Empresa que compró tierras a palmero vinculado con paramilitares sigue intimidando a víctimas

Por: Pilar Puentes Espinosa 

La historia se repite una vez más. En la vereda Los Cedros del corregimiento de Belén de Bajirá, en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, campesinos señalan que fueron amenazados en abril de 2025, en medio de la entrega material de predios en restitución de tierras. Según señalan las víctimas, la representante legal de la empresa Todo Tiempo SAS, María Teresa Moreno, llegó acompañada de dos hombres armados que se identificaron como miembros de la ‘organización’. Intimidaron a los solicitantes y les prohibieron usar sus celulares y quienes lo intentaron les pidieron borrar cualquier registro de lo que estaba pasando.  

Esta compañía, que se dedica a la ganadería y al cultivo de palma, concentra el 70% de los predios que ha sido solicitada en restitución de tierras en el municipio de Mutatá, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. De acuerdo a las sentencias, durante la década de los noventa, mientras arreciaba la violencia paramilitar, acumuló cerca de mil hectáreas, de varios predios que habían pertenecido a víctimas que salieron desplazados. Varias de ellas le vendieron sus fincas al empresario Gabriel Jaime Sierra que, a su vez, se las vendió a Todo Tempo.

 

Mutatá hace parte de la región del Urabá antioqueño. Se han expedido cinco sentencias de restitución de tierras a favor de los campesinos desplazados en la década de los noventa

 

Las intimidaciones denunciadas por los campesinos en abril de 2025 no son las primeras que sufren. Hechos similares han ocurrido desde 2015, cuando alrededor de 14 familias campesinas decidieron retornar a las fincas que están reclamando por restitución y que se encuentran dentro de un terreno más grande conocido como la hacienda Monteverde. Ese año entraron a la tierra sin acompañamiento institucional y fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 80 hombres, algunos encapuchados, que destruyeron las viviendas de madera e intimidaron a las personas con palos y machetes. La organización Forjando Futuro, abogados de los solicitantes de tierra, denunciaron la situación ante la justicia. 

Dos meses después de este  hecho, un grupo de reclamantes de la Asociación Tierra y Paz adelantaron una protesta en Monteverde. Los trabajadores de la finca atacaron a los labriegos con  rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos, causando lesiones a cinco campesinos.

 

Hombres usando armas de paintball impidieron el ingreso a los solicitantes. Por: Forjando Futuro

También, como fue denunciado y documentado por el Instituto Capacitación Popular (IPC), una organización de la sociedad civil que ha acompañado a estos campesinos en sus reclamaciones,   el 28 de octubre de 2014, un grupo de hombres que trabajaba en Todo Tiempo impidió el ingreso de una comisión de topógrafos de Forjando Futuro. Dicha comisión adelantaba un levantamiento topográfico de 28 predios para la solicitud de restitución de tierras. 

Como lo afirma Gerardo Vega, representante de las víctimas y abogado de Forjando Futuro, la familia Moreno ha obstaculizado la entrega material de los predios en varias ocasiones. No solo lo han hecho al impedir el ingreso a la tierra sino también modificando los linderos, es decir, cambiando el tamaño de las parcelas entregadas a las víctimas.

En 2015, alrededor de 14 familias decidieron retornar a las fincas dentro de la hacienda Monteverde, pero fueron agredidas por un grupo armado de unos 80 hombres, destruyeron sus viviendas y les impidieron acceder a sus tierras. La organización Forjando Futuro denunció el ataque ante la justicia. Dos meses después, campesinos de la Asociación Tierra y Paz protestaron en Monteverde, donde fueron atacados por trabajadores de la finca con rifles de paintball, gases pimienta y tábanos eléctricos.

Carlos Zapata, investigador del IPC narró que los problemas persisten desde el 2015. “Siguen modificando los linderos y los altercados con la empresa opositora. Sin embargo, los campesinos continúan construyendo sus casas”, contó Zapata.  

Varios de los campesinos han interpuesto, al menos, tres denuncias en la Fiscalía General por amenazas de muerte. También el caso fue llevado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad a la que solicitaron protección.

Todo Tiempo es una empresa de la familia Moreno Pérez, dedicada a la ganadería y cultivos de palma creada el 6 de diciembre de 1996 en Medellín. Tenía aproximadamente mil hectáreas, que cubrían las veredas Los Cedros, Palmichal y Nueva Esperanza, en Belén de Bajirá. El periodista Juan Diego Restrepo y María Elena Florez contaron en su libro Mutatá: conflicto, despojo y resistencia,  que desde 2008 la empresa mantuvo relaciones comerciales con la Sociedad Aceites, una planta extractora afiliada a la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande. Esta asociación ha tenido en sus cargos directos a varios ganaderos vinculados con el paramilitarismo, especialmente con el bloque Bananero, comandado por Raúl Emilio Hasbum, alias ‘Pedro Bonito’.  

Acta de accionistas de la empresa Todo Tiempo para 2015.

El principal accionista de Todo Tiempo es Luis Fabio Moreno Ruíz, quien adquirió  predios que componen la hacienda Monteverde y fue denunciado en 2018 por la Fundación Forjando Futuro, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz de hacer parte de un plan criminal que tenían como objetivo silenciar a los líderes comunitarios que luchan por la restitución de tierras en el Urabá.  Las organizaciones denunciaron las amenazas a la Fiscalía en julio de ese mismo año. Esta denuncia no ha avanzado en el ente investigador.

El despojo 

La de la hacienda Monteverde es la historia de desplazamiento y despojo del Urabá antioqueño. El Tribunal Superior de Antioquia en 2015 ordenó la restitución de cuatro familias campesinas y una indígena, de la etnia emberá. Los predios Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popocho se encontraban dentro de la hacienda Monteverde. 

