Comunidades con tierras entregadas por el gobierno Petro, pero que aún no tienen títulos, expresan preocupación por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella

El 3 de febrero de 2026, Diomedes Mejía Navarro, líder de la Asociación de Víctimas de La Lucha, fue asesinado. Dos meses antes, junto con otras familias campesinas había recibido el predio El Garzal, una finca de cerca de 2.000 hectáreas en San Zenón, Magdalena, recuperada por el Estado dentro de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro. Antes que él, otro dirigente de la organización, Luis Eduardo Cisneros, también había sido asesinado. 

Esta asociación de víctimas había recibido el predio con la esperanza de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les entregara los títulos de propiedad, pero la ilusión se ha ido diluyendo. A menos de dos meses de terminar el gobierno Petro y ante los hechos violentos, la comunidad tuvo que dejar el predio, permanece desplazada y evita hablar con medios de comunicación.

El caso de El Garzal expone una situación que se repite en varias zonas del país. Aunque el gobierno Petro ha entregado una cifra récord de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas en un esfuerzo por avanzar en la reforma agraria, un porcentaje significativo de esas tierras sigue sin cerrar los procesos de titulación que garantizarían la propiedad. 

La incertidumbre es mucho mayor, ahora que se conoce quién será el próximo presidente del país, desde el 7 de agosto de 2026, el abogado Abelardo de la Espriella, que ha criticado públicamente la reforma agraria del gobierno Petro y ha insistido en reducir el tamaño del Estado. Además, el mandatario electo y su entorno político ha hecho varias declaraciones públicas contra sectores de izquierda, lo que produce temores entre líderes agrarios que se sienten estigmatizados.

La situación es más grave, aún, en varios predios recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en los que en los que los campesinos enfrentan amenazas, disputas por el control territorial entre grupos armados y demoras en la formalización de la propiedad.

La política de tierras del gobierno Petro deja cifras sin precedentes recientes. La ANT asegura haber formalizado a diciembre de 2025 1.878.000 hectáreas y ‘gestionado’ 703.121 hectáreas, que en la práctica representan predios que están en proceso de titulación. Parte de esos predios provienen de la SAE, que ha transferido más de 13.000 hectáreas al programa. 

Rutas del Conflicto le consultó a la ANT el 26 de marzo de 2026, por la cifra exacta de hectáreas que habían sido entregadas a campesinos, pero que aún no tenían título, pero la entidad nunca respondió.

Sin embargo, detrás de las cifras persiste una pregunta que no se mide en hectáreas: si las comunidades beneficiarias cuentan con las condiciones de seguridad y las garantías jurídicas necesarias para permanecer en las tierras que el Estado les entregó y de las cuales no tienen documentos de propiedad.

Para algunos líderes rurales, la posibilidad de un cambio en la orientación de la política agraria con la llegada del nuevo gobierno con la llegada del nuevo gobierno se suma a las preocupaciones existentes por la seguridad física y jurídica de territorios cuya consolidación aún depende del acompañamiento institucional.

Una transición llena de incertidumbre

Sobre los procesos que lleva la ANT, Nury Martínez, coordinadora del área de tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización jurídica que apoya a campesinos en sus procesos agrarios,  advierte que el principal riesgo es qué ocurrirá con los miles de expedientes de adjudicación y formalización que hoy están en trámite. 

Para la abogada, una transición institucional sin mecanismos claros de seguimiento podría afectar la trazabilidad de esos procesos. "La información es lo que permite la efectividad en la materialización de los derechos de propiedad para los sujetos de reforma agraria", afirma. Por eso considera necesario que una entidad garante, como la Defensoría del Pueblo, acompañe el empalme y verifique el estado de cada expediente para evitar que la información se pierda o que los trámites queden inconclusos. 

Martínez advierte que la existencia de un marco legal no elimina la necesidad de una transición ordenada. "Hay un volumen significativo de tierras en proceso de adjudicación. Con base en la información disponible, no se identifican antecedentes recientes de un cambio de gobierno con un número comparable de procesos en trámite", señala. A su juicio, el reto no es únicamente conservar la institucionalidad, sino garantizar que los expedientes, la información catastral y los procesos abiertos lleguen completos a quienes asumirán la política de tierras en el nuevo gobierno que ha sido contradictorio frente a varias de sus propuestas.

