Colombia: en menos de seis meses han asesinado a tres líderes que defendían la ciénaga de Zapatosa

Por: Pilar Puentes.  *Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Una semana antes de que lo asesinaran, José Luis Quiñones, líder de tierras y ambiental, reunió a 200 familias en Tamalameque, en el departamento de Cesar, para organizar —por tercera vez— lo que estas comunidades campesinas llaman ‘la recuperación’ de la hacienda La Pola. El hombre, con voz fuerte y determinación les dijo: “Si muero, mi muerte no puede ser en vano. ¿Ustedes van a asumir el compromiso de recuperar la tierra y de permanecer en los territorios? Si es así, estoy dispuesto a dar la vida, pero necesito que todos nos comprometamos a cultivar y a trabajar  la tierra”.

Quiñones es el tercer líder de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC) asesinado este año. En febrero mataron a Teófílo Acuña y Jorge Tafur, figuras reconocidas a nivel nacional que también trabajaban en la recuperación de tierras y playones en las ciénagas de la cuenca media del río Magdalena Medio a través de ocupaciones por parte de campesinos.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía no avanzan y no ha habido respuestas del Estado a los reclamos, por el contrario, los integrantes de la organización han sido estigmatizados como invasores, así lo señalan voceros de la CISBCSC que defienden la tierras y las sabanas comunales del Sur del Cesar. Mientras tanto, más líderes de la organización, que adelanta otros cuatro procesos para recuperar playones, están en riesgo y recibiendo amenazas de muerte. Se desplazaron a Bogotá, cinco diás después del asesinato de Quiñones,  buscando respuestas  a sus luchas y acciones contra la violencia de la que han sido objeto, pero dicen que tampoco obtuvieron respaldo. 

Fabian Hernandez, vocero de la CISBCSC asegura que “nosotros desde la Comisión y desde el trabajo que desarrollaron Acuña y Tafur estábamos trabajando con José Luis, en lo que llamamos la construcción del memorial ambiental del complejo cenagoso de Zapatosa y del río Lebrija. Tierras que históricamente fueron utilizadas por campesinos”. 

La Comisión centra su lucha en recuperar los cuerpos de agua y las tierras que fueron arrebatadas por la violencia paramilitar a principios de los 2000 y proteger el complejo cenagoso pues, donde antes se pescaba, ahora hay cultivos y ganado. 

Jose Luis Quiñones coordinaba dos casos de recuperación de playones cuando, el pasado 2 de agosto, hombres desconocidos le dispararon. El primer caso tiene que ver con La Pola, un predio ubicado en el municipio de Río de Oro, que está en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) —entidad que administra bienes que se encuentran en proceso de extinción o a los que se les haya decretado extinción de dominio— ya que perteneció a los hermanos narcotraficantes Mejía Múnera. El otro caso es el del predio Matarredonda, un terreno ubicado en Tamalameque, en lo que la comunidad llama “playones y sabanas comunales”.

Para el Estado, este último caso es el de un predio baldío reservado, es decir, una tierra de la Nación que por sus condiciones ambientales no puede ser adjudicado a nadie. Sin embargo, particulares, a través de una fiducia, alegan ser los dueños e iniciaron un proceso policivo para desalojar a las familias que ocupan el lugar.

La tierra es para la vida

Las comunidades campesinas del Cesar fueron desplazadas, violentadas y despojadas de las tierras que cultivaron por años por los paramilitares del Bloque Norte, en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y el frente Héctor Julio Peinado comandado por Francisco Prada Márquez, conocido como ‘Juancho Prada’, así como por los narcotraficantes Miguel Ángel y Victor Manuel Mejía Múnera. Todos ellos acumularon predios en la zona.

Como lo explica Nadia Umaña, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), durante el conflicto armado existieron transformaciones en los ecosistemas, especialmente en las ciénagas que comprenden el complejo de Zapatosa. Esta zona tiene unos playones que en épocas de lluvia se inundan, permitiéndoles a las comunidades pescar y, en las temporadas secas, sembrar cultivos que no superen los tres meses, sin afectar el ecosistema. “Nosotros pescamos y cultivamos según la época del año, cuidando el territorio porque el territorio es vida”, afirma otra persona de la Comisión que por razones de seguridad prefiere omitir su nombre. 

Durante la expansión paramilitar, y especialmente tras su desmovilización, terratenientes empezaron a desecar las ciénagas, preparándolas para la cría de vacas y búfalos, además de pequeños monocultivos de maíz. Umaña explica que desde la Comisión hicieron un proceso de cartografía social para que la gente recordara dónde estaban los cuerpos hídricos. “Las personas nos decían: ‘aquí hace 40 o 30 años había un espejo de agua o aquí había una ciénaga, ahora hay ganado’”, cuenta. 

