Concesiones de agua afectan ríos de la Ciénaga Grande de Santa Marta y están en manos de pocos empresarios

Los habitantes de los municipios del norte del departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, están desesperados. Se están quedando sin agua para cultivar y el elevado consumo de las grandes agroindustrias está afectando el balance ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ese gran humedal Ramsar que, según ha dicho el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), es responsable de cerca del 80% de toda la pesca que se hace en el Caribe del país. Los pobladores señalan a las empresas de banano y palma de aceite de la zona de cooptar un gran porcentaje del agua de los ríos que nutren a la Ciénaga.

Pero, ¿qué tanta agua están usando las empresas y cómo obtienen los permisos para utilizar el recurso?  Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ─autoridad ambiental en la región─ para conocer todas las concesiones de agua de Zona Bananera, uno de los municipios que bordea la Ciénaga y por el cual corren varios ríos que van a dar directamente a este gran humedal. La entidad entregó documentos de los permisos otorgados para la utilización de aguas subterráneas y superficiales, así como para el vertimiento de aguas residuales y  la ocupación de cauces hídricos en el área.

Al revisar los convenios se encontró que un gran porcentaje de las aguas subterráneas ─obtenidas gracias a la construcción de grandes pozos─ y superficiales ─provenientes de los ríos Frío, Orihueca, Sevilla y Tucurinca─ son empleadas para el cultivo de banano (61%) y palma de aceite (15%) en el municipio. Según los documentos entregados por Corpamag, en Zona Bananera solo el 5% es para uso doméstico y 5% para consumo humano. 

Casi la mitad del agua en manos de una sola empresa

Siete empresas colombianas concentran la mayor parte de las concesiones de agua en Zona Bananera, distribuidas así: Agropecuaria San Gabriel (9), Agrícola Eufemia (5), Agrícola Margarita (3), Bananero El Enano (3), Banaeva (2), Canali (1) e Inversiones Lolita (1),  manejan el 47% de las concesiones y las destinan a la producción de banano.

Pero hay un dato sobre estas empresas que permanecía oculto en la Cámara de Comercio de Santa Marta. Al revisar los certificados de Matrícula Mercantil de cada una de ellas se evidenció que todas pertenecen a su vez a una gran empresa: Servicios Administrativos Bananeros S.A.S (SAB), que figura en los registros como casa matriz de las compañías. Se trata de una empresa constituida el 19 de diciembre de 2006 en el municipio de Ciénaga (Magdalena) y su fundador y dueño es Riad K'David Sagir.

Según el libro Anotaciones para una historia de Ciénaga, del historiador Ismael Correa Díaz Granados, que recopila la historia de las familias en la región, los K’David son de origen libanés y llegaron en 1930 a Zona Bananera. Marcelino, Abraham y Said K’David se dedicaron a la comercialización de telas, pero más tarde empezaron a adquirir sus primeras fincas bananeras, al punto que hoy,  la empresa de Riad K’David posee casi la mitad de las concesiones de agua para cultivo de banano en el municipio. 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a Corpamag para saber si existe alguna restricción en la cantidad de concesiones de agua que se entregan y la entidad señaló que el agua es de uso público y, por lo tanto, para entregar estos permisos no existe más limitación que los documentos que exige la norma y, por supuesto, que haya disponibilidad de recurso hídrico.

Ante la pregunta de si existe algún control por parte de la entidad para evitar el acaparamiento de agua, la entidad respondió: “El volumen a otorgar por parte de la Corporación dependerá solo de la necesidad del uso del agua una vez los técnicos analicen la información suministrada”. De igual manera insistió en que la única limitación que tiene una empresa para acceder al agua es que no haya recurso hídrico disponible para concesionar.

Omar Clavijo, investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que si bien es cierto que la única limitación que tiene la entidad para no dar las concesiones es que no haya recurso, por ley también deben proteger el consumo de uso humano. “Ellos están en la capacidad de retirar alguna concesión si encuentran consideraciones de tipo ambiental que puedan llevar a reevaluar el permiso dado”, explicó.

