Los exparas hicieron un comunicado, que se hizo público el 29 de marzo,  tras casi 20 años de no hacerlo, en el que solicitaron una audiencia pública para hablar de los resultados de la Ley de Justicia y Paz. Algunos de los hombres más conocidos que firmaron la petición son Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rondón, Edward Cobos y Rodrigo Pérez. 

El pasado domingo, el presidente Petro afirmó que está de acuerdo con hablar con los exjefes paramilitares acerca de los bienes que ellos debieron haber entregado para la reparación de las víctimas. 

¿Por qué los exjefes ‘paras’ propusieron la reunión?

El presidente Petro planteó el encuentro el 22 de marzo de este año, en un acto de indemnización a las víctimas de los paramilitares en Barrancabermeja. El primer mandatario dijo que es responsabilidad de su gobierno cerrar lo planteado en la Ley de Justicia y Paz y que en medio del proceso de reparación de las víctimas de los ‘paras’, la Unidad de Víctimas se volvió como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un festín de corrupción. 

En esa misma declaración, Petro propuso reunir a los exjefes paramilitares que hicieron parte de Justicia y Paz para realizar un balance de lo sucedido con las ayudas a las víctimas. También, el presidente afirmó que es importante revisar las deudas con la verdad que aún están vigentes de los crímenes cometidos por los ‘paras’. 

En la carta publicada por los excomandantes paramilitares, estos afirman que aceptan la invitación hecha por el presidente. En este comunicado, expresaron que el primer mandatario está minimizando los logros de la Ley de Justicia y Paz, y que fue el Estado el que le incumplió a los paramilitares.

Explican que esa fue la razón por la que surgieron nuevos grupos armados, algunos controlados por los exjefes, tras la desmovilización que finalizó en 2006. Además, sostienen que debido a la negligencia del Estado han asesinado a 4902 excombatientes paramilitares. Por esto, dicen que están dispuestos a llevar a cabo una audiencia pública siempre y cuando se les garantice su seguridad.

Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que es muy poco lo que se sabe acerca del asesinato de paramilitares desmovilizados. “Ha quedado un mensaje de que los homicidios han sido por ajustes de cuentas. Sin embargo, no se tiene claridad de esto y creo que muchos de los asesinatos podrían tener relación con las verdades que estaban relatando los desmovilizados en las audiencias y lo que aún les faltaba por contar”, afirma Barrera. 

¿Qué es la Ley de Justicia y Paz? 

La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, es un marco jurídico aprobado por el Congreso en el Gobierno de Álvaro Uribe que permitió la desmovilización paramilitar. Esta ley implementa una rebaja de las condenas, estableciendo que los excombatientes deben pagar entre cinco y ocho años de cárcel, a cambio de que colaboren en el proceso de esclarecimiento de la verdad y de reparación a las víctimas. 

Por medio de esta ley, se desmovilizaron el Bloque Cacique Nutibara, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaba conformada por distintos bloques y frentes regionales, el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (CMM) y el Bloque Élmer Cárdenas. 

Esto se llevó a cabo debido a que fue una propuesta del expresidente Álvaro Uribe durante su mandato. En ese entonces, afirmó que estaría dispuesto a dialogar con todos los grupos armados.

Lo bueno y lo malo de Justicia y Paz

Cristina Montalvo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, dice que uno de los logros de Justicia y Paz es que el país se enteró de grandes entramados criminales como lo fue la parapolítica. “Se supo acerca de que había un Congreso paramilitar, de la relación de la fuerza pública con las autodefensas, de los campos de entrenamiento a los que asistían menores de edad y de la cooptación del Estado en distintas regiones”, sostuvo Montalvo. 

Por su parte, el investigador del Cinep afirma que gracias al marco jurídico de Justicia y Paz muchas personas pudieron ser reconocidas como víctimas. “Este fue un paso muy importante para las personas afectadas por el conflicto armado, que después con la Ley de Víctimas del 2011 encontraron mayores facilidades”, explica Barrero. 

Sin embargo, Montalvo asegura que en las audiencias de versiones libres de Justicia y Paz hubo revictimización. “La verdad se construyó a partir de lo dicho por el victimario y no por las víctimas. En varias ocasiones, el exparamilitar decía que había asesinado a alguna persona porque era guerrillero o expendedor de drogas, y las víctimas no tuvieron la oportunidad de refutar estas afirmaciones”, explica la decana. 

Además, Montalvo asegura que Justicia y Paz dejó deudas en la reparación a las víctimas. “Solo hubo compensaciones administrativas, pero no judiciales. Hacen falta sentencias en las que haya actos de reparación como el levantamiento de un muro con el nombre de las víctimas, por ejemplo”, dice Montalvo.

Barrera afirma que uno de los problemas de Justicia y Paz fue la identificación e incautación de bienes de los paramilitares que se supone debían destinarse en forma de compensación a las víctimas. “Gran parte del dinero otorgado a las personas afectadas por las autodefensas ha sido del Estado y no de las propiedades de los paramilitares”, sostiene el investigador del Cinep. 

Además, Barrera asegura que aún hace falta saber quiénes estuvieron detrás de varios crímenes de las autodefensas. “Es necesario saber de aquellos que se beneficiaron por distintas acciones paramilitares en las que hubo una participación importante de terceros que aún no se sabe quiénes son y qué motivaciones tuvieron”, dice el investigador.

 

Actualizado el: Mar, 04/11/2023 - 15:03