La Comisión define a las nuevas economías del territorio como “economías de muerte”. “Significa la muerte de la vida campesina y también el exterminio de la vida misma, de los bosques secos tropicales que dependen de las ciénagas y de los humedales que ahora son usados para la ganadería extensiva”, sentencia Umaña, quien también hace referencia a la tala indiscriminada del bosque seco para proyectos de búfalos y palma aceitera.   

En 2018, el complejo cenagoso de Zapatosa, que abarca parte de los municipios de Chimichagua, Curumaní, Tamalameque, Chiriguaná en el Cesar y El Banco en el departamento del Magdalena, fue declarado como sitio Ramsar, la máxima medida internacional para la protección de estos ecosistemas. Como lo explica Carlos Vieira, integrante de Fundación Natura, “es el cuerpo de agua dulce de este tipo más grande del país y es la desembocadura del río Cesar al río Magadalena”, afirma. 

Vieira explica que Zapatosa es de vital importancia para la seguridad alimentaria y para las familias que viven cerca del río ya que si no existiera, probablemente las corrientes del río Magdalena arrasarían con las comunidades que se encuentran aguas abajo. A falta de estudios y estadísticas, el experto estima que por lo menos 7000 pescadores artesanales han cambiado las técnicas de captura de especies debido a la modificación de los ecosistemas.  

Para uno de los voceros de CISBCSC, la lucha que llevaba junto con Quiñones se centraba en recuperar la zona para volver a la pesca. “Los terratenientes han acabado con la flora y fauna, con el ecosistema de la ciénaga y contaminado el agua”, sentencia. 

Quienes conocían a José Luis Quiñones aseguran que no solo luchaba para que la comunidad de Tamalameque tuviera un pedazo de tierra para cultivar sino también para que el ecosistema cenagoso de Zapatosa funcionara y se incluyeran actividades agrícolas y pesqueras sin que no fueran una amenaza para la fauna y flora de la región. 

Violencia e impunidad siguen reinando en el Magdalena Medio

El primer informe del Sistema de Información de Violaciones a los Derechos Humanos contra lideresas y líderes ambientales, ha documentado 11 asesinatos —incluídas las muertes de Tafur y Acuña—, 19 amenazas, cuatro desplazamientos forzados y ocho atentados en todo el país, solo entre enero y mayo de este año. El informe liderado por Community Organized Relief Effort (CORE), una organización dedicada a combatir la desinformación sobre los conflictos armados y la construcción de paz en Colombia, advierte que las violencias contra estos líderes están relacionadas con proyectos de minería, cultivos de uso ilícito, hidrocarburos, deforestación y ganadería extensiva.

Los voceros de la CISBCSC han documentado y denunciado las amenazas de las que han sido objeto, especialmente desde hace siete años cuando empezaron con los procesos de recuperación de tierras y sabanas comunales. “Para nosotros es claro el patrón de sistematicidad en las violencias contra la Comisión y organizaciones similares a la nuestra, justamente porque luchamos en el corazón del conflicto que es el tema del uso y la tenencia de la tierra y la protección de ecosistemas estratégicos”, afirma Nadia Umaña

Los tres líderes de la CISBCSC asesinados no solamente lideraban procesos de recuperación de tierras sino, como lo narró uno de sus compañeros que prefiere el anonimato, sino que “mantenían la llama encendida para rescatar la vida campesina”. 

Fabián Hernandéz, uno de los coordinadores de CISBCSC, asegura que las amenazas empezaron  con llamadas de muerte en contra de José Luis Quiñones. Estas intimidaciones no estaban lejos de las que han recibido el resto de las vocerías y de las que, en su momento, recibieron Tafur y Acuña, asesinados en febrero. “Incluso los terratenientes nos han amenazado públicamente, recibimos llamadas intimidantes y también están los panfletos del Clan del Golfo [grupo armado narcoparamilitar], que delinque en la zona”, afirma Hernandez. 

Durante este año,  la Comisión presentó a la Alcaldía, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo varios de los mensajes y llamadas que les han hecho amenazándolos si no abandonan los siete casos que llevan. Muchas de las amenazas también han sido esparcidas como rumores: “los municipios en el Cesar están muy cerca y los líderes empiezan a recibir una ‘razón’ de que los van a matar. Parece como un chisme. Nosotros vamos a las autoridades y les decimos que nos están amenazado y nos piden que mostremos y les decimos: ‘nos dijo alguien que vive en tal municipio’ y la autoridad nos responde que eso no es una amenaza real”, comenta Umaña. 