Una de las solicitantes es Alicia Domicó, quien narró cómo tuvo que vender su predio por los hechos de violencia en la región. “Yo me vi obligada a vender por el terror que nos causó tanta violencia , al ser testigo de tanta muerte que causó las autodefensas. Los amigos nos decían que éramos blanco de los paramilitares por ser indígenas y nos culpaban de ser colaboradores de la guerrilla”,afirmó Domicó al juez de tierras. 

Las víctimas realizaron una manifestación pacífica exigiendo entrar a los predios restituidos o en proceso ante el Tribunal de Tierras

Alicia Domicó era la dueña de Mi Bohío. En  1993 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) se lo adjudicó. Al igual que varios de los solicitantes,  en medio de la violencia, Domicó le vendió por bajos precios a Luis Fabio Moreno Ruíz, el 3 de julio de 1997, después fue transferido el 5 de febrero de 2009 a la empresa Todo Tiempo. 

En otros casos, los campesinos tras el desplazamiento forzado a manos de las autodefensas fueron contactados por comisionistas. Les insistieron en vender sus tierras para no tener problemas con los paramilitares en la zona. Luego de ser adquiridas, las parcelas fueron transferidas a Todo Tiempo. Este es el caso de  Rosa Villadiego, a quien le restituyeron la tierra en 2020 cuando le contó al Tribunal de Tierras que su padre adquirió los predios ‘Dios me Guía’ y ‘La Defensa’ entre 1985 y 1994. Cuando ingresaron los paramilitares en 1996, secuestraron a los hermanos de Rosa y posteriormente los asesinaron en el corregimiento de Nuevo Oriente, lo que causó el desplazamiento de la familia a Monteria, Córdoba. En 1997, el padre de Rosa se vio obligado a vender los predios a Fabio Moreno y Gabriel Jaime Sierra.  

Sierra fue comerciante de Medellín, Antioquia y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó, involucrada en el desplazamiento y despojo del Consejo Comunitario Curvaradó y representante legal suplente de Asociación Ganaderos de Urabá Grande, que como se mencionó anteriormente, ha tenido directivos condenados por paramilitarismo. En 2014, Jaime Sierra fue condenado a prisión por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

No demostraron la buena fe

Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucc) cometieron varios crímenes y desplazamientos que prácticamente vaciaron grandes territorios a comienzos de 1997, y luego se dirigieron a Mutatá. Este municipio era el último que conservaba, a mediados de los noventa, la tradición agrícola, cultivos de pancoger y habitantes sujetos de reforma agraria, como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica. A diferencia de los demás municipios del Urabá antioqueño, donde se centraba la economía, principalmente en la cría de ganado, el banano y la palma.

Los comandantes paramilitares Raúl Hasbún y Fredy Rendón Herrera se asentaron en Mutatá para ensañarse contra la población civil bajo un discurso contrainsurgente porque el Frente 5 de las Farc había estado en la zona. Asesinaron y desplazaron familias campesinas e indígenas y cambiaron la concentración de la tierra, como lo muestra una sentencia de 2023. 

Dada la arremetida paramilitar, se registró la Declaratoria de Zona de Inminencia de Riesgo de Desplazamiento en 2008, por parte del Comité de Población Desplazada de Mutatá y se profirió medida cautelar de prevención registral. 

El desplazamiento de la vereda Los Cedros, como lo explican las cinco sentencias de restitución hasta la fecha, sucedió durante el despliegue de la guerrilla y la consolidación del paramilitarismo, que se capitalizó a finales de la década de 1990,  “cuando arrebato miles de hectáreas a través de ventas forzadas y a bajo precio”. En la investigación Mutatá: conflicto, despojo y resistencia, Juan Diego Restrepo y María Elena Floréz revisaron los estudios registrales y los títulos de propiedad y encontró la mayoría de los predios reclamados en restitución hacían parte de un englobe de tierra llamado ‘hacienda Monteverde’, de la propiedad de Todo Tiempo.

Y es que el Tribunal de Tierras afirma que a pesar del conocimiento directo de la situación de violencia del Urabá antioqueño, especialmente en los  corregimientos de Belén de Bajirá y Nuevo Oriente, Todo Tiempo a través de Luis Fabio Moreno, adquirió vastas extensiones de tierra para formar un gran proyecto ganadero, negoció que logró consolidarse a través de comisionistas como Jaime Sierra.

La familia Moreno se ha opuesto a todos los procesos de restitución. En las cinco sentencias han declarado que actuó de buena fe exenta de culpa y que había libertad para negociar en el proceso de compra. Es decir, que los labriegos no fueron acosados por los factores de violencia ni presionados a vender los predios. Por el contrario, según los empresarios,  compraron al precio justo del mercado, se lee en la sentencia.

Es por ello, que la justicia determinó que Todo Tiempo se aprovechó del contexto generalizado de violencia para realizar las compras de la tierra. “Definir el despojo lo relaciona con un aprovechamiento directo de la situación de violencia, la que se encuentra sustentada probatoriamente, que conllevó a una privación arbitraria de la propiedad, posesión u ocupación de predios, y suele ocurrir a través de negocios jurídicos, como aconteció en el presente caso”, señaló el Tribunal.

En todos los procesos fallados de restitución de tierras, Todo Tiempo no ha logrado demostrar la buena fe exenta de culpa. La empresa no hizo todo lo posible para conocer qué estaba pasando en el territorio y tampoco para no aprovecharse de ello.  Rutas del Conflicto intentó contactar en varias ocasiones a la empresa o sus directivos pero no obtuvo respuesta. 

 

*Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

 

 

 

Actualizado el: Mar, 05/27/2025 - 21:19