En la serranía del Perijá, en los límites entre los departamentos del Cesar y La Guajira, ha vivido por décadas el pueblo yukpa, indígenas recolectores, cazadores, pescadores y agricultores.  Antes de la colonización española habitaban un territorio entre el río Cesar y Maracaibo, Venezuela, sin embargo, con la independencia de los dos países, su tierra quedó dividida en dos naciones. 

Los indígenas han logrado sobrevivir a pesar de la pobreza, la falta de presencia integral del Estado, de la disputa de actores armados y la minería a cielo abierto  de empresas como la estadounidense Drummond y la suiza Prodeco, que destruyó parte de su territorio . Los yukpa se mantienen firme la lucha que han ganado en los estrados judiciales para proteger lo que les queda.  

Desde 2017 comenzaron una lucha jurídica para que el Estado y las empresas respetaran lo que consideran su territorio y  su gobernanza. Llevaron a los máximos tribunales colombianos la petición de hacer consulta previa para cualquier proyecto en lo que consideran su territorio.  Tras la sentencia de la Corte Constitucional y el fallo del Consejo de Estado poco se ha cumplido. Los seis resguardos de los yukpa siguen a la espera que sanen y delimiten el territorio que están solicitando mientras como lo explica uno de los gobernadores “ya no queda territorio por la contaminación de las mineras y el conflicto armado que no solo acabó con muchos de nosotros sino con la tierra”. 

Continúa la espera

Llegar hasta allí fue un camino largo pero que el pueblo yukpa vio necesario tras ver violentados sus derechos y no ser reconocidos como habitantes ancestrales de la Serranía del Perijá. La sentencia de la Corte Constitucional de 2017 recoge tres situaciones en las que el Estado no los tuvo en cuenta a la hora de tomar decisiones en lo que el pueblo indígena considera su territorio.  No se realizó la consulta previa. La primera, la implementación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el municipio de La Paz para excombatientes de Farc.  La segunda, la posible constitución de Zonas de Reserva Campesinas en la Serranía que afectará sus territorios ancestrales. La tercera,  la sustracción de un pedazo de la  reserva forestal Los Motilones para hacer un botadero estéril- basurero de residuos de la exploración del carbón- y manejo de aguas de un proyecto minero llamado La Jagua Botadero el Palomo.

En la sentencia, la Corte reconoce las tensiones históricas por la tierra entre los yukpa y latifundistas, campesinos, colonos, ganaderos, palmicultores y mineros, “a lo que se sumó la situación de violencia padecida en razón de la presencia de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior implicó que el pueblo Yukpa fuera confinado a vivir en las partes altas de la Serranía del Perijá en pequeños resguardos, donde se dificultan las labores de cultivo, caza, recolección y pesca debido a la fragilidad del ecosistema, en detrimento de su condición de seminómadas”, se lee en el fallo de la Corte.

Fue por ello, que la sentencia paró cualquier trámite, tanto la consolidación de la Zona de Reserva Campesina como Zona Veredal Transitoria, hasta que la Agencia Nacional de Tierras no delimite el territorio. Además, la Corte le pidió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior entre otras entidades, desarrollar el proceso de consulta previa para verificar los impactos que las explotaciones mineras pueden llegar a causar en la comunidad indígena.  

Los magistrados resolvieron que en un año la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debía aclarar la delimitación y clarificación del territorio ancestral de los yukpa y al Ministerio de Ambiente atender y tramitar con celeridad las inquietudes del pueblo indigena sobre la sustracción y creación del botadero para las mineras. Han pasado seis años desde esta decisión sin que el Estado la cumpla.

La comunidad no se quedó quieta esperando las respuestas de las entidades tras el pronunciamiento de la Corte, sino que interpusieron una tutela que falló a su favor, pero las mineras decidieron apelar la decisión y esta llegó al Consejo de Estado.  El 3 de marzo de 2020 este tribunal administrativo  ratificó un fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar, en el que impidió la consolidación del basurero minero, que se desarrollaría en el área sustraída de la Zona Reserva Los Motilones y el río Magdalena por no cumplir con la consulta previa con el pueblo yukpa. Es decir, que impedía que el Ministerio de Ambiente levantara la figura juridica de protección ambiental, como lo es la Ley 2 de 1959, de un pedazo de tierra para poder desarrollar un proyecto.   Además de pedirle al Ministerio del Interior que tramitara la consulta y que no se otorgarán otros contratos mineros hasta que no se definiera el territorio ancestral: 

