Colombia: el cultivo de banano que acapara tierra y agua en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Por: Natalia Abril Bonilla

Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto (Colombia)

Zona Bananera es uno de los 14 municipios que componen la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), donde los habitantes se están quedando sin tierra para cultivar y sin agua para consumir. La falta de control sobre el uso y tenencia del suelo en esta zona ha permitido que el monocultivo de banano acapare ambos recursos.

La CGSM, ubicada en el departamento de Magdalena, es un complejo de aguas de más de 100 ciénagas que se alimenta de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe.  En esta región se encuentran la Vía Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, dos áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que albergan numerosas especies animales, como el mono colorado (Alouatta seniculus) y la tortuga icotea (Trachemys callirostris).

Dada su riqueza natural, el gobierno colombiano incluyó, en 1998, a la CGSM en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, un tratado internacional en el que los países firmantes se comprometen a designar un área dentro de su territorio como humedal de interés internacional y a desarrollar un plan de acción para protegerlo.

Colombia cumplió la primera condición, pero no la segunda. Veinte años después, aún no se ha desarrollado un plan de manejo que identifique qué se puede o no hacer dentro de este complejo lagunar y cómo hacerlo, salvo por el diagnóstico que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2004, que todavía no ha sido actualizado.

Tal como lo establece la Contraloría de Colombia —órgano de control fiscal— en su Informe de Auditoría de Cumplimiento de la CGSM en 2017: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desatendido los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional, en virtud de la aprobación de la Convención Ramsar en lo referido a la obligación de elaborar y aplicar la planificación de dicho humedal de forma que favorezca su conservación y uso racional”.

Así, dentro de este complejo lagunar se han desarrollado actividades que, al no estar debidamente reguladas por las autoridades ambientales, degradan el ecosistema de la región. Una de ellas es la constante expansión del cultivo de banano, que usa el agua de los ríos que bajan de la Sierra Nevada para su producción e impide que llegue tanto a la Ciénaga para mantener el flujo de agua dulce y salada, como a la población para que la consuma.

Las denuncias

“Esa ciénaga tenía cuánta especie, cuántos árboles se imagine, todo eso lo acabaron, todo eso es banano ahora”, comenta Ángel Ruiz, un habitante del corregimiento de Orihueca en Zona Bananera, mientras recorre las quebradas de la vereda que se conoce como Zuana en el mismo municipio. Como Ruiz, varios pobladores de la zona han sido testigos de las afectaciones que el monocultivo de banano ha generado en su territorio.

Como su nombre lo indica, Zona Bananera está inundada de banano. Al no haber una temporada específica de cosecha, durante todo el año pueden verse los colores de este cultivo. El intenso verde del árbol frutal y el azul claro de las bolsas plásticas con agujeros que cubren el banano adornan los caminos que conducen a los corregimientos y veredas —divisiones administrativas rurales en Colombia— del municipio. No existe una sola vía en los alrededores de Orihueca, por ejemplo, que no tenga estos colores. Todo lo ocupa el banano.

Entre la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación, El Retén y Zona Bananera. Una microrregión dentro de la CGSM conocida como uno de los territorios bananeros más importantes de Colombia.

A pesar de que el cultivo de palma es el más grande en la CGSM, con aproximadamente 65 000 hectáreas sembradas, en los municipios de la denominada región bananera predomina el banano con por lo menos 13 000 hectáreas.

Tan solo el municipio de Zona Bananera tiene 10 802 hectáreas destinadas a este cultivo, según el informe de gestión de 2016 de la Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira (Asabama). De acuerdo con los indicadores del Ministerio de Agricultura, este municipio es el cuarto productor de banano a nivel nacional y el primero en el departamento. Por eso, esta industria representa el 75% del empleo en el pueblo. “Aquí no hay otra fuente de trabajo, solo banano”, dice Blas Vicente Wolf, un habitante de la vereda Caño Mocho, en el corregimiento de Palomar, quien trabaja como jornalero en una de las fincas de este producto.

El cultivo en esa región no ha cambiado mucho desde aquel 6 de diciembre de 1928, cuando trabajadores de la United Fruit Company fueron asesinados, en la llamada Masacre de las Bananeras, luego de una huelga en Ciénaga, Magdalena, que duró casi un mes.

“El banano ha sido a la vez la fortuna y la maldición de esta región”, comenta Jacobo Grajales, doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, quien ha realizado numerosas investigaciones en el municipio de Zona Bananera. Para Grajales, esta fruta generó grandísimas ganancias durante más de un siglo, pero esta abundancia ha significado también escasez en los pobladores.