Martínez recuerda que, independientemente del gobierno de turno, el acceso a la tierra y la protección de campesinos, comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes está respaldado por normas constitucionales y legales que reconocen a estas poblaciones como sujetos de especial protección. "Siempre hay que recordar de cara al nuevo gobierno que existen una protección especial y políticas públicas diseñadas para estos sujetos", señala.

Rutas del Conflicto antes de las elecciones del pasado 21 de junio, le pidió al entonces candidato su respuesta ante un eventual gobierno De La Espriella sobre cómo será su agenda en materia de reforma agraria y qué pasaría con la ANT en miras a la reducción del Estado.  Las preguntas se enviaron a través de su oficina de prensa. A la publicación de esta investigación no se obtuvo respuesta. 

Esa incertidumbre institucional se suma a dos problemas que las comunidades ya enfrentan desde hace varios meses: la persistencia de la violencia en los territorios y las demoras para consolidar jurídicamente las tierras entregadas.

La tierra sin seguridad física

En varios de los predios recuperados por el Estado y entregados a comunidades campesinas, las estructuras armadas, las economías ilegales y los poderes que durante décadas dominaron esos territorios siguieron presentes. La violencia no desapareció con los contratos de uso del suelo ni con los actos públicos de entrega. Por el contrario, en algunos casos las comunidades se encontraron con situaciones que habían creído dejar atrás como las amenazas, el desplazamiento, los asesinatos, los despojos y la posibilidad de retornar dignamente a la tierra. 

El caso de El Garzal muestra esa situación. La finca de casi dos mil hectáreas, había pertenecido a Enilce López, alias 'La Gata'. Aunque la justicia había ordenado la entrega del predio a las víctimas, el predio estaba siendo utilizado por Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’ y condenado por  homicidio y concierto para delinquir. En diciembre de 2025, Felipe Hartman, director de la ANT, había entrado a la finca custodiado por la fuerza pública para recuperar la tierra, en la que encontraron material de guerra y hombres armados cercanos al círculo de ‘La Gata’ y de su hijo.

“Encontramos a las organizaciones sometidas por un señor que le dicen ‘El Turco’, quien aparecía en los papeles de la SAE como el administrador”, advirtió Harman. Tras esta visita, dos meses después asesinaron a los dos líderes de la organización y las familias terminaron abandonando temporalmente el predio. 

Algo similar ocurrió en El Tarra, Norte de Santander. Según la representante de la Mesa de Víctimas del municipio, varias familias campesinas recibieron parcelas por parte de la ANT en 2025. Sin embargo, la disputa entre grupos armados terminó afectando a algunos beneficiarios. En abril de 2026, una familia tuvo que abandonar su parcela después de que un dron con explosivos cayera frente a la vivienda y dejara dos personas heridas.

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional acompañaron 604 procesos de entrega de tierras durante el primer semestre de 2026. Las entidades le explicaron a Rutas del Conflicto que, “realizan reuniones periódicas para evaluar las condiciones de seguridad en cada región y ejecutan operativos para prevenir hechos victimizantes y evitar el re despojo de los predios”.

Sin embargo, las amenazas contra los liderazgos agrarios persisten. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y diciembre de 2025 fueron asesinados 173 líderes de tierras y campesinos. Indepaz registra una cifra aún mayor, 296 homicidios de campesinos y reclamantes de tierra durante el mismo periodo.

Los departamentos más afectados son Cauca (62 casos), Antioquia (25), Valle del Cauca (11) y Norte de Santander (10), seguidos por Guaviare, Nariño y Putumayo (7 casos cada uno). Territorios donde coinciden las disputas armadas, las economías ilegales y una débil presencia institucional. Para la Defensoría, “la concentración de la violencia en estas regiones evidencia que el acceso a la tierra continúa siendo un factor de riesgo para las comunidades rurales”.