“Esta Sala no desconoce la gran importancia que tiene el sector minero para el desarrollo de la Nación, pese a ello, el presente asunto amerita otorgar prevalencia a los derechos a la consulta previa y diversidad étnica de la comunidad Yukpa, ante el grado de indefinición de los beneficios que podría traer la actividad minera de disposición de material estéril y manejo de aguas de escorrentía al conjunto de la población, incluyendo a los pueblos indígenas”.

Para los yukpa todo se ha quedado en el papel mientras que muchas familias han tenido que desplazarse forzosamente a las ciudades, lejos de las formas que les permiten sobrevivir, por los impactos en el territorio por la actividad minera y la presencia de grupos armados históricamente en estas tierras. 

Para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte, en abril de 2018 se creó una mesa de trabajo entre el pueblo yukpa y el gobierno nacional del entonces presidente Iván Duque, en el que el Ministerio de Ambiente suspende la solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal Serranía de los Motilones, que iba a ser usada como botadero y para la construcción de canales y piscinas de sedimentación, que permita el desarrollo del proyecto Minero La Jagua. La solicitd fue hecha por las sociedades Carbones de La Jagua S.A.,Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A  hasta tanto no se tenga certeza de la ampliación y el saneamiento del territorio ancestral.

Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore, en una movida rápida pidió  renunciar a cinco títulos mineros alegando los bajos precios del carbón y a la sustracción de la Reserva hasta que no se cumplan las órdenes dadas por el alto tribunal. No es una tarea sencilla ese trámite porque el Estado debe aceptar la devolución y la empresa garantizar el trabajo de quienes por más de 30 años dependen de la actividad minera.

Sin embargo, todo cambió rápidamente cuando el Ministerio del Interior certificó que no hay presencia del pueblo yukpa en el área del proyecto minero. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, del  Ministerio de Ambiente, ordenó continuar con el trámite que les otorgaba los permisos a las empresas mineras,  lo que llevó a sustraer las 10 mil hectáreas para el botadero y las  92,29 hectáreas de la reserva forestal donde habitan. Además de ignorar que la Reserva La Motilona y las pretensiones de territorio ancestral se solapan en 191 mil hectáreas. 

Un vocero de la comunidad califica el actuar de las entidades estatales como un despojo, una forma de arrebatar su territorio pese a las victorias judiciales que impedían la creación del basurero. 

Tras casi cuatro años de la sentencia de la Corte, el Estado solo ha aceptado tres títulos a Prodeco en 2021, empresa que produce aproximadamente el 21% del carbón nacional, según la Asociación Colombiana de Minería. Es decir, que la empresa todavía ante el Estado tiene licencias activas de explotación en La Jagua, mientras el pueblo sigue esperando que la Dirección de Consulta Previa cumpla con el requisito de  haber sustraído esa zona para el basurero. 

“No hay comida, no hay agua. No hay nada sin territorio”

El pueblo yukpa cansado de no ver resultados que esperaban y  pese a las órdenes de la Corte Constitucional presentaron el 3 de septiembre de 2020  una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la órdenes judiciales para la protección y así evitar el exterminio de los indígenas de la serranía del Perijá. 

En un texto de más de 150 páginas narraron cómo el Estado colombiano les ha dado largas en la delimitación de su territorio y por qué es de suma importancia tener tierra para una comunidad que vive de los cultivos de pancoger, la pesca y la caza, además de la responsabilidad de las empresas mineras en el detrimento ambiental del territorio ancestral y la violencia en contra de los indígenas yukpa.  “Nosotros no hemos podido volver a pescar porque los ríos están contaminados por las mineras. El territorio ha cambiado”, dice un vocero de la comunidad. 

Uno de los casos que más se menciona en la solicitud a la Comisión es el incumplimiento de la ANT tras compromisos adquiridos en 2018. Según los indígenas, la entidad no ha cumplido con las órdenes de la Corte. El entonces director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss, priorizo el caso de los yukpa y la entidad trazó un cronograma para adquirir predios, sanear otros y ampliar los resguardos para garantizar así la soberanía alimentaria y  sobre el territorio, sin embargo, el pueblo indígena no siente que se haya avanzado.  