La industria de banano utiliza el agua de los ríos Frío, Tucurinca y Sevilla, que bajan de la Sierra Nevada y llegan a la Ciénaga para alimentar, por un lado, los distritos de riego de esta fruta y, por el otro, los reservorios o piscinas gigantes dentro de las fincas bananeras que acumulan el agua de los ríos en época de verano.

Esa misma agua es la que los habitantes de los corregimientos de Orihueca y Palomar necesitan para su consumo diario, pero que cada día es más escasa. “Desde hace como cinco años, cuando empezaron a cultivar banano para aquí, para este lado, nos estamos quedando sin agua. Nos cogen el agua y no nos dejan el servicio a nosotros, para bañarnos o para cocinar,” cuenta Wolf.

Los ríos han dejado de sonar porque el agua dejó de ser salvaje. Ya no choca con las piedras, ya no inunda los suelos ni baña los árboles que antes existían en la zona rural del municipio. Ahora el agua no corre, está acumulada en los reservorios y distritos de riego que domestican su uso, la cronometran, la miden y la controlan para regar los cultivos.

Esa agua que destinan a la irrigación de las plantaciones también afecta los ciclos naturales de la Ciénaga. En 2004, el diagnóstico del Ministerio de Ambiente alertó que “el aporte de agua dulce de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta se ha reducido, (…) debido a la excesiva demanda de agua de la producción bananera y el uso irracional de los cauces de estos ríos como vertederos de residuos sólidos”.

Trece años después, en el 2017, el informe de la Comisión Ramsar sobre la Ciénaga ratificó esta situación, y agregó que el empleo de agua para el distrito de riego de la zona bananera ha contribuido con “la muerte del manglar y la reducción de su capacidad natural de regeneración”.

La situación es tal que “con base en el análisis de imágenes satelitales se definió que entre los años 2013 y 2015, se perdieron 737 hectáreas de manglar, de las cuales, 543 están asociadas a procesos de deforestación. 630 hectáreas de manglar perdidos correspondían a la cobertura de bosque de manglar denso y pasaron a la categoría de bosque de manglar poco denso”, documenta, por otra parte, el informe de la Contraloría.

Agua al mejor postor

La producción de banano no es sencilla. La cosecha tarda de nueve a doce meses luego de la siembra de la planta. Los jornaleros ayudan a cortar y transportar el banano a la bodega, donde se empaca, se inspeccionan las frutas y se clasifican aquellas que van para exportación.

Las empresas comercializadoras de banano, como Dole, cuyos directivos actuales son también propietarios de varios predios en Zona Bananera, tienen que ser muy cuidadosas. Importadores como el Reino Unido no reciben bananos magullados, los prefieren frescos, por lo que los estándares de calidad en la producción y exportación deben ser altos.

Una de las condiciones para mantener estas exigencias es el riego adecuado de las plantas. Para ello, las asociaciones de distrito de riego Asotucurinca, Asosevilla, y Asoriofrío que tienen potestad sobre el uso del agua de los ríos, prestan sus servicios para la irrigación de este cultivo.

La Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) se los otorgó. Esta entidad es quien administra, gestiona y controla los recursos renovables dentro del departamento, con excepción de la ciudad de Santa Marta y del área de Parques Nacionales Naturales. Ella tiene la autoridad de otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales dentro de su jurisdicción y también puede adelantar acciones para investigar y sancionar a los infractores ambientales.

Al cierre de la edición de este texto, Corpamag no había respondido al derecho de petición sobre la cantidad de permisos ambientales otorgados en el municipio de Zona Bananera. Tampoco informó sobre el número de distritos de riego, los metros cúbicos de agua que concesiona a dichos distritos, el número de bocatomas y el saneamiento de la propiedad dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, un estudio del Instituto Alexander Von Humboldt, centro de investigación ambiental financiado por el gobierno colombiano, estima que Asotucurinca cuenta con un área de 7300 hectáreas, que beneficia a 310 usuarios mayoritariamente palmeros. Asosevilla, tiene en su poder 6900 hectáreas destinadas a 400 usuarios principalmente bananeros. Mientras que Asoriofrío tiene un área de 5500 hectáreas  que beneficia a 525 usuarios bananeros y palmeros.

