio de esta confrontación, los jefes de los Comandos Populares y algunos integrantes de las Farc decidieron entregarse a las autodefensas y cambiar de brazalete. 

Los exguerrilleros pasaron a engrosar las filas de los paramilitares y hubo una ceremonia a la que asistieron altos funcionarios del gobierno Samper (1994-1998) en la que se “desmovilizaron” los nuevos reclutas de las autodefensas. Dos años después, les adjudicaron a 92 de estas personas más de 1.300 hectáreas que pertenecían a familias que fueron beneficiarias de la reforma agraria. Desde entonces, todos ellos aparecen como socios, dueños de los predios.

Entre los paramilitares que quedaron como dueños de esas tierras están Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito” y Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”, dos máximos comandantes del Clan del Golfo que, a 2025, integran el Estado Mayor de esta organización. “Gonzalito” y “El Cura” están al mando de las actividades criminales del Clan en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Sucre mientras son copropietarios de estas 1.342 hectáreas. Este grupo armado controla estas tierras en Urabá.  

En 2016 la Fiscalía intervinó varios bienes del Clan del Golfo. Entre los predios que el ente acusador encontró que esta organización tenía en su poder estaban las tierras que los Castaño les asignaron a los exguerrilleros del EPL y las Farc que pasaron a las autodefensas. Según el ente acusador, estas fincas fueron utilizadas como corredores para ejecutar actos delictivos  y no como unidades productivas. 

Para entender las razones por las que estos dos capos quedaron como dueños de tanta tierra es necesario remontarse a 1996, cuando la disidencia del EPL pasó a hacer parte de las autodefensas de los Castaño. 

Tierras para los nuevos paramilitares

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás” fue reclutado por los Comandos Populares, con 14 años, hizo parte de la falsa de desmovilización y años después fue uno de los máximos comandantes del Clan del Golfo. Moreno rindió testimonio ante la Comisión de la Verdad y afirmó que los Castaño le vendieron unas tierras al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), la autoridad agraria de aquel momento (hoy Agencia Nacional de Tierras), para que se las repartiera a los exguerrilleros que ingresaron a las autodefensas.

El excomandante del Clan del Golfo relató que, como él era menor de edad, le dieron documentación falsa para hacerlo acreedor de las tierras. Además, contó que una vez los exguerrilleros fueron trasladados a la finca ‘La 35’, base paramilitar ubicada en San Pedro de Urabá, Carlos Castaño les dijo lo siguiente: “Muchachos, los tengo que entregar al Gobierno colombiano (...) voy a hacer con ustedes una negociación, un acuerdo para una desmovilización, porque el Gobierno me manda a decir que un grupo ilegal guerrillero no se le puede entregar a otro grupo ilegal”.

En un manuscrito de Vicente Castaño, en el que relata el surgimiento de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), afirmó que su hermano Carlos dirigió el proceso de desmovilización de con la colaboración “entusiasta y valiosa de los excelentes funcionarios: los doctores Tomás Concha, director nacional de reinserción y Carlos Rangel, secretario del Ministerio del Interior”. En la ceremonia de desmovilización estuvo el excandidato presidencial Horacio Serpa, quien en aquel momento era el ministro del interior del gobierno de Ernesto Samper. 

La JEP expresó lo siguiente respecto a los predios: “Los miembros del EPL y FARC que participaron en este proceso, ya siendo en su mayoría orgánicos de las ACCU, fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de reinsertados, condición que claramente no cumplían”.

Esta situación era de conocimiento público. Según pudo constatar la JEP, Rodrigo García Caicedo, quien fue expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, capturado en 2009 por sus presuntos nexos con los paramilitares y falleció en 2011, publicó una columna de opinión el 5 de octubre de 1996 en el periódico El Universal que se llamó “Concha es un mentiroso”, haciendo referencia a Tomás Concha, coordinador nacional de la Oficina Nacional de Reinserción en aquel momento. 

En el texto, García Caicedo expresó su enfado con Tomás Concha debido a que este último negó ante los medios de comunicación que los paramilitares estuvieran participando en la supuesta desmovilización. “Las autodefensas sí han intervenido, no se puede tapar el cielo con las manos. Ellos son los que están adelantando el proceso, es más, son los que van a donar miles de hectáreas de tierra para esa gente”, afirmó García. 

 

Línea de tiempo elaborada por la JEP donde describen el proceso de la falsa desmovilización. Fuente: JEP.

A pesar de estas declaraciones, el Incora terminó entregándoles a los paramilitares estas tierras. Se trata de cuatro predios en Turbo, tres ubicados en el corregimiento de Pueblo Bello y otro en San Vicente del Congo. Rutas del Conflicto adquirió tres de los cuatro certificados de tradición y libertad de las fincas que suman 1.206 hectáreas y averiguó que el último predio tiene 136 hectáreas, para un total de 1.342 hectáreas, una superficie que equivale a aproximadamente dos veces el área urbana de municipios como Chía en Cundinamarca, o Rionegro en Antioquia. 