Rutas del Conflicto le preguntó a la ANT sobre la orden de la Corte en 2017 de delimitar el territorio. La entidad respondió que ha podido “espacializar el área pretendida por el pueblo Yukpa. Asimismo, se realizó la determinación preliminar de los predios inmersos en la pretensión”, como se muestra en la siguiente tabla

La Agencia afirma que de acuerdo a los recursos presupuestales y la capacidad técnica y operativa han podido analizar el 64% de los predios que están en el área solicitada por los indígenas. Al preguntarles por el compromiso que adquirieron en 2018, cuando se trazó un cronograma, respondió que “se ha adelantado desde la ANT un ejercicio acucioso de análisis predial, con miras a determinar los requerimientos y tiempos necesarios para adelantar el procedimiento de protección de la posesión del territorio ancestral. Lo cual implica una cantidad significativa de recursos financieros, humanos y administrativos, por cuanto la pretensión territorial abarca un área muy extensa que recae en 11 municipios del departamento del Cesar”. 

Además, la entidad agregó que en el proceso se debe notificar a las personas titulares de los predios pretendidos por los yukpa. Es decir que implica una gestión de buscar a 4.009 personas que han sido identificadas como propietarias en las primera fase de análisis. 

Respecto a la ampliación de los seis resguardos en miras de la protección de las comunidades y la soberanía alimentaria, la Agencias Nacional de Tierras advirtió que avanzó con la identificación y análisis de los predios inmersos en las pretensiones de los indígenas del pueblo Yukpa para los cuales necesitaban aclarar la naturaleza de 7.002 predios. Es decir, determinar si eran baldíos de Nación o eran propiedad privada. Sin embargo a marzo de 2023, la entidad ha podido comprar apenas 12 predios para la ampliación de los seis resguardos

 

“En 2021 se adelantaron visitas a territorio para recabar insumos tendientes al avance del procedimiento de ampliación y, específicamente, a la elaboración de los Estudios Socioeconómicos Jurídicos y de Tenencia de Tierras. Por otra parte, se levantó lo correspondiente a los censos para los resguardos indígenas de Caño Padilla, La Laguna-El Coso-Cinco Caminos y El Rosario- Bellavista-Yucatán”, se lee en la respuesta al cuestionario que envió Rutas del Conflicto a la Agencia. Así fue que, en 2023 se instauró una mesa de trabajo para darle celeridad a la solicitud de los yukpa como también fuera un espacio de articulaciones y concertaciones respecto a las tensiones por la tierra entre campesinos, colonos e indígenas. 

Aunque la entidad de tierras no ha resuelto el problema en su totalidad, es claro para los indígenas que no es el único responsable. En la solicitud que hacen a la Comisión ponen sobre la mesa una pregunta: en qué se ha gastado el Estado el dinero de regalías del cordón minero de la sierra del Perijá. Según el Dane, el 48% de los ingresos del Cesar provienen de la minería y sin embargo no hay acueducto, vías terciarias, electrificación ni centros de salud. Tampoco, como lo pudo constatar el asesor jurídico de los yukpa, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se han radicado proyectos para garantizar agua potable no solo para los indígenas sino para la población que vive en la zona minera. 

Los yukpa no se han quedado esperando con los brazos cruzados, ante el incumplimiento de las sentencia de la Corte ni la del Consejo de Estado. El pueblo indígena interpuso al  Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar iniciar un incidente de desacato a la orden de la sentencia T 713 DE 2017, sin embargo son conscientes que este proceso puede tardar años o décadas y por ello buscan que la CIDH brinde medidas cautelares urgentes. 

Mientras se esperan los pronunciamientos de la justicia nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo alerta la situación del pueblo yukpa, señalando que sus prácticas económicas tradicionales, la soberanía alimentaria  y su movilidad siguen en riesgo. “Seguimos peleando por nuestro territorio, por lo que fue de nosotros, por los niños que mueren de hambre porque no tenemos dónde sembrar”, afirmó uno de los indigenenas yukpa.  

 

Actualizado el: Lun, 07/31/2023 - 10:02