En el caso de El Garzal en San Zenón, la Defensoría es contundente al advertir que la violencia que enfrentan las comunidades beneficiarias de la reforma agraria no es producto únicamente de la persistencia del conflicto armado. La entidad advirtió que la entrega de predios provenientes de procesos de extinción de dominio, “muchos de ellos asociados a estructuras mafiosas y con redes de apoyo todavía presentes en los territorio,  requiere una coordinación previa entre la ANT, la SAE y la Fiscalía para evaluar las condiciones de seguridad alrededor de las propiedades y determinar si es pertinente ubicar allí a las comunidades campesinas”. Esa articulación, concluyó la Defensoría, no se está llevando a cabo.

La Defensoría reveló que la ANT convocó a la entidad para acompañar la diligencia de recuperación del predio, pero no remitió toda la información requerida y el procedimiento se realizó sin su participación. Meses después, ocurrieron los asesinatos de Mejía y de Luis Eduardo Cisneros, el otro dirigente de la organización. Para la entidad, el caso evidencia las fallas de articulación institucional y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y protección para las comunidades campesinas.

La ANT, en cabeza de su entonces director Felipe Harman, en un comunicado que emitió tras la muerte de Mejía, le exigía al gobierno una articulación que permitiera proteger la vida de quien defiende la tierra. “Hacer un llamado a las distintas entidades de Gobierno nacional para que, de manera conjunta, se continúe interviniendo este predio y así garantizar la seguridad y la vida de estas familias campesinas”, dijo el funcionario.

La tierra sin seguridad jurídica

Los desafíos de la reforma agraria no se limitan a la violencia. En otros casos, la incertidumbre proviene de la falta de títulos definitivos.

En el norte del país se ubican unas fincas que la ANT y la Sociedad de Activos Especiales entregaron a una asociación de campesinos víctimas del despojo, que prefieren no ser identificados por temas de seguridad en la región. Después de décadas reclamando la restitución de sus tierras, las familias recibieron de manera provisional varios predios administrados por la SAE en 2024, tras dos ceremonias públicas en las que el presidente Petro entregó las tierras, pero no los títulos.

Como reveló Rutas del Conflicto, después de amenazas por parte de antiguos propietarios e intervenciones del Gobierno, esta asociación continúa en los predios, pero las cerca de mil hectáreas aún no han sido tituladas. La comunidad ha escuchado en el territorio, antes de las elecciones, que si ganaba De La Espriella se iban de la tierra ante la falta de títulos de propiedad. El entonces dueño, quien llevaba un proceso de extinción de dominio, ha dicho en la región que con este gobierno recuperaría las fincas. 

Aunque las familias ya habitan y trabajan las mil hectáreas, la ausencia de títulos definitivos las mantiene en un escenario de incertidumbre jurídica sobre la permanencia de los predios y sobre el futuro de una política que dependerá de las decisiones del próximo gobierno.

Para Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la entrega material de un predio es apenas una etapa dentro de un proceso mucho más complejo de adjudicación relacionado con los inmuebles adquiridos por la ANT a la SAE. "Hace falta mucho andamiaje institucional para hacer seguimiento a esto y mucha información para las organizaciones campesinas", explica. La abogada señala que las dificultades no terminan con la adjudicación de la tierra: las comunidades requieren proyectos productivos, vivienda, vías, acceso a educación y una coordinación efectiva entre las entidades del Estado para garantizar que puedan permanecer en los territorios.

Por ejemplo, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam expusieron en mayo de 2026 un caso en el que la ANT le entregó cerca de 60 hectáreas baldías a una comunidad indígena sikuani en Puerto Gaitán, Meta, en medio de una acumulación de tierras de más de 40 mil hectáreas en manos del proyecto agroindustrial de una colonia menonita. Aproximadamente 600 personas se encuentran en esas tierras a la espera de que les entreguen el título de esa propiedad y que se definan sus reclamos por otros predios vecinos ocupados también por las colonias menonitas, mientras siguen las tensiones por la falta de accesos al terreno que les dio la ANT.