En medio de la violencia que vivía la región, según los registros de propiedad de los documentos, apareció en la zona el empresario Carlos Fernando Serralde Plaza para comprar la mayoría de las fincas de los campesinos que habían recibido la tierra en los setenta y ochenta por parte del Incora. Serralde luego volvió a venderle a la entidad, que a su vez se las adjudicó a los paramilitares. 

Serralde Plaza fue extraditado a Estados Unidos en 2011 por narcotráfico y concierto para delinquir y fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía señaló a Serralde de ser la mano derecha de Daniel “El Loco” Barrera, conocido narcotraficante colombiano capturado en 2012. Según notas de prensa Serralde era cercano a Vicente Castaño.

El predio más grande que les asignaron a los exguerrilleros fue la finca San Vicente, situada en el corregimiento de San Vicente del Congo, vereda Los Enamorados. Tiene una extensión de 812 hectáreas y lo componen 16 predios que fueron comprados individualmente y después los unieron en una sola matrícula inmobiliaria que dio como resultado la finca San Vicente. 

 

Imagen catastral de la finca San Vicente, en la vereda Los Enamorados, adquirida por Carlos Serralde Plaza.

El predio San Vicente tiene acceso a la única vía para ir a San Pedro de Urabá, la cual pasa por el lado del Batallón. Es decir, si los militares usaban esta carretera obligatoriamente debían transitar por los alrededores de la finca.

Serralde compró 14 de los predios que conforman la finca San Vicente entre marzo y septiembre de 1998. Otro de los 16 predios fue comprado por José René Zapata Vanegas, quien fue sindicado en 2001 de ser financiador de las autodefensas. El último de los 16 predios fue comprado por María Yaneth Muñeton Zea, de quién no se encontró ningún tipo de registro. El resto de las 500 hectáreas fueron adquiridas por la Agropecuaria Serro, una empresa también propiedad de Sarralde.

Esta compañía fue fundada en 1984 por Serralde Plaza y Martha Inés Rodríguez Romero de Serralde, tenía activos de más de mil millones de pesos y se dedicaba a la ganadería. Ya en los años 2000 el representante legal pasó a ser Carlos Hernán Serralde Rodríguez, que por sus apellidos se puede inferir que es hijo de los fundadores. 

Tanto Martha Rodríguez como Carlos Hernán Serralde estuvieron dentro de la Lista Clinton, medida del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que sanciona económicamente a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, pero fueron removidos en 2013. Por medio de la Agropecuaria Serro adquirieron todos los predios del lote Campo Bello 1 y los del lote Campo Bello 2, ubicado en el corregimiento Pueblo Bello, vereda La Bonga.

Todas las fincas compradas por la Agropecuaria Serro anteriormente fueron adjudicadas a familias campesinas en los años 70 y 80 por el Incora que nuevamente volvió a comprar la tierra. La transacción quedó registrada con la escritura 6234 del 14 de diciembre de 1998 a nombre de los desmovilizados de la guerrilla, de los cuales Rutas del Conflicto pudo verificar que al menos 18 hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la escritura queda claro que el Incora le pagó a Sarralde con bonos agrarios. 

En todo este proceso irregular es crucial mencionar a María Inés Cadavid Restrepo, quien en 1998 era funcionaria del Incora y fue condenada a 13 años por asociarse con los paramilitares para legalizar el despojo de tierras en Urabá. En la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, compañía con la que los Castaño realizaron un despojo masivo de tierras, se relata que Cadavid Restrepo, en su rol de funcionaria del Incora, “intervino en el macroproyecto paramilitar y su cooperación se enmarcó en la legalización de las tierras de campesinos desplazados”. 

En la sentencia del Tribunal se detalla que Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño y pieza clave en el despojo paramilitar, recomendó a Cadavid Restrepo para agilizar la titulación de bienes porque ya había trabajado para las autodefensas: “Desde antes había intervenido en el trámite de legalización de unas tierras que fueron entregadas a desmovilizados del EPL”, se lee en la decisión judicial. 

Según la sentencia, Sor Teresa Gómez en una audiencia pública dijo que las tierras para los desmovilizados fueron vendidas por los hermanos Castaño al Incora, lo que corrobora los testimonios de los exmiembros de las AUC y del ganadero Rodrigo García. En la sentencia también se dice que Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche”, quien fue lugarteniente de los Castaño, manifestó que la exfuncionaria Cadavid Restrepo trabajó para los paramilitares en la legalización de tierras. 

