Disputa sin resolver: la acumulación de predios por Bioenergy

Por: Alejandra Cetina

Luego de que en más de una década Bioenergy pasará por un multimillonario desfalco, un proceso de liquidación y ahora una inversión de otros socios, la empresa de biocombustibles sigue sin resolver e incluso sin reconocer la acumulación de predios en los Llanos Orientales, lugar en donde se sitúa la planta de etanol más grande de Colombia. 

El proyecto agroindustrial está ubicado en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta. Bioenergy, que inició en 2008, pretendía diariamente producir 408.000 litros de etanol provenientes de 14.400 hectáreas de cultivo de caña de azúcar, con el fin de venderlos como biocombustibles. Sin embargo, en 2020 por los sobrecostos que tuvieron en la construcción e implementación de la planta, la empresa que tenía como accionista principal a ECOPETROL entró en ley de insolvencia y se le abrieron múltiples investigaciones por varias irregularidades.

El negocio de Bioenergy inició con una inversión de 140 millones de dólares que posteriormente aumentó a 750 millones. La razón de su crisis económica fueron los sobrecostos y las demoras que generaron tanto la construcción de la planta como la implementación de los cultivos de caña de azúcar necesarios para producir el etanol. Es decir, que en los costos totales de la construcción de la planta se invirtieron más de 3 billones de pesos lo que equivale a construir 102 megacolegios con capacidad de 2.500 estudiantes cada uno, como los entregados en varias zonas del país durante los últimos años. 

Dentro de las fallas que llevaron a la liquidación de la empresa estuvieron la adquisición de más de 600 hectáreas de tierra que no pudieron ser cultivadas y un conflicto de intereses por parte de un ex miembro de la junta directiva. El desfalco llevó a que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República le imputara responsabilidad fiscal a ocho de los directivos por 31.261 millones de pesos.

El 11 de marzo de 2022,  luego de que en días anteriores se desarrollaran dos audiencias públicas ante la Superintendencia de Sociedades, y ante la inminente liquidación de la empresa, la compañía Agrícola de los Llanos obtuvo el control de la planta de etanol. Esta sociedad, que está compuesta por Inversiones Arsenal MM SAS, Inversiones Agrinalti SAS y Estrategias Corporativas SAS firmó acuerdos de adjudicación y reorganización de Bioenergy SAS y Bioenergy Zona Franca SAS. Además asumió las  deudas de más de 100.000 millones de pesos que tenían las empresas.

En el certificado de Cámara de Comercio de Agrícola de los Llanos se registra una modificación accionaria de esta empresa el 29 de agosto de 2022. Desde esa fecha, el 100% de la compañía es propiedad de Green Energy Inversiones SAS. Esta última, también constituída por las mismas tres empresas que aparecían como propietarias de Agrícola de los Llanos.

Esta es una sociedad que empezó sus actividades el 3 de diciembre de 2021, tan solo tres meses antes de que ésta asumiera el manejo de la planta de etanol de Bioenergy. Actualmente sus representantes legales son el dueño de Inversiones Arsenal MM SAS, Mauricio Escobar y José Antonio Franco Pulgarín quien fue el director financiero y contable de Ingenio Risaralda, una empresa de la Organización Ardila Lulle dedicada al procesamiento de la caña de azúcar. 

Los dueños de las empresas que conforman la sociedad de Agrícola de los Llanos son, por parte de Inversiones Arsenal MM SAS, los miembros de la junta directiva de la fundación JuanFe, Mauricio y Cataliana Escobar y la empresa Deepcloud Finance SA; por parte de Inversiones Agrinalti, Ricaurte Araujo Sepulveda; y de Estrategias Corporativas el empresario Luis Carlos Eduardo Angulo quien es presidente del comité asesor de PEI, una empresa dedicada a las inversiones inmobiliarias, y quien fundó, junto a José Ignacio Robledo (también socio de Estrategias Corporativas) el proyecto de inmobiliario Terranum, una empresa que tiene como socio al conglomerado Santo Domingo. 

En Estrategias Corporativas se suman también como socio FMA Inversiones del cual el gerente es Federico Márquez Aguel quien estuvo involucrado, según el informe de la Contraloría General de la Nación, en la acumulación de más de 15.000 hectáreas de origen baldío en Puerto Gaitán, Meta por parte de la empresa Carlos Aguel Kafruni, Familia & Cia. 

El proyecto de Bioenergy se desarrolló en 25.500 hectáreas ubicadas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán que son, algunas de ellas, de origen baldío que fueron adquiridos a través de compraventas, sociedades ‘off shore’ y fiducias, según lo documentó la ONG Indepaz, ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XIX en la Orinoquía.

La empresa expandió su proyecto con contratos de arrendamiento de 57 predios que suman cerca de 15 mil  hectáreas. Los predios totales en los que se encuentra el proyecto de Bioenergy son equivalentes a más de dos veces la localidad de Suba, una de las más grandes de Bogotá.

La acumulación de las fincas que fueron alguna vez baldíos es irregular porque el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 prohíbe adquirir y acaparar terrenos que fueron adjudicados y que superen más de una Unidad Agicola Familiar, UAF, desde la expedición de la misma ley. Esta última es la cantidad de hectáreas que una familia necesita para garantizar su subsistencia en una zona rural y varían dependiendo de la zona del país. En el caso de Puerto López y Puerto Gaitán, la UAF está entre 34 y 1840 hectáreas. 

Sin embargo, para Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura del gobierno Santos y quién es el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, ninguno de los predios en los que actualmente se encuentra el proyecto tiene problemas con la ley y no existe ningún pleito al respecto.

“Nosotros no tenemos denuncias de ese tipo. Aquí hay una tierra que es de la empresa y que adquirió en su momento Ecopetrol de modo que nosotros no hemos negociado una sola hectárea. Y gran parte de estas son de arrendadores por lo que nosotros tenemos contratos a seis y doce años que son los que nos permiten trabajar la tierra y tener las producciones que necesitamos con estabilidad contractual y jurídica. Conflictos de tierras que nosotros tengamos detectados, ninguno”, aseguró Lizarralde a Rutas Conflicto. 

En 2017, la Contraloría General de la Nación le pidió a la Agencia Nacional de Tierras que iniciara un proceso para anular la venta de tierras, en caso de que se comprobara la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares en Vichada. En la lista de predios de la Contraloría figuran cuatro fincas de Lizarralde en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño.

Foto tomada de Indepaz

La historia detrás de los predios

Una de las primeras irregularidades que tuvo Bioenergy fue que los predios que adquirieron para la primera fase del proyecto, conocido como La Balsa, habían sido propiedad de personas cercanas a Víctor Carranza, así lo denunció el Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, en su informe. Además, estos terrenos fueron registrados como activos de Bioenergy por un valor ocho veces mayor al de las compraventas anteriores. Actualmente, estos predios siguen figurando a nombre de la empresa. El ‘zar de las esmeraldas’ ha sido señalado de haber financiado a las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. 

Tras la compra de los predios de La Balsa, como se llamaba la primera fase del proyecto,  la junta directiva de Bioenergy creó un comité de tierras que pretendía que la adquisición de los predios para el proyecto fuera de forma ágil y eficiente. “Estableciéndose los parámetros necesarios para el aseguramiento de la tenencia de los predios mediante contratos de opción de compra, promesa de compraventa y/o arrendamientos”, dice el informe de Indepaz . Junto a este también se implementó un plan agrícola y se adoptaron políticas y compromisos para respetar los derechos humanos.

Sin embargo, según Indepaz, desde el 2008, año en que empezó el proyecto, y hasta 2011, se celebraron 11 contratos de ‘fiducias de parqueo’, una operación comercial que ha sido señalada por expertos como una estrategia para borrar el rastro de la acumulación de tierras. Así, los predios quedan a nombre de una fiducia y el verdadero dueño aparece como beneficiario de la administración de la misma.

Cuatro de esos predios fueron tienen origen baldío. Villa Valentina en 1977, Santa Ana en 1998, Campoalegre en 1981 y Chaparral en 1984. Algunos de ellos siguieron bajo esta modalidad de acumulación hasta 2017 con las fiduciarias Fiduciaria Fiducor SA y Alianza Fiduciaria SA.

La Fiduciaria Fiducor estuvo envuelta en los casos de despojo de tierras en los Montes de Maria que compró la cementera Argos. Este caso llevó a que en 2016, los magistrados del tribunal de Antioquia aseguraran que se pudo evidenciar que las actuaciones de “la Sociedad Fiduciaria Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, por el modo inequitativo de acumular tierra y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos”.

Alianza Fiduciaria, otra de las fiducias, fue denunciada por ser socia del megahotel del esposo de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en San Andrés. El proyecto tiene irregularidades por sobrepasar la altura máxima permitida y por la venta de una playa que es un bien público de la nación. La fiduciaria también fue demandada por el Estado por la construcción irregular de unos apartamentos de interés social en Cartagena.

Según Camilo González, director de Indepaz, dentro de las modalidades de acaparamiento de tierras que usaba Bioenergy están también los contratos de arrendamiento y subarrendamiento de predios. Estos iniciaron en 2011 cuando Bioenergy, asesorado por su comité de tierras,  tuvo que buscar una alternativa a ‘las fiducias de parqueo’ que en ese año terminaban, y se constituyeron contratos de arrendamiento a 10 y 20 años prorrogables. Dentro de las condiciones que tenían dichos acuerdos estaban que la primera opción de compra de estos predios arrendados la tenía la empresa y que los arrendadores no podían cederlos sin aprobación. Por lo que dijo el liquidador Lizarralde, Agrícola de Los Llanos continúa con algunos de esos contratos. 

Según David Mora, economista y profesor de la Universidad de los Llanos, y quien en varias ocasiones ha señalado las irregularidades de Bioenergy, los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán han sido espacios en donde los gobiernos anteriores han querido implementar proyectos de gigantes extensiones de tierra sin tener en cuenta que muchas de ellas son de origen baldío y no pueden superar la UAF.

“El problema principal de la Altillanura es que la mayoría de las tierras eran hasta hace muy poco baldíos. Además allá la gente por ejemplo no formaliza los títulos y eso genera conflictos. En la Altillanura no hay un inventario de baldíos, un catastro,  por lo que se tiene una confusión muy grande”, afirmó Mora. 

Además, el proyecto se desarrolla en un territorio en donde históricamente ha existido presencia de grupos armados y, según el informe de Indepaz, acaparamiento y atesoramiento de tierras por parte de narcotraficantes y paramilitares. 

Actualmente los terrenos en los que se encuentra la planta de etanol y la siembra de caña  hacen parte de la liquidación y reestructuración que la Superintendencia de Sociedades le está haciendo a Bioenergy SAS y a Bioenergy Zona Franca SAS. Esto implica que, según Lina Ortega, coordinadora del Semillero de Investigación de Formalización de los Derechos de Propiedad Agraria de La Universidad Javeriana,    durante todo el proceso de liquidación se van a intentar cubrir todas las deudas con las ventas de los activos que tiene la empresa entre esos las tierras.  “Durante el proceso también se tuvo que haber investigado si hubo acaparamiento de tierras”, afirmó Ortega.