Eso es lo que han denunciado los habitantes de Zona Bananera. Insisten en que hay afectaciones sociales y ambientales. Corpamag, por su parte, asegura que ha atendido las quejas de las comunidades de la zona e impondrá sanciones en caso de que hayan obstrucciones o desvíos para que no circule el agua de manera natural y que los habitantes deben insistir ante las alcaldías de los municipios en la construcción de acueductos que garanticen el acceso al agua potable. Se intentó conocer la versión de Riad K’David o de voceros de su empresa, pero no se obtuvo respuesta. Queríamos hacerle una pregunta concreta: más allá de lo que permite o no la norma, ¿cuál es su postura frente al acaparamiento del 47% de las fuentes de agua de Zona Bananera y del impacto que genera este uso en las poblaciones locales, y en los ríos que alimentan a la Ciénaga Grande de Santa Marta?

“En el 2016 y 2017 sentimos el aprieto de las fincas ribereñas. Ellos son familias de clase alta que tienen la facilidad de meter una máquina y coger agua. El remanente que nos debe llegar del río Frío es del 30%, pero en ese momento solo nos llegó el 5%. Entre nosotros y los animales nos peleábamos el agua. Por eso se murió harta icotea y babillo (reptiles)”, afirmó Guillermo, un habitante del sector de La Candelaria en Zona Bananera que prefirió no dar su nombre completo.

Sin datos del impacto ambiental

Los bajos niveles del agua en las fuentes hídricas han llevado a que las comunidades denuncien que en ocasiones no cuentan con este suministro para su uso. Por ejemplo, Luz Mila Candelaria, representante de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de la Zona Bananera, contó que a ellas les ha tocado ir a buscar el agua, “muchas veces nosotras nos íbamos río arriba porque las aguas eran detenidas y el río Frío acá era seco y necesitábamos para cocinar y eso”.

A pesar de esto, no existen estudios por parte de las entidades gubernamentales para conocer el verdadero impacto que causa el aprovechamiento del agua por parte de la agroindustria. 

La bióloga y doctora en Ecología, Sandra Vilardy, asegura que la falta de datos sobre estaciones hidrológicas o condiciones de las cuencas, por ejemplo, “es una deficiencia para conocer la relación de los caudales superficiales con los caudales subterráneos. Tenemos un vacío importante del modelo hidrológico del sistema para poder otorgar concesiones y para poder mantener los caudales ecológicos”. 

No obstante, a fines de 2017, Corpamag e Invemar suscribieron un convenio para estudiar los flujos de agua actuales de los caños conectores entre el río Magdalena y el complejo de aguas de la Ciénaga. Una tarea que ya venía realizando el instituto con Parques Nacionales Naturales, pero a la cual se suma ahora la Corporación.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron al Instituto de Investigaciones Marinas y costeras (Invemar) para conocer más acerca de la situación, pero aseguran que no hay información puntual sobre la incidencia de la actividad agroindustrial en la Ciénaga. Dijeron que es viable estudiar este impacto en el agua, pero señalaron que no cuentan con los recursos para diseñar un sistema de monitoreo en este momento.  

Según  Vilardy, a pesar de que no hay estudios concretos sobre el tema, es posible evidenciar el impacto que han tenido cultivos como el banano y la palma en el ecosistema. La Ciénaga se alimenta principalmente del agua que entra por el río Magdalena y en menor medida de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero el agua de estos últimos es vital  porque viene con mayor velocidad y con mayor oxígeno. “El problema es que las captaciones han aumentado de manera significativa en los últimos tres años y, de manera muy importante en las últimas dos décadas con la expansión de los cultivos de palma, especialmente”, comenta. 

Pobladores de Candelaria, como Guillermo, han dicho que desde el 2014 se empezó a notar la baja cantidad de agua en el río cuando está la temporada seca. “A veces llueve por este sector y ese es el agua que utilizamos, el río prácticamente desaparece”, afirmó.

Esto ha significado que, por ejemplo, la desembocadura del río Aracataca en la Ciénaga Grande de Santa Marta esté prácticamente seca. Así lo denunció el alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, al diario El Tiempo, donde aseguró que propietarios de grandes extensiones de cultivos construyen diques que desvían el agua para utilizarla en el riego de sus plantaciones de banano y palma de aceite.

Municipios como Zona Bananera se encuentran ubicados en la zona baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que los convierte en una planicie altamente fértil para la actividad agrícola. De hecho, según Vilardy, el banano ha existido en esta área por más de 100 años y, aunque los sistemas de riego han afectado los caudales de la Ciénaga, el cultivo se acopla a las condiciones del ecosistema. Según dice, es posible establecer una armonía entre los cultivos y la sostenibilidad de la Ciénaga solo “en la medida que los diferentes actores del territorio tengan claro que la conservación del agua es determinante para que el sistema sea sostenible”, explica la experta. Es necesario conocer cuánta agua hay para saber cuántas concesiones se pueden otorgar sin que se cause una alteración al balance hídrico óptimo que necesita la región.