Lo preocupante del crecimiento de esta industria en un área protegida, que en 2017 alcanzó 850 millones de dólares en exportaciones, es que no hay claridad sobre cuánto puede cultivar, dónde lo puede hacer y cómo puede disponer de los recursos. De hecho, no es claro si el cultivo mismo se ajusta a los lineamientos de protección ambiental que requiere el sitio Ramsar.

Incertidumbre total

Según documenta el informe de la Contraloría, “existe una limitación en el uso del suelo del humedal de la CGSM para actividades agrícolas conforme lo disponen las leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015”, que corresponden a los Planes Nacionales de Desarrollo de los dos periodos del expresidente Juan Manuel Santos.

La ley de 2015, por ejemplo, establece explícitamente, en su artículo 172, que “en humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar no se podrán adelantar las actividades agropecuarias de alto impacto ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales”.

Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Zona Bananera permite la agricultura y ganadería extensiva en prácticamente todo su territorio. En 22 370 hectáreas, de las 47 971 que componen el municipio, se pueden desarrollar estas actividades sin ninguna prohibición, en  12 712 con algunas restricciones y en 12 889 de manera muy limitada.

Aunque técnicamente las leyes tienen más peso sobre otras legislaciones, como el POT, la  Ley 1450 y 1753 solo reglamentan el plan de acción del presidente de turno, por lo que permanecen vigentes hasta que termine su administración. Por esto, según los abogados del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el POT “no tendría ningún problema en seguir funcionando”.

Para Gabriela Eslava, abogada e investigadora de la ONG Dejusticia, el problema radica en que el Estado tiene un sistema de información donde se traslapan las actividades que se pueden hacer sobre un mismo territorio.

“Tienes el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas sobre un territorio y sobre este tienes también unos planes mineros sobre los cuales hay bloques petroleros para ser otorgados. Y, además, sobre esos bloques se sobreponen proyectos agrícolas. Tienes también un plan de vías y todo eso se sobrepone de manera legal. Se les olvida que en esos mismos territorios viven comunidades que dependen de los recursos naturales”, comenta Eslava.

Este choque de trenes entre la legislación requiere de un ordenamiento de la propiedad del municipio, que incluya las áreas naturales con las que cuenta, como humedales y playones, con el fin de tomar decisiones de política pública. Tarea que le corresponde a varias instituciones que no necesariamente están articuladas y tienen funciones distintas, algunas incumplen y otras tienen una capacidad de acción limitada.

Cada cinco años las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país. Esto permite identificar las mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. No obstante, “el proceso de actualización catastral que se realiza a nivel urbano y rural de todo un municipio, y en el inventario de la propiedad de la tierra, no se discriminan ni contabilizan las áreas naturales como ríos, playones y humedales”, comenta Milena Rodríguez Mora, ingeniera topográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, máxima autoridad catastral en el país.

Es allí donde entran las autoridades ambientales de la Ciénaga. En primera instancia está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien orienta la política pública. Luego sigue Corpamag, que lleva a cabo los lineamientos del ministerio y administra los recursos del territorio. Y finalmente está Parques Nacionales Naturales (PNN), que tiene jurisdicción únicamente en el Parque Vía Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta.

El Ministerio se comprometió a realizar una serie de acciones sobre la CGSM. Entre ellas, apoyar la actualización del Plan de Manejo del sitio Ramsar, apoyar los procesos de alertas tempranas de este complejo y apoyar la generación de información básica para la toma de decisiones informadas.

Sin embargo, aún no se tiene conocimiento sobre los avances en esta materia. Al cierre de la edición de este artículo, dicha cartera no había respondido un derecho de petición en el que se le pregunta por las políticas para la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de la ecoregión.

Con respecto a la Corporación, su gestión ha sido cuestionada por la auditoría de la Contraloría, donde se critican tanto los permisos que otorga, como la “dilación de los procesos administrativos sancionatorios ambientales”.

Para el ente auditor es preocupante la celeridad y efectividad con que se otorgan estas licencias ambientales, mientras que evidencia la lentitud con que Corpamag investiga y sanciona a los presuntos infractores. De hecho, el informe de la Contraloría reporta diez expedientes en los que la Corporación no ha avanzado en determinar las infracciones ambientales y sus responsables dentro de la CGSM.

La función de Parques Nacionales es limitada. Su jurisdicción se concentra en los municipios de Sitionuevo, Puebloviejo, Pivijay y Remolino, donde se encuentran las áreas naturales protegidas.