“El Cura” en Justicia y Paz afirmó que estas tierras que les adjudicaron a los  paramilitares en 1998 eran controladas por “Monoleche” como parte de los bienes de las AUC. Actualmente la Fiscalía de Justicia y Paz adelanta la investigación en contra de los sectores de estos predios que no están sujetos a medidas cautelares dentro de procesos de restitución de tierras.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto que muestra que sobre los cuatro predios hay en total 55 solicitudes de restitución, de las cuales 22 se encuentran en etapa de demanda. Sobre la finca San Vicente de 812 hectáreas reposan 35 de las 55 solicitudes. 

De los 18 paramilitares a los que les adjudicaron las tierras, seis continuaron en armas tras la desmovilización de las AUC y se convirtieron en los jefes del Clan del Golfo. Según el informe “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros”, elaborado por la Comisión de la Verdad, los antiguos comandantes de los Comandos Populares estuvieron al frente de la creación del Clan del Golfo en 2008.

Los antiguos jefes de los Comandos Populares que fundaron el Clan de Golfo fueron: Francisco José Morelo Peñata alias “Negro Sarley”, Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”, Juan de Dios Úsuga alias “Giovanni”, Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” y Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”. Todos fueron hombres de confianza de los Castaño en estructuras paramilitares como el Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Centauros o Bloque Mineros. 

Los copropietarios que pasaron de las AUC al Clan del Golfo

Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua” es uno de los nombres que figuran como adjudicatarios de las fincas. Fue el segundo del frente Pedro León Arboleda que estaba bajo el mando de alias “Giovanni” de los Comandos Populares. Tras pasar a las autodefensas hizo parte del Bloque Mineros de las AUC, se volvió a desmovilizar con los ‘paras’, pero después fue uno de los fundadores del Clan del Golfo. 

Durango Restrepo era el encargado de los negocios del Clan del Golfo en la Costa Pacífica, desde Chocó hasta Nariño. Según la Policía, Durango controlaba rutas de narcotráfico hacia Panamá y Centroamérica. En 2016 Durango murió tras combates contra la Policía en zona rural del municipio de Medio Baudó, en Chocó. 

Otro miembro de la organización criminal que fue beneficiario del Incora fue Jose Gonzalo Sánchez Sánchez alias “Gonzalito”, el segundo máximo comandante del Clan del Golfo en 2025. Según investigaciones periodísticas “Gonzalito” hizo parte del Bloque Catatumbo de las AUC y actualmente es el comandante de la estructura “Roberto Vargas Gutiérrez” con injerencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

 

El que está a la derecha es alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo según el Ministerio de Defensa. 

“Gonzalito” tiene órdenes de captura por concierto para delinquir, tráfico de armas, homicidio y secuestro. En 2023 la Fiscalía denunció que “Gonzalito” secuestró a tres fiscales y una funcionaria de un juzgado en Tarazá (Antioquia). En julio de 2025 año la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de “Gonzalito” a los Estados Unidos, pero a la fecha de esta publicación este capo sigue prófugo. 

Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura” es el cuarto comandante del Clan del Golfo en la actualidad y también aparece en la lista de copropietarios de las 1.342 hectáreas. “El Cura” ingresó al EPL siendo menor de edad y después fue comandante del frente Bernardo Franco. Tras esto, pasó a integrar las autodefensas, donde participó en la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, en la que los paramilitares asesinaron alrededor de 50 personas. 

 

El hombre de la foto es Elkin Casarrubia Posada alias “El Cura”. Foto tomada de Revista RAYA.

“El Cura” hizo parte del Bloque Centauros de las AUC, que delinquió en los Llanos Orientales, y más adelante fue designado jefe militar del Bloque Calima, en la región del Pacífico. Allí participó en la masacre del Naya, cometida en el 2001 en territorios ubicados entre los límites del Cauca y el Valle del Cauca, donde la comunidad denunció que los paramilitares asesinaron más de 100 personas. 

“El Cura” hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC y fue bastante activo en sus declaraciones ante la justicia. Sin embargo, en 2023 apareció en un video de nuevo en armas, esta vez con el Clan del Golfo. Lo llamativo del caso es que el “El Cura” tenía un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2021 por solicitud de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 

Rutas del Conflicto envió un derecho de petición en 2024 a la ARN preguntando acerca de las razones por las que esta entidad pidió el esquema de protección para “El Cura”. La ARN respondió lo siguiente: “Esta Agencia considera que la información privada de los desmovilizados, desvinculados y acreditados constituye dato sensible y de carácter reservado, toda vez que toca aspectos de seguridad personal o afecta la defensa y la seguridad pública y nacional”. 

La ARN no respondió la pregunta planteada por este medio, pero es importante determinar si cuando la ARN solicitó el esquema de protección para “El Cura” este ya tenía participación en el Clan del Golfo. Según un informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de 2024, “El Cura” comanda el Bloque Jairo de Jesús Durango, tiene más de 500 hombres bajo su mando y opera en Baudó (Chocó), en el suroeste antioqueño y está penetrando en el Valle del Cauca por Buenaventura. A octubre de 2025 “El Cura” está prófugo.

Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias “Nicolás”, quien le contó a la Comisión de la Verdad sobre el entramado que se tejió con las tierras de los desmovilizados, es otro de los excomandantes del Clan del Golfo que aparece en la lista de copropietarios de los predios. Moreno Tuberquía hizo parte del proceso de desmovilización de las AUC en 2006 con el Bloque Centauros, pero después volvió a las armas con el Clan del Golfo.

 

Foto: Comisión de la Verdad

Desde agosto de 2017 Moreno Tuberquía fue nombrado jefe militar de la organización. Este capo se encargaba de la producción, transporte y comercialización de cocaína del Clan del Golfo, en especial en el puerto de Urabá, y tenía alianzas con carteles mexicanos. Moreno tenía bajo su mando estructuras criminales en Antioquia, Chocó y Meta y fue capturado en 2018 en San Rafael (Antioquia). Una corte en Florida y otra en Nueva York lo solicitaban en extradición por narcotráfico y en 2022 finalmente fue enviado a Estados Unidos. 

Los otros dos excomandantes del Clan del Golfo a los que les adjudicaron las tierras fueron Jose Daniel Moreno Urrutia alias “Tiquisiano” y Melquisedec Henao Ciro alias “Belisario”. Moreno Urrutia fue capturado en 2015 y era un importante miembro del grupo criminal en el Sur de Bolívar, señalado de extorsionar y cometer homicidios contra comerciantes de la región. 

Henao Ciro era un guerrillero del frente 58 de las Farc que desertó y se unió a las autodefensas. Fue el comandante del Clan del Golfo en el Caribe hasta su captura en 2012. Este paramilitar fue sindicado por las autoridades de ser uno de los grandes enemigos de la restitución de tierras en el Caribe, amenazando campesinos e indígenas para que no reclamaran y denunciaran el despojo sufrido.

El Clan del Golfo sigue dominando la vida rural y los predios de Urabá. Esta organización criminal tiene una fuerte presencia y ejerce un fuerte control territorial en municipios como Turbo, donde están ubicados los predios que están a nombre de los máximos jefes de este grupo armado.

El poder del Clan en Urabá

Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que ha documentado las dinámicas de violencia en Colombia desde hace 50 años, explica que el Clan del Golfo recogió parte de las conexiones que tenían las AUC para establecer una gobernanza criminal silenciosa con poderes locales y regionales.

Un investigador que conoce el poder del Clan del Golfo sobre las tierras en Urabá, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, le dijo a Rutas del Conflicto que en zonas como San Vicente del Congo y Pueblo Bello este grupo armado es el absoluto dominador. “En las áreas rurales donde no hay presencia del Estado ellos son el gobierno”, asegura. 

Por su parte, el subdirector del Cinep afirma que en Urabá sí existe un despojo de tierras asociados al Clan del Golfo, pero es distinto al que realizaron las AUC. “Administran tierras que ya habían sido despojadas, impiden retornos de comunidades, presionan a campesinos a vender barato y regulan cómo se usan las parcelas. Aunque muchas familias conservan títulos formales, no tienen autonomía sobre sus tierras”, sostiene Guerrero.

El subdirector del Cinep menciona que el despojo actual de este grupo armado no se produce por la expulsión masiva de campesinos, sino por el control económico y social del uso de la tierra. “Lo anterior está promoviendo un nuevo ciclo de despojo con mecanismos como el arriendo forzoso de tierras y la compraventa irregular, que terminan siendo una expropiación de hecho. El lento avance de la restitución de tierras ha consolidado su poder, controlando predios despojados y decidiendo qué se hace en ellos”, agrega Guerrero.

El investigador que conoce la manera de operar del Clan relata que entre las estrategias de este grupo para controlar las tierras está poner las fincas a nombres de terceros. “En el corregimiento de San José de Apartadó hablan con las personas y les ofrecen ganado. Las van enamorando, después les empiezan a cobrar y al final ellos son los dueños de las tierras”, cuenta. Agrega que en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó las mujeres están siendo hostigadas por medio de amenazas de violencia sexual, por lo que las propietarias prefieren irse y poner en venta las tierras a precios bajos.

Queda claro que el despojo de tierras sigue vigente en Urabá, y que lo ocurrido hace 30 años con los hermanos Castaño dejó como resultado el dominio del Clan del Golfo en la actualidad. Por eso, no sólo es grave que dos máximos capos de este grupo armado figuren como dueños de las tierras de las que trata esta historia, sino que esta organización criminal es la que controla la zona donde están ubicadas las fincas.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

Actualizado el: Lun, 10/20/2025 - 13:48