Para que esto se dé es necesario tener claridad sobre las condiciones de la Ciénaga, que es muy compleja hidrológicamente y que a pesar de requerir las mejores capacidades científicas y técnicas, no las ha tenido. “Ese es un vacío gravísimo en la gestión del territorio y lo que estamos teniendo hoy en día son las consecuencias de haber dado concesiones de agua sin tener claro ese modelo hidrológico”, concluye Vilardy.

Por su parte, la actividad del Invemar está enfocada en comprender las dinámicas de la Ciénaga para presentar propuestas sobre la gestión del recurso que no afecten las actividades humanas y agroindustriales, respondió el director de la entidad, el capitán Francisco Arias. 

El Instituto, según dio a conocer Arias, tiene mediciones de los niveles de captación de agua que se hacen a las fuentes hídricas antes de llegar a la Ciénaga, pero aún no cuentan con información que aclare qué porcentaje se usa para proyectos de palma y banano. Dentro de los hallazgos destaca que el río que más consumo tiene durante su trayecto es el Sevilla. 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le solicitaron a Invemar la cifra exacta de cuánta agua se toma de los ríos, pero señalaron que es una información que debía proporcionar Corpamag. Al momento de la publicación de este texto, esta última entidad del Estado no había respondido a esa petición.

Se necesitan acciones

El pasado 12 de marzo, la Procuraduría General de la Nación reclamó medidas urgentes para proteger la Ciénaga ─que sufre por el desbalance entre agua dulce y de mar, lo que termina por afectar el ecosistema, la biodiversidad y la pesca─ y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores públicos y particulares. La entidad de control le pidió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) ─encargado de implantar la visión estratégica del país y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo─ dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la Ciénaga y al Ministerio de Ambiente le solicitó activar control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona.

La Procuraduría fijó un plazo de 30 días para que Corpamag, la gobernación del Magdalena, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales (territorial Caribe), entre otras autoridades, coordinen acciones para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats, la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico”. Así mismo, pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal, y ordenamiento pesquero y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas.

Pobladores como Guillermo o como Luz Mila Candelaria han denunciado la baja cantidad de agua que pasa por los ríos, afectando la capacidad de abastecimiento de las comunidades. Aunque las autoridades ambientales señalan que ni siquiera tienen datos de la cantidad de agua que se usa en la agroindustria del banano y la palma, siguen adjudicando concesiones para su uso, casi sin ninguna restricción.

Parte de esa gran agroindustria de banano beneficiada pertenece a Riad K’David, quien no solo es fundador de Servicios Administrativos Bananeros S.A.S (SAB) ─empresa que figura como casa matriz de todas las compañías con concesiones de agua─, sino que es el representante de la empresa comercializadora y exportadora de banano Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco) y representante legal, desde 1992, de la compañía estadounidense Dole Food Company, que también comercializa banano.  

Tecbaco ha estado involucrada en temas muy polémicos sobre posesión de tierra en Colombia. Es conocida por su relación con el caso del predio Las Franciscas I y II, ubicado en el municipio de Zona Bananera, donde se les acusa de presuntamente “utilizar los ‘servicios sicariales’ de los paramilitares” (ver página 627 de la sentencia). Se dice que los campesinos fueron desplazados en dos ocasiones de la región por presiones de grupos de autodefensas.  En 2018 el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena destinó el predio Las Franciscas a 49 familias campesinas. 

Para confrontar estas declaraciones, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactar por diferentes medios con voceros de la empresa, pero no obtuvieron respuesta.

En 1996, cuando la empresa abandonó las fincas Las Franciscas ─debido a la crisis económica en la producción de banano y las constantes presiones de la guerrilla de las Farc─, los campesinos tomaron posesión del terreno nuevamente. “Nosotros regresamos en el 96 o 97. También demandamos, pero en esa época no les hacían caso a los campesinos. Ahí nos quedamos hasta el 2004”, afirma Ruiz. 