Pero CISBCSC cree que esto no debería ser desestimado tan a la ligera pues ese fue el “modus operandi” de muchas de las intimidaciones que llegaban a las familias de los líderes Tafur, Acuña y Quiñones, que luego fueron asesinados.

Las amenazas de los grupos armados van acompañadas de la advertencia de que ese es un primer aviso y que llegarán atentados y asesinatos si continúan denunciando y visibilizando los impactos generados por los conflictos socioambientales en los territorios. Además, CISBCSC señala que toda esta violencia también ha sido acompañada por una estigmatización por parte de funcionarios que representan al Estado en los municipios. 

La personera municipal, Yennis Salazar, afirmó en medios locales que: “En Tamalameque actualmente se están realizando invasiones en predios públicos y privados, estos últimos con escrituras, estas personas se hacen llamar reclamantes de tierras, y el señor Quiñones era uno de los líderes. No tenemos conocimiento de parte de quien recibió las supuestas amenazas”.

Para la organización es claro que las autoridades han desconocido la práctica campesina de la recuperación de tierras comunales y playones que se ha hecho desde los años setenta y que está amparada en la Ley 160 de 1994 donde se señala que estas zonas deben ser protegidas y no entregadas a terceros.

La Alcaldía de Tamalameque conocía que Quiñones era un líder visible en el territorio y el peligro al que estaba expuesto tras las amenazas.  Pero, para la Comisión, siempre sucede lo mismo: “Las autoridades y el alcalde salen a decir que lamentan el hecho, que rechazan este tipo de violencias y que no conocían la situación del líder”, sentencia Umaña. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se comunicaron con la Alcaldía de Tamalameque pero no se recibió respuesta.

Para los líderes ambientales y de tierras que quedaron luchando en el Magdalena Medio no hay voluntad política de proteger la vida, tanto de ellos como del ecosistema. Días después del asesinato de Quiñones, muchos de sus compañeros no pudieron trasladarse hasta el sepelio porque el Clan del Golfo emitió resticciones en la movilidad. 
Fue entonces cuando decidieron viajar a Bogotá para informar de la situación de violencia en el Cesar. Llegaron a la capital para informar a la Fiscalía que van tres asesinatos de líderes de su organización en lo corrido del año e innumerables amenazas. “Vemos que la Fiscalía llevaba los casos por aparte, el de Tafur y Acuña por un lado y el de Quiñones por otro”, afirma Nadia Umaña. 

Por ahora, las únicas declaraciones oficiales sobre el asesinato de Jorge Luis Quiñones fueron dadas por el coronel Luis León Rodríguez, comandante de la Policía de Cesar:  “Iniciamos la investigación sobre este caso con la Fiscalía y personal del CTI [Cuerpo Técnico de Investigación] para esclarecer este homicidio registrado en Tamalameque”.

Los grandes enredos con Matarredonda

Tras un proceso de cartografía social en el que identificaron dónde había playones hace algunas décadas y dónde se encontraban los baldíos de la nación en la zona, José Luis Quiñones asumió, junto con otro vocero de la CISBCSC, la lucha por el predio de Matarredonda. 

Un terreno de aproximadamente 1200 hectáreas, cerca del complejo cenagoso de Zapatosa. Como lo muestra el certificado de tradición y libertad, en 1955 el Ministerio de Agricultura le adjudicó a Ricardo Arturo Armel Londoño y Salomón Armel Londoño, el predio Matarredonda, mucho antes que la reforma agraria, a través de la Ley 160 de 1994, prohibiera la adjudicación de baldíos que representen un valor ecológico. 

Entre los años sesenta y setenta el predio pasó por otras manos hasta que, en 1974, fue hipotecado por el Banco Ganadero. El certificado, que muestra el historial de propiedad de la tierra, no tiene más anotaciones de transferencia. Sin embargo, el medio Verdad Abierta logró identificar que Matarredonda, y el predio colindante Machín Berlín, son administrados por Acción Sociedad Fiduciaria, aunque se desconocen qué personas están detrás de esta fiducia.

En marzo de 2021 Quiñones reunió a 150 familias campesinas y desde entonces están ocupando el predio Matarredonda. ¿Por qué siguen ahí? La respuesta jurídica es compleja: según la legislación colombiana, la persona que alega la propiedad de un predio, y lo invade, debe presentar una querella policiva por perturbación y la Policía tiene 24 horas para desalojarlos si esto aplica. Si la invasión se prolonga más allá de las 24 horas, la decisión la debe tomar un juez. Como las familias que ocupan Matarredonda no fueron desalojadas en el tiempo estipulado, ahora un juzgado debe definir la situación.

Según Jorge Niño,  abogado del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y quien acompaña a las comunidades, no es claro por qué una fiducia alega la propiedad del predio. “Ni siquiera están en Matarredonda, tienen un administrador que viene a veces”, además que estas tierras tienen una función ecológica que no les permite ser adjudicadas. En estos casos, continúa el abogado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría que empezar un proceso especial agrario como la revocatoria de la adjudicación. Para Niño, otra opción sería que, junto con la autoridad ambiental, se diera un plan de manejo especial para las actividades que se desarrollan en Matarredonda o recuperar la tierra para que vuelva a ser un baldío de la nación. 

La CISBCSC le ha solicitado a la ANT información  para conocer el estado legal del predio pero Niño asegura que la entidad no contesta a las solicitudes y todo termina en tutela. Una de las últimas respuestas fue “que tocaba esperar al cambio de gobierno porque estaban en empalme”.

Poco después del asesinato de Jorge Luis Quiñones, la CISBCSC tuvo que enfrentarse a amenazas de desalojo de las 150 familias por parte de las autoridades de Tamalameque. “Así nos pasó con Tafur y Acuña. Los asesinan e inmediatamente empiezan a decir que van a desalojar con policía a la comunidad, cuando este proceso debe definirlo un juez y no está en los términos de ley. La comunidad ya lleva más de un año ahí”, afirma Umaña. 

Para la organización social, el problema radica en que el Estado no tiene voluntad de hacer un trabajo riguroso y sistemático en el inventario de baldíos y tierras comunales. 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron comunicarse con la Alcaldía de Tamalameque y con la inspección de Policía pero no fue posible obtener respuesta. De igual manera se envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para preguntar si ha emprendido acciones de recuperación o de clarificación a las tierras que bordean la ciénaga de Zapatosa pero hasta la fecha no han contestado. 

Un nuevo intento por ocupar La Pola 

La comunidad campesina tenía todo listo para ingresar al predio La Pola cuando asesinaron a José Luis Quiñones. El terreno de 334 hectáreas fue adjudicado a Carlos Maichel en 1962 en el municipio de Tierra de Oro. Años después la tierra fue transferida a la Sociedad Carlos Maichel e Hijos y en 1995 fue vendida al narcotraficante Víctor Manuel Mejía Múnera. Este último le vendió la propiedad a José Barvo Mejía por 1600 millones de pesos y, seis años después, en 2006, quedó en manos de Juan Carlos Pérez.

Desde el 2006, hasta la fecha, La Pola ha pasado por la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ha delegado a personas para que administren el predio. 

Como lo relató Verdad Abierta en su investigación, a Juan Carlos Pérez la SAE le quitó el predio en 2010 a pesar de que este aseguró que compró legítimamente y que no conocía que las tierras hubieran pertenecido a un narcotraficante. Como lo explica el abogado Niño, la disputa por la tierra viene de décadas atrás, cuando las familias campesinas ocupaban el predio y no conocían los trámites necesarios para legalizar la propiedad. “Luego fueron despojadas”, asegura. 

En febrero y mayo de 2022 Jorge Luis Quiñones organizó, con varias familias campesinas, la entrada al predio. Las dos veces fueron desalojados en menos de 24 horas. A principios de agosto iban a entrar nuevamente pero Quiñones fue asesinado antes de que esto se concretara.

Para Fabián Hernandez, de la CISBCSC, estas recuperaciones de tierras no buscan solo ostentar propiedad de la tierra sino obtener condiciones de vida digna y seguridad alimentaria. “Estas recuperaciones nos permiten que al menos 1000 familias puedan comer tres veces al día”, le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. 

La recuperación de La Pola no ha sido un proceso sencillo, en una de las oportunidades en que los campesinos intentaron entrar, se encontraron con hombres armados. El abogado Jorge Niño asegura que no conocían a estas personas y tampoco se sabe si son hombres armados autorizados de vigilancia o son actores armados ilegales. Solo hay dos certezas: la primera es que una de las personas que está administrando el predio por parte de la SAE arrienda el predio para el pastoreo de ganado y la otra es que la comunidad no se rendirá en la recuperación del predio. Hasta el momento la SAE no ha contestado a Rutas y a Mongabay sobre la situación jurídica del predio. 

Para los voceros de CISBCSC completar los procesos de ocupación es honrar la memoria de Quiñones. Esperan que las autoridades aclaren la muerte de sus tres compañeros y de otro campesino de la zona pero también necesitan protección y respaldo estatal. A pesar del inminente peligro, señalan que seguirán luchando por la tierra que para ellos es la vida. 

Actualizado el: Lun, 08/29/2022 - 10:18