Comunicado de prensa - 20 de agosto de 2020

En respuesta a un derecho de petición elevado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el que se solicita información sobre el avance de las investigaciones por los perfilamientos y seguimientos ilegales realizados por miembros del Ejército Nacional contra periodistas y otros ciudadanos, la Fiscalía General afirmó que no fueron 130 las personas objeto de estas acciones ilegales de monitoreo sino "un reducido grupo que no supera las 20 personas".

Esta información entregada por la Fiscalía contradice las revelaciones que hizo la Revista Semana el pasado 1 de mayo en su investigación titulada "Las Carpetas Secretas", en la que se incluyen indicios de perfilamientos y seguimientos a todo el equipo de Rutas del Conflicto. Según la investigación de Semana, el Ejército tenía una carpeta destinada a recolectar toda la información disponible de las y los miembros de nuestro equipo periodístico, y en esa carpeta se encontró una fotografía en la que se individualiza con un número a cada una de las personas que componían el equipo de Rutas del Conflicto en el momento en que fue tomada.

Nos preocupa que, a pesar de la evidencia del tamaño de la operación y la cantidad de personas perfiladas, la Fiscalía insista en que se ha determinado, individualizado e identificado a "un grupo no mayor de 20 personas" que fueron objeto de actos ilegales por parte del Ejército Nacional y afirme que ha adelantado todas las acciones para asegurar que las víctimas puedan ser oídas y se les facilite el aporte de pruebas en el proceso penal.

Hasta este momento, ninguna persona del equipo de Rutas del Conflicto ha recibido comunicación de la Fiscalía que indique que esa entidad nos considera víctimas en el proceso. Al contrario, la respuesta dada a la FLIP indica que la Fiscalía está adelantando una investigación de la que no participamos de ninguna manera, lo cual sugiere que no considera que la evidencia presentada en la investigación "Las Carpetas Secretas" tenga mérito suficiente para investigar posibles actuaciones ilegales contra nuestro equipo.

En una carta recientemente enviada al estado colombiano, un grupo de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó entregar información sobre las personas perfiladas ilegalmente por el Ejército Nacional y envió una lista de 43 periodistas que habrían sido sometidos a vigilancia, entre los que se encuentra todo el equipo periodístico de Rutas del Conflicto.

La fotografía del equipo de Rutas del Conflicto muestra cómo miembros del Ejército Nacional individualizaron y perfilaron a 17 personas, ninguna de las cuales ha recibido comunicación de parte de la Fiscalía que indique que esa entidad tiene intención de garantizar nuestra participación dentro del proceso y recibir información pertinente para la protección. Junto a esta fotografía, el equipo de Rutas del Conflicto pudo constatar que existían al menos seis perfiles de nuestros miembros que contenían información personal y sensible como teléfonos y direcciones de residencia.

 

 

 

Si la Fiscalía, luego de revisar la información revelada por Revista Semana y la evidencia encontrada en diligencias judiciales, considera que solo existe mérito para abrir investigación respecto de conductas ilegales en contra de menos de 20 de las 130 personas inicialmente mencionadas, es su responsabilidad explicar cuál es el criterio para tomar tal decisión, incluyendo qué tipo de información obtuvo el Ejército, y con qué métodos, de las personas sobre las que decidió no considerar como víctimas en el proceso penal.

Solicitamos a la Fiscalía que reconozca el interés del equipo de Rutas del Conflicto en las investigaciones adelantadas. Pedimos, además, a la Procuraduría General de la Nación que acompañe y vigile las actuaciones de la Fiscalía para garantizar que todas las víctimas puedan participar y recibir información de avance del proceso judicial.

Por último, manifestamos a la opinión pública y a organismos de protección de derechos humanos que los perfilamientos y seguimientos de los que fuimos objeto y la respuesta de la Fiscalía significan para nosotros una vulneración de nuestra libertad de prensa y nos revictimizan en cuanto a que las actuaciones ilegales nos ponen en situación de vulnerabilidad que no se remedia por vía judicial al no considerarnos parte del proceso sin una explicación satisfactoria.

 

 

Actualizado el: Jue, 08/20/2020 - 17:57