En ese momento, y como también lo dice alias ‘Carlos Tijeras’, excomandante paramilitar del frente William Rivas, en la sentencia, en declaraciones para el proceso de Justicia y Paz colombiano: “mientras que las Farc mantuvieron el control de la Zona Bananera, Dole abandonó una plantación, Las Franciscas. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocupar. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”.

Según documentó el portal Verdad Abierta, en 2004  los campesinos que ocupaban Las Franciscas se vieron obligados a abandonar la propiedad después de varias visitas de Humberto Díaz Díaz y Wilson Sotomonte, trabajadores de Agrícola Eufemia, empresa también perteneciente a Dole, quienes les ofrecieron dinero a cambio de la tierra. Pero fue el asesinato de José Concepción Kelsy Correa, uno de los líderes comunitarios, el que causó el desplazamiento masivo del predio. 

Ángel Ruiz lo recuerda así: “Nos dijeron: ‘el que no desocupe lo matamos’. Un compañero, Kesly, respondió que él no tenía para donde irse. Y así fue, el 14 marzo de 2004 lo mataron. Ahí sí salimos todos. Yo me quedé en la región, pero hay gente que se fue a Santa Marta y Barranquilla, hay personas que todavía no regresan”.

Como lo relata la sentencia, Agrícola Eufemia regresó al predio y siguió con el cultivo de banano. Pero en marzo del 2007, y después de las declaraciones del proceso de Justicia y Paz, el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) ─institución colombiana que estaba encargada de promover el acceso a la propiedad rural─ emitió una resolución para que las fincas Las Franciscas fueran devueltas a la Nación y después fueran tituladas a los campesinos. 

Pero la institución revocó la resolución solo tres meses después, en junio del mismo año, declarando que la Agrícola Eufemia, de Dole, le había comprado a los campesinos las mejoras del predio, es decir, lo que habían construido los ocupantes durante su estancia en las fincas.  

El asunto quedó ahí, pero ya para 2018 el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena destinó el predio Las Franciscas a 49 familias campesinas. En su sentencia, el Tribunal le ordenó al Estado asegurar el retorno seguro de estas personas a las haciendas, garantizar su permanencia en la zona e implementar proyectos productivos viables para su estabilidad económica y alimentaria.

A pesar de todos los cuestionamientos en los que han estado involucradas las empresas, no han sido condenadas por ningún delito y el Tribunal de Tierras ordenó la restitución de las fincas pero no compulsó copias para que entidades como la Fiscalía siguieran investigando los hechos ocurridos allí. Por esto, Corpamag no ha tenido objeción en otorgarles concesiones de agua.

La falta de regulación de la tierra en  Zona Bananera es un tema pendiente que ha permitido la expansión del monocultivo de banano en la región, en la que abundan historias similares a la de Las Franciscas. “Todo eso lo tiene el grupo K’David. Todos los predios los tienen las empresas”, afirmó Vladimir Carranza, líder social de Zona Bananera.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactarse con Servicios Administrativos Bananeros S. A. S.  por medio de la página web, así como por dos correos electrónicos que tienen registrados en la Cámara de Comercio para conocer su versión, pero hasta el cierre de este texto no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de la empresa.

También se llamó en varias ocasiones al número que aparece en la página web, pero en todas ellas la contestadora dijo que no había nadie disponible. Se dejaron dos mensajes que tampoco fueron contestados. Cabe anotar que en las últimas llamadas el mensaje del conmutador cambió y decía que se estaba comunicando con la empresa C.I. Tecbaco S.A.

En esta historia de empresas bananeras y concesiones de agua lo que queda claro es que el Estado no fija un límite para su uso, por lo que puede darse un gran acaparamiento del recurso sin que esto sea considerado ilegal. También es reconocido el poco presupuesto con el que cuenta el sector ambiental y de ahí que un instituto como el Invemar no tenga los recursos suficientes para hacer estudios que deberían ser indispensables en el momento en que corporaciones autónomas regionales como Corpamag deciden otorgar concesiones de agua. 

Sin embargo, el tema está llamando la atención de organismos de control como la Procuraduría que solicitó un control permanente a los procesos de licenciamiento ambiental en la zona y a las captaciones de aguas superficiales y subterráneas. Aún así, si las entidades ambientales no tienen presupuesto para responder a estas solicitudes, todo quedará resumido en un círculo vicioso.

 

 

 

Actualizado el: Mié, 11/13/2019 - 19:10