El secuestro y la violencia sexual: las víctimas invisibilizadas del macrocaso 01 de la JEP

María* tenía 19 años cuando viajaba de Medellín al municipio de Argelia en Antioquia para el entierro de su primo, que había sido asesinado por la guerrilla, cuando el bus en el que se transportaba fue interceptado por un grupo de guerrilleros de las FARC-EP. Durante cuatro días, fue retenida en condiciones infrahumanas: sin alimento, sin baño y durmiendo en el mismo bus donde había sido secuestrada. En el segundo día, un guerrillero la violó bajo amenaza armada. 

El caso 01 de la JEP se enfoca en los secuestros cometidos por las FARC-EP. Sin embargo, no tiene un enfoque particular en las victimas de violencia sexual y reproductiva dentro de estos secuestros, lo que deja a muchas mujeres en una lucha constante por el reconocimiento y la justicia. 

Otra víctima, Ana*, fue secuestrada dos veces en Caquetá, la primera en los años ochenta. Durante su cautiverio, la ataron a una cama y la torturaron por varios días. Ella describe a su violador como un monstruo que la obligaba a hacer cosas que no quería. “Tengo mi piel marcada por esas torturas”.  El segundo secuestro ocurrió en 1991. Cuando tenía siete meses de embarazo, la hicieron subir a una moto y fue llevada a un campamento guerrillero porque su esposo no había pagado una “vacuna” a las FARC-EP. “Es que hay que cobrarle a ella lo que su marido no nos dio”, le dijo su victimario. Ana fue abusada, torturada y violada de nuevo.

Ana, María y otras víctimas insisten en que la violencia sexual, utilizada como arma de guerra, sigue siendo un delito relegado a un segundo plano dentro de los procesos de justicia, verdad y reparación.  A pesar de las denuncias y testimonios de sobrevivientes como el que ellas entregaron en este capítulo del podcast Más allá del cautiverio, retratos sonoros del secuestro en Colombia-Violencia Sexual, producido en alianza entre Rutas del Conflicto y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

La violencia sexual ha sido perpetrada por todos los actores del conflicto armado en Colombia. “Es una narrativa común de los grupos armados y por eso hace parte de las acciones que cometió las FARC-EP y que comete la fuerza pública”, explica Adriana Bemjumea Rua, directora de la organización feminista y de derechos humanos.

Sin embargo, la JEP no ha reconocido la violencia sexual en el Caso 01 como un crimen sistemático y generalizado. “Jurídicamente es difícil probar que hubo un patrón de violencia sexual, pero sabemos que estas agresiones fueron constantes en contextos de secuestro”, afirma Benjumea. Es crucial mencionar en este contexto, que los actores armados cometieron diferentes formas de violencia sexual, entre ellos, además del  acceso carnal violento, el accoso sexual, la humillación con un desnudo forzado o asaltos sexuales en la noche, todo con el fin de “dominar o castigar y disponder del cuerpo de mujeres”. 

En 2021, 28 personas fueron registrados como víctimas de violencia sexual en el Caso 01 de la JEP. Para 2023, la cifra aumentó a 56, concentrándose principalmente en Antioquia. Sin embargo la mayoría de los casos de violencia sexual están en Antioquia y continúan sin reconocimiento oficial, lo que perpetúa la revictimización y la impunidad. 

“No fui yo sola, que somos muchas” dice María. “Nos pasó casi lo mismo como un hilo conductor en todas las historias”. No se ha podido establecer con certeza la magnitud de la violencia sexual en el conflicto colombiano, ya que muchas víctimas tienen miedo de hablar o ni siquiera se reconocen a sí mismas como víctimas. La falta de reconocimiento de estos crímenes por parte de los actores armados ha dificultado la construcción de la verdad y el reconocimiento necesario para las víctimas. “Pido que se nos devuelvan por lo menos nuestra verdad, es como recuperar un poquito la dignidad”, clama María. 

Elena Ruiz Nuñez, es abogada de la CCJ, que representa a 25 victimas de violencia sexual en el Caso 01 ante la JEP, enfatiza que “el reconocimiento de la violencia sexual por parte de las FARC-EP no debería ser negociable”. El hecho de que no existe un reconocimiento estructural hacia las víctimas es preocupante y debe ser investigado, ya que prolonga la revictimización, según ella. Según Núñez, la pregunta clave que queda es “¿cómo se va a garantizar los derechos de las victimas de violencia sexual desde la justicia restaurativa?”

Además de todo lo que tuvieron que sufrir, las víctimas viven en medio del miedo y de la estigmatización. “Mis papás sabían del secuestro pero por decisión propia no he querido que sepan sobre la violacion, ya sufrieron mucho por el secuestro, asi que decidí lo de la violación lo iba a tener yo solita”, confiesa Maria. Por el machismo muchas víctimas prefieren guardar silencio, por miedo a que las responsabilicen por “la forma en la que iban vestidas” y de la revictimización de la que son sujeto.  

Sandra Milena Aranzazu, trabajadora social del equipo de la CCJ y quien acompaña el caso de María, explica que la particualidad del Caso 01 es que, “las mujeres llegan en general por el secuestro y se acreditan ante la JEP, pero casi nunca comentan los hechos de violencia sexual que vivieron”. Pero a través de su trabajo de acompañamiento, han identificado que estas mujeres enfrentan una doble condición: la de la violencia misma y la de la invisibilización del “dolor en el silencio” como lo llamó María. 

La Unidad de Víctimas estima que 43.000 personas han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, ni Ana ni María están dentro de estas cifras. 

A pesar de su sufrimiento y la falta de la reconocimiento como víctimas, muchas están viviendo en mayor vulnerabilidad económica, desempleo y una creciente desesperanza. “Estamos sin nada en la pobreza, un hijo me mataron, el otro murió por cáncer y un hijo enfermo, soy una persona ya muy mayor, sin un trabajo fijo sin una estabilidad económica, no tengo oportunidad de nada”, cuenta Ana sobre su situación desesperada.  

Hasta dicembre de 2024, la JEP ha imputado delitos de violencia sexual a algunos miembros del Comando Central Conjunto de las FARC-EP del Bloque Noroccidental y Bloque Occidental. Sin embargo, no todos los responsables han sido imputados, y aquellos que han sido acusados han reconocido los hechos en términos generales, sin aportar detalles significativos para esclarecer las responsabilidades de las violaciones que sufrieron Ana, María y muchas más. 

“Hay una deuda social, juridica y politica con las victimas de las violencia sexual”, afirma Adriana Bemjumea Rua, abogada feminista y Co-directora de Humanas. 

“Quiero que digan mi verdad, que se reconozca” dice María. A pesar de los obstáculos, las sobrevivientes han construido redes de apoyo y continúan exigiendo justicia. “Hemos hablado con muchas mujeres que han sufrido lo mismo o cosas peores. No estamos solas y no nos callaremos”, concluye María, una de las voces mas poderosas entre las víctimas que han decidido hablar. Su valentía sirve como un ejemplo para otras mujeres y victimas de violencia sexual dentro del marcocaso 01. En este 8 de marzo, su voz resuena más fuerte que nunca, recordando que el reconocimiento de la verdad es un derecho innegociable para todas las víctimas.

*Nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Sáb, 03/08/2025 - 12:55