Los mensajes del entorno del nuevo gobierno sobre las tierras que reclaman las comunidades indígenas en los Llanos Orientales preocupan aún por el futuro de estos procesos. Indalecio Dangond, líder del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella en el sector de agricultura, ha señalado que un eje principal del desarrollo agrario en el gobierno entrante es darle prioridad a los megaproyectos en esa zona del país. “La Agencia Nacional de Tierras se ha convertido en una fuente permanente de incertidumbre, actuando con interpretaciones arbitrarias y cambiantes sobre uso y tenencia. El caso de los menonitas es apenas la evidencia más visible de un problema estructural: persecuciones administrativas, abusos de poder, amenazas de expropiación y violaciones de derechos fundamentales que tienen exhaustos a miles de empresarios del agro”, escribió Dangond en una columna publicada por varios medios de comunicación en febrero de 2026.

En el caso de las tierras provenientes de la SAE, los desafíos son mayores. Según la jurista, estos predios suelen estar asociados a estructuras mafiosas y a intereses económicos que no desaparecen con la extinción de dominio. "La mafia no se acaba en Colombia. Los actores económicos siguen teniendo intereses grandes sobre los territorios", advierte.

Por eso, Martínez considera urgente acelerar los procesos de formalización. "Es muy importante que la gente tenga la garantía de seguridad jurídica frente a esos predios como propiedad colectiva, cuando así lo hayan solicitado las comunidades campesinas". A su juicio, la propiedad colectiva puede convertirse en una forma de blindaje para las comunidades, pues dificulta que la tierra vuelva a ser objeto de despojo. Sin ese reconocimiento formal, agrega, las organizaciones campesinas pueden quedar expuestas a que en un futuro otros intereses económicos o políticos intenten recuperar los terrenos.

Precisamente Rutas del Conflicto ha documentado varios casos de despojo, especialmente en la década de los noventa, en los que campesinos ingresaron a predios y comenzaron procesos de adjudicación con el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que no terminaron por la violencia paramilitar. Los campesinos en diferentes zonas del país fueron desplazados de las tierras sin que recibieran los títulos de propiedad, incluso en medio de alianzas entre estos grupos ilegales, funcionarios del Incora y empresarios, lo que hizo más difícil que las víctimas pudieran reclamar las tierras.

"Es muy necesario que haya un documento donde se registre la propiedad de la comunidad frente a la tierra, porque de lo contrario esa puede ser una condición de despojo masivo en otro gobierno que no esté interesado en darle tierra al campesinado", concluye la abogada.

La misma incertidumbre de esta asociación enfrentan las 35 familias agrupadas en la Asociación Nacional Campesina Agropecuaria (ASONACA), en Marsella, Risaralda. La ANT les entregó provisionalmente la Hacienda Alpinar, una propiedad vinculada en el pasado al círculo familiar de Luis Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', exjefe del Cartel del Norte del Valle. El predio fue recuperado por la SAE y transferido a la reforma agraria.

"Nosotros queremos es la titulación de la tierra para estar más tranquilos y seguros cuando cambie el gobierno", dice Víctor Hugo Ospina, representante de la organización.

Aunque las familias ya habitan y trabajan la tierra, la ausencia de títulos definitivos las mantiene en un escenario de incertidumbre jurídica sobre la permanencia de los predios y sobre el futuro de una política que dependerá de las decisiones del próximo gobierno.

Rutas del Conflicto envió desde abril de 2026 solicitudes de información a la ANT para conocer el estado de titulación de los predios entregados y pidió una entrevista con su entonces director, Felipe Harman. Después de varios intentos, la entidad no respondió y el director de la ANT, que renunció semanas antes de la segunda vuelta presidencial y volvió a asumir después de ella, nunca concretó la solicitud de entrevista

La reforma agraria del gobierno Petro consiguió algo que parecía imposible hace apenas unos años: volver a poner la redistribución de la tierra en el centro de la agenda pública. Pero los casos de San Zenón, Marsella y El Tarra muestran que entregar predios es apenas el comienzo. La permanencia de los poderes armados y las demoras en la formalización de la propiedad dejan abierta una pregunta que trasciende al actual gobierno: si la tierra entregada logrará permanecer en manos de quienes la recibieron.

*Está investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll Colombia

 

Actualizado el: Jue, 07/02/2026 - 09:29