Luis Alejandro Bastidas, jefe del Área Protegida Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, comenta que “desde hace varios años, PNN ha adelantado estudios relacionados con el uso, ocupación y tenencia de predios al interior de las Áreas Protegidas”. Su función es administrar estas áreas y denunciar cualquier irregularidad que encuentren.

Así lo hicieron con el diagnóstico de este Santuario que reporta irregularidades en el ordenamiento de la propiedad, entre ellos, ocho adjudicaciones de baldíos —terrenos urbanos o rurales sin edificar o cultivar que forman parte de los bienes del Estado— que se hicieron luego de que el Santuario de Flora y Fauna fuera declarado como área protegida.

“No hay mucha claridad sobre los dueños de esas tierras, quién está usando el agua y si tiene derechos de propiedad o no. Ahí el tema de catastro es complejo. Nadie sabe muy bien de quién son esas tierras”, menciona Helena Durán, abogada y también investigadora de Dejusticia, quien trabajó en la construcción de la tutela por los daños ambientales y sociales a los pescadores de la CGSM.

Esta acción de tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia—, consistía en exigir a las autoridades ambientales una intervención pronta e integral de la Ciénaga. La degradación ambiental y progresiva de este ecosistema, según argumenta la tutela, ha afectado principalmente a los pescadores tradicionales pues su dieta e ingresos dependen de ella.

Siguen las consecuencias

Jaime Fernández es un campesino de la vereda Caño Mocho que cultivaba guayaba y mango en su parcela y compartía cultivos como yuca, maíz y ají con el resto de sus vecinos que también vivían en la vereda. Si alguno no tenía tierra suficiente, entre ellos se prestaban un pedazo de tierra para sembrar o compartían las semillas del cultivo transitorio para que nunca les falta de comer.  

Desde que el agua del río Sevilla dejó de llegar en época de verano a la quebrada que utilizaban para su consumo diario, los cultivos empezaron a morir y con ellos las ganas de seguir viviendo allí. Como Fernández, varios campesinos de Caño Mocho empezaron a vender sus tierras desde hace ocho años y continúan haciéndolo. Algunos se quedaron en el corregimiento de Orihueca, mientras que otros se fueron para Santa Marta.

Toda la producción de banano dentro de la CGSM, su falta de regulación por parte de las autoridades ambientales y la falla en el ordenamiento de la propiedad ha generado cambios en el uso del agua que los habitantes notan, pero no pueden comprobar. “No hay estudios que puedan mostrarlo con certeza”, comenta Jacobo Grajales, investigador en ciencia política.

Para él, la falta de agua ha afectado a la población en lo económico y en lo social.  “Este verano pasado muchos campesinos perdieron cultivos de banano, pan coger o frutales porque no tienen agua para irrigarlos. Esto ha generado el desplazamiento de una parte de la población hacia otras zonas del departamento o del país”. El investigador también afirma que “la falta de agua de los ríos los conduce a utilizar agua de pozo para su consumo básico. Este líquido presenta altos niveles de salinidad y está contaminado por el uso muy intensivo de productos químicos”.

“Si bien no existe un informe específico sobre el déficit hídrico del complejo lagunar de la CGSM, esto está ampliamente reportado en diferentes estudios por las condiciones propias del sistema”, comenta Luis ALejandro Bastidas, jefe del Santuario de Flora y Fauna. Sin embargo, para él, dicha degradación tiene que ver con “el cambio de uso de suelos para ampliación de la frontera agropecuaria por parte de privados”.

Así, sin una regulación debida del uso del agua y la tierra dentro de los municipios que componen la CGSM, como Zona Bananera, la situación puede empeorar tanto para el ecosistema, como para la población. Por eso, en 2016 se puso en marcha el “Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, en el cual se han desarrollado mesas de trabajo con las distintas instituciones que tienen injerencia en la Ciénaga para formular un Plan de Manejo.

Sin embargo, mientras estos planes avanzan en las altas esferas del gobierno, la comunidad de Orihueca y Palomar, y el resto de los habitantes del área rural del municipio, ven una amenaza en la expansión sin control del cultivo de banano. Si bien no ha habido amenazas ni presiones directas por parte de los dueños de las fincas bananeras, “ellos sin decirnos desocupe, nos están haciendo desocupar. Eso llamo yo una presión, porque nos quitan eso, nos quitan el poquito de agua, no podemos ni cultivar nosotros. Sin decirnos váyanse, uno voluntariamente se va”, concluye Wolf.

 

 

Actualizado el: Mié, 11/13/2019 - 15:32