Comisión de la Verdad: el papel del narcotráfico en el conflicto armado

Todos los actores del conflicto armado han tenido que ver con la producción y el comercio de drogas, aunque cada uno de manera diferenciada. Por ejemplo, mientras que para las Farc esto operó como un mecanismo de financiación, para los paramilitares fue la bisagra entre el crimen y el poder. Los narcotraficantes, por su parte, han actuado junto a la clase política y a sectores económicos importantes, por lo que se han constituido como miembros de algunas élites. Estas relaciones han determinado el curso de la violencia y sobre todo su continuación en los territorios. 

 

Economía de la coca 

De acuerdo con distintos estudios, los ingresos por el tráfico de cocaína representan entre el 1% y el 4% del producto interno bruto de Colombia, posicionándolo como el principal país productor para un mercado de aproximadamente 20 millones de consumidores. Así, el narcotráfico promueve un modelo de acumulación de capital, una economía basada en la reproducción del conflicto. Desde los sesenta, ante la falta de una política agraria incluyente y la pérdida de soberanía alimentaria, la coca se convirtió en una alternativa productiva para el campesinado.

A medida que el modelo de acumulación se expandía, la vida en comunidad y el desarrollo regional cambiaron. “Muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico. Pueblos cercanos a Tumaco, en Nariño, o en Urabá, Antioquia, o San José del Guaviare, en Guaviare, entre otros, pudieron enfrentar una escasa presencia del Estado con los recursos y las dinámicas surgidos alrededor del narcotráfico”, menciona la CEV. 

Aunque las economías locales de la cocaína trajeron consigo oportunidades laborales, también conllevaron formas de explotación al campesino, la mujer y la población étnica. Estas zonas suelen ser, incluso hoy en día, las más violentadas. Allí es donde se ha impactado profundamente a la naturaleza, la tenencia y el uso de la tierra, y se han generado grandes estigmas hacia los agricultores. Pero la cadena de producción y comercialización de drogas va mucho más allá de los cultivos, por lo que ha involucrado a otros sectores de la sociedad.

La Unidad de Investigación de Activos Financieros (UIAF) señala que parte del dinero producido por el narcotráfico se ha blanqueado a través de notarías y sectores como el inmobiliario: fachadas, compraventa, testaferrato, etcétera. La UIAF revisó 104 casos de narcotráfico vinculados a carteles, las Auc, las Farc, el Eln, entre otros actores, y en todos encontró referencias a empresas comerciales, petroleras, de transporte, bienes raíces o contratación pública. 

(Le puede interesar: ¿Qué contiene el Informe Final de la Comisión de la Verdad?)

 

Dimensión política: democracia en riesgo

En los años setenta se dieron debates sobre la infiltración de contrabandistas y narcotraficantes en el Congreso de la República, la DIAN y el DAS. El comercio de drogas se internacionalizó y entabló relaciones de élite que hasta influyeron la infraestructura, pues construyeron pistas de aviones y obtuvieron el control de puertos marítimos para buscar rutas hacia Estados Unidos. También hubo acusaciones de que varias campañas presidenciales fueron financiadas por dinero ilícito. 

Tal como explica la CEV, es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político ha promovido el clientelismo, la corrupción electoral y la tolerancia a recursos de dudosa procedencia en el sector público que ponen en riesgo a la democracia, sobre todo a nivel regional. Entonces, la política ha sido la primera en articularse con el narcotráfico, incluso antes de que la violencia por el conflicto armado se viera involucrada. 

En el marco de la ley de Justicia y paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, y que los dineros del narcotráfico fueron fundamentales para las campañas. Este vínculo entre actores políticos, económicos, armados y militares, que se basa en la acumulación de capital, no ha sido investigado a profundidad por el Estado y mucho menos desmantelado. Según el Informe, la función pública ha servido al narcotráfico para mantenerse en la impunidad y lavar el dinero a través de la contratación pública o la compra de tierras.

 

El fracaso de la guerra contra las drogas

Las élites enfocan su política antidrogas en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras que mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. Esto ha manchado a las entidades competentes, ya que se han vuelto objeto de disputa. “Varias instituciones como el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Dirección de la Aeronáutica Civil (DAAC) y las áreas encargadas de los bienes en extinción de dominio, han sido protagonistas de importantes escándalos y algunos de sus directores y funcionarios han sido procesados por corrupción, violencia o narcotráfico”, sostiene la CEV.

Por su parte, la fuerza pública también se ha involucrado en este negocio ilegal. Desde los setenta la Policía se empezó a relacionar con narcotraficantes, y las alianzas aumentaron con la formación de carteles, el grupo Muerte a Secuestradores (Mas) y el modelo paramilitar del Magdalena Medio. A finales de los noventa el Ejército se involucró directamente en la lucha contra las drogas, pues se consideró a las Farc como un grupo narcoterrorista. Entonces, esta violencia favorecía los intereses privados de los narcotraficantes y, a su vez, la contrainsurgencia de la fuerza pública. 

En los noventa, al afirmarse que la lucha contra las drogas era la misma que contra las Farc, se ignoró que “los grupos paramilitares eran aliados del Estado en la lucha contrainsurgente y que estaban orgánicamente asociados al negocio del narcotráfico. Esto generó la criminalización del campesino cocalero, considerándolo la base social de la guerrilla y el principal responsable del narcotráfico. Esto ha servido para mantener la violencia contra los eslabones más débiles y diluir la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios del negocio”.

(Le puede interesar: El legado que nos deja la Comisión de la Verdad desde el diálogo social: reconocimiento, convivencia y no repetición)

 

Persistencia

Una de las razones por las que el conflicto se mantiene en las regiones es que los actores armados (insurgencias, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública) aún se disputan el control de la economía de la cocaína. Esto se debe a que, al ser un mercado ilegal, los beneficios del narcotráfico son mayores y lo vuelven más codiciado. Además, de acuerdo con el análisis comparativo territorial de la CEV, los niveles de violencia fueron más altos en lugares con presencia de cultivos de coca.

La economía de Colombia depende en gran parte del narcotráfico: por décadas ha regulado la economía tanto de los sectores populares y campesinos como de los dominantes. El Informe plantea que para hallar una solución, se debe replantear el mismo problema, ya que el discurso de la lucha contra las drogas ha determinado cómo el país ve el conflicto y la idea del “enemigo interno”. Este no es un asunto meramente delictivo o militar, pues como se ha dicho, tiene implicaciones sociales, económicas, políticas e internacionales. No puede seguir atendiéndose como una guerra.

Perseguir a los eslabones más débiles de la cadena, la militarización de los territorios, el prohibicionismo, las fumigaciones y la extradición no han llevado a superar la situación, sino a un callejón sin salida. La historia ha demostrado que son estrategias que no dan frutos, que por el contrario exacerban el conflicto. Mientras el narcotráfico siga siendo ilegalizado, brindará los recursos para seguir con la violencia, corromper a las instituciones y financiar ejércitos privados para sus intereses. “Debemos llegar a acuerdos que permitan la comprensión, regulación e integración de esta actividad”, concluye la CEV.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 16:55