El diálogo entre la sociedad civil y la institucionalidad fue el protagonista en el evento Actores Económicos, Construcción de Paz y Garantías de No Repetición

Organizaciones de la sociedad civil de Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, César, Chocó, La Guajira, Meta, Putumayo y Bogotá fueron invitadas a este evento que se llevó a cabo en el Hotel Dann, en la capital, el 30 y 31 de mayo. Fabián León, director del CIEDH explicó la importancia y necesidad de este tipo de reuniones. “Este año iniciamos los acercamientos con el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) de la Comisión de la Verdad para que ellos puedan incluir en su trabajo un esquema de indicadores que incluya o que permita ver medidas frente a la actuación de actores económicos en el marco del conflicto”, cuenta León.

El investigador afirma que en el informe de la Comisión de la Verdad se hizo una mención genérica de la participación y afectaciones que causaron las empresas a los derechos humanos de distintas comunidades de Colombia. Además, León menciona que desde el Centro de Información se detectó un vacío en la discusión nacional sobre la participación de actores económicos. “Desde la institucionalidad, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no es posible vincular en algún tipo de responsabilidad al empresariado. Solo es posible que ellos se sometan voluntariamente como terceros ante la JEP a pesar de que el sector económico fue protagonista en el conflicto”, dice León.

Por eso, en los dos días que duró el evento se invitó al Comité de Seguimiento de la Comisión y al magistrado Óscar Parra para que este tema se incluya en la agenda pública y en la discusión actual sobre la implementación de los Acuerdos de Paz. “Los actores económicos no quedaron vinculados formalmente a los Acuerdos y hoy siguen presentándose formas de violencia que son denunciadas con clamor desde las comunidades, por lo que es necesario una justicia y reparación efectivas”, afirma el director del CIEDH.

Debido a la responsabilidad y participación en el conflicto armado de las empresas es que este evento es un espacio propicio para el diálogo entre distintas organizaciones de la sociedad civil que han monitoreado violaciones de derechos humanos por parte del sector económico. Así lo afirma Islena Rey, presidenta del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta (CCDHM). 

Rey dice que tras el evento se llegaron a distintas conclusiones y que es necesario que se implementen en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y en la no repetición. “Primero,dijimos que es imprescindible la prohibición de la contratación de mercenarios por parte de las empresas. Segundo, a todos nos pareció necesario el desmonte de los batallones minero energéticos porque no es posible que haya seguridad privada para las empresas mientras las comunidades están indefensas. Tercero y último, manifestamos que es imperativo el hallazgo de víctimas de desaparición forzada”, contó Rey. 

En el segundo día del evento participó el magistrado de la JEP Óscar Parra, quien es el relator del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado. 

El magistrado Óscar Parra durante su participación en el evento/ Foto: CIEDH

Después de que acabó la jornada de la mañana en la que habló el magistrado Parra, Islena tuvo la oportunidad de acercarse a hablar con él en representación de la CCDHM y hacerle varias solicitudes en una muestra de que a través de este tipo de eventos es posible acercar a la sociedad civil y víctima del conflicto con la institucionalidad.

“Mi petición al magistrado Óscar Parra fue la de profundizar en las investigaciones y escuchas de los postulados, paramilitares, policías y militares implicados en los asesinatos y desapariciones de los miembros del CCDHM. Igualmente, le solicité que investigara a los contratistas de las empresas de hidrocarburos que a través de la tercerización que hicieron con paramilitares y sicarios violaron los derechos de la población.”, relató Rey. 

La lideresa concluye que no se puede dejar de lado la participación de las empresas en el conflicto y que por eso es importante la integración de distintas organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del país para esclarecer lo sucedido durante la guerra debido a que cada víctima tiene una historia que merece ser contada. “Lo importante es lograr que estos hechos vergonzosos jamás vuelvan a repetirse. Los culpables de crímenes de lesa humanidad, como los ocurridos, deben ser judicializados y obligados a devolver las tierras robadas e indemnizar integralmente a las víctimas”, afirma Rey.

El director del CIEDH dijo que uno de los logros del evento fue el acercamiento de la sociedad civil con la institucionalidad colombiana, pero también con Naciones Unidas. De esta manera, afirma León, el diálogo se puede transformar en acciones para salvaguardar la vida de distintas comunidades en el país. “Vamos a continuar el relacionamiento con el Comité de Seguimiento en aras de contribuir en la construcción de un enfoque de derechos humanos afectados por las empresas y continuaremos con el respaldo a las organizaciones para que puedan aportar al esclarecimiento de la verdad”, sostuvo León. 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 07/17/2